La ex titular de Justicia Legítima conversó con el Observatorio de Comunicación, Política y Seguridad sobre el rol del Poder Judicial, los medios y la política en la definición del delito. La doctrina Chocobar y el asesinato de Rafael Nahuel muestran la lógica bélica del discurso gubernamental.

 

 

                                                                                                   Por Tomás Crespo

 

Garrigós de Rébori, hasta hace poco tiempo miembro jueza de la Cámara de Casación Penal de la Nación, analiza cómo los casos de Luis Chocobar o Rafael Nahuel desnudan la lógica bélica que subyace en el discurso del gobierno nacional.  Además, se refiere a las causas relacionadas con hechos de corrupción estatal y denuncia que algunos sectores del Poder Judicial actúan “como juez y parte”. En igual dirección, opina que a nivel regional la lucha contra la corrupción es sesgada y se la utiliza como una herramienta más en el marco de la disputa política. Para la ex jueza el gobierno nacional busca que la Justicia funcione como una dependencia del Poder Ejecutivo, aunque los jueces tienen otros planes, alimentados al ritmo del accionar de los magistrados brasileños. “Todos quieren ser Sergio Moro”, asegura.

Pasaron cuatro meses del denominado “caso Chocobar”. ¿Qué reflexiones puede hacer sobre el modo en que fue abordado tanto desde el campo político como desde el mediático y el jurídico?

Sin entrar en el abordaje político, el hecho fue terrible porque se ancla en la lógica de la guerra contra el delito y esto divide a la sociedad en buenos y malos. Como si el delito no fuera una cuestión inherente a cualquier grupo social. Entonces esto habilita el discurso de “matemos a los malos” y eso da lugar a una represión que no va a estar exenta de excesos ni de errores. Pero además contraviene cualquier mandato constitucional y los compromisos que el Estado asumió al firmar los tratados internacionales de derechos humanos. Considerar al delito como una cuestión bélica es un error garrafal pero esa es la manera en la que se inscribieron los discursos políticos a propósito del caso Chocobar. Nadie pensó que Chocobar finalmente había afectado el orden jurídico, que en todo caso el legislador ya había previsto cual era la sanción y que ésta de ninguna manera podía involucrar la muerte del delincuente. Porque además en nuestro sistema la sanción penal no es simplemente el castigo, sino que también debe servir para que esa persona reconduzca su conducta, readquiera o adquiera las herramientas que no tenía y logre insertarse para que esa sociedad no tenga que someterse otra vez al agravio, a la injuria que esta persona provocó. Todo eso con la muerte de la persona queda afuera.

Mediáticamente se habló de una “doctrina Chocobar”. ¿Cómo ve ese concepto?

Jurídicamente no hay una doctrina Chocobar porque no hay derecho a matar. En todo caso, hay un derecho a la legítima defensa, pero se inscribe en la posibilidad de evitar o suspender el agravio o la lesión que se está sufriendo. En este caso el chico estaba escapando y le dispararon por la espalda, así que no hay legítima defensa. Ahora bien, el fallo de la Cámara dice que la policía actuó en cumplimiento de su deber-esto es, suspender un delito, su avance o su comisión- pero se excedió.  Igualmente, lo que se diga en esta etapa del proceso no tiene ningún sentido porque la calificación en definitiva va a ser la que se establezca en la sentencia. Uno puede discutir si hay un exceso en el cumplimento del deber, si es viable dogmáticamente o no, pero no tiene sentido esta discusión. Vamos a la sentencia y discutámoslo en el juicio.

Esa misma lógica aparece en el tratamiento del caso de Rafael Nahuel y todo el debate sobre si el cuerpo tiene o no restos de pólvora.

¿Qué importa si tenía o no pólvora?¡Le dispararon por la espalda! Pero también lo que hay que pensar acá es que nuestros policías no tienen capacitación suficiente. El policía en oportunidad de disparar se asusta porque no tienen suficiente entrenamiento. Ellos se tienen que pagar las balas para hacer el entrenamiento, como se pagan todo el resto del uniforme. La formación de la policía no es buena y obviamente en una situación tan peligrosa como es el involucramiento de su propia vida muchas veces no reaccionan con la profesionalidad que uno esperaría. No es que quiera disculpar a los autores de esto, pero las fuerzas de seguridad no están capacitadas correctamente, incluso no tienen capacitación para evitar llegar a estos extremos. Porque si los capacitaran en un protocolo progresivo ellos adquirirían el manejo de otros procedimientos que podrían eludir el tener que disparar.

Al margen de los casos concretos, ¿cómo ve la política de seguridad del gobierno en general?, ¿le parece que hay una línea definida o hay tensiones hacia el interior de Cambiemos?

Acá se está haciendo una adquisición inusitada de material para las fuerzas de seguridad. Es cierto que probablemente necesitarían aggiornarse, pero han priorizado la compra de material para la fuerza de seguridad para el choque en la calle en lugar de priorizar cursos de capacitación y formación para evitar y prevenir antes que reprimir. Cualquiera que trabaje en el ámbito del sistema penal sabe que las fuerzas de seguridad saben cuáles son los lugares físicos donde tiene mayor proclividad tal o cual delito. Se saben los horarios, las temporadas del año, las épocas en que se producen más delitos de este estilo que de otro. Si uno quisiera hacer tareas de prevención tiene elementos para poder hacerlas, pero en cambio se apuesta a la represión. Se apuesta a que el delito se cometa y después se reprima y después se exhibe la represión como una virtud cuando en realidad es un fracaso. Se presenta como buena y loable la represión, cuando es el fracaso de las fuerzas de seguridad. Si reprimen es porque no previnieron.

¿Cómo le parece que los medios de comunicación están abordando la problemática de la inseguridad urbana y las políticas de seguridad?

Los medios bajaron su nivel de queja por la seguridad, la dramatización de lo que eran las marchas, los secuestros, extorsiones. Hoy eso está morigerado pero no es que haya dejado de existir. A Tribunales ingresa la misma cantidad de causas. Es más, ingresaron más a partir del año pasado, empezó a elevarse el número de denuncias de delitos. Naturalmente ante la crisis económica esto ha sido siempre así. Yo recuerdo en el año 1985 un incremento exponencial, en 2001 también. Lo cual es otro fracaso de la política de seguridad. El aumento de delito a la propiedad está atado ineludiblemente a la crisis económica. Las crisis económicas llevan a la gente a los extremos, la gente tiene menos estabilidad y tienen menos posibilidad de eludir el conflicto. El conflicto te envuelve y no tenés válvula de escape.

En relación con la administración de justicia últimamente se habla mucho de la corrupción estatal o política. En ese marco surgió otra “doctrina” que es la del juez (Martín) Irurzun[1] sobre las prisiones preventivas. ¿Qué opinión le merece?

No es una doctrina. Una doctrina es un cuerpo sistemático. Esto es una opinión de un juez volcada en un expediente totalmente desvirtuado. Es su opinión y los demás podemos opinar de forma completamente diferente. El juez Irurzun sostuvo en forma unilateral que los acusados que habían sido funcionarios públicos por el hecho de haberlo sido guardaban todavía la posibilidad de influir en las causas, de evitar la prueba, de eludir la Justicia, pero lo hace sin ninguna base objetiva en el expediente que le permita hacer siquiera una presunción. Lo sostiene en forma unilateral, porque la parte no se lo pidió, no se lo pidió el fiscal. Es una opinión de él, que así es casi juez y parte. Hay una presunción en contra del imputado sin ninguna prueba que la sostenga. Pero en nuestro sistema en todo caso la presunción tiene que ser en favor del imputado. Esto desde lo que es el análisis penal. Desde el análisis político claramente hay una decisión de utilizar al Poder Judicial como herramienta de lucha política.

Un fenómeno que también vimos en Brasil…

Lo que acaba de pasar en Brasil es tan evidente, es tan ilustrativo de esto, que ya no tendríamos más que decir. Toda la región está teñida de este problema y esto no está orquestado acá por algunos iluminados. Uno podría seguir un hilo y ver quiénes son los jueces que han ido a capacitarte a los Estados Unidos, al estilo del juez (Sergio) Moro (en relación con el juez brasilero que condenó a “Lula”), del juez (Claudio) Bonadío, y ver cómo esa capacitación que han recibido se está reflejando en su trabajo cotidiano.

En Ecuador hay un vicepresidente detenido, en Perú un presidente que tuvo que renunciar. Se suman al caso de Brasil y Argentina. ¿A qué cree que se debe?, ¿a nivel mundial se está usando el combate a la corrupción como un ordenador político? ¿Cree que el combate a la corrupción puede ser hoy en día una herramienta para legitimar los programas de la derecha regional?

Es una excusa, porque si yo describo al otro como corrupto entonces yo no soy corrupto. Es la misma lógica del delincuente, hay que combatirlo y si combato a mi enemigo yo soy el bueno. Me defino como bueno por oposición. Es la única razonabilidad de la forma bélica. Lo leo así. Y por otro lado me viene fantástico el sistema penal porque es muy útil para neutralizar a ese otro, ya que el sistema penal es selectivo y apunta al diseño que se haga del delincuente. Cuando el sistema penal sale a seleccionar, el que selecciona es el que está en la calle. Y el que selecciona en la calle tampoco selecciona en forma unánime, sino que lo hace de acuerdo con sus prejuicios, entonces no hay manera de eludirlo. Lo mismo sucede –a otro nivel- en los casos de corrupción. Además, hay que tener presente que el sistema penal es un sistema de control social.

Hay dos proyectos de reforma del Poder Judicial que están por tratarse en el Congreso. Uno corresponde al Ministerio Público Fiscal y otro al Consejo de la Magistratura. Como ex presidenta de Justicia Legítima, ¿qué opina de ambos?, ¿contienen algún elemento que apunte a democratizar la Justicia?

No. El Poder Judicial se va a democratizar cuando deje de ser algo cerrado y cuándo todo el mundo pueda entender qué es lo que pasa hacia su interior. Esto tiene que venir de la mano de la posibilidad de control y de la obligatoriedad de exhibir control de gestión de parte de los operadores judiciales. Un fiscal o juez que recibe tal cantidad de trabajo por año tiene que poder decir: trabajé tanto, cumplí con lo que me entró, etc. Que respete el orden de llegada y no elija cuándo trabajar cada cosa. Por supuesto que esto no puede darse por la cantidad de trabajo que hay. Esto es lo que permite esa masa de atraso acumulada que facilita el “hoy trabajo esto porque me resulta interesante”. Entonces un funcionario que no es arbitrario trabajará en función de las necesidades procesales o en función de las necesidades penales del expediente y uno arbitrario trabajará en función de otras necesidades.

¿Cómo ve la relación del Gobierno con el Poder Judicial?

El gobierno quiere que el Poder Judicial sea una dependencia del Ejecutivo y (Germán) Garavano no lo logra, no ha sido exitoso en casi ninguna de sus pretensiones. En algunas, sin embargo, es insistente y conoce el paño, por ello algo ha conseguido. En este momento el Poder Judicial -de la mano de la Corte Suprema- está queriendo imponer su autonomía política. Les ilusiona ver lo que hace la justicia brasileña. Hay una foto fantástica de (Sergio) Moro, (Ricardo) Lorenzetti y (Claudio) Bonadío. Eso claramente me parece una expresión de deseo, todos quisieran ser Moro.

Finalmente, ¿qué opina de la propuesta del Poder Ejecutivo para que sea Inés Weinberg de Roca quien ocupe el cargo de Procuradora que quedó vacante con la renuncia de Alejandra Gils Carbó?

Es muy probable que lo sea, los acuerdos están cerrados. La doctora Weinberg de Roca no viene del ámbito penal. El ala más dura del Ministerio Público Fiscal es el ala penal porque además es la más populosa. Uno ve que hay camarillas, que hay bandos, “amigos de” o “enemigos de” y eso Weinberg de Roca  no lo maneja. Ella era jueza civil, luego camarista en lo contencioso de la Ciudad y después se fue a Ruanda al Tribunal Internacional. Luego (Mauricio) Macri la promovió como ministra del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma. Pero hubo -y esto me parece clarísimo-  una reunión entre Macri, Weinberg de Roca y Raúl Plee. Plee es claramente la cabeza de una de las líneas más duras y más volcada hacia la derecha del Ministerio Público. Así que pareciera que ella va a tener que apoyarse en Plee para manejar Comodoro Py. Porque el problema de Alejandra Gils Carbó fue Comodoro Py, que es muy difícil de manejar ya que el Procurador no da instrucciones. El Procurador no les puede pedir a los fiscales que hagan tal o cual cosa. Pero los fiscales federales sí le pueden hacer la vida difícil al procurador. Son puestos de muchísimo poder porque además no rinden cuentas a nadie.

 

[1] Martín Irurzun es el presidente de la Sala II de la Cámara Federal. Recientemente cobró fama porque -contra el espíritu de la legislación argentina- ordenó la detención de algunos ex funcionarios del gobierno anterior (Amado Boudou, Carloz Zannini, Héctor Timerman, Julio De Vido) que no han sido condenados, argumentando que por sus contactos o relaciones creadas a partir del poder del que gozaron pueden entorpecer el avance de una causa.