Mercedes Calzado, Mariana Fernández, Vanesa Lio

Trabajo presentado en las VII Jornadas de Sociologia de la Universidad Nacional de La Plata realizadas en diciembre de 2012. Link disponible aquí.


Introducción

En las sociedades contemporáneas el imperativo de la imagen implica un proceso de mediatización de la representación política. El marketing y la propaganda política se vuelven mecanismos centrales en la producción social de sentido. Si bien sería absurdo reducir una verdad de época a la fabricación discursiva de los aparatos mediáticos y políticos, no se puede desconocer el consenso existente entre funcionarios, candidatos y creadores de imagen: para ganar una elección es necesario contar con un buen trabajo de mercadeo electoral.

Desde la década del noventa, el uso del marketing político diluye la construcción del perfil del dirigente clásico capaz de interpelar a un ciudadano políticamente activo. En su lugar parece emerger un candidato preocupado por trabajar en la interpelación de ciudadanos pasivos ubicados en la posición de víctimas (de la violencia política, de la crisis económica, del clima, de las empresas, del Estado, del crimen). El auge de este tipo de discursividades se produce, en el caso argentino, en simultáneo con la mercantilización de los estudios de opinión, que toma impulso durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983, y se afianza durante el neoliberalismo de los años noventa como prerrogativa de gobierno (véase Borrini, 1999).

El orden social comienza a girar en torno a un tipo de gubernamentalidad2 basada en la gestión de los riesgos y la vida de la población mediante los dispositivos de la comunicación política. El problema securitario se aparta de la administración del delito y la discusión en materia de política criminal, sobre la base de una racionalidad política3 que Foucault (2004) denomina “racismo de
Estado”. El poder se reproduce a través de la construcción de discursos que persiguen la protección de unos, la ciudadanía víctima de la inseguridad, y la exclusión de otros, los enemigos de la comunidad. El ejercicio de la dominación se objetiva sobre el comportamiento y la subjetividad social en un sentido estratégico que da origen a las sociedades de seguridad (Foucault, 2006).

El individuo parece responsable de invertir en su propia seguridad .
Hombres y mujeres jóvenes y ancianos, definen y configuran sus vidas alrededor de la experiencia o previsión del riesgo urbano. En este sentido, las tecnologías biopolíticas se complementarán con las tecnologías de la opinión y la información masiva : circular por sitios bien iluminados, proveerse de aparatos de vigilancia, mantenerse en contacto permanente, no abandonarse al azar. He aquí el imperativo que debe seguir todo aquel que no desee toparse con las virtualidades que amenazan la cotidianeidad. De este modo, los medios cumplirán una función disciplinante ante los potenciales desafíos al orden urbano y la sanción legal. No obedecer sus advertencias sellará la maldición, la imprudencia y la culpabilidad.

En este marco, el delincuente podrá ser eliminado en nombre del
resguardo de la soberanía ciudadana y el orden social. Su muerte no será ya un delito sino garantía de paz en la ciudad. En este punto, se pregunta Schmitt (1922), ¿Es el soberano el que hace la decisión o la decisión la que hace al soberano? Si la intolerancia resulta del poder de fijación de las verdades, la aceptación de la muerte del transgresor de la ley penal devendrá de las subjetividades excluyentes que evidencian lo excepcional. La comprensión del otro como enemigo, su repulsión y temeridad, moldea y produce esta forma de gubernamentalidad.

En la politización de la cuestión delictiva y su viraje en términos de
inseguridad, los massmedia son actores centrales de viabilización y constitución social del orden existente. Ellos poseen la capacidad de tematización y fabricación de noticias en momentos previos al contexto electivo. Los medios, a la vez, funcionan como correas de transmisión de la lógica comunicacional de los equipos de campaña. La construcción de enunciados periodísticos contribuye a la conformación de opinión en torno a la emergencia securitaria y la firmeza penal. Al mismo tiempo, los candidatos políticos se adecuan al contexto mediático para construir gubernamentalidad: “Los actores políticos operan en el marco de un campo estructurado de fuerzas cuya lógica están usualmente obligados a obedecer. Son quienes llevan adelante los últimos movimientos más que quienes llevan adelante los primeros ” (Garland, 2005, p. 28) .

El campo político se articula con el campo mediático y la maquinaria simbólica se ocupa de intervenir frente a un cuerpo heterogéneo de ciudadanos sacudido por la pretensión de convivir en libertad, orden y paz. Las demandas de la ciudadanía se revelan en discursos erigidos sobre la idea de defensa social mediante la implementación de un mecanismo de diferenciación entre víctimas y victimarios que suprime el contexto de discurso y amplifica percepciones de inseguridad. Estos reclamos se hacen carne en algunos equipos de campaña, donde se plasma el cambio frente al delito que comienza a conformar el imaginario de la ciudadanía . Jonathan Simon (2011) contextualiza este escenario en la década del sesenta cuando, ante el desmoronamiento de las políticas de bienestar en Estados Unidos, la búsqueda de los dirigentes se comienza a situar en los discursos centrados en la guerra contra el delito. Asegura el criminólogo norteamericano:

Las campañas electorales para los cargos de alcalde, gobernador, procurador general y, sobre todo, presidente de la nación se han transformado, en parte, en una lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador. […] Los mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización delictiva y con el deseo de venganza que provoca ( ivi, p. 55).

El ciudadano, en estos modos de interpelación, es una víctima del delito. ¿Pero de qué modo opera esta lógica electoral en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se repiten aquí los significados subrayados por Simon para el caso norteamericano? El supuesto que recorre las siguientes páginas es que en las sociedades de seguridad el sujeto político interpelado es el ciudadano -víctima. En la economía discursiva electoral emergen rasgos de un paradigma de la victimización (Pitch, 2003) sobre el cual el candidato renueva la imagen de un Estado capaz de proteger a un ciudadano en riesgo. A fin de contribuir al estudio de estas lógicas electorales en el plano local, es que nos proponemos analizar las características de la comunicación política en época de campaña de uno de los dirigentes cuyo protagonismo, tanto político como mediático, más ha crecido en los últimos años en Argentina.

La campaña a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) de Mauricio Macri en 2011 permite identificar algunos significados sobre la victimización, el peligro y la gubernamentalidad. En un contexto discursivo en donde el concepto de inseguridad aparece en estrecha relación al delito, el trabajo indaga acerca de los modos de interpelación a la ciudadanía, las características de enunciación de la seguridad y la imagen que asume el Estado en momentos electorales.

El análisis, realizado a partir de un conjunto de spots audiovisuales,
piezas comunicacionales y otros materiales extraídos del sitio web del candidato y de su partido político, fue guiado por las siguientes preguntas: ¿Qué subjetividades promueve la campaña de Mauricio Macri? ¿A través de qué rasgos discursivos se produce la interpelación de la ciudadanía? ¿Cómo se diagrama el rol del Estado? ¿Cómo se enuncia la seguridad? ¿Las campañas locales poseen características particulares? ¿La victimización siempre se construye en torno del horizonte criminal? ¿Qué otras aristas definen la configuración de un ciudadano víctima? Este conjunto de interrogantes guían el fin último de estas páginas: aportar, desde un caso de estudio, un conjunto de elementos acerca de la enunciación política electoral en los contextos de las sociedades de seguridad.

La Ciudad de Buenos Aires y un breve contexto socio-político

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital política de la República Argentina, representa la mayor área urbana del país y una de las más importantes de América Latina. De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), el número de habitantes de la Ciudad está estimado en alrededor de 2,9 millones de habitantes. Sumado al aglomerado urbano que conforma el denominado Gran Buenos Aires, este número asciende a 12,8 millones.

Si bien la Ciudad f ue fundada en 1580, la autonomía de su gobierno le llegará recién tras el proceso de reforma de la Constitución Nacional de 1994. Desde entonces, constituye uno de los veinticuatro distritos que conforman el país, con una constitución y poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios.

Tanto el Poder Ejecutivo (PE) como el Poder Legislativo (PL) de la Ciudad son elegidos mediante voto directo de la población. Las elecciones para Jefe de Gobierno (titular del PE), se realizan cada cuatro años con un régimen de doble vuelta y posibilidad de reelección consecutiva por un solo período. Previo a la reforma constitucional, sin embargo, la Ciudad era gobernada por un Intendente, designado por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado.

En su joven historia de autonomía, la ciudad ha visto sucederse a sólo cinco Jefes de Gobierno que, en su mayoría, han pertenecido a partidos políticos de oposición respecto del gobierno nacional de turno, y no han sido representantes del peronismo (a excepción del breve período entre 2006 y 2007 gobernado por Jorge Telerman, quien debió ocupar el cargo debido a la destitución del entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra).

En diciembre de 2007, asume su primer mandato como Jefe de Gobierno el empresario y político Mauricio Macri, líder y fundador de Propuesta Republicana (PRO), un partido político de reciente creación con una tendencia liberal -conservadora. El mandatario llegó al poder luego de imponerse en las elecciones con el 60,96 por ciento de los votos en segunda vuelta, ante Daniel Filmus, candidato del Frente para la Victoria (FPV). El FPV, al frente del Gobierno Nacional desde 2003, con Néstor Kirchner primero (2003-2007) y Cristina Fernández después (2007-2011 y 2011 a la actualidad), no pudo lograr anclar su poder electoral en un territorio habitualmente adverso para el Peronismo.

El 10 de julio de 2011 se volvieron a enfrentar Macri y Filmus. Al no
alcanzar la mayoría absoluta requerida según la normativa vigente, Mauricio Macri debió someterse nuevamente a una segunda vuelta el 31 de julio, en la que se impuso con el 64,25 por ciento frente a Filmus. Tres meses después, el 23 de octubre, el PRO de la Ciudad de Buenos Aires se volvió a imponer en las elecciones legislativas nacionales.

Durante su primer gobierno, Mauricio Macri recurrió a la puesta en
marcha de una serie de políticas de seguridad que marcaron fuertemente su gestión. A través del denominado Plan de Seguridad, se instalaron cámaras de seguridad y se fortaleció el poder de acción del Ministerio Público Fiscal. El fin: “Recuperar la Ciudad para los vecinos”.

Con este mismo objetivo previsto se encaró una de las más significativas apuestas de la gestión macrista en materia de seguridad: la creación de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires4 . La fuerza comenzó a ejercer sus funciones en febrero de 2010 luego de no pocas disputas con el Poder Ejecutivo Nacional. Con anterioridad a esta medida, la Ciudad era jurisdicción de la Policía Federal Argentina, la cual ejerce aún las funciones de seguridad tanto en las cuestiones de carácter federal, como en acciones de patrullaje similares a las de la Policía Metropolitana.

 Ahora bien, ¿en qué contexto se produce la llegada de Mauricio Macri al poder? El paradigma securitario al que se ha hecho referencia anteriormente eclosiona en Argentina luego del estallido social de diciembre de 2001, cuando el temor al delito se convierte en el principal factor de legitimación/deslegitimación gubernamental (Kessler, 2009). Sin embargo, la inseguridad frente al de lito venía construyéndose social y políticamente como un problema clave de los centros urbanos ya desde mediados de la década del noventa, en el marco del modelo neoliberal que caracterizó las políticas argentinas de esa época. Las transformaciones de esa década deben entenderse como parte de un proceso de reforma estructural del Estado, de profundas mutaciones de las relaciones sociales y de una creciente valoración del ámbito privado, asociado tanto al mercado como a la esfera personal de cada individuo (Oszlak, 2003).

Comienza entonces a instalarse la idea de “crisis de inseguridad” a partir de la conjunción de un componente subjetivo (la “sensación de inseguridad”), y un componente objetivo, el aumento de los hechos delictuosos identificados como “criminalidad en la calle” o “micro -criminalidad” (delitos contra la propiedad y las personas especialmente en el espacio público, Sozzo, 2009). Como producto de ello, las crecientes demandas de seguridad en las ciudades se suman al proceso de descentralización gubernamental característico de las políticas de la década del noventa, que diluyen las responsabilidades estatales frente al delito y colocan a los gobiernos locales en un rol novedosamente protagónico frente a la cuestión de la inseguridad.

 Este proceso ha estado acompañado, además, por la materialización del modelo preventivo en relación al delito en Argentina, cuya máxima expresión es el Plan Nacional de Prevención del Delito puesto en marcha de 2000. En el plano local, esto se vio especialmente reflejado en la implementación de estrategias de tipo situacional -ambiental con un fuerte acento en intervenciones en el espacio público y en prácticas de participación ciudadana, como en el caso del Programa de Prevención del Delito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (véase Sozzo, 2009; Calzado, 2004).

El sentimiento de inseguridad guarda una autonomía relativa respecto al delito: si bien aumenta al incrementarse la victimización, una vez instalado como problema social ya no disminuye al ritmo de las tasas del delito (Kessler, 2011). A partir de entonces, y más allá de las estadísticas delictivas, la lucha contra el crimen se consolida como elemento privilegiado en las agendas electorales también a nivel municipal y la inseguridad se presenta como una temática recurrente de las disputas políticas por el gobierno de las ciudades.

Vecinos y víctimas

En la disputa de gobierno, saber pararse en el contexto, interpretar “la necesidad social” y elegir una estrategia de intervención oportuna puede bastar para desarrollar con éxito una campaña electoral. En una época donde cada apuesta engendra de por sí sus propios riesgos, el empleo de propuestas y significantes vacíos permite moverse sin asumir grandes costos. La estrategia del PRO durante la elección a Jefe de Gobierno en 2011 consiste en velar al adversario político marcando la diferencia que lo posiciona como superior a su competidor primordial, el Frente para la Victoria. ¿Qué es lo que lo destaca? Aquello que se estima en términos del grupo de votantes que compone su objetivo: la eficacia y racionalidad técnica de la gestión y el interés por el vecino.  Estos valores pueden asentarse en circunstancias reales o ficticias, en cualquier caso constituyen un criterio válido en situaciones electorales.

La campaña de Mauricio Macri en 2011 se basa en la ambigüedad que suministra el slogan “Juntos venimos bien” , proposición que a primera vista no exhibe compromiso alguno. Más bien, implica una interpelación a la continuidad de una gestión que ya llevaba cuatro años al frente del Gobierno de la Ciudad. Como punto de arranque, la construcción discursiva de campaña busca anular las distancias entre candidatos y electorado: “Somos vecinos” y “la Ciudad nos une”, enuncian los spots macristas. El PRO procura no posicionarse como un partido político tradicional ni tomar parte en el auto-adjudicado papel de “hacer las cosas de otra manera”. Opta, en cambio, por construirse como una “fuerza joven” extendida a todo aquel capaz de involucrarse en la cuestión “vecinal” y sentir la insuficiencia de relegar la política a un sector profesional. En ese oxímoron yace su principal fortaleza.

Bajo una estética colorida, que complementa la amarilla tonalidad característica de sus campañas, la figura del vecino se elabora en las publicidades gráficas a partir de un nosotros inclusivo que envuelve una diversidad de actores: jóvenes, mujeres, ancianos, niños, militantes del PRO. Sujetos emprendedores, cansados de la conducción tradicional, “con ideas nuevas”, dispuestos a obedecer la anónima voz del líder: “Tenemos que seguir juntos”, “Te pido que votes por nosotros porque juntos venimos bien”. El lazo de unión que identifica al colectivo de pertenencia es esencialmente ciudadano y se hace consciente día tras día, en la convivencia cotidiana. La percepción que se fabrica da cuenta de una idealizada concepción comunitaria, un orden pacífico y armonioso donde no existe conflictividad, egoísmo (ni polémica). Un escenario pacífico en términos abstractos, pues desde allí se solapan las diferencias entre los actores y la enmascarada pero siempre presente pugna entre vencedores y vencidos.

Ante el vértigo, la indolencia y el miedo que suelen caracterizar las relaciones sociales en la ciudad, el PRO sugiere volver a los propios fundamentos. El individualismo que puede aflorar en momentos irreflexivos debe supeditarse a los valores y actitudes que resaltan la reputación del ser urbano. El remedio actúa conforme a nuestra disciplina. De aquí, su preeminencia por sobre los que no comparten nuestra racionalidad: no poseen “aquellas pequeñas cosas que nos hacen grandes para poder juntarnos, pensemos igual o distinto”, asume uno de los spots.

Si bien la persuasión de la discursividad macrista en campaña se rige por vía de la antipolítica, el intento de borrar la figura del contradestinatario, es decir el partidario de las ideas del adversario (en nuestro caso, la representación abstracta del FPV, Filmus y el Gobierno Nacional), acaba por develarlo en los cimientos que estructuran la identidad del nosotros. El paradestinatario – el “fuera de juego”, según Verón (1987), el que no es partidario ni adversario sino el indeciso hacia el cual se suele dirigir la campaña – es una suma de individuos unidos contra el modo actual de gobernar, que si no pertenece al gobierno porteño se deduce que alude a la administración nacional. En otras palabras, el discurso del PRO se enmarca en una mirada conservadora comúnmente caracterizada por cuestionar la falta de pluralismo, moralidad, honestidad, orden, entre otros tópicos enraizados en la matriz liberal. La decisión de no explicitar el contrincante conlleva la anulación de aquél con quien se prescinde confrontar.

La enunciación resalta que bajo la administración del PRO se viene llevando a cabo una política enraizada en el diálogo, la colaboración y la solidaridad vecinal. Por ello, al señalar la principal cualidad del candidato a diputado en las elecciones de 2011, Federico Pinedo, se destaca su empeño por hacer valer “la voz de todos”. Este procedimiento se asienta en un mecanismo de homogeneización entre el sujeto de la enunciación y el paradestinatario a partir del cual es posible la identificación de nosotros, los vecinos que “podemos” expresarnos libremente, a diferencia de ellos, que no poseen o valorizan de igual modo la cualidad de la palabra: en esa diferencia nos unimos. El ejercicio no afecta el juego, la efectividad está garantizada por la vacuidad simbólica. Dicho de otro modo, el macrismo no ostenta al adversario porque no requiere de ello para impulsar el mecanismo que estructura su campaña. Más bien se apoya en la idea de vecindad: terreno en el que se incluye y desde el cual disputa.

Sin embargo, es preciso comprender que esta última característica no es exclusiva del PRO sino que se enmarca en un entorno más amplio. Con el traspaso de las sociedades masivas a las mediáticas, el modo de hacer política que emerge no representa necesariamente un cambio de matrices sino de formas de fabricar consentimiento en base a las tecnologías de la enunciación mediática. Como sostienen Barreiros y Cingolani (2007): “No hubo un momento en el que la política no haya sido espectacular, lo que sucede ahora es que también se ha vuelto mediática” (ivi, p. 102). Por un lado, las estrategias de campaña se acomodan a la lógica del drama televisivo y de la velocidad de las nuevas tecnologías: los tiempos se acortan, los ritmos se aceleran, los relatos afloran bajo la influencia de la agenda informativa. Allí se juega el éxito o fracaso de los mensajes transpuestos. Por otro lado, los medios asumen el carácter político que les concierne abandonando el discurso de la objetividad periodística mediante la construcción de discursividades adversativas. Es el reinado del ojo que impone a las identidades políticas sus propias reglas de funcionamiento sobredelimitando el debate público al interior de un escenario asimismo politizado.

El PRO se aparta de la obsoleta racionalidad técnico-instrumental construyendo su propio ritmo enunciativo . La carencia de comunicación atribuida al tácito (más no indefinido) contradestinatario expresa la necesidad de defendernos de lo que nos preocupa: “Poder decir lo que pensamos”. Esta última idea se legitima en la voz de “vecinos” que refuerzan el imperativo de la libre expresión mediante el realismo que confieren sus propios testimonios. La suma de opiniones privadas sobre temas de interés concerniente a una parte de la sociedad, que construyen los spot y hacen públicas los medios, intentan parecer espontáneas, sinceras, desinteresadas, ocultando las pautas y procedimientos a las que se hallan sometidas. De hecho, el guión de los “vecinos” es idéntico al pronunciado por Mauricio Macri al referirse a la importancia de dominar la impaciencia y resignar contradicciones mínimas que traban el razonamiento y la prosperidad general.

Pero construir no es mentir. El proceso de producción discursiva parte de una serie de presupuestos de visibilidad puestos en juego en el montaje narrativo para lograr efectos de sentido que exceden la intencionalidad de sus productores (Vilches, 1989). La fuerza de los spots recae en el modo de hacer visibles las conceptualizaciones políticas promovidas. Sólo el develamiento del montaje puede evitar que el poder simbólico desmienta su arbitrariedad y se constituya en creencia . En ese sentido, no está de más apuntar la simplificación que implica mantener que “[…] la imagen es enemiga de la abstracción, mientras que explicar es desarrollar un discurso abstracto” (Sartori, 1998, p. 84). Si bien es cierto que la imagen genera percepciones predominantemente sensoriales (Mouchon, 199 9), no “falsifica” la realidad ni necesariamente obstruye la reflexión: impone un punto de vista a partir del uso de distintas técnicas y recursos (ocultos o explícitos) dirigidos a seducir a la ciudadanía audiovisual. Las tecnologías de la visión se insertan en la vida cotidiana con total naturalidad, fijando “formas en lo visible”. De esta manera, regulan la “voluntad de ver”, orientan la atención visual y señalan perspectivas convenientes (Ferrer, 2005).

 En este sentido, se puede observar que aunque el discurso del PRO
declara su preocupación por salvaguardar el “bienestar general”, las imágenes montadas no expresan esa explicación. Más bien, develan que el target del electorado interpelado no encarna a toda la sociedad; se reduce a la ciudadanía porteña perteneciente a los sectores sociales medios y altos. Las imágenes difundidas muestran personas de diversas edades reunidas en distintos ámbitos de la ciudad, como la puerta de un edificio donde se juntan a conversar. En el grupo se encuentra Mauricio Macri, que se sitúa en el mismo plano: es un vecino más. La tentativa de enfatizar los caracteres de los adherentes adopta tal prioridad, que vuelve superflua la vocación política del candidato y, más aún, las referencias a su personalidad. Los personajes se exponen elegantemente vestidos, sonrientes y divertidos, sin voluntad de rivalizar. Los discursos excluyen todo sujeto ubicado fuera de “nuestra normalidad”. Ese es el límite que define la política comunicacional de “Mauricio en la ciudad”. Los sujetos esbozados los spot no contemplan otro perfil más que el de un ( si se quiere) “profesional” ciudadano porteño. Un vecino víctima del autoritarismo del Estado Nacional y del miedo a lo diferente. El mundo donde “todos queremos vivir” no concibe desviaciones.

La seguridad, la mirada indiscreta del nosotros

La campaña audiovisual de 2011 elude hablar de inseguridad desde la dimensión del miedo. Seguridad es gestión y eficacia. Uno de los únicos spots sobre esta cuestión es protagonizado por la candidata a Vice -Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, quien asocia el concepto de seguridad con el deseo de que “nuestros hijos puedan ser lo que quieran ser”. El temor difuso de la ciudadanía se vuelve un dispositivo velado de gestión. La “libertad de elección” emerge como un atributo virtuoso vinculado al desarrollo y la proyección personal de una generación cuyo porvenir se encuentra atrofiado o simplemente “no tiene lugar”. Expresión de nuestro tiempo, en la era biopolítica la propagación de este tipo de enunciados aparecen en modo habitual exhibiendo un sentimiento de alarma que exige una administración “eficaz”.

Como sostiene Foucault (2004), desde principios de siglo XVII el enigma de nuestras sociedades securitarias ha sido cómo limitar desde dentro el ejercicio de gobernar. Los mecanismos de prevención se dirigen a todo daño potencial que resulte imprevisible en la población, entre los cuales la falta de “libertad” resulta un riesgo necesario. No obstante, la administración de los riesgos valorados como tales no remedia la ansiedad de las víctimas: la información sobre la carencia de “libertad” y de seguridad urbana produce un sentimiento de victimización anticipado que cristaliza en el temor a la pérdida. Pues, si algo caracteriza a la sospecha es su carácter performativo: el riesgo tiene la forma de lo que falta y, en ese acto, toma cuerpo su propia definición (Beck, 2000). Con lo cual, la disputa librada en el margen entre la autonomía y la amenaza conlleva la extensión de subjetividades victimizantes que reclaman orden y protección al Estado: “Lo paradójico de esto es que el reclamo de la sociedad no es por la debilidad del Estado frente a las fuerzas sociales del mercado sino para que resuelva o reduzca los delitos interpersonales (comunes) que producen la sensación de inseguridad ” (Pegoraro, 2006).

Así las cosas, los gobernantes deben encargarse de vigilar la seguridad de la ciudadanía comprendiendo sus dificultades, conteniendo su nerviosismo, alertando sobre las zonas donde subyace el riesgo, proclamando la severidad de los castigos. En medio del desarrollo del negocio de la seguridad, el Estado se convierte en un proveedor de este servicio. Pero no cualquier proveedor, su intervención opera sobre las reglas del mismo juego mediante el diseño de las normas de tolerancia autorizadas bajo un vaivén cambiante de orden y conflicto: “Esto se vuelve importante desde la perspectiva de la distinción, muy relevante socialmente, entre los agentes decidores sobre el riesgo y aquellos que tienen que
lidiar con las consecuencias de las decisiones de otros ” (Beck, 2000, p. 11).

En la campaña del PRO, el rastro del sujeto victimario aflora en un semblante masculino. Su significado se supedita a la ausencia de aquello que preserva la autonomía y el resguardo de nosotras. Hacia allí nos dirigimos, en una metonímica búsqueda que, pese a que no surte efecto, se halla “bien”encaminada. Aunque puede conjeturarse un intento por eliminar todo rasgo de violencia narrativa, la comunicación política impide esta posibilidad. La habilidad de los enunciados protectivos (Wiebe, 1978) radica en el trazado de un selectivo movimiento de demarcación que envuelve al grupo de los protegidos relegando a la periferia todo vicio capaz de desafiar el orden dispuesto.

Que en los spots no haya referencias directas a la violencia urbana y se eluda el uso directo a la dimensión del temor no implica que la seguridad sea abandonada como un compromiso fundamental de gestión con la vecindad. Durante la campaña, Macri no sólo le habla a través de los spots a la ciudadanía, al nosotros, también lo hace a través de otros canales. Sale a la calle, firma “compromisos” con los vecinos en eventos que buscan ser comunicados desde los noticieros de los horarios centrales y en el vivo y directo que le permiten los canales de noticias. Luego, cristaliza estos acontecimientos en videos que pasan a formar parte de su campaña 2.0.

En días soleados, en días nublados, Macri se rodea de los vecinos y se compromete a que los chicos disfruten los parques, a promover actividades culturales locales, a sumar más jardines maternales, a mejorar el pedido de turnos telefónicos en hospitales. Y se compromete, también, a brindar más seguridad en los barrios y profundizar las medidas de protección al delito de los adultos mayores.

En el marco del Plan Integral de Seguridad se firma, por un lado, un compromiso que comprende la colocación de cámaras de seguridad para monitoreo en todos los parques y plazas, centros comerciales barriales y accesos a la ciudad. De esta forma, se busca “recuperar” una “tranquilidad” perdida, vivir en “una ciudad que nos cuida y protege”. Por otro lado, un segundo compromiso promete brindar protección y tranquilidad a “aquellos que son más vulnerables”, a través de la distribución de botones antipánico entre los adultos mayores de la ciudad para que puedan emitir alertas ante “situaciones de riesgo”.

La instalación de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) para vigilancia y monitoreo, históricamente restringida al ámbito privado, ha evidenciado un desplazamiento a nivel mundial hacia el espacio público como parte de políticas de prevención del delito. El mismo rol se le atribuye desde el Gobierno de la Ciudad: las cámaras como prevención, alerta temprana para evitar el delito. Sin embargo, más allá de su efectividad en la reducción del crimen, el recurso político a estos sistemas tiene más que ver con su valor simbólico: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar la existencia de acciones desde la gestión orientadas a atender la cuestión del delito ( Norris, McCahill, Wood, 2004).

En este sentido, las cámaras de seguridad se vuelven protagonistas de la comunicación política de campaña. Su colocación se asume como compromiso, sus imágenes se construyen como producto mediático. El mismo Macri recuerda cómo los medios mostraron el “éxi to” de las imágenes a través de la difusión de ciertos videos puestos a disposición por el gobierno local.

Al mismo tiempo, la distribución de estos dispositivos delinea la ciudad segura y sus sujetos. Es que “la videovigilancia incide en la forma en la cual es ejercido el poder, modifica las experiencias emocionales en el espacio urbano y afecta la forma en la cual la realidad es conceptualizada y entendida” (Koskela, 2000, p. 250).

Las cámaras de vigilancia construyen una cierta geografía de la ciudad que está determinada por el miedo, los riesgos y la peligrosidad. Así, los espacios públicos son catalogados a partir de la oposición seguro -inseguro. En paralelo, los sistemas de monitoreo buscan articular el control por parte del Estado con un consenso social acerca de lo que debe ser denunciado: aquello sospechoso, peligroso y desviado. ¿Dónde hacen foco, entonces, las cámaras?

Macri asume el compromiso de brindar “tranquilidad” a “todos los
vecinos” pero enumera, sin embargo, algunos de los grupos sociale s que integran dicha categoría: “madres con sus hijos”, “enamorados” y “abuelos” que visitan habitualmente las plazas. De esta forma, el espacio público invita a algunos y expulsa a otros. Dos grupos de sujetos se presentan como excluyentes: los vecinos, ese nosotros inclusivo (víctimas); y los delincuentes o disturbadores del orden público, esos otros , sobre los cuales las cámaras deben focalizar su atención. La “tranquilidad” prometida, por su parte, se asimila al orden público. Su mantenimiento es el objetivo mismo de este tipo de políticas, que asocian la seguridad barrial con la ausencia de delitos. De aquí que el discurso del PRO contribuya a reproducir la persecución del sujeto desviado alzada desde los medios masivos en un escenario en que predomina la criminología del otro (Garland, 2005).

Gubernamentalidad y comunicación política

“Cuando ves a una partera entrando al hospital a las dos de la mañana, es imposible no sentirse inspirado”, se oye decir a Macri con voz serena y entusiasta en la campaña audiovisual. La vida aparece como un valor fundamental que requiere tratarse con energía y responsabilidad. En su gestión, el PRO dice haber cumplido el mandato de resguardar al sector más vulnerable de la ciudad logrando “la tasa de mortalidad infantil m ás baja de la historia, más vida en Buenos Aires, ¿se imaginan una satisfacción mayor para tanto esfuerzo?”. La voluntad de proteger a “nuestros hijos” ha dado sus frutos gracias a la dedicación de médicos, asistentes sociales y especialistas “fenómenos”, unidos para hacer posible el beneficio de todos.

¿Dónde está el futuro? En una educación concebida en función del
mercado laboral, responde Macri. La mirada se dirige hacia fuera, aspira a insertarse en la denominada “sociedad de la información” de la que nadie puede hallarse exento. Con todo, este último es un problema saldado puesto que en la ciudad se ha intervenido para fomentar la igualdad de oportunidades: “Por eso incorporamos inglés desde primer grado e instalamos Internet en el 98 por ciento
de las escuelas de la ciudad”. La apuesta no apunta al resguardo de la identidad nacional, más bien reduce sus envites al ámbito local.

En un compendio de enunciados directivos orientados a instruir a la
ciudadanía en la práctica electoral, el PRO enseña cómo de be conducirse a todo aquel que abogue por el crecimiento y el progreso de la ciudad. La pauta es muy breve y concisa: “Este 23 (de octubre) cortá boleta y votá al PRO”, acto que se erige en punto de partida para una innovación en el modo de hacer política. El candidato se muestra optimista advirtiendo que la perdurabilidad del “gobierno que empezamos juntos” dependerá de la confianza y la buena voluntad del electorado unido: “Por eso les pido por favor que nos voten, que voten por la ciudad porque juntos venimos bien”. Está claro que la transformación reivindicada no alude a las acciones hasta el momento trazadas por el Gobierno de la Ciudad. Éste se afirma en un “poder ciudadano” que el candidato a Jefe de Gobierno se compromete a defender más allá de quien esté a su lado, “sea el lugar que sea”. Porque lo importante es comprender que si atendemos a nuestros puntos en común podremos convertir las ataduras en libertad.

Ahora bien, ¿hasta dónde? El Estado no puede eliminar totalmente la dependencia a menos que decida traspasar su propia autoridad, la misma que precisamente hace existir al soberano como tal (Schmitt, 2001). Ante el reclamo de “libertad”, se pueden concebir dos caminos: confirmar su existencia y adoptarla como una obligación moral o dotarla de un sentido político que permita exhibir la asimetría en que se sustenta. La estrategia discursiva empleada por el partido de Mauricio Macri, se nutre de rasgos provenientes del paradigma de la victimización (Pitch, 2003) interpelando al sujeto político como ciudadano necesitado de “libertad”. Pero si asumimos que no existe sociedad sin obediencia podemos afirmar que, en nombre de la “libertad”, se emplean estrategias biopolíticas como modo de gubernamentalidad. El PRO se construye como una más de las víctimas deseosas de convertir el diálogo en orden, el riesgo en promesa, la vecindad en fuerza.

Vimos que, según Simon, las campañas locales y nacionales norteamericanas vienen siendo hace décadas marcadas por discursos centrados en la guerra contra el delito. No obstante, también fuimos recorriendo cómo en una elección local en Argentina, como lo fue la campaña de Mauricio Macri en 2011, la construcción de los dirigentes lejos está de erigirse a partir de la definición explícita de una lucha contra la delincuencia.

Sin embargo, el temor a la criminalidad aparece solapado tras la definición de la necesidad de proseguir, tras una gestión del mismo signo electoral, con el camino de libertad y orden. En tanto el discurso de campaña se aleja de un horizonte confrontativo y el posicionamiento busca reforzar la dimensión significante del consenso y el diálogo, la apelación a la imagen de guerra lejos parece ser la más adecuada. Más bien, los spots de campaña revisados promueven una discursividad en torno de la gestión e ficiente en pos de revivir una ciudad para nosotros los vecinos. La seguridad urbana se concibe en la campaña como responsabilidad vecinal de sujetos privados que desconfían de la aplastante intervención del Estado Nacional y se unen para administrarla en función del propio costo -beneficio. De allí que en la discursividad configurada en la campaña del PRO los candidatos se identifiquen con la experiencia de victimización de una vecindad de la que ellos mismos buscan formar parte. Víctimas de los fantasmas q ue pueden atacarnos tanto desde la confrontación política, como desde la embestida criminal.

Las mitologías construidas en un contexto de campaña dan cuenta de un espacio conflictivo donde se plasman las preocupaciones sociales y los imaginarios políticos contemporáneos. La campaña refuerza un horizonte de administración de los riesgos en el cual la vida que se preserva es la del nosotros: el futuro es el de las vidas que se ubican al interior de nuestro territorio. El territorio protegido es el de la Ciudad de Buenos Aires, en términos locales. Más allá de su frontera, la otredad. Pero dentro de nuestro mapa se circunscriben zonas resguardadas de la violencia que se cuela dentro de la cotidianeidad de los vecinos de la ciudad. En este sentido, hemos visto que la finalidad de la videovigilancia es localizar y reducir las pequeñas y cotidianas incivilidades así como las oportunidades delictivas propagadas en la ciudad, particularmente en zonas frecuentadas por las potenciales víctimas. El ejercicio de gobierno que recuerda la campaña alude, entonces, a la búsqueda de la seguridad local, ubicando a los fantasmas como un abyecto exterior a la territorialidad ciudadana. El fantasma de un otro confrontativo y violento no debe advertirse dentro de los parámetros de un ilusorio orden interno.

Notas:

1 Este análisis forma parte de una investigación más amplia desarrollada por las autoras. En ella se buscan develar rasgos de la comunicación política contemporánea en Argentina y las definiciones emergentes en época de campaña electoral en torno de la criminalidad y sus modos de conjura.

CONFLUENZE Vol. 5, No. 1, 2013, pp. 249 – 263 , ISSN 2036 – 0967, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna .

2 Se entiende por gubernamentalidad al “[…] conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, que han permitido ejercer esta forma específica de poder, cuyo blanco es la
población” (Foucault, 1991, p. 25).

3 Esto es: “[…] una forma de concordancia de reglas, formas de pensar, procedimientos tácticos, con un conjunto de otras condiciones, bajo las cuales, en un determinado momento, resulta posible percibir algo como un «problema», tematizarlo como tal” (De Marinis, 2009, p. 14).

4 Para más información, véase: González, L. y Lio, V. “La ciudad vigila. Cámaras de seguridad y nueva policía en la gestión del PRO en Buenos Aires (2007- 1012)”, en X Jornadas de Sociología de la
UBA, Buenos Aires, 1 al 6 de Julio de 2013. Disponible en: http://sociologia.studiobam.com.ar/inde x.php/mesas/politica – medios- de- comunicacion- y -opinion- publica- una – tensa – relacion/ [Mayo 2013].

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Sitografía

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Mercedes Calzado: doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) Se licenció en Ciencias de la Comunicación y realizó la Maestría de Investigación en la UBA. Docente de la Carrera de Comunicación (UBA), actualmente se desempeña como investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).
Contacto: mcalzado@sociales.uba.ar

Mariana Fernández: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Socio logía de la Cultura y el Análisis Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES/UNSAM).
Contacto: mcf.mariana@gmail.com

Vanesa Lio: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Comunicación Pública y Política de la Universidad de Pisa (Master di II Livello in Comunicazione Pubblica e Politica, Università di Pisa).
Contacto: vanesa_lio@hotmail.com

Mercedes Calzado, Juan Pedro Gallardo

Artículo publicado en 2016, Polis, Revista Latinoamericana. Acceda desde aquí.

Para citar este artículo: Mercedes Calzado y Juan Pedro Gallardo, « Hacia un mapa de intervenciones electorales locales en materia de seguridad urbana (Ciudad de Buenos Aires, 2007) », Polis [En línea], 44 | 2016, Publicado el 14 septiembre 2016. URL : http://polis.revues.org/11824

 


 

I. En tiempo real
“Los siguientes hechos ocurren entre las 19 y las 19.18 pm. No es seguro que el candidato a jefe de Gobierno de PRO, Mauricio Macri, ‘mire mucho la serie 24’, como le endilgó Jorge Telerman en el debate de la semana pasada. Pero el diputado de licencia emula el minuto a minuto de ese programa en una carrera contra reloj: 24 propuestas en 24 horas. Sobre el final de la campaña, lo sigue un ejército de candidatos y jóvenes del partido, vestidos con una remera amarilla a lo McDonald’s, con el logo de PRO. El puntapié lo da el estandarte que llevó el empresario durante toda su campaña: la seguridad. Las propuestas ocurren en tiempo real. 19.01. Llega en moto. Se baja. Se saca el casco. Finalmente no es Kiefer Sutherland, el actor de la serie norteamericana. Es Macri. Sonríe (y) la sede de PRO es una explosión de carteles amarillo huevo”.
Werner Pertot relata en Página 12 el 31 de mayo de 2007 los pormenores del cierre de una campaña que marcaría, de alguna manera, un novedoso modo de hacer política electoral en la Ciudad de Buenos Aires. También, el periodista del matutino marca las huellas que subrayan un problema de agenda que se termina de imponer durante el proceso electoral: la seguridad, un tema que ya venía siendo tematizado por Macri desde su primera participación electoral. La violencia urbana es, un tema que define la agenda política en la elección a Jefe de Gobierno de 2007 pero que de ninguna forma está exenta de su propia historicidad local.
El problema del orden, la conservación de la vida y los bienes materiales es una perturbación intrínseca al Estado moderno en general y a las ciudades en particular. La Ciudad de Buenos Aires no se queda al margen. Lila Caimari (2012) recuerda que esta característica se acentúa en la década del treinta, cuando se profundiza la crisis económica, el incremento de la violencia en las calles y los reclamos de la sociedad civil en torno de la violencia. En tanto durante los treinta impera la añoranza al respeto de las normas y la moral dominante, la tecnología, de la mano del automóvil y de las armas, le da un nuevo perfil al crimen de la época. La población ya por ese entonces demanda orden y el campo político define líneas para intervenir frente a la movilización social. La instauración de los edictos contravencionales de 1932 habilita la imposición de una “ley policial” al funcionamiento político. La emergencia vecinal de la época es alimentada por discursos periodísticos que estigmatizan al delincuente y al desocupado. Las crónicas policiales y los relatos escabrosos se encuentran influenciados por la criminología positivista y ocupan un espacio central en las estrategias de la prensa gráfica para atraer lectores. El campo político, todavía, no interviene en clave securitaria, pero sí sobre la necesidad de reimponer un orden y un consenso que parecen perdidos en la ciudad de la crisis de la década del treinta.
A mediados de los noventa la seguridad ingresa con fuerza en las agendas periodísticas, políticas y electorales y se convierte en un eje central de difusión de una comunicación política asociada a la violencia urbana. No sólo esto se debió a la ampliación del problema del delito en la calle (Sozzo, 2011) basado en la profundización de los índices de denuncias sobre crímenes. También las discusiones políticas alrededor de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires incorporaron un nuevo matiz local al producirse el estatus de territorio autónomo. ¿Qué hacer con la policía? ¿Cómo gestionar la experiencia ciudadana de inseguridad?, fueron algunos de los interrogantes que ganaron protagonismo.
Esta ponencia da cuenta de las modalidades de construcción de la cuestión securitaria durante la elección porteña de 2007. Para ello trabajamos con el relevamiento de los materiales de campaña de los candidatos en disputa, especialmente los tres centrales: Mauricio Macri, Daniel Filmus y Jorge Telerman . Para revisar las regularidades y diferencias de los candidatos alrededor de la cuestión criminal se relevó el material de campaña durante el mes anterior a la primera vuelta, sucedida el 3 de junio, y los quince días previos al ballotage, ocurrido el día 24 del mismo mes.
Como resultado, se analizaron once spots audiovisuales (tres del FPV, tres de +BA y siete del PRO), las plataformas electorales de las fuerzas políticas en pugna, los blogs y sitios web de los candidatos, la gráfica (21 en total), folletería, el debate televisivo entre los tres principales candidatos y dos discursos de campaña. En relación al uso de Internet y las redes sociales, cabe consignar que en el año 2007 no constituían un espacio para el cual se diseñaran estrategias particulares. Si bien eran un territorio electoral, donde era posible replicar y reproducir las piezas publicitarias destinadas para otros dispositivos, lejos estaba de tratarse de un escenario de competencia y construcción política. Ello sucedió recién en el 2009 .
Asimismo, incorporamos el vínculo entre las agendas mediáticas y las agendas políticas a través de un relevamiento de las principales columnas de opinión política y tapas de todos los días domingos del 2007 de los diarios Clarín, Página 12 y La Nación; un registro de noticias publicadas en los dos primeros matutinos entre el 20 de mayo y 24 de junio de ese mismo año y el análisis de material de campaña producido por las principales fuerzas.
Este relevamiento nos permitió reconstruir el contexto de la contienda, la forma en que ejerció influencia y las maneras en que apareció la cuestión de la seguridad en los discursos y las estrategias de posicionamiento de los candidatos.

II. La seguridad y sus significados
Pese a las claves diferenciales y qué tan subrayado está en una fuerza u otra la cuestión securitaria, en la elección de 2007 ningún espacio político parece quedarse fuera de imprimir un sello propio sobre cómo entender la violencia urbana. Es un eje instalado en la agenda electoral. Ahora, ¿qué significa la seguridad para cada fuerza? ¿Cómo plantean desde sus campañas que se debe intervenir frente a la violencia urbana? El cómo vivir seguros en una gran urbe se determina en las herramientas que proponen las fuerzas políticas. Las diferencias entre fuerzas ya no necesariamente se despliega por las causas de la violencia, porque como plantea quien llegaría a ser jefe de Gobierno: “Los pobres también sufren la inseguridad”. El arco político mayoritario asume que o bien como causa de problemáticas sociales, o bien como resultado de elementos estructurales del capitalismo o por falta de incentivos, la inseguridad es un problema de todos y la seguridad es un derecho de los habitantes de la ciudad. Un diagnóstico que parece común pero que despliega múltiples miradas y modos de intervenir frente a la violencia.
De allí que para entender las diferencias respecto de la definición de seguridad en una y otra fuerza será necesario revisar las formas de intervención que se postulan frente a un eje instalado definitivamente como problemático en la campaña de 2007. Durante la competencia electoral, las intervenciones discursivas vinculadas con la seguridad están determinadas por lo imperioso de encontrar medidas que sean visualizadas como efectivas. “Las medidas con las cuales se identifican los funcionarios electos deben ser penológicamente creíbles”, recalca Garland. Pero ante todo “deben gozar de credibilidad política y apoyo popular. En la selección de respuestas políticas resultan más atractivas aquellas que pueden ser más fácilmente representadas como decididas, inteligentes y efectivas o simbólicas” (Garland, 2012, 191). Es un problema, en este sentido de apariencia política y de una retórica capaz de insinuarse posible en clave de efectividad práctica.
En este sentido, para el análisis dividimos las propuestas de los candidatos en cuatro tipo de intervención dominante en sus discursos acerca de cómo entender qué hacer con la cuestión securitaria: territoriales, despliegue policial, el camino cientificista, la tensión cambio social-cambio estructural. Si bien los candidatos optan por una u otra estrategia, no por ello la materia significante deja de intercambiarse en los discursos de distintos espacios políticos. Es decir, cada una de estas definiciones discursivas no pertenecen a uno u otro candidato de manera pura sino que en algunos casos llegan a imbricarse y podría ser un enunciador de un espacio político tanto como otro el que la postule.

a. Intervenciones territoriales
En campaña, algunos candidatos describen a la Ciudad como desordenada, caótica y peligrosa. El espacio urbano es históricamente un foco privilegiado de los debates sobre la cuestión securitaria. Ello es así debido a que en la hendíasis espacio-poder, en los contactos, interacciones y procesos diversos que atraviesan el ámbito urbano, surgen también los conflictos que responden al cruce de actores con realidades, lógicas e intereses heterogéneos en el entramado social. “No existen ideas políticas sin un espacio al cual sean referibles, ni espacios o principios espaciales a los que no correspondan ideas políticas”, formula Carl Schmitt (citado por Cavalletti, 2010: 7). El espacio urbano y los discursos de campaña que giran en torno a la seguridad poseen un vínculo estrecho.
En 2007 son varias las intervenciones discursivas que asocian el nivel barrial como lugares que pueden transformarse potencialmente en riesgosos. De allí a que una serie de propuestas parten de proponer la necesidad de diagnosticar y modificar el espacio local. Estas retóricas se centran principalmente en las denominadas estrategias de prevención situacional-ambiental, orientadas a controlar aquellas circunstancias temporales y espaciales de producción de las infracciones. Son estrategias que apuntan a disuadir las pequeñas incivilidades y los delitos simples, principalmente a través del lazo de la vecindad con los agentes de seguridad. Pero también lo hacen en la denominada prevención comunitaria, estrategia que imagina un vecindario activo en la definición y la implementación de las políticas de seguridad.
En las retóricas del territorio, las intervenciones situacionales refuerzan la clave de la eficacia y alejan la definición acerca de la práctica de un posible enunciado que pueda ser entendido por los vecinos como “político”. Juan Bautista Alberdi recalcaba la importancia de configurar espacios locales como espacios administrativos en los cuales los vecinos pudieran ser capaces de llevar adelante sus asuntos privados. “Ocupado el vecindario en los intereses de su patria social (…) ocupados en la mejora de sus caminos, de la instrucción de sus hijos, del lujo y la elegancia de sus ciudades (…) el vecindario se aleja poco a poco de las estériles agitaciones de la vida política” (Alberdi, 1917, citado por Ternavasio, 1991: 29). En elecciones, el político vuelve recordar la importancia de los pequeños cambios sobre el territorio para afrontar los grandes problemas.
Pero para definir esas pequeñas transformaciones cotidianas es preciso mapear el peligro de la urbe para luego afilar el ojo interventor de lo local. La propuesta de armar mapas del delito fue utilizada por varias fuerzas del arco político. Desde el candidato que era jefe de Gobierno, Jorge Telerman, hasta fuerzas políticamente alejadas de sus propuestas. Este es el caso del espacio referenciado en Claudio Lozano quien llama a través de los medios de comunicación a la “la conformación de un mapa del delito que identifique áreas conflictivas para impulsar políticas de prevención” (Página 12, 21/05/2007). También son políticas que permiten desarrollos híbridos, sociales y situacional ambientales. De allí a que de derecha a izquierda puedan adherir al trabajo con una herramienta situacional que en principio tiene mayor afinidad con los programas del racionalismo económico o neoconservador (O Malley, 2006).
El candidato del FPV, Daniel Filmus, también se ubica en los márgenes internos de la estrategia. El problema de la seguridad, asegura, está asociado con “la marginación, con la exclusión, con la existencia de lugares de difícil acceso para las fuerzas de seguridad”. El eje social se entremezcla con el situacional para quedar imbuidos. Para avanzar sobre esos espacios complejos hay que intervenir en clave territorial. En palabras de Filmus: “Hay mejoras urbanas que contribuyen, como la mayor iluminación, la poda de árboles y la organización de redes comunitarias de seguridad”. Las técnicas basadas en el riesgo pueden sin inconvenientes vincularse con discursos políticos sociales, de allí a que sea difícil asocial linealmente a la prevención situacional del delito con el neoconservadurismo.
El Estado local interviene a través de la participación vecinal para controlar en territorio la gestión de riesgos, más que definir intervenciones de forma directa sobre los ofensores. Con un mapeo del peligro, el Estado brinda herramientas a los vecinos como responsables de sus actos locales. Vecinos que ayudan al Estado a generar los saberes locales del delito, vecinos que pueden y deben responsabilizarse luego de sus prácticas en las zonas que saben violentas.
El desplegar mapas del delito permite, argumentan impulsores como Jorge Telerman, “generar condiciones que hagan más difícil delinquir”. Condiciones que implican “desde mejorar el espacio público a eliminar las malezas en los baldíos”, colocar iluminación con más potencia los barrios, cuidar lo que sucede en las plazas, reacondicionar los terrenos del ferrocarril. Cada una de estas actividades, asegura el candidato en su Blog, debe realizarse “en colaboración con los vecinos”, los verdaderos conocedores del territorio y sus peligros.
La naturaleza de este enfoque es responsabilizante del vecino y “emponderante” de sus prácticas. O´ Malley recuerda en este sentido cómo los lenguajes e imágenes asociadas con la promoción del control de la criminalidad al estilo “juntos contra el delito” “representan a los miembros del público como agentes activos que persiguen sus propios intereses en una relación voluntaria y mutuamente beneficiosa con la policía y otras agencias de gobierno” (2006, 96). Apelar al vecino implica una imagen de construcción colectiva de las estrategias de prevención, a la par de la responsabilización posterior de los actos individuales.

b. El despliegue policial
De la misma manera que viene sucediendo desde que Buenos Aires pasó a convertirse en Ciudad Autónoma, no faltó el debate en torno a la necesidad de contar con una policía propia. De hecho, en la elección de 2007 fue el eje central de la agenda política y mediática de la Ciudad. Varias crónicas, opiniones y consultas a especialistas o políticos dieron cuenta del interés sobre esta problemática. Por ejemplo, en una entrevista efectuada por el diario Clarín, a casi dos semanas de la primera vuelta, al entonces ministro de Gobierno porteño, Diego Gorgal, se arrojaba cifras que revelaban un aumento vertiginoso de la seguridad privada (guardias privados que superan en número a los agentes de la Policía Federal Argentina-PFA). Esta situación, en opinión del funcionario, indicaba que la contratación de vigiladores se incrementó de manera proporcional a los delitos. Además, era la prueba que demostraba la real preocupación de los porteños, con el agregado de la desigualdad social, debido a que este recurso se concentra en los barrios de la zona norte.
En tal sentido, sostenía Gorgal, “el mapa muestra por qué el delito afecta más a los que menos ingresos tienen: son los que dependen del servicio público. Es similar a lo que pasa con la salud y la educación: el de mayores recursos tiene prepaga y un colegio privado, el otro no. La desigual distribución de los guardias también deja en evidencia que la seguridad privada mueve el delito desde las zonas controladas a las que no lo están, aunque no lo hace desaparecer”. Y sentenciaba: “El edificio que tiene un vigilador en la puerta tiene menos posibilidades de sufrir un robo que su vecino que no lo tiene. Pero desde lo general, el delito sólo se corre, la situación general no cambia” (Clarín, 20/5/2007). El diagnóstico de la gestión ineficaz de la inseguridad quedaba impreso en las palabras del periodista firmante de la nota: “Lo ideal sería que la seguridad pública coordinara la disposición de los policías con la de los guardias”. La sobreoferta de seguridad pública y privada no se reflejaba, bajo esta mirada, en la disminución de los índices de delincuencia.
En este marco, el entonces Jefe de Gobierno y candidato por el Frente Más Buenos Aires, Jorge Telerman, definió ubicar la cuestión de la autonomía de la Ciudad y la gestión de las fuerzas policiales en el centro de su agenda de campaña. Fue así que en abril de 2007 convocó para el 24 de junio, fecha del ballotage, a una consulta popular para saber si el pueblo “está de acuerdo o no en que tengamos policía en la Ciudad”. “Es la única manera de que el pueblo muestre lo que pide a gritos, esto es pedirle al pueblo que se exprese”, reflexionaba. Su ministro de seguridad reforzaba esta idea: “Planteamos la creación de una policía propia que se ocupe de verificar, controlar, supervisar y hacer que se cumplan las normas de la ciudad de Buenos Aires. Queremos otorgar todo lo que permita dar convicción a los vecinos de que hay un Estado que defiende sus derechos” (Página 12, 20/05/2007).
La interpelación a “los vecinos” se combinaba con la propuesta de poner en marcha una policía local, de cercanías. Una fuerza policial propia “capaz, honesta, transparente que conozca al centímetro lo que pasa en los barrios y que tenga una relación de cercanía y confianza con la gente”, argumentaba el jefe de Gobierno en su Blog.
La disputa discursiva versaba en el proceso de autonomización de la ciudad y de gestión de las fuerzas de seguridad. “Quizás –reflexionaba Telerman en medio de la campaña- porque hacerse cargo de una policía autónoma es un proceso conflictivo, me parece que en la Ciudad se han buscado atajos para no asumir las responsabilidades que implica gozar de una autonomía plena”. Entre 2006 y la campaña se presentaron siete proyectos sobre la creación de una policía propia de la Ciudad, entre ellos los de Silvia La Ruffa (“Creación de la Policía Comunitaria”), y el de Diego Santilli (“Creación de la policía Metropolitana”) (Anitua, 2010: 89). La decisión de la cabeza del ejecutivo de la ciudad (“nuestra seguridad, nuestra policía, nuestra decisión”, afirmaban los afiches) se mediatizaba con la búsqueda de consenso pre electoral a través de una consulta para la fecha misma del ballotage.
Transformado en el tema de debate de la campaña, las otras fuerzas políticas debieron opinar, y sus candidatos fueron los encargados de pronunciarse. Las formas elegidas fueron numerosas: reportajes, declaraciones en actos, comunicados, debates televisivos, programas de gobierno, spots o afiches. De igual manera, varios días antes de la primera elección, todos, con diferencias y coincidencias, sentaron posición al respecto.
Si bien el FPV no basó su campaña en el diagnóstico de la necesidad de una fuerza policial, Filmus tuvo que intervenir en esta agenda y se manifestó de acuerdo con el traspaso de parte de la Policía Federal. Aunque aclaró: “No imaginamos tener dos policías en la ciudad. Los 17.0000 efectivos de la Federal van a constituir la nueva policía y hay que aprovechar el traspaso para formarla. Porque tenemos 23 provincias que tienen policía propia y no resolvieron el problema de la seguridad. No es una solución automática. Además, hay que compatibilizar el territorio de las comisarías con el de las comunas” (Página 12, 20/05/2007). Los límites de la policía local se revelaban en la boca del candidato del Gobierno Nacional. La tensión política impedía imaginar que la autonomía porteña repercutiera en la incidencia del Estado central en la policialización de la Ciudad.
Con importantes coincidencias, el candidato del PRO, Mauricio Macri, aseguraba que “para tener una ciudad autónoma, como su nombre lo indica, pedimos el traspaso de la policía metropolitana”. En su discurso, a diferencia del de Daniel Filmus, la autonomía ingresaba de la mano de la gestión policial en la ciudad. “La policía debe estar a las órdenes del Poder Ejecutivo local. De esta forma podemos aprovechar los recursos de acuerdo con las necesidades y requerimientos de cada barrio o zona. Queremos una policía adecuadamente equipada, profesional y bien remunerada que se sienta orgullosa de proteger a los vecinos y que los vecinos confíen plenamente en su fuerza”, recalcaba Macri (Página 12, 20/05/2007). Su retórica de la gestión de la seguridad adquiere el tono de la eficiencia.
Siguiendo una línea similar, Claudio Lozano también intervino y sentenció: “La jurisdicción sobre el delito debe estar en manos de la Ciudad. Sobre el traspaso y la reforma policial, proponemos un proceso de transición donde se constituya un fondo fiduciario en el que la Nación deposite el dinero que hoy sostiene a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y sobre el cual la Ciudad realice aportes adicionales”. La gestión local de la seguridad debía ser para esta fuerza, absolutamente un poder de la cabeza de gobierno. De allí a que impulsaran una política de desarme de la población civil, garantizando el “monopolio estatal de la violencia; regulación y coordinación pública de la seguridad privada” (Página 12, 21/05/2007).
El MST se posicionó en una vereda opuesta. Patricia Walsh, candidata del Movimiento Socialista de los Trabajadores, rechazó “de plano el traspaso a la Ciudad de la vieja policía, históricamente asignada a reprimir la protesta social y cuya institucionalidad sigue fuertemente cuestionada por sectores importantes de la población y organismos de derechos humanos”. El Partido Obrero (PO) también rechazó la transferencia de la Policía Federal. Este eje de sentido acentúa la idea un “doble discurso que termina en la represión” (PTS).
Lo interesante en ambos casos es que el modo en que los espacios de izquierda entienden la dimensión de la seguridad no necesariamente chocó con otros referentes políticos de la ciudad. “Seguridad sí, represión no”, definía en su plataforma el MST. La seguridad para ellos era un problema entendida en clave de violencia urbana sobre la cual un cuerpo especial debía intervenir. Para el PO debían disolverse “los aparatos represivos” y crearse “una fuerza de protección de los derechos ciudadanos reclutada por las organizaciones de derechos humanos y populares”. El MST, por su parte, llamaba desde su plataforma a poner en marcha “un Cuerpo de Seguridad Comunitaria, totalmente nuevo y distinto, con jefe civil, concurso público para selección de personal, mecanismos democráticos de elección y revocación de los comisarios, y bajo control de comisiones de vecinos y organismos de derechos humanos”.
c. Intervenciones cientificistas
El efectismo de la programática macrista se centra en torno de propuestas que buscan directamente interpelar al vecino asediado. Además de intervenir en la discusión de la gestión policial autónoma, utiliza herramientas que no requieren mezclarse en la disputa política ya que están dotadas de un aura cientificista. Una de las propuestas del PRO diferencial en este sentido es la puesta en marcha de un banco de ADN para violadores.
En sus intervenciones televisivas, Macri plantea el diagnóstico de la inseguridad y la preocupación vecinal y lo acompaña inmediatamente de su propuesta de campaña. “¿Puedo hacer una propuesta?”, pregunta a los otros candidatos durante el debate en A dos voces. Y sigue, sin pausa: “El tema violaciones es tema gravísimo que ha crecido en la Ciudad de manera preocupante. ¿Cómo puede ser que un instrumento como el banco de datos de ADN para saber si en la escena del crimen un pelo, semen o una gota de sangre detectan que ya es un violador… Un delito que en 99 por ciento de los casos se comprueba que es reincidente?”, se pregunta. Se vuelca sobre el orgullo de ser una ciudad capital y agrega: “¿Cómo puede ser que nosotros no podamos tener ese instrumento? Córdoba lo tiene. Córdoba tuvo que esperar encontrar un violador que violó 100 veces para animarse a poner este instrumento. El mundo lo tiene. Son instrumentos inteligentes. ¿A quién le va a molestar tener ADN registrado si se porta bien?”. El sujeto no peligroso no debe temer, los vecinos están a salvo por herramientas que según el candidato están creadas para controlar a quienes los acechan.
El modo de ubicarse alrededor de esta propuesta por parte de Mauricio Macri es interesante. Mientras los candidatos intervienen en el debate durante cinco minutos y discuten alrededor de la seguridad urbana, Macri insiste en la definición de propuestas. En tanto los contrincantes lo critican y contra argumentan sin alcanzar a esbozar intervenciones alternativas. Telerman busca disputar con Macri y lo cruza: “Estás haciendo demagogia. Esto ataca los intereses de cada una de las personas. Es una fantasía. Donde dice lo que piensa le sale la mano dura, le sale Sobisch , le sale el banco de datos genéticos”. El debate se estipula en términos de mano dura y mano blanda, de seguridad vs. derechos humanos.
La apelación a las víctimas se vuelve recurrente en el líder del PRO. Cuando el cientificismo de la propuesta del banco de ADN ingresa en una discusión política, Macri apela a la materialidad de las víctimas: “Mañana te voy a mandar a las mujeres violadas a ver qué te dicen. Te estás riendo de todas las mujeres que fueron violadas, les estás faltando el respeto viejo”. La lógica que se explicita en su discurso es la del representante que busca interpelar en clave de herramientas cientificistas a las víctimas y a los ciudadanos preocupados. Salvando las distancias espacio-temporales, estas retóricas se asemejan a las que Jonathan Simon (2011) recuerda se hacen explícitas en el escenario norteamericano de la década del sesenta, donde las campañas electorales “se han transformado en una lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador (…) Los mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización delictiva y con el deseo de venganza que provoca” (Simon, 2011: 55). El uso retórico de las víctimas es claro en el discurso macrista de clave cientificista.

d. Inclusión vs. cambio estructural

La discusión acerca de la inclusión social como modo de recuperar el orden se despliega en todo el arco político. O Malley (2006) plantea la existencia de tres estrategias de prevención, la situacional ambiental, la comunitaria (revisadas en apartados anteriores) y una tercera centrada en las políticas de prevención social. Estas últimas ponen el foco en los riesgos económicos, afectivos y morales que pueden llevar a un sujeto a convertirse en infractor.
“Es imprescindible evitar que Buenos Aires replique las situaciones de drogadicción, violencia y muerte que viven las favelas de Río de Janeiro y San Pablo”, recalcaba durante el proceso de campaña Claudio Lozano, de Buenos Aires para todos. Incluso para quienes en principio entienden la política criminal de manera diferencial, lejos del orden y el control, los escenarios de caos existen en los territorios de pobreza como las favelas y el peligro de los países vecinos acecha a la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el diagnóstico de peligro es similar, el modo de intervenir frente a él procura diferenciarse de los espacios políticos conservadores: “Las políticas de reconstrucción del tejido social –en materia de empleo, vivienda, educación y salud– junto con el combate a la corrupción policial y la conformación de una nueva policía, son las claves para una política de seguridad integral”, asegura Lozano (Página 12, 21/05/2007). Las tácticas de prevención social, recuerdan la necesidad de apartar a los sujetos vulnerables de situaciones potenciales de criminalidad a través de mejorar sus condiciones sociales de existencia.
Vale destacar que estas tácticas no operan en forma pura, ni son retóricas necesariamente utilizadas sólo por fuerzas políticas de centro-izquierda. No tan alejado de esta perspectiva al ser consultado sobre si con el control del aparato de policía bastaba para revertir el reclamo por la inseguridad, Macri señalaba que esta gestión debe acompañarse con “inclusión social”. Por ejemplo, a través de becas para chicos para que finalicen el colegio, o la creación de condiciones para que las empresas den el primer empleo a los jóvenes recién egresados. La urbanización de las villas, asegura el candidato del PRO, “constituye otro punto fundamental en la lucha contra la inseguridad para evitar que los vecinos que viven allí sean rehenes de los delincuentes, especialmente ahora con los narcotraficantes que se han apoderado de esos barrios” (Página 12, 20/05/2007).
La discusión sobre el eje social y la seguridad urbana queda definitivamente instalado durante la segunda vuelta como centro de la disputa entre el macrismo y el oficialismo nacional. El Frente para la Victoria, siguiendo una clave evasiva en torno de la problemática securitaria, decide incorporar la cuestión criminal casi tangencialmente en trono de mejoras de políticas sociales. Así, en uno de sus afiches postulan como ejes de campaña: “Educación, seguridad y soluciones”. Las mejoras estructurales por momentos terminan estando cercanas discursivamente a los factores de protección y riesgo.
Las fuerzas de izquierda también identifican en algunos fragmentos de sus materiales electorales el crecimiento de la inseguridad con la exclusión social. Patricia Walsh, del MST, indicaba que “la ‘inseguridad’ se explica por razones de fondo, como la creciente desigualdad social, que genera exclusión” La candidata recalca que las décadas de exclusión convirtieron al territorio porteño en “Capital de la desigualdad”, de allí a que postule la necesidad de realizar cambios profundos con el fin de “imaginar que la inseguridad se pueda transformar en su contrario” (Página 12, 21/05/2007). De todas maneras, el acento discursivo parece cambiar al ubicarse en la definición no de la necesidad de inclusión social sino de “cambios estructurales”. El Frente de Izquierda Socialista revolucionaria (PTS), por su parte, se pregunta: “¿La derecha alguna vez se preocupó por los muertos del pueblo?”. Y ante la negativa retórica afirma: “No hay que votar por ninguno de los tres. Todos aspiran a que la ciudad siga siendo Buenos Aires Cromañón. Con inseguridad, trabajo esclavo e impunidad para los grandes empresarios.” Los candidatos de estos espacios, según el FIS, buscan “seguridad” para las grandes empresas e inversiones extranjeras. “Son candidatos Cromañón” a los que llaman a no votar.
En la base de estas afirmaciones se encuentra una realidad social con muchas deudas pendientes y la persistencia de altas tasas de delitos y ello a pesar de que se registra un aumento positivo de las principales variables de la economía luego del derrumbe del 2001. En relación a este aspecto Gabriel Kessler apunta que hay una tendencia en la primera década del siglo XXI “a la disminución, al menos hasta el 2008, de los delitos contra la propiedad y hasta 2010 de los homicidios (…) Pero más allá de la diferencia entre jurisdicciones y tipo de delito, en nuestro período de interés, no se logra bajar el umbral alcanzado durante los años noventa” (2014:329).
Paralelamente, con sus avances y contradicciones, se desarrolló un proceso donde mejoraron los índices que miden la desigualdad. Luego de indagar sobre la evolución del empleo; la distribución del ingreso, la situación de la salud; la educación y la vivienda; los territorios y la concentración geográfica; la infraestructura; la cuestión rural y la seguridad durante el lapso que va desde el 2003 al 2013, Kessler afirma que esto se puede corroborar a partir de la reregulación del mercado laboral, la creación de nuevos puestos de trabajo, aumento de las jubilaciones, pensiones y otros beneficios como la Asignación Universal por Hijo. En la columna de lo pendiente quedaría la calidad educativa y del sistema de salud; la falta de cierta infraestructura y el modo de habitar (vivienda).
No obstante, el autor señala que esta reversión de la desigualdad no fue acompañada por una caída similar de los hechos delictivos. Ello puede obedecer a una multiplicidad de factores, ninguno concluyente o determinante por sí mismo a saber: “Más trabajo, pero más estigmatización y menos oportunidades en algunos territorios; más consumo, pero más privación relativa en momentos de reactivación, la conformación de mercados de delitos en décadas pasadas (y) el sesgo altamente centrado en la acción policial para tratar la seguridad”, como la altísima preocupación del delito en la cotidianeidad de las personas, situación que degrada la calidad de vida y altera las relaciones interindividuales (Kessler, 2014: 331). Estas vicisitudes estuvieron planteadas, sea en una o distinta dirección, por todas las fuerzas políticas que compitieron en la contienda.
Otra de las consideraciones a tener en cuenta al dirigir el análisis hacia la problemática de la inclusión social, es la evidencia reunida por Kessler para afirmar que en los barrios o urbes periféricas es donde más se concentran los delitos, en especial los homicidios, teniendo las desigualdades de clase un mayor peso para este tipo de hechos. Se consigna este argumento porque, como ya se dijo, fue el fundamento utilizado por Telerman y su ministro Diego Gorgal, para impulsar la creación de una policía local.
Las vicisitudes en torno de cómo analizar la pobreza y la desigualdad en clave estructural no se resuelven en el contexto de las materialidades discursivas de una elección. Más bien estos procesos son un reflejo de las tensiones propias de un modo de entender porteño de la intervención sobre los escenarios inseguros tanto en clave de prevención social como en clave de intervención penal sobre los responsables.

III. Cierre
En la Ciudad de Buenos Aires, el debate en relación a la seguridad y la cuestión criminal no es un emergente propio de la competencia electoral del año 2007. Tiene sus antecedentes históricos y más reciente en el tiempo, las vicisitudes que trajo consigo el estatus de territorio autónomo, situación alcanzada a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Las propuestas en materia de seguridad esgrimidas por los candidatos en la campaña electoral del 2007 combinaron, al igual que en otras ciudades y países, posturas vinculadas al welfarismo penal (como la necesaria reducción de la pobreza y la marginación para la disminución del delito) con las sanciones punitivas (expresadas en el registro de violadores de Mauricio Macri) y la consulta popular para la creación de una policía local de Jorge Telerman.
Por el contrario, estuvieron ausentes las opiniones favorables a la reformulación de los programas de readaptación social, eje central del paradigma correccionalista. Entre otras cosas, ello corroboró la tesis afirmada por David Garland según la cual nos encontramos ante un declive del ideal rehabilitador. Para el autor, dicha situación es producto de la crisis del estado de bienestar iniciada en la década del ’70. Es el primer indicador, señala, “de que el esquema de la modernidad -que se había fortalecido incesantemente a lo largo de un siglo- estaba comenzando a desarticularse” (2012: 40).

En su reemplazo se instaló el modelo neoliberal, caracterizado por la valorización financiera y el individualismo, hecho que trajo aparejado el desmantelamiento de las políticas públicas relacionadas a la cobertura social. En vinculación a lo penal, estos cambios, vinieron asociados a una reducción de la inversión en proyectos de reinserción y a un reposicionamiento político desde la víctima. Para Garland “a lo largo de las últimas tres décadas ha habido un claro regreso de la víctima al centro de la escena en la política de la justicia penal. En el ‘complejo penal-welfare’, las víctimas individuales apenas aparecían como miembros del público cuyos reclamos provocaban la acción del Estado”. Hasta entonces, asume el criminólogo, los intereses de las víctimas se subsumían a un interés más general y no se contraponían necesariamente a los intereses del sujeto infractor. “Todo eso ha cambiado ahora”, corrobora Garland. “Los intereses y los sentimientos de las víctimas –las víctimas mismas, las familias de las víctimas, las víctimas potenciales, la ‘figura abstracta de la víctima’ -se invocan ahora rutinariamente…” (2012: 46).
El discurso de la no agresión del PRO es un claro ejemplo de lo mencionado, al igual que el nosotros inclusivo de un futuro de consenso para el desarrollo de tareas en virtud del bien común. Las propuestas de prevención situacional, como la de mayor iluminación en las calles, y la de la creación de un cuerpo policial porteño, manifestadas por casi la totalidad de todos los candidatos para protección de los vecinos, se inscriben asimismo dentro de este universo.
El temor al delito y la sensación de inseguridad acompañan también este proceso de transformaciones. Lo hacen como aspecto cultural y del sistema de medios de comunicación masivo. Garland entiende que esta “sensación de un público temeroso y resentido ha tenido fuerte impacto en el estilo y contenido de las políticas públicas en los últimos años. Se ha redramatizado el delito” (2012: 45). En algunas coyunturas electorales se apela a presentar discursivamente al ciudadano como irascible y cansado, con una demanda centrada en el castigo, mientras al infractor se le desdibujan los rasgos de un sujeto desfavorecido y merecedor de la ayuda pública. “El sentimiento que atraviesa ahora la política criminal es ahora con más frecuencia un enojo colectivo y una exigencia moral de retribución” (ídem).
Frente a este estado de situación, las principales fuerzas políticas de la contienda desplegaron distintas estrategias a la hora de abordar la cuestión de la seguridad. El PRO, se movió de acuerdo a un eje que fue desde lo meramente descriptivo a lo pragmático y en tal sentido, se posicionó en la forma y los espacios donde los hechos delictivos irrumpen en la vida cotidiana, como ser el barrio o un comercio.
La sinergia operada por los espacios políticos durante el período alrededor del significante autonomía y su vínculo con las políticas de seguridad se visualiza tanto en la elección como en el horizonte que se abre una vez definido su resultado. El candidato vencedor no dudó en tomar el guante del discurso securitario y en la necesidad estatal de intervención frente al diagnóstico común. “No nos vamos a hacer los distraídos. Seguiremos reclamando nuestros derechos: el traspaso de la policía con los recursos correspondientes. Pero si el gobierno nacional insiste en incumplir con lo prometió en campaña con su obligación y la constitución nacional no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, aseguró Macri en el primer discurso de apertura de sesiones en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1° de marzo de 2008. El camino de la autonomía territorial comenzaba a ser ligado materialmente a la autonomía securitaria. “Tomaremos el difícil y largo camino de conformar nuestra propia fuerza policial”, adelantó Macri. “Llevará más tiempo y esfuerzo, pero de ninguna manera eludiremos la responsabilidad que los vecinos de la ciudad delegaron en nosotros. En los próximos días estaré presentando ante la sociedad nuestro plan de seguridad para la ciudad. Quiero antes seguro de agotar todas las instancias de diálogo pero no esperaremos eternamente”. El nuevo jefe de Gobierno dejaba claro los pasos a seguir luego de una elección crucial para la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

Notas al pie:

[1] Jorge Telerman era vicejefe hasta que asumió formalmente la jefatura de gobierno el 13 de marzo de 2006, luego de la destitución de Aníbal Ibarra por el incendio del boliche Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2003 cuyo resultado fue de 194 jóvenes muertos. Sus familiares y la oposición política de la Ciudad responsabilizaron al mandatario por la tragedia y promovieron su juicio político. El proceso fue llevado a cabo por la Legislatura porteña, quién se expidió definitivamente el 7 de marzo del 2006 fallando en contra de su continuidad en el cargo.

[2] En 2009 la explosión de las redes sociales para uso electoral se produce con motivo de varios factores, donde se destacan uno de índole internacional y otros dos pertenecientes a la realidad argentina. Según cuenta Natalia Zuazo, el primero tuvo que ver con la eficacia que tuvo la campaña de Barack Obama para la presidencia de los EE.UU, que logró movilizar a unos 13 millones de militantes en Facebook y recaudar una considerable suma de dinero para el uso proselitista. Las otras son la aprobación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que estableció las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y abrió la posibilidad de distintas etapas y estrategias diferencias para los candidatos; y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que creó límites y reglas para la competencia electoral (2015).

[3] También impulsado por los candidatos a diputados por la Ciudad de UNA Nación Avanzada (cuya candidatura presidencial se ubicaba en Roberto Lavagna): “En materia de seguridad ciudadana: pondremos toda la fuerza de la ley para castigar a los delincuentes y proteger a nuestra gente”. Para ello, entre otras acciones impulsan “trazar un mapa del delito para identificar modalidades, lugares y horarios donde se deberá concentrar recursos para aumentar la vigilancia del espacio público” (Plataforma UNA).

[4] El espacio comandado por Lavagna a nivel nacional también seguía una propuesta similar y en su plataforma llama a “Crear un registro de violadores y un régimen de seguimiento y control por parte del Patronato de Liberados”.

[5] Telerman se refiere al gobernador neuquino Jorge Sobisch, socio político de Mauricio Macri hasta que ordenó la represión contra una manifestación de docentes por reivindicaciones salariales. En tal ocasión fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba.

[6] También para ampliar este esquema puede revisarse el detallado análisis de Sozzo (2000).

[7] Discurso del 1° de marzo de 2008. trascripto en elparlamentario.com. Disponible en: http://www.parlamentario.com/noticia-13287.html Fecha de última visita: 22 de mayo de 2015

BIBLIOGRAFÍA
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Caimari, L. (2012): Mientras la ciudad duerme. Pistoleros, policías y periodistas en Buenos Aires, 1920-1945. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Cavalletti, A (2010): Mitología de la seguridad. La ciudad biopolítica. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora.
Garland, David (2012): La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea, Barcelona (España): Gedisa editorial.
Kessler, Gabriel (2014). Controversias sobre la desigualdad. Argentina, 2003-2013, Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Lemke, T. (2010): “Los riesgos de la seguridad: liberalismo, biopolítica y miedo” en Lemm Vanesa, (editora) Michel Foucault, neoliberalismo y biopolítica. Santiago Chile: Universidad Diego Portales.
O´Malley, Pat. (2006): Riesgo Neoliberalismo y Justicia Penal, Buenos Aires: Ad Hoc.
Sozzo, Máximo (2000): Seguridad urbana y tácticas de prevención del delito, en Cuadernos de jurisprudencia y Doctrina Penal N 10. Buenos Aires: Ad Hoc.
Sozzo, Maximo (2011). Política penal, elites y expertos en la transición a la democracia en Argentina. En Nova Criminis. Visiones criminológicas de la justicia penal, N°2. Pp. 147-193.
Sozzo, Máximo (2003): “¿Contando el delito? Análisis crítico y comparativo de las encuestas de victimización en la Argentina”, en Cartapacio de Derecho, Vol 5.
Ternavasio, (1991): “Municipio y política”, un vínculo conflictivo”, Tesis de maestría, Buenos Aires: Flacso. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/
Zuazo, Natalia

Mercedes  Calzado, Juan Pedro Gallardo

Trabajo presentado en el VIII Seminario Regional de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, llevado a cabo en agosto de 2015 en Córdoba, Argentina.


Introducción 

Este trabajo reflexiona sobre el tratamiento de la cuestión de la seguridad en la campaña electoral para la elección de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2007. En razón de ello se identifican las distintas modalidades de intervención, el significado que detenta para cada una de las principales fuerzas políticas en disputa y las formas en que éstas definen discursivamente a sus destinatarios y contradestinarios.
La ciudad capital de la Argentina se encuentra atravesada, desde su etapa moderna, por toda una serie de debates en torno a la necesidad de restaurar un orden corrompido por el accionar delictivo y a las maneras de cómo se debe optimizar la gestión del Estado para lograr la mayor protección de las víctimas.

A partir la reforma de la Constitucional Nacional de 1994 la Ciudad de Buenos Aires se constituyó en un territorio autónomo y pasó a tener la posibilidad de delinear su propia política criminal y a conformar su propia fuerza policial. Con este nuevo estatus comenzaron los vaivenes y tensiones con el poder central, situación que estuvo muy presente en el proceso eleccionario de 2007, año en el cual gana por primera vez una nueva fuerza: Propuesta Republicana (PRO) en la cabeza de un referente que se convertiría en central en el escenario política argentino, Mauricio Macri.
En dicho período, ningún espacio pudo sustraerse de intervenir discursivamente respecto de la violencia urbana, ya que fue un eje central en la agenda electoral. Con grandes diferencias debieron incorporar esta perspectiva a sus estrategias de publicidad y propaganda. A partir del relevamiento de dispositivos gráficos y audiovisuales producidos por cada espacio político para la elección de 2007 y de la construcción informativa realizada por los medios de comunicación, el paper analiza cómo se despliega el debate de la seguridad urbana en el centro de la política local contemporánea.

1.  Orden y autonomía en territorio porteño
En 1994 la modificación de la Constitución definió que la ciudad pasara a ser autónoma. Con Fernando De la Rúa como primer jefe de Gobierno comenzaron los vaivenes y tensiones con el gobierno Nacional para traspasar la Policía Federal. Fruto de esa disputa y las discordancias respecto de cómo entender la autonomía, surge la sanción de la ley 24.588 conocida como “Ley Cafiero” que, entre otros puntos, en su artículo 7, inhabilitaba a la ciudad a contar con una fuerza policial propia, a la vez que especifica que la Policía Federal sigue operando como “garantía de los intereses de la Nación” en la ciudad. Este artículo estuvo vigente hasta agosto de 2007 (Ríos, 2011).
Estos fuertes debates por el control de la policía están, entonces, asociados al modo en que se gestiona un elemento que una década atrás había emergido como una novedad en las agendas mediáticas y políticas: el sentimiento de inseguridad. A la par de la profundización de la desigualdad económica, los años noventa experimentaron un incremento de las tasas de denuncias de hechos delictivos. En algunas ciudades como Buenos Aires se comenzó a medir el grado de victimización de los ciudadanos a través de encuestas específicamente dirigidas a quienes hubiesen sido víctimas de un delito. Pero si bien los índices de homicidios y robos para 2007 se encontraban amesetados en la Ciudad, el umbral de aceptabilidad respecto de la violencia urbana no se modificó y se sostuvieron las demandas de intervención estatal (véase Kessler y Merklen 2013).
La elección de 2007 está encuadrada en estas tensiones. Es importante señalar estas consideraciones porque de algún modo los debates y opiniones que son difundidos desde las fuerzas políticas participantes en esta contienda tienen allí su raíz y fundamento. Obedecen a construcciones preexistentes, por cierto condicionantes del momento donde tienen lugar. Recordemos que David Garland considera en este sentido que por lo general los actores políticos operan en un campo estructurado por fuerzas cuyas lógicas no pueden dejar de seguir. Por tal motivo “son quienes llevan adelante los últimos movimientos más que quienes llevan adelante los primeros” (2012: 28) y quienes deben actuar en medio de las tensiones imbricadas en instituciones, valores culturales y conjuntos sociales activos e intensos.

El trabajo se explaya sobre las modalidades de construcción de la cuestión securitaria durante la elección porteña de 2007, teniendo en cuenta los antecedentes aludidos. El análisis se apoya en el corpus elaborado mediante la recopilación de los materiales de campaña de los principales candidatos en disputa: Mauricio Macri (Propuesta Republicana – PRO), Daniel Filmus (Frente para la Victoria – FPV) y Jorge Telerman (Frente Más Buenos Aires)1. Para revisar sus regularidades y diferencias alrededor de la cuestión criminal, el mencionado relevamiento se realizó durante el mes anterior a la primera vuelta, sucedida el 3 de junio, y los quince días previos al ballotage, ocurrido el día 24 del mismo mes.

Como resultado, se observaron once spots audiovisuales (tres del FPV, tres de +BA y siete del PRO), las plataformas electorales de las fuerzas políticas en pugna, los blogs y sitios web de los candidatos, la gráfica (21 en total), folletería, el debate televisivo entre los tres principales candidatos y dos discursos de campaña. En relación al uso de Internet y las redes sociales, cabe consignar que en el año 2007 no constituían un espacio para el cual se diseñaran estrategias particulares. Si bien eran un territorio electoral, donde era posible replicar y reproducir las piezas publicitarias destinadas para otros dispositivos, lejos estaba de tratarse de un escenario de competencia y construcción política. Ello sucedió recién en el 2009 (2).

Asimismo, incorporamos el vínculo entre las agendas mediáticas y las agendas políticas a través de un relevamiento de las principales columnas de opinión política y tapas de todos los días domingos del 2007 de los diarios Clarín, Página 12 y La Nación; un registro de noticias publicadas en los dos primeros matutinos entre el 20 de mayo y 24 de junio de ese mismo año. La información recabada posibilitó reconstruir el contexto de la contienda, la forma en que se ejerció influencia y las maneras en que apareció la cuestión de la seguridad en los discursos y las estrategias de posicionamiento de los candidatos.

2. Claves diferenciales en el abordaje securitario

Ahora bien ¿con qué particularismos ingresaron los candidatos en el 2007 a uno de los temas de mayor preocupación y repercusión social, siendo a su vez los que les permitieron diferenciarse de sus contrincantes? En la Ciudad de Buenos Aires, la elección encuentra a todos los aspirantes a Jefe de Gobierno diagnosticando al territorio porteño como inseguro y a la urgencia de intervenir para revertir tan peligrosa situación.
En la territorialidad local el tópico de la seguridad se torna un eje central en la confrontación electoral asociada a cómo se percibe el entorno y cómo deben ser encaradas las reformas. Estas enunciaciones adquieren sus particularidades en los discursos políticos si tenemos en cuenta que en ellos “las subjetividades que se construyen habilitan los procesos identificatorios que dan forma al cuerpo social y los movilizan en torno a objetivos, propuestas o consignas” (Arnoux, 2008, 90). Los candidatos son parte de la agenda política, mediática y social y por ello incluyen como parte fundamental de las políticas a llevar adelante la identificación con la importancia de encarar el entorno riesgoso y la definición de modalidades de intervención sobre él. Ellos mismos son parte de una subjetividad de época, motivo por el cual es difícil soslayar la movilización en torno a consignas vinculadas con la seguridad. Esto sucede incluso con las fuerzas de la izquierda porteña. Aunque la clave, el patrón rítmico que gobierna el involucramiento de cada candidato frente a la problemática de la seguridad, fuera diferencial. En este sentido, en las campañas identificamos tres modalidades que definen las principales intervenciones realizadas con respecto a este supuesto: la descriptiva y programática; la evasiva y la prescriptiva(3).

a. El PRO: de la clave descriptiva a la programática

Para el PRO la temática de la violencia urbana es un eje central de la campaña. La clave desde la que entonan las intervenciones sobre la problemática es descriptiva con elementos diagnósticos y propositivos. El diagnóstico es que el exterior, la vía pública son lugares riesgosos. “Los riesgos –explica O ́Malley no son considerados como intrínsecamente reales sino como una modalidad particular en que los problemas son visualizados, imaginados o enfrentados” (2006: 36). La descripción de los escenarios de peligro inminente revelan un modo definir una campaña en la que el riesgo es una tecnología de gobierno. En campaña se recuerda el espejo del peligro que devuelve una calle, un barrio, la Ciudad.

La criminología que impera en la campaña es la de la vida cotidiana, entendida como aquella que saca el foco sobre el delito y el individuo para imprimirlo en el evento delictivo y en la existencia de oportunidades. El peligro parece ser inminente y los miembros del campo político se esfuerzan por expresar su angustia y desazón, por reforzar su “acting out” en torno del avance del delito y sus causas. Sin dejar de reafirmar el mito del Estado soberano, en algunos momentos televisivos los candidatos abandonan su ropaje de interventores para asumir el de un indignado más. En palabras de Garland se “abandona la acción instrumental y racional y se repliega en una modalidad simbólica que podríamos describir (S) como un acting out, una modalidad que se preocupa no tanto por controlar el delito como por expresar la angustia y el odio que el delito provoca (Garland, 2012: 190): “Mientras ustedes discutían estas cosas –afirma Mauricio Macri durante su intervención en el debate realizado entre los tres principales candidatos en el programa político A dos voces de la señal de televisión por cable TN (23/05/2007) se cometieron diez delitos en la Capital”.

Los números indican el riesgo a ser víctima. Por eso los toma como efecto de cierre de la intervención en el único debate televisivo entre los tres principales candidatos. Mauricio tiene la última palabra y subraya: “Un hurto cada diez minutos, un robo cada tres, un intento de privación de la libertad cada diez. No se puede seguir hablando, son muchos años que les prometen y no cumplen”. Decir no es hacer, el tiempo que parecen estar perdiendo en verter palabras en una pantalla no se condice con las necesidades de los electores. Macri parece acentuar la idea según la cual la decisión está en manos del votante, y no hay tiempo para seguir debatiendo un diagnóstico que según su entender es concensuado entre la ciudadanía y demostrado matemáticamente por las estadísticas. Para O ́Malley, lo que es específico del riesgo “es que se trata de una técnica estadística y probabilística, a través de la cual grandes cantidades de eventos son clasificados en una distribución que a su vez es utilizada como un medio para hacer predicciones probabilísticas” (2006: 31). La puesta en acto del peligro a través de un detalle estadístico hace que Macri se legitime por un diagnóstico que no necesariamente tiene que tener una contraparte estadística oficial. El número por sí mismo legitima sus palabras. El riesgo como tecnología de gobierno se revela durante esta campaña en toda su posible extensión.

Pero como la intensión discursiva del PRO lejos está de analizar el entorno sino de posicionarse como una alternativa de gestión eficaz y eficiente, el diagnóstico es acompañado por una segunda clave de intervención discursiva. La clave propositiva le permite inmediatamente ubicarse en propuestas “concretas” de campaña. De allí el slogan: “Estaría bueno”. “Estaría bueno salir tranquilo a la calle, que los que roben no puedan salir”, asegura un hombre de cara a una cámara. Los vecinos de la ciudad en situaciones que se presentan como el día a día de cualquiera, recuerdan sus deseos que del modo de ser formulados parecen ser tan simples como posibles. Un joven prolijamente vestido camina por la calle y la cámara lo toma. De su boca salen las palabras que podrían ser el reflejo de un pensamiento cualquiera, al pasar: “Estaría bueno que aprendiéramosS”. La escena se corta y como la idea individual se encadena con la de otro hombre, en este caso una persona mayor sentado sobre una grada de fútbol con ropa deportiva: “Sque con mayor educación habría menos inseguridad”. El futuro parece estar a la vuelta de la esquina, si en el sufragio se elige la alternativa de un programa político focalizado en hacer algo sobre un objeto tan práctico como inmaterial: la seguridad urbana.

Como si fuera el juego infantil en el que una palabra se encadena a otra y luego a otra hasta transformarse en una frase con sentido, los vecinos parecen aspirar a ideas comunes y ser capaces de transformar una simple noción en una idea de cambio concreta. Así, desde el condicional se enumera un conjunto de aspiraciones que, lejos de ser un horizonte de aspiraciones imposibles o ensoñaciones, devienen condiciones de posibilidad concretas de cambio. Mauricio Macri cierra los spots con una certeza: “Va a estar bueno Buenos Aires”. Los verbos en infinitivo, la definición de un futuro cercano recorren las formulaciones. El momento está llegando. Las ideas colectivas se muestran como construyendo un modo de pensar común y un camino que lo materialice. Macri, en uno de los tantos spot de la campaña, mira a cámara rodeado de verde, en un espacio al aire libre, con sol. “Estamos convencidos que la seguridad, la educación, la salud van a estar buenas en Buenos Aires”. Llegó la hora de concretar las aspiraciones. La clave programática acompaña entonces el diagnóstico común. Se puede hacer, se va a hacer. Va a estar bueno Buenos Aires.

b. El FPV y la clave evasiva

La clave para intervenir frente al debate vinculado con la problemática de la seguridad urbana por parte del Frente para la Victoria es de alguna manera evasiva. El tema no se descarta de
plano, está colocado en la agenda pública y el candidato debe decir algo acerca de él, especialmente durante el proceso electoral de la segunda vuelta cuando la cuestión securitaria es tomada por el macrismo como eje de campaña. Llegado ese punto, el candidato incluye en un tono casi neutro el ítem seguridad, por ejemplo en alguna de sus publicidades gráficas. “Gracias por elegir educación, seguridad y soluciones”, Filmus se posiciona al arrancar la segunda vuelta tomando la parte faltante de la primera parte de la elección.

De todos modos, la clave que predomina a lo largo de esta campaña es la evasiva, se evita intervenir y debatir sobre la seguridad. Para el FPV es una situación incómoda debido a que detenta la gestión sobre la Policía Federal Argentina (PFA) al ser la fuerza política a cargo del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Al mismo tiempo, el déficit se acentúa al concentrar sus planteos sobre esta materia en la necesidad de fortalecer las políticas sociales llevadas adelante por el gobierno central. Evade la dimensión de las políticas de seguridad, por ubicarlas como un eje discursivo de “otros”, focalizándose en la problematización de la cuestión social y proponiendo una confrontación entre dos modelos sociales, económicos y culturales.

Esta posición quedó plasmada el 19 de mayo en el acto realizado en el parque de ingreso al complejo habitacional Lugano I y II del barrio de Villa Lugano, donde Filmus compartió la palabra con el presidente Néstor Kirchner. Allí, en palabras luego recogidas por el diario Claríndel día siguiente, afirmó: “En las elecciones sólo hay dos opciones: volver al hambre y a la marginalidad de la derecha y el neoliberalismo (por Mauricio Macri) o avanzar en el sendero de la justicia social. No nos equivoquemos: o volvemos hacia atrás o seguimos con el Presidente”. El posicionamiento connotativo del candidato, el sentido privilegiado de sus piezas gráficas y audiovisuales y sus discursos es el refuerzo del vínculo con las palabras trabajo y educación.

Ahora bien, en el momento de debatir con los otros candidatos Filmus parece quedar afuera de discusión. Por un lado quizás por sus dificultades de establecerse como un televisable. Por otro, por la dificultad de intervenir en la temática securitaria. Los medios, lejos de solo potenciar la mayor circulación de los candidatos y sus ideas, también modifican las formas de llegada a las audiencias votantes, la forma misma de hacer política. “La primacía de aparecer, del mostrarse, clasifica de por sí a la clase política en “televisable” y “no televisable”. El “televisable” no responde a un modelo único y fijo, depende de los ejes de demandas, simpatías y expectativas que prevalecen en la cultura política del país en una etapa dada. La pantalla es un filtro que produce mayores efectos aunque los que genera, en su momento la aparición del cine sonoro sobre el personal artístico de los grandes estudios cinematográficos” (Landi, 1991).

En el debate con Macri y Telerman en A dos voces, la pantalla se divide entre los tres contrincantes y el postulante por el FPV parece sólo mirar la disputa desde el costado derecho de la pantalla. Gesticula, se muestra molesto y cuando finalmente interviene cambia la clave: “La pregunta a Macri es ¿por qué las becas estudiantiles, por qué los cursos de capacitación
están en una agencia de seguridad?”. A lo que el candidato del PRO contesta nuevamente en clave de efectividad: “Porque hay que coordinar”, y mantiene la calma. Filmus vuelve a atacar con irritación, en tono crítico: “Hay una idea de criminalizar la pobreza”. Macri mantiene la calma: “¿Te puedo contestar?”, le pregunta. Filmus tira la toalla y deja que su contrincante responda: “¿Vos sabés que los que más sufren el delito y el crimen según las estadísticas son los más pobres? Tenemos que cuidarlos. Si a ellos no los protegemos, ellos no pueden pagarse policía adicional, no pueden comprar alarmas, no pueden tener custodios”. El candidato del PRO utiliza el territorio de Filmus, retoma desde su clave programática el eje de la seguridad para diagnosticar y comprometerse con “los más pobres” y dificulta la respuesta del candidato del gobierno nacional. “Ellos necesitan políticas de inclusión coordinadas, no puede ser que cada ministerio haya intentado hacer cosas y de mano de la politiquería y los punteros nunca el resultado se concrete. Coordinemos”. La evasión del FPV se resuelve con la imposibilidad de intervenir en la disputa discursiva en torno de la violencia urbana.

c. +BA y la clave prescriptiva

El signo de adición que representa el más que inicia el logo del partido que impulsa la reelección de Jorge Telerman como jefe de Gobierno, revela la clave prescriptiva, el orden del deber “seguir así”. Los spots y discursos de campaña refuerzan la idea de una gestión de gobierno que había comenzado pocos meses antes y tenía mucho aún por hacer. El orden de la necesidad de continuidad se acentúa en la imagen de un jefe de gobierno que “tiene en la cabeza” la gestión y puede y debe volcar su experiencia y avances en una nueva etapa de gobierno.

El discurso de continuidad sigue una característica tradicional de todo proceso electoral, vinculada con la tendencia que marca que los candidatos que ocupan un cargo público al momento de comenzar su campaña y buscan permanecer en él, deben optar por mensajes positivos antes que negativos. De allí a que las imágenes y discursos de Telerman durante el proceso recalquen lo hecho y lo por hacer a partir de las intervenciones ya asumidas por el candidato y gestor. De allí que su campaña, como otras que buscan la continuidad, son mucho más retrospectivas que prospectivas, es decir, que priman más los argumentos sobre el pasado, sea para criticarlos o explotarlos afirmativamente. El pasado cercano es revitalizado en la figura del candidato.

Las imágenes de campaña se centran en la calvicie de Telerman: “Votá al pelado. El único que tiene la ciudad en la cabeza”. En una de las publicidades, la cabeza del candidato se transforma en una urna, se abre e ingresan con facilidad las que son identificadas como las principales necesidades de los votantes. “Más plazas para los nietos y los abuelos (entran árboles en la urna), más orden para el tránsito (se depositan semáforos), más subtes para la ciudad (ingresan vías y vagones), más luz para los barrios (entran las luminarias), más cultura
para los vecinos (dos bailarines de tango, un proyector de cine, máscaras), más salud para todos (ambulancias del SAME), más educación (un pizarrón)”. La actitud aditiva no se calma hasta que llega al punto central de la campaña, que cierra como un final esperado por todos, la cadena de políticas públicas locales: “Más seguridad”, recalca la voz en off mientras en la imagen se observa cómo ingresan cuatro patrulleros en fila a la cabezaurna. El spot cierra: “Más autonomía. Más Telerman, más Buenos Aires”. Políticas públicas plurales, seguridad y autonomía, querer más es continuar con el rumbo, querer más es que la ciudad crezca y para ello, según la matriz que se genera, es preciso avanzar sobre la autonomía a partir del manejo del brazo armado del Estado local.

En una entrevista efectuada por el diario Clarín, a casi dos semanas de la primera vuelta, al entonces ministro de Gobierno porteño, Diego Gorgal, fortalecía dicho discurso dando a conocer cifras que revelaban un aumento vertiginoso de la seguridad privada, (guardias privados que superan en número a los agentes de la Policía Federal ArgentinaPFA). Esta situación, en opinión del funcionario indicaba que la contratación de vigiladores se incrementó de manera proporcional a los delitos. Además, era la prueba que demostraba la real preocupación de los porteños, con el agregado de la desigualdad social, debido a que este recurso se concentra en los barrios de la zona norte.

En tal sentido, sostenía Gorgal “el mapa muestra por qué el delito afecta más a los que menos ingresos tienen: son los que dependen del servicio público. Es similar a lo que pasa con la salud y la educación: el de mayores recursos tiene prepaga y un colegio privado, el otro no. La desigual distribución de los guardias también deja en evidencia que la seguridad privada mueve el delito desde las zonas controladas a las que no lo están, aunque no lo hace desaparecer”. Y sentenciaba: “El edificio que tiene un vigilador en la puerta tiene menos posibilidades de sufrir un robo que su vecino que no lo tiene. Pero desde lo general, el delito sólo se corre, la situación general no cambia” (Clarín, 20/572007). El diagnóstico de la gestión ineficaz de la inseguridad quedaba impreso en las palabras del periodista firmante de la nota: “Lo ideal sería que la seguridad pública coordinara la disposición de los policías con la de los guardias”. La sobreoferta de seguridad pública y privada no se reflejaba, bajo esta mirada, en la disminución de los índices de delincuencia.

De esta forma, la autonomía porteña requeriría, en términos de deber, la continuidad y el avance en materia de seguridad. El diagnóstico se presenta como un escenario común, compartido por los vecinos interpelados. “Porque muchos tenemos hijos a los que seguimos por celular cuando están en la calle, o porque miramos con cuatro ojos al caminar por un espacio mal iluminado, o sencillamente porque la paranoia de los noticieros se nos contagia, todos vivimos preocupados por la inseguridad”, analiza el candidato desde su blog. “La inseguridad no puede ser, en última instancia, otra cosa que una capacidad del Estado de garantizar un umbral aceptable de riesgos que se perciben ligados al delito”, afirman Kessler y Merklen (2013: 14). “Ese temor nos afecta no sólo por el temor al delito real sino porque sencillamente el temor nos hace sentir que no podemos movernos con la libertad que quisiéramos en la ciudad”. La sensación de libertad no necesariamente gira en torno de los índices de inseguridad en términos objetivos, sino de la demanda ciudadana de un Estado que debe intervenir frente a las sensaciones de temor, a la inseguridad en clave objetiva. El candidato ya parece haber realizado un diagnóstico en sus meses de gestión respecto de un temor tangible en las cifras y en el imaginario porteño, de allí a certificar, a prescribir cómo continuar. La necesidad imperante se transforma en el requerimiento de la creación de una policía propia y el llamado a consulta popular para ratificar dicho mandato.

Así y todo la clave prescriptiva esconde un riesgo que se evidencia en el debate entre los candidatos en A dos voces. Allí Telerman insiste en mirar a la cámara, su interlocutor es el espectador, no sus contrincantes. Demuestra, a diferencia de sus oponentes, el manejo de ciertas técnicas vinculadas al mundo de los medios y la comunicación. Ambiciona a partir del establecimiento del eje los ojos en los ojos (OO), operación descripta por Eliseo Verón a los efectos de señalar una de las principales características del género periodístico en televisión y el relato no ficcional, ganar influencia directa sobre el público al tiempo que desplaza la figura del presentador/mediador (1983:7).

Pero el efecto de mirar al espectador durante el debate puede no ser el deseado. El candidato parece no estar dialogando con sus pares candidatos, más bien se percibe como “haciendo campaña”, situación que genera alejamiento y no cercanía con el televidente. “Lo que acaba de decir tomándolo por el lado tremendo de la violación4, es tan peligroso desde el costado de la protección de los derechos humanos”. Va en contra de cualquier país con economía y estructuras liberales”, afirma mirando fijo a los ojos del espectador y no del candidato. “Este muchacho ve mucho 24 horas”, se mofa. “Usted se confunde la ficción con la realidad”. El peligro es que en la identificación de la centralidad del candidato y la definición del deber ser, la clave prescriptiva se oriente hacia el destinatario y el ropaje del candidato que busca votos quede revelada. La ficción del par se desdibuja. De este modo, el candidato abandona su ropaje de ciudadano preocupado y ocupado por la Ciudad para transformarse en un sujeto en busca de votos, “en un político más”.

El ejemplo, entre otras cosas, intenta dar cuenta de la gran importancia que se le da en los procesos electorales actuales al entrenamiento en medios o la oratoria de los candidatos. Por supuesto que a la intervención de los especialistas también, tal es el caso del consultor ecuatoriano Jaime Duran Barba para el PRO, quien no solo ha tenido participación en cuestiones de imagen, estética o en la realización y diseño de pseudoeventos5 de campaña para los medios, sino que ha influido en el discurso y las propuestas políticas enunciadas por el propio Mauricio Macri. Esta es una de las características perceptibles en el proceso de masmediatización de la esfera pública a la que alude Beatriz Sarlo (1991). La imposición estética de los medios convierte al cruce de ideas en un show y al político en un sujeto con disciplina de actor, capaz de gestualizar, memorizar líneas, movimientos. El juego escénico define un tipo de visibilidad televisiva que repercute con más virtuosismo en momentos con bloques y posturas serializadas como lo son los debates entre candidatos.

3. Cierre.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994 y el estatus autónomo que adquirió la Ciudad de Buenos Aires a partir de entonces, establecieron una importante plataforma desde donde se erigieron los discursos relativos al delito y la seguridad de cada una de las principales fuerzas políticas en disputa. Entre otras cosas, este importante acontecimiento en la vida de los porteños, permitió el debate de la existencia de un recurso de policía local que terminó, años después de la contienda electoral aquí analizada, con su efectiva creación.

En términos generales, las propuestas en materia de seguridad esgrimidas por los candidatos en la campaña electoral del 2007 combinaron, al igual que en otras ciudades y países, posturas vinculadas al welfarismo penal, como la necesaria reducción de la pobreza y la marginación para la disminución del delito, con las sanciones punitivas, expresadas en el registro de violadores de Mauricio Macri y la consulta popular para la creación de una policía local de Jorge Telerman.

Por el contrario, estuvieron ausentes las opiniones favorables a la reformulación de los programas de readaptación de los delincuentes, eje central del paradigma correccionalista. Entre otras cosas, ello corroboró la tesis afirmada por David Garland de que nos encontramos en la actualidad ante un declive del ideal rehabilitador. Para el autor, dicha situación es producto de la crisis del estado de bienestar iniciada en la década del ’70. Es el primer indicador, señala, “de que el esquema de la modernidad que se había fortalecido incesantemente a lo largo de un siglo estaba comenzando a desarticularse” (2012: 40).

El temor al delito y la sensación de inseguridad acompañan también este proceso de transformaciones. Lo hacen como aspecto cultural y del sistema de medios de comunicación masivo. Garland entiende que esta “sensación de un público temeroso y resentido ha tenido fuerte impacto en el estilo y contenido de las políticas públicas en los últimos años. Se ha redramatizado el delito. La imagen común vinculada al welfarismo, del delincuente como un sujeto necesitado y desfavorecido, merecedor de ayuda ha desaparecido (S) El nuevo discurso de la política criminal invoca sistemáticamente un público lleno de ira, cansado de vivir con temor, que exige medidas fuertes de castigo y protección. El sentimiento que atraviesa ahora la política criminal es ahora con más frecuencia un enojo colectivo y una exigencia moral de retribución (2012: 45).

Frente a este estado de situación, las principales fuerzas políticas de la contienda desplegaron distintas estrategias a la hora de abordar la cuestión de la seguridad. El PRO, se movió de acuerdo a un eje que fue desde lo meramente descriptivo a lo pragmático y en tal sentido, se posicionó en la forma y los espacios donde los hechos delictivos irrumpen en la vida cotidiana, como ser el barrio o un comercio.

Dentro de este esquema, la atención no está puesta en el sujeto delincuente ni en la gravedad del delito que se comete, sino en la ilegalidad en sí misma y en su carácter inminente, de que cualquiera en cualquier momento puede convertirse en víctima. Habida cuenta de ello, Mauricio Macri diagnóstica que en la Ciudad los vecinos viven bajo amenaza permanente y como consecuencia de la ineficiente gestión gubernamental. Respalda su discurso en estadísticas, para luego pasar a la fase propositiva, donde se privilegian las propuestas concretas y se garantiza la reversión de la inseguridad.

El FPV adopta una estrategia evasiva cuando debe intervenir en la problemática de la seguridad urbana. En parte porque es una cuestión que se encuentra en el centro de la agenda de discusión política y en parte porque la seguridad de los porteños está bajo su responsabilidad. Ello hace que no pueda dejar de manifestarse ni tampoco que lo haga con contundencia. Así las cosas, la clave securitaria aparece solapadamente en una oferta donde comparte igual jerarquía con políticas relacionadas a la inclusión social. Es más, esta fuerza sostiene que el estado de inseguridad se revierte a partir de la implementación de este tipo de políticas. Lo que esta afirmación tiene de positivo también lo tiene de negativo, porque rehúye del debate sobre políticas de seguridad, lo que refuerza su carácter evasivo.

Finalmente, el Frente + BA asume un rol prescriptivo en la campaña, cuyo principio obedece a que es la fuerza a cargo del Ejecutivo porteño y la que busca su revalidación en las urnas. De acuerdo con esto, sus mensajes son fundamentalmente positivos e intentan transmitir la idea de que se debe seguir en el camino trazado para ir resolviendo las cuestiones pendientes, entre ellas, las vinculadas a la seguridad. Por tal motivo, ante la necesidad de protección de parte de la población se impulsa, a través de una consulta popular, la creación de una policía
local. Al mismo tiempo, se trasladan los aspectos negativos al FPV, alianza política que gobierna a nivel nacional y que detenta la conducción de la PFA. De esta manera, convierte una carencia de origen en una propuesta de cara al futuro, lo que proyecta continuidad.

Más allá de los posicionamientos elegidos fueron sobresaliendo, en el transcurso de la campaña, determinadas maneras de intervenir frente a la violencia urbana. No se tratan de definiciones exclusivas de algún candidato sino que en varias oportunidades son sostenidas por varios de ellos. Las que se destacaron por su presencia en los debates y en los dispositivos comunicacionales producidos son las que podrían denominarse como: Intervenciones territoriales; El despliegue policial, Intervenciones cientificistas e Inclusión  cambio estructural.

La primera de ellas, coloca el foco en la transformación del espacio urbano para disminuir las posibilidades de riesgo y de esta manera reestablecer un orden perdido a causa de los hechos delictivos. Bajo esta matriz se despliegan las estrategias de prevención situacionalambiental. Estas tienen que ver con las propuestas que señalan una mayor iluminación en las calles, mejoramiento de la infraestructura, poda del arbolado existente u ocupación de terrenos baldíos, entre otras consideraciones.

Con respecto a la segunda, queda de alguna forma ejemplificado uno de los ejes centrales del debate: la coincidencia unánime de parte de los candidatos de que los porteños posean su policía, habida cuenta de que una de las causas de las ilegalidades es la falta de una presencia policial eficiente. Por eso, se entiende que dicha ausencia debe ser cubierta con un recurso propio y exclusivamente abocado a los hechos delictivos de rango vecinal.

La tercera hace referencia estrictamente a la utilización de los recursos eminentemente técnicos vinculados a los avances tecnológicos. Por cierto que esto no significa que las propuestas políticas impulsadas en esta dirección estén desprovistas de su respectiva carga ideológica. El debate entre Mauricio Macri y Jorge Telerman en el programa A dos voces de la señal de cable TN sobre el banco de ADN para violadores, es una muestra de ello.

Finalmente, la cuarta manera de intervención frente a la violencia urbana giro alrededor de las políticas de inclusión social y si éstas son eficaces para la reducción de la inseguridad o son meros paliativos de un sistema injusto y excluyente. En tal caso se requiere un cambio de fondo que contemple una remoción del status quo imperante y una reforma estructural, tanto en el plano político como en el económico y cultural. Sobre este último punto, se adscriben como voces a favor algunas fuerzas políticas de izquierda, como el MST o el PTS.

La cuestión de la seguridad atravesó la campaña del año 2007 a partir de las perspectivas y los ejes temáticos reseñados. Se destacan la centralidad que ocupó en los debates y el énfasis puesto por cada uno de los candidatos. Fue un aspecto nodal al interior de las distintas estrategias de posicionamiento de cada una de las fuerzas políticas contrincantes y una pieza
que funcionó como articuladora de otras propuestas, a priori ubicadas como concernientes a distintas disciplinas.

La contienda electoral de referencia tuvo en Mauricio Macri, Daniel Filmus y Jorge Telerman, los postulantes más votados, una escasa diferenciación propositiva. El primero de ellos quizá contó con un marketing más eficaz y coherente. El lanzamiento de campaña del líder del PRO en un basural del barrio de Villa Lugano junto a una niña pudo haber sugerido, a pesar de las correctas criticas morales, una ruptura con su pertenencia a una clase social privilegiada.

Las pujanzas entre Filmus y Telerman, durante la primera parte de la campaña para ver quién ingresaba al ballotage, soló benefició a Macri. Asimismo, el FPV arrancó la competencia en desventaja porque necesitó ampliar el conocimiento de su candidato en el electorado porteño (“Si lo conocés, lo elegís”), situación que luego intentó remontar a partir de su apego al Gobierno Nacional (“Nada es imposible si tenés convicciones”). Por el contrario, el PRO focalizó su impronta en la cotidianeidad local y en el aumento de la calidad de vida de sus habitantes. Apeló a un discurso emotivo y no confrontativo.

Por último, el sujeto interpelado por Macri fue el vecino. Ello se sostuvo como consecuencia de un discurso circunscripto a situaciones relacionadas a la educación, la seguridad o la limpieza. En cambio Filmus se dirigió al ciudadano racional para que elija “cambiar la Ciudad de la misma forma que se cambió el país”. Tampoco tuvo éxito la estrategia del FPV de denunciar el anclaje de Macri en el pasado privatizador del espacio público de la década del ’90. Y sí lo tuvo el slogan del PRO “va a estar bueno Buenos Aires”. Dicha frase presenta una proyección hacia el futuro que no indica nada del presente ni del pasado. Constituye un significante flotante que adquiere su significado en complicidad con el receptor y en lo que éste especule sobre el candidato que la incorpora en su discurso, como por ejemplo el deseo de que la inseguridad deje ser un riesgo del cual preocuparse en la Ciudad.

Notas al pie:

1 Jorge Telerman era vicejefe hasta que asumió formalmente la jefatura de gobierno el 13 de marzo de 2006, luego de la destitución de Aníbal Ibarra por el incendio del boliche Cromañón. La mencionada tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2003 y dejó 194 jóvenes muertos. Sus familiares y la oposición política de la Ciudad promovieron el juicio político del mandatario ya que lo responsabilizaban por el hecho. El proceso fue llevado a cabo por la Legislatura porteña, quién se expidió definitivamente el 7 de marzo del 2006 fallando en contra de su continuidad en el cargo.

2 En 2009 la explosión de las redes sociales para uso electoral se produce con motivo de varios factores, donde se destacan uno de índole internacional y otros dos pertenecientes a la realidad argentina. Según cuenta Natalia Zuazo, el primero tuvo que ver con la eficacia que tuvo la campaña de Barack Obama para la presidencia de los EE.UU, que logró movilizar a unos 13 millones de militantes en Facebook y recaudar una considerable suma de dinero para el uso proselitista. Las otras son la aprobación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que estableció las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) y abrió la posibilidad de distintas etapas y estrategias diferencias para los candidatos; y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que creó límites y reglas para la competencia electoral (2015). Esta última norma prohíbe que los partidos políticos puedan comprar espacios en los medios de forma privada. Por el contrario, solo pueden promocionar a sus candidatos en períodos de tiempo prefijados, equitativamente distribuidos por sorteo y en el transcurso de los 20 días previos a cada elección. Asimismo no regula internet, por lo que no limita la publicidad online. El conjunto de estas consideraciones, junto a otras variables, hizo que la Red se sume al mapa de medios de comunicación, con sus propias reglas, muchas de ellas favorables para la implementación del marketing político y claro, para las empresas que proporcionan las plataformas. Pero en 2007 todavía faltaba para arribar a ese escenario.

3 Verón (1987) estipula cuatro componentes del discurso político que nos sirve de base para pensar las modalidades de intervención significante durante el período trabajado. Según plantea el semiólogo en “La palabra adversativa” el discurso político está compuesto por cuatro componentes, es decir modalidades desde las que el enunciador construye su red de relaciones con las entidades del imaginario. Los componentes definidos por Verón son i) el descriptivo (desde el que el enunciador ejercita la constatación y realiza el balance de una situación en presente del indicativo), ii) el didáctico (enuncia un principio general desde el saber sin marcar la subjetividad del enunciador), iii) el prescriptivo (de la orden de la necesidad, del deber ser), y iv) el programático (define compromisos, el poder hacer, a partir de infinitivos).

4 Es la respuesta de Jorge Telerman frente a la propuesta de Mauricio Macri de crear un banco de ADN devioladores. Dicha conforntación de ideas ocurrio en el debate televisivo llevado a cabo en el programa A dos voces de la señal de cable TN (Todo Noticias), el 23 de mayo de 2007

5 Los “pseudoacontecimientos”, refieren a hechos construidos por los políticos, en donde no interesa tanto la realidad que muestran sino la capacidad de convertirse en noticia. Estas son prácticas comunes en la comunicación política, planificadas para incidir en la agenda de los medios. No existe una forma de establecer con exactitud su eficiencia pero se los puede considerar positivos en el sentido de que se exponen situaciones y hacen pública la batalla política. La contracara de su utilización es que, según afirma Riorda, puede producir confusión en los ciudadanos, ya que el “`pseudoevento genera competencia de pseudoeventos. Una escalada de los pseudeventos genera una sobreestimación de los plazos cortos (suele electoralizar o banalizar la comunicación). Sí en cambio los pseudoacontecimientos apoyan el largo plazo (S) cuando el hecho noticiable es contributivo de un proyecto, una idea o un mito de gobierno”.

Bibliografía

Arnoux, Elvira (2008): “En torno al estilo”, en El discurso latinoamericanista de Hugo Chávez, Buenos Aires: Biblos.

Garland, David (2012): “La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea”, Barcelona (España), Gedisa editorial.

Kessler, Gabriel y Merklen, Denis (2013). “Una introducción cruzando el Atlántico”. En Castel, R., Kessler, G., Merklen, D., Murard, M. Individuación, precariedad, inseguridad ¿desinstitucionalización del presente? Buenos Aires: Paidós.

Landi, Oscar (1991). “Videopolítica y cultura”, en Revista Diálogos de la Comunicación(FELAFACS). Nº 29.

O ́Malley, Pat (2006). Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. Buenos Aires: Ad Hoc Riorda, Mario (2015). “La industria de la imagen” en Le Monde Diplomatique Nº 187, enero de 2015.

Sarlo, Beatriz, (1991):“El audiovisual político”, en Revista Punto de Vista, n. 41, Buenos aires, diciembre 1991.

Verón, Eliseo (1987): “La palabra adversativa. Observaciones sobre la enunciación política”, en El discurso político. Lenguajes y acontecimientos. Buenos Aires: Hachette.

Verón, Eliseo (1983): Il est là, je le vois, il me parle, Paris, Communications Nº 38, Enonciation et cinéma, trad. castellana, María Rosa del Coto, Está ahí, lo veo, me habla, Secretaría de publicaciones de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales, UBA, mimeo 2003.