La Nación. 30 de septiembre de 2019

l tema no figura en la larga lista de asuntos urgentes de los que Alberto Fernández tendrá que ocuparse si es el próximo presidente. Allí donde pesan la crisis económica, la situación social, la deuda con el Fondo y la inflación, entre otros, la seguridad no aparece como eje de campaña. Ni para el candidato del Frente de Todos ni para Mauricio Macri.

En el caso de Fernández, la omisión también se explica porque la seguridad, y sobre todo cuestiones más puntuales como el abordaje de la inseguridad ciudadana y la protesta callejera, fueron, históricamente, temas espinosos, controversiales y, muchas veces, eje de conflictos fuertes para el kirchnerismo.

Sin embargo, y en un segundo plano intencional, la seguridad se discute y forma parte de las áreas programáticas en las que trabaja el Frente de Todos, pero se maneja exclusivamente a nivel técnico y a nivel de «aportes», sin referentes políticos a la vista. Aunque los hay.

En la subcomisión de seguridad que elabora esos aportes que llegan primero a manos de Nicolás Trotta, a cargo de los equipos técnicos del frente, y luego a las de Fernández, conviven Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad de Cristina Kirchner entre 2013 y 2015; el ex presidente de la Comisión de Cascos Blancos Gabriel Fuks; Silvia La Ruffa, de las filas del dirigente porteño Juan Manuel Olmos; Sabina Frederic, funcionaria de Seguridad en las gestiones de Nilda Garré y de Arturo Puricelli; Pablo Coulier, referente del massismo, y Santiago Fernández, de la Universidad Metropolitana del Trabajo (UMET), que es además el representante de Marcelo Saín en el grupo.

Al tope de la lista de urgentes que maneja el equipo técnico están el combate del narcotráfico, avanzar con la reconversión de la Policía Federal después del traspaso de una parte de la fuerza a la ciudad de Buenos Aires y delinear políticas para lo que llaman el «bienestar policial».

Respecto del narco, la propuesta central es dejar de lado la política de persecución del narcomenudeo, que señalan como uno de los errores más graves de la gestión de Patricia Bullrich, y combatir, en cambio, el narcotráfico a gran escala. «Poner el acento en el narcomenudeo lo único que provocó en estos años fue un aumento de la tasa de encarcelamiento, que hasta 2015 era del 3% cada 100.000 habitantes y hoy supera el 6%», dijo a LA NACION Frederic, vocera de la comisión. Y agregó: «Según el último estudio de la Sedronar, de 2017, se triplicó el consumo de drogas ilegales respecto de 2010, mientras que no hay datos que permitan deducir que las grandes redes de narcotráfico hayan sido desbaratadas».

De la mano de la lucha contra el narco aparece, necesariamente, el control de las fronteras con tres puntos calientes: la frontera norte, la Triple Frontera y la hidrovía del Paraná. En todos los casos, el primer diagnóstico de los especialistas es que las fuerzas de seguridad están «sobrepasadas», justamente porque hoy están casi exclusivamente dedicadas a combatir el narcomenudeo.

Protestas callejeras

¿Y el control de la calle? El tema irrumpió en la agenda pública en las últimas semanas con la devaluación post-PASO y el recrudecimiento de la protesta callejera por la crítica situación de la población más pobre. En la comisión de seguridad no tienen dudas de que, más allá de la frágil tregua que Fernández logró con la parte de las organizaciones sociales que lo apoya, el tema seguirá vigente, sobre todo porque la recuperación económica que el exjefe de Gabinete imagina para su gobierno, y que permitiría descomprimir la tensión de manera más firme, no será rápida. En el equipo de seguridad confían en que el hecho de que los sectores dispuestos a seguir en la calle «son acotados» facilitará la contención. Repiten que la «principal herramienta» para abordar la protesta será la negociación y, mientras se atiende la urgencia, la resolución «de fondo» de las demandas que derivan en marchas y piquetes.

Respecto de la Policía Federal, los especialistas creen que el principal déficit es que el gobierno de Macri no completó su conversión en una fuerza de investigación criminal al estilo del FBI, que trabaje más en tándem con el Poder Judicial. Respecto de la policía en general, el diagnóstico no es que faltan agentes, muy por el contrario, sino que están mal distribuidos. Según precisó Frederic, mientras que para la ONU la tasa recomendable es de 250 agentes cada 100.000 habitantes, en la Argentina el promedio es de 500 policías por la misma cantidad de población. En la ciudad de Buenos Aires la tasa trepa a 750 agentes.

El programa de «bienestar policial» que analizan cerca de Fernández tiene dos ejes: uno, avanzar con medidas concretas de capacitación, protección laboral, salud y educación para policías y agentes de las fuerzas federales de seguridad. El otro es desmontar la llamada «doctrina Chocobar», uno de los bastiones de la política de seguridad de Macri, con más límites para el uso de armas por parte de los policías.

Como marco indispensable para avanzar en todas las áreas, subrayan en la comisión, será fundamental generar estadísticas completas y confiables a cargo de un observatorio o agencia. Hoy esa tarea recae sobre todo en las fuerzas policiales y de seguridad, que recopilan información por cantidad y tipos de delito. El problema endémico respecto de este tema es el delito «en negro», es decir, el que no se denuncia y, por lo tanto, queda fuera de cualquier análisis cuantitativo y cualitativo oficial.