Vanesa Lio

Artículo publicado en 2015,  Revista de Ciencias Sociales, publicación de la Facultad de Ciencias Sociales- UBA. Acceda desde aquí.

Para citar este artículo: Lio, Vanesa (2014): “La ciudad tecnologizada: videovigilancia, espacio público y campañas electorales”, Ciencias Sociales, Revista de la Facultad de Ciencias Sociales. UBA nº 87, pp. 50-55.


Introducción

Habitamos espacios que son rediseñados a partir de los flujos informacionales, una ciudad atravesada por las TICs. La vida urbana se complejiza a partir de nuevas tecnologías que redefinen los límites territoriales y modifican las relaciones de los sujetos, entre sí y con su entorno. La ciudad, espacio de sociabilidad por excelencia desde la modernidad, se constituye como escenario de disputas entre amenazas a la seguridad personal y amenazas a la privacidad, que se profundizan cada vez más con la incorporación de dispositivos para la vigilancia y el control en el espacio público. La aparición y el rápido desarrollo de los microprocesadores a partir de la década del 70, sumado a la progresiva disminución de sus costos, masificaron la utilización de tecnologías digitales y potenciaron su intervención en las relaciones sociales. En este marco, en el cual los procesos de especialización y abaratamiento son posibilita-dos por un modelo productivo posfordista, las cámaras de seguridad han alcanzado una notable difusión entre las políticas de seguridad gubernamentales.

Estos procesos se dieron conjuntamente con la globalización de la vigilancia en el transcurso de las últimas décadas. Su gran expansión, sobre todo en el hemisferio norte, se produjo con mayor velocidad a partir de 1970, justamente luego de la computarización. Desde 1980, se fue globalizando crecientemente a medida que aumentó la movilidad de las poblaciones y las relaciones sociales y las transacciones ya no estuvieron tan sujetas a las limitaciones espaciotemporales, pero a partir del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 las formas de vigilancia se han diversificado como nunca antes. Todas tienen , sin embargo, un elemento en común : colocan bajo escrutinio a poblaciones enteras. Es decir, durante siglos la observación y el control estuvieron dirigidos a fines específicos y momentos delimitados. A partir del nuevo siglo, en cambio, la vigilancia se convirtió en una rutina (Lyon, 2002).

El pasaje del uso privado al ámbito público de los sistemas de videovigilancia mediante Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) se produjo de forma notable a partir de la década del 90, fundamentalmente en algunas ciudades de Europa y Estados Unidos. En América Latina el fenómeno comenzó a replicarse ya iniciado el siglo XXI. Así, en estas sociedades de vigilancia, la ciudad se colma de cercos y cámaras de seguridad, producto de un estado de alerta permanente:

Esos sistemas sugen a partir de ciertos impulsos por alcanzar mayor eficiencia y eficacia en los servicios públicos, la presión de las empresas de tecnología, el surgimiento del “riesgo” como un tema clave en la sociedad, y la idea de que no se deben escatimar esfuerzos para adelantarse a los peligros (Wood y Ball, 2006: 11).

De este modo, las ciudades devienen en enormes panópticos y se someten a una modificación de la naturaeza d e su espacio público a partir de impacto de una mirada permanente y “sin ojos”. La cuestión parece ya no ser el control del crimen sino el control en un sentido más amplio: la vigilancia se convir tió en un mecanismo para garantizar la visibilidad y, junto con ella, la exclusión de los “temidos extraños” (Koskela, 2000). Sin embargo, la asimilación de estos sistemas al modelo panóptico de las instituciones disciplinarias debe ser adaptada al contexto de nuestras sociedades actuales, ya no organizadas a partir de las disciplinas. Sociedades movedizas, tecnológicas y globales. En suma, postpanópticas.

A partir de estos mayores niveles de fluidez y la circualción, el grado de transparencia crece para unos disminuye para otros. A los grupos móviles que consideran a este tipo de técnicas como naturales, se ofrece confianza y recompensas. Por el contrario, en los grupos considerados no bienvenidos se aplican procedimientos de análisis de perfiles y memdias de exclusión. . Parecemos enfrentarnos, más bien, a lo que Didier Bigo definió como el banóptico (donde el prefijo ban remite a la palabra en inglés para exclusión):

Los instrumentos de vigilancia se dedican a “mantener lejos”, en vez de “mantener dentro”, como hacía el panóptico, y que se nutre y crece con el imparable crecimiento de las preocupaciones securitarias, y no de la necesidad de disciplinar, como era el caso del panóptico ( Bauman y Lyon, 2013: 72).

En este sentido, las cámaras de vigilancia que rodean las urbanizaciones aparecen como el modelo principal y el más común tipo de dispositivos banópticos. Estas tecnologías de vigilancia tienen, en consecuencia, dos efectos opuestos: por un lado, el confinamiento (“mantener dentro de la valla”) y, por otro, la exclusión (“mantener más allá de la valla”). A partir de las tecnologías parece definirse quién debe ser objeto de una vigilancia estricta.

En campaña: las nuevas tecnologías contra la inseguridad 

Al considerar la expansión de la vigilancia como un fenómeno tecnológico asociado únicamente al control social, se pone todo el énfasis en las herramientas y en los tiranos, y se ignora el espíritu que mueve a la vigilancia, las ideologías que la promueven, las circunstancias que la hacen posible y la gente normal que la acepta, la cuestiona o que decide que, si no puede ganarle, se unirá a ella (Bauman y Lyon, 2013: 17).

En nuestros contextos nacionales y locales, vale decir, la utilización de la videovigilancia en espacios públicos aparece fuertemente asociada a la cuestión de la inseguridad y ha ganado un notable protagonismo no sólo en planificaciones de gobierno sino también en la agenda mediática y en las más recientes campañas electorales. El paradigma securitario en el que estas nuevas modalidades se enmarcan fue reforzado en la Argentina luego de los sucesos de 2001, cuando el miedo al delito se ubicó entre uno de los factores centrales de legitimación gubernamental. Fue entonces que la inseguridad afianzó su lugar privilegiado en diseños de campaña y debates electorales. Esta situación se vio acompañada, además, por la materialización en el país del modelo preventivo en torno a las políticas públicas de seguridad: los gobiernos de turno centraron su atención en la prevención de los delitos callejeros y la disminución de la sensación de inseguridad de los habitantes.

Con la reducción de la distancia física entre miseria y riqueza, legado de las políticas neoliberales que incrementaron y visibilizaron la privación relativa, se redefinen las nuevas inseguridades. Los modos de percibir la inseguridad y la cuestión urbana se modifican: el delito interpersonal se instala como aquel que genera mayor peligro en el ámbito de las ciudades (Pegoraro, 20 0 1 ) . Así, las políticas urbanas comienzan a girar en torno a dispositivos de vigilancia que delimitan las zonas de acuedo a los niveles de riesgo y las iniciativas estatales se orientan a la construcción de ciudades más seguras.

En este contexto, el uso de las cámaras de seguridad produjo cierta modificación en los modos de definir los espacios urbanos como seguros o inseguros: si antes todo el espacio era definido como seguro y algunos lugares bien delimitados se consideraban inseguros de acuerdo a ciertas condiciones particulares, en la actualidad parecería que la visión de un peligro cuya característica es la ubicuidad y la aletoriedad condujo a una definición de ese mismo todo como inseguro, mientras que algunos lugares se consideran seguros a partir del control que en ellos se opera. D e modo que, al tiempo que se asigna un poder total a estos dispositivos de vigilancia y monitoreo, las demandas por mayor seguridad se traduce en demandas por más cámaras de seguridad en el espacio público. Incluso, como plantea Graham (2002), la gran expansión de estos sistemas de monitoreo con cámaras de seguridad ha generado “el miedo a los espacios no vigilados” y los CCTV se están convirtiendo en el quinto servicio público: la gente se preocupará en el futuro cuando no esté bajo “el amigable ojo en el cielo” de la misma manera que lo hace hoy cuando no tiene a su alcance electricidad, energía, agua o teléfono.

Pues bien, gobernantes de turno y políticos en la carrera electoral no han quedado ajenos a estos procesos, que son potenciados en escenarios teñidos por la agenda del delito y la violencia urbana. Mientras que los ciudadanos exigen administración y eficacia a los funcionarios encargados de gobernar la seguridad, la necesidad de intervenir frente al crimen se posiciona como un imperativo de gestión fundamental.

Así, con la inseguridad ubicada en un lugar central en las gramáticas mediáticas, políticas y electorales, a lo que se suma un mayor protagonismo de esta temática entre las demandas públicas, se profundiza el discurso oficial que propone responder a la delincuencia con el uso oficial que propone responder a la delincuenia con el uso de nuevas tecnologías: la colocación de cámaras de seguridad, el control biométrico y una incipiente utilización de drones aparecen como algunos de los ejes de propuestas de campaña y políticas públicas en materia de seguridad ciudadana.

Es en momentos electorales, justamente, cuando las imágenes del desorden urbano emergen con mayor fuerza y el terreno discursivo aparece como ámbito de disputa tanto de los sentidos sociales que se asignan a la inseguridad como de los diversos modos de intervención gubernamental. Mientras algunos candidatos organizarán sus campañas en torno a las críticas a los gobiernos de turno y plasmarán sus ideas en propuestas en la materia, los discursos electorales de quienes detentan el poder se centrarán en las acciones y los logros de gestión. La inseguridad deviene, en el plano discursivo, seguridad. De este modo, las contiendas electorales aparecen como un terreno de lucha de poderes a nivel discursivo, en el cual gobernantes y candidatos buscan instalar su propia perspectiva acerca del orden social imperante.

Buenos Aires y las cámaras. Algunos datos para entender el contexto local 

En la Argentina, el monitoreo de espacios públicos en manos del Estado aparece ya avanzada la primera década del siglo XXI, alcanzándose mayores niveles de extensión y cobertura en los últimos años. La difusión de los CCTV surge en el marco de una serie de estrategias de intervención situacional y local que se venían promoviendo, como el alumbrado urbano, la recuperación de lugares públicos, la reorganización de la vigilancia policial y la participación comunitaria para mejorar el entorno barrial.

Dentro del contexto nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es indudablemente uno de los centros urbanos que se presenta como ámbito privilegiado -aunque, claro está, de ninguna manera exclusivo- para la colocación de cámaras de seguridad. quien primero acudió al uso de estos dispositivos como herramienta para la prevención del delito en la Ciudad de Buenos Aires fue Jorge Telerman en su corto período de mandato entre 2006 y 2007, Luego de la destitución del entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra. Así, la videovigilancia comenzaba tímidamente a abrirse paso en el terreno local, con la colocación de algo más de 70 cámaras en parques y plazas, en los edificios del gobierno, en el Obelisco, en los alrededores de la Facultad de Derecho, en los ingresos a la villa 31 y en nuevas estaciones del subte.

Su difusión masiva se dio, sin embargo, algunos años después durante la gestión de Mauricio Macri. Si bien el Plan de Seguridad Integral que se inició en 2008 ya preveía su implementación, lo cierto es que la instalación de un significativo número de cámaras en diversos puntos de la ciudad se hizo efectiva recién en 2010. Actualmente, este sistema de videovigilancia local cuenta con más de 2.000 dispositivos distribuidos en la ciudad, cuyas imágenes son visualizadas y registradas por la Policía Metropolitana. En forma paralela, unos años más tarde se sumaron los Centros de Monitoreo y Videovigilancia de la Policía Federal, creados en el marco del proyecto “Buenos Aires Ciudad Segura” del Ministerio de Seguridad de la Nación, que siguen en tiempo real otras 1.200 cámaras ubicadas en sitios considerados estratégicos.

El contexto en que Mauricio Macri llega al poder en 2007 combina crecientes demandas de seguridad como consecuencia de la idea generalizada de una “crisis de inseguridad” con un proceso de descentralización gubernamental que surge como producto de las políticas de la década del noventa. En este escenario, la responsabilidad frente al delito se deplaza desde el Estado central hacia los gobiernos locales, otorgándoles un rol protagónico en la gestión de la seguridad.

Como consecuencia , las intervenciones en la materia por parte del gobierno de Propuesta Republicana (PRO) no se hicieron esperar. Durante los primeros meses de 2008 se presentó el Plan de Seguridad Integral, cuyos ejes anticipaban ya la creación de una fuerza de policía propia de la ciudad y un incremento del control del espacio púbilco, a través de herramientas como el monitoreo urbano con cámaras de seguridad y el enrejado de plazas y parques. A esto se sumaba un fuerte contenido a la vez participativo -mediante las asambleas barriales- y punitivo -concentrado en la reforma de los códigos de contravenciones.

Bajo la premisa “control inteligente del espacio público”, el gobierno orienta sus acciones a la administración de los riesgos y la protección de los vecinos con su presencia en los barrios mediante la utilización de tecnología de avanzada. Se persigue así el “mejoramiento de la seguridad de los vecinos”1, tal como se prevé en los objetivos del plan, cuyo objetivo es la construcción de una ciudad segura, a partir de la ausencia de situaciones delictivas y del control de las conductas antisociales.

Con un retorno al discurso sobre el riesgo, la tranquilidad se presenta como la otra cara de la protección: como estamos más protegidos, nos sentimos más tranquilos. Sin embargo, el espacio público invita a algunos y expulsa a otros. Volvemos, de este modo, a la idea del banóptico que a la vez confina y excluye. Estas lógicas permiten identificar dos grupos que se presentan como excluyentes en la dimensión discursiva: por un lado, un nosotros inclusivo asociado a la imagen del vecino-víctima; por otro, los delincuentes o disturbadores del orden público esos otros sobre los cuales las cámaras deben focalizar su atención. A sí, la tranquilidad se define desde el orden público, un orden que se encuentra en manos de los gobiernos locales mediante la aplicación de este tipo de políticas que asocian la seguridad barrial con la ausencia de delitos.

Estas premisas se repiten en tiempos electorales, cuando gestión y campaña se entrecruzan e influyen mutuamente. Continuando con la línea de las políticas implementadas -y si bien en la contienda electoral de 2011 la batalla discursiva contra el riesgo y cómo intervenir frente al miedo en la ciudad no aparecieron entre los motores más utilizados en la comunicación de campaña como en 2007- en el camino a su reelección el entonces jefe de gobierno no abandona la seguridad como promesa fundamental para la comunidad y la videovigilancia protagoniza las propuestas en la materia. Así, Mauricio Macri firma junto a los vecinos un compromiso por la seguridad:

yo, Mauricio Macri, asumo el compromiso de que, a partir de junio de 2012, todas las plazas y parques, todos los centros barriales y comerciales y todos los accesos a la Ciudad van a estar monitoreados por cámaras de seguridad para que los vecinos recuperemos la tranquilidad de poder vivir en una Ciudad que nos cuida y que nos protege 2.

Sucesivamente, de recorrido por los barrios, Macri ratifica y amplía aquellos compromisos asumidos. En el marco del cierre de la campaña electoral por su reelección como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, promete duplicar el número de cámaras de seguridad distribuidas en el espacio público.

Sin embargo, este tipo propuestas no son, de ningún modo, patrimonio exclusivo de esta fuerza política. Desde 2011 el tema comenzó a ubicarse entre los elementos centrales asociados a la seguridad, para posicionarse en 2013 como una de las propuestas repetidas de las campañas no sólo locales, sino también a nivel provincial y nacional. En este mismo sentido parece orientarse la disputa electoral de 2015. Con la seguridad que ya empieza a instalarse entre las consignas principales de los precandidatos y una agenda mediática que se ha ocupado de enfatizar la utilidad de las cámaras en las noticias policiales de los últimos tiempos, podemos predecir que la cuestión de la videovigilancia no quedará ajena a las campañas y los debates electorales que siguen.

El tema, de hecho, ya ha alcanzado un notable protagonismo en la provincia de Buenos Aires, junto con la creación de las policías locales, a partir de las discusiones en torno a la seguridad en el conurbano bonaerense y la rápida propagación de centros de monitoreo en los municipios de la provincia. En terrero porteño, la cuestión securitaria posiblemente aparezca solapada, al menos en las voces de algunos precandidatos, bajo otras consignas. Sin embargo, ciudad y provincia, centro y periferia, se distancian y diferencian por sus rasgos sociales, políticos y culturales al tiempo que se unen y nutren mutuamente como producto de una continuidad territorial y unos lazos históricos innegables. Relación ambivalente, esta última, que repercute también en los diseños de campaña y las disputas políticas en tiempos electorales.

A esto se suma un elemento que se ha acrecentado notablemente en el último tiempo: el acceso público a ciertas imágenes captadas por los sistemas de monitoreo a través de los medios de comunicación modifica los modos de entender la videovigilancia y redimensiona la incidencia de estos dispositivos.

En nuestras actuales sociedades de vigilancia, devenidas en sociedades de la mirada (Wajcman, 2011) a partir de los altos niveles de exposición y consumo, las imágenes juegan un rol central en la conformación de un cierto consenso social acerca de los miedos que deben mantener alerta a la población. Se muestra así -se deja ver- en qué situaciones y personas hacen foco las cámaras de seguridad. De este modo, al tiempo que la colocación de las cámaras se presenta como una promesa de campaña, su distribución, su funcionamiento y la publicidad en torno a ellas delimitan en la ciudad el mapa de los riesgos y contribuyen en la definición de ciertas conductas como antisociales.

Palabras finales

Las cámaras como prevención, alerta temprana para evitar el delito. Este es el modo en que la videovigilancia es mayormente caracterizada a partir de las discursividades de gestión y de campaña. Sin embargo, más allá de su efectividad o no en la reducción del crimen, el recurso político a estos sistemas tiene más que ver con su valor simbólico: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar la existencia de acciones desde la gestión orientadas a atender la cuestión del delito (Norris et al., 2004).

En este sentido, las cámaras de seguridad se vuelven protagonistas en la comunicación política de campaña. Su colocación se asume como compromiso en el marco de las propuestas dirigidas a gobernar la seguridad; las imágenes se construyen como producto mediático, a partir de unos medios ávidos de imágenes del mundo real:

Las cámaras están allí en las calles para que todos las puedan ver y al público se le recuerda constantemente de su presencia a través de unos medios de comunicación locales hambrientos de una noticia impactante que pueda ser dramáticamente visualizada a través del uso de las imágenes grabadas por los CCTV (Norris, et al., 2004: 125).

A esta altura parece innegable que la videovigilancia no sólo modifica la ciudad, sus límites y definiciones del r iesgo. Por el contrario, también incide en el modo en el cual es ejercido el poder, las experiencias emocionales en el espacio urbano y la forma en la cual la realidad es conceptualizada y entendida. •

Notas: 

1Plan de Prevención del Delito del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires. Fuente:
http: //www.buenosaires.gob.ar/areas/pla_prevencion/
2Fuente: http: //pro.com.ar/blog/2011/06/24/compromiso-con-
la-segur idad/

Referencias bibliográficas: 

Bauman, z. y Lyon, D. (2013). Vigilancia Líquida. Barcelona, Paidós.

Graham, S. (2002). “CCTV: The stealthy emergence of a fifth utility?” , en Planning Theory & Practice, Vol. 3, N° 2.

Koskela, H. (2000). “The gaze without eyes: video-surveillance and the changing nature of urban space” , en Progress in Human Geography, Vol. 24, N° 2.

Lyon, D. (2002). “Surveillance Studies: Understanding visibility, mobility and the phenetic fix”, en Surveillance & Society, Vol. 1, N° 1.

Norris, C. , Mccahill, M. y Wood, D. (2004). “The Growth of CCTV: a global perspective on the international diffusion of video surveillance in publicly accessible space” , en Surveillance & Society, Vol. 2, N° 2/3.

Pegoraro, J. (2001). “Las políticas de seguridad ciudadana: un desafío al pensamiento crítico” , en Las políticas de seguridad en centros urbanos de Europa y América Latina. Oñati, Antigua Universidad de Oñati.

Wajcman, G. (2010). El ojo absoluto. Buenos Aires, Manantial.

Wood, D. y Ball, K. (2006). A repor t on the surveillance society. Londres, Surveillance Studies Network.