Mercedes Calzado, Mariana Fernández, Vanesa Lio

Artículo publicado en Mediaciones Sociales, Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación. 2014. Acceda desde aquí.

Para citar este artículo: Calzado, Mercedes; Lio, Vanesa; Fernández, Mariana (2014): “El concepto de inseguridad en las campañas electorales latinoamericanas. El caso del PRO en la Ciudad de Buenos Aires (2007-2011)”, Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, nº 13, pp. 211-237.


1. introducción: Delito y sentimiento de inseguridad en América Latina 

La agenda mediática y política de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra desde hace dos décadas teñida por el escenario de violencia urbana. A pesar de no ser procesos necesariamente vinculados, la circulación de las noticias sobre inseguridad se profundizó en el mismo período en que se puso en marcha la autonomía de la Ciudad con las elecciones a Jefe de Gobierno y constituyentes en 1996. En medio del alza de denuncias de crímenes violentos y otros de menor intensidad, los escenarios electorales locales desde el inicio de la autonomía porteña se han encontrado teñidos de proclamas de seguridad.

Después de subir de manera sostenida desde 1993, en 1997 la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes a nivel nacional llegó a 9.0, un pico que se repitió en 2003 según datos oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2009). Si bien desde 2003 las denuncias de delitos contra la propiedad y las personas, así como los homicidios, han descendido (pese a algunos incrementos en los últimos años), lo cierto es que el alza de las dos últimas décadas no llegó a modificarse sustantivamente. Algunos estudios realizados recientemente dan cuenta de que la preocupación por la inseguridad no es un reflejo de la victimización, afirmación interesante para analizar la realidad porteña. Autores como Kessler (2009, 2011) consideran que el miedo al delito se produce con autonomía relativa de los índices de criminalidad y una fuerte influencia de los medios de comunicación masiva en la generación de predisposiciones de alarma. La autonomía entre la percepción de miedo y la criminalidad se reflejan en la variación de las tasas de victimización entre 2003 y 2011 a nivel regional y local. Así, aunque entre 20 03 y 2007 el delito no creció, la violencia urbana se ubicó como la mayor preocupación en 2008 según los  últimos datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Con datos más actuales, el informe de 2011 de Latinobarómetro repite esta tendencia: en Argentina el problema principal para la ciudadanía es el par “delincuencia/seguridad pública” (Lagos y Dammert 2012).

Esta preocupación, vale destacar, se repite en prácticamente toda la región. La encuesta, realizad a por Latinbarómetro en 18 países de América Latina, indica que en 2011 el 28% de los encuestados de la región identifican la “seguridad urbana y el crimen” como la mayor preocupación que deben afrontar sus países. Si a ello se le suma la categoría “violencia y delincuencia” el nivel de preocupación alcanza el 32%. La encuesta muestra que en la región el problema principal sigue siendo el económico. Sin embargo, desde la perspectiva de la percepción ciudadana, los ítems económicos están verbalmente expresados de diferentes formas mientras que el problema que adquiere mayor consenso verbal es “crimen”. El crimen y la seguridad urbana aparecen en el tope de las preocupaciones sociales en 11 de los 18 países, con niveles que van del 20% en Perú al 61% en Venezuela. La percepción del crimen como el problema más relevante es menor en Nicaragua y Brasil con el 3% y el 7%, respectivamente. Ubicada en el medio de la tabla, Argentina aparece con el 34% (Latinobarómetro 2011). El desempleo toma el segundo lugar en la agenda regional con una media de 16%, seguido por la economía y los problemas económicos (12%). El crimen y el desempleo dominan la agenda de los países latinoamericanos durante la última década aunque en estos puntos surgen importantes cambios de lugar. La relevancia del crimen mostró un alza sustantiva, alcanzando el mayor nivel en 2011 (un punto arriba de 2010) mientras que el desempleo ha tendido a disminuir: en 2011 alcanzó el 16%, tres puntos por debajo de 2010.

Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires es un territorio con una amplia distancia entre temor y denuncias. Las cifras establecidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en base a denuncias ante las agencias policiales y judiciales, muestran que en la Ciudad de Buenos Ai res la tasa anual de homicidios dolosos en 2008 fue de 4,57 casos cada cien mil habitantes, lo cual representa un porcentaje menor al del promedio del país, que era de 5,8 en el mismo año. Según los datos comparativos entre distintas ciudades del continente publicado por el Ministerio de Justicia de la Nación, Buenos Aires tiene una tasa de homicidios (4,99 cada 100 mil habitantes) más baja que New York (5,6), Montevideo (6,4), México DF (8,44), Santiago de Chile (9,56), San Pablo (11,18), Washington (23,84 ), Bogotá (31,7) y Río de Janeiro (39,7). Sin embargo, en las encuestas el temor al crimen parece ser el problema más repetido por los habitantes de la Ciudad. En esta línea, los datos de mayo
de 2013 producidos por la consultora Analogías revelan que la seguridad es el principal problema para más del 60 por ciento de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires.

En este escenario regional y local, algunas de las campañas electorales a Jefe de Gobierno y a Presidente de la Nación en Argentina, así como en las elecciones de medio término, estuvieron durante los últimos años marcadas por la discusión en torno de la necesidad social de intervenir frente a la inseguridad. Uno de los partidos políticos que desarrolló esta silenciosa guerra por la paz en el escenario político argentino es Propuesta Republicana (PRO), una alianza de tendencia liberal-conservadora surgida en 2005 bajo el liderazgo del empresario local Mauricio Macri. En diciembre de 2007, el partido llegó al poder luego de imponerse frente a su principal oponente, el Frente para la Victoria (FPV), en las elecciones para Jefe de Gobierno local. La primera campaña de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno en 2007 estuvo fuertemente teñida por las definiciones en torno a la seguridad. Desde su primera gestión la cuestión securitaria adquirió una amplia dimensión publicitaria y práctica: se puso en marcha la Policía Metropolitana y se profundizó el sistema de cámaras de seguridad en territorio porteño. En cambio, la batalla discursiva contra el riesgo y cómo intervenir frente al miedo latente en la ciudad no fue uno de los motores más utilizados en la campaña de 2011. Si bien es discutible que los ejes de campaña constituyan una representación “fiel” de las demandas del conjunto de la ciudadanía, un acercamiento a sondeos realizados en los períodos de gestión antedichos permite rastrear si en la transformación del discurso de Unión PRO en torno a la seguridad además del contexto electoral intervienen las variaciones de los índices delictuosos.

En este contexto, este trabajo se propone indagar: ¿Qué relación hay entre las discursividades de inseguridad y el voto que permitió a Mauricio Macri obtener consecutivamente el gobierno de la ciudad? ¿Qué diferencias y regularidades presentan las campañas de 2007 y 2011 del partido Propuesta Republicana en torno a la emergencia securitaria y el castigo penal? ¿Cómo se escenificó en cada período el miedo de la ciudadanía en las estrategias de la comunicación política? ¿A quiénes se construyó como adversarios y a quiénes como destinatarios privilegiados? ¿El rol del Estado construido resultó invariable o se adecuó al contexto electoral?

A fin de reflexionar sobre estos elementos, el objetivo central del artículo es analizar comparativamente las estrategias comunicacionales de Mauricio Macri durante las dos elecciones en las que resultó elegido a nivel local: la elección a Jefe de Gobierno que le confirió por primera vez el mando de la administración porteña en 2007 y la elección de 2011 en la que volvió a ganar. Para ello se recurre al análisis discursivo de un conjunto de spots audiovisuales producidos durante ambas campañas electorales del PRO en la Ciudad de Buenos Aires y un conjunto de materiales de campaña 2.0 relevado en los sitios Web del candidato y de su partido político.

Se parte del supuesto según el cual, en las sociedades inseguras, la lucha contra el crimen supone la circulación de discursos que legitiman un modo de gobernar basado en el imperativo del orden y la responsabilidad individual. Sin embargo, las estrategias de la comunicación política varían según se esté en el gobierno o se pretenda arribar a él. Cuando esto último sucede, la inseguridad es un elemento discursivo prioritario por la fuerte repercusión social que el problema genera en la sociedad. En cambio, cuando la campaña involucra a políticos ya en ejercicio del poder, la guerra se torna más silenciosa y repercute como un murmullo en la paz.

Se comienza recuperando brevemente el proceso de constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las particularidades del caso de es-tudio. En segundo lugar, se enmarca el análisis en una reflexión más amplia acerca de la forma de gubernamentalidad que impera en nuestras sociedades contemporáneas, denominadas por Foucault (2006) como sociedades de seguridad a partir de algunos elementos conceptuales sobre la guerra y la paz en las ciudades occidentales. Luego, se analizan los resultados de la investigación recuperando las características de las campañas a Jefe de Gobierno de Mauricio Macri en 2007 y en 2011 en torno a los ejes de victimización, riesgo y gubernamentalidad. Finalmente, se elaborara un conjunto de conclusiones sobre los modos de interpelación a la ciudadanía, las características de enunciación de la seguridad y la imagen que asume el Estado en momentos electorales.

2. El caso de estudio: La ciudad de Buenos Aires y su contexto sociopolítico

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital política de la República Argentina, representa la mayor área urbana del país y una de las más importantes de América Latina. De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), el número de habitantes de la Ciudad está estimado en alrededor de 2,9 millones de habitantes. Sumado al aglomerado urbano que conforma el denominado Gran Buenos Aires, este número asciende a 12,8 millones.

Si bien la Ciudad fue fundada en 1580, la autonomía de su gobierno le llegará recién tras el proceso de reforma de la Constitución Nacional de 1994. Desde entonces, constituye uno de los veinticuatro distritos que conforman el país, con una constitución y poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios.

Tanto el Poder Ejecutivo (PE) como el Poder Legislativo (PL) de la Ciudad son elegidos mediante voto directo de la población. Las elecciones para Jefe de Gobierno (titular del PE), se realizan cada cuatro años con un régimen de doble vuelta y posibilidad de reelección consecutiva por un solo período. Previo a la reforma constitucional, sin embargo, la Ciudad era gobernada por un Intendente, designado por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado.

En su joven historia de autonomía, la ciudad ha visto sucederse a sólo cinco Jefes de Gobierno que, en su mayoría, han pertenecido a partidos políticos de oposición respecto del gobierno nacional de turno, y no han sido representantes del peronismo (a excepción del breve período entre 2006 y 2007 gobernado por Jorge Telerman, quien debió ocupar el cargo
debido a la destitución del entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra).

En diciembre de 2007, asume su primer mandato como Jefe de Gobierno el empresario y político Mauricio Macri, líder y fundador del PRO, un partido político de reciente creación con una tendencia liberal-
conservadora. El mandatario llegó al poder luego de imponerse en las elecciones con el 60,96 por ciento de los votos en segunda vuelta, ante Daniel Filmus, candidato del Frente para la Victoria (FPV). El FPV, al frente del Gobierno Nacional desde 2003, con Néstor Kirchner primero (2003 – 2007) y Cristina Fernández después (2007- 2011 y 2011 a la actualidad), no pudo lograr anclar su poder electoral en un territorio habitualmente adverso para el Peronismo.

El 10 de julio de 2011 se volvieron a enfrentar Macri y Filmus. Al no alcanzar la mayoría absoluta requerida según la normativa vigente, Mauricio Macri debió someterse nuevamente a una segunda vuelta el 31 de julio de dicho año, en la que se impuso con el 64,25 por ciento frente a Filmus. Tres meses después, el 23 de octubre, el PRO de la Ciudad de Buenos Aires se volvió a imponer en las elecciones legislativas nacionales.

Durante su primer gobierno, Mauricio Macri recurrió a la puesta en marcha de una serie de políticas de seguridad que marcaron fuertemente su gestión. A través del denominado Plan de Seguridad, se instalaron cámaras de seguridad y se fortaleció el poder de acción del Ministerio Público Fiscal. El fin: “Recuperar la Ciudad para los vecinos”.

Con este mismo objetivo previsto se encaró una de las más significativas apuestas de la gestión macrista en materia de seguridad: la creación de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. La fuerza comenzó a ejercer sus funciones en febrero de 2010 luego de no pocas disputas con el Poder Ejecutivo Nacional. Con anterioridad a esta medida, la Ciudad era jurisdicción de la Policía Federal Argentina, la cual ejerce aún las funciones de seguridad tanto en las cuestiones de carácter federal, como en acciones de patrullaje similares a las de la Policía Metropolitana.

Ahora bien, ¿en qué contexto se produce la llegada de Mauricio Macri al poder? El paradigma securitario al que se ha hecho referencia anteriormente eclosiona en Argentina luego del estallido social de diciembre de 2001, cuando el temor al delito se convierte en un importante factor de legitimación/deslegitimación gubernam ental (Kessler 2009). Sin embargo, la inseguridad frente al delito venía construyéndose social y políticamente como un problema clave de los centros urbanos ya desde mediados de la década del noventa, en el marco del modelo neoliberal que caracterizó las p olíticas argentinas de esa época. Las transformaciones de esa década deben entenderse como parte de un proceso de reforma estructural del Estado, de profundas mutaciones de las relaciones sociales y de una creciente valoración del ámbito privado, asociado tanto al mercado como a la esfera personal de cada individuo (Oszlak 2003).

Comienza entonces a instalarse la idea de “crisis de inseguridad” a partir de la conjunción de un componente subjetivo (la “sensación de inseguridad”), y un componente objetivo, el aumento de los hechos delictuosos identificados como “criminalidad en la ca lle” o “micro-criminalidad”, es decir, delitos contra la propiedad y las personas especialmente en el espacio público (Sozzo 2009). Como producto de ello, las crecientes demandas de seguridad en las ciudades se suman al proceso de descentralización gubernamental característico de las políticas de la década del noventa, que diluyen las responsabilidades estatales frente al delito y colocan a los gobiernos locales en un rol novedosamente protagónico frente a la cuestión de la inseguridad.

Este proceso ha estado acompañado, además, por la materialización del modelo preventivo en relación al delito en Argentina, cuya máxima expresión es el Plan Nacional de Prevención del Delito puesto en marcha de 2000. En el plano local, esto se vio especialmente reflejado en la implementación de estrategias de tipo situacional – ambiental con un fuerte acento en intervenciones en el espacio público y en prácticas de participación ciudadana, como en el caso del Programa de Prevención del Delito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (véase Sozzo 2009; Calzado 2004).

El sentimiento de inseguridad guarda una autonomía relativa respecto al delito: si bien aumenta al incrementarse la victimización, una vez instalado como problema social ya no disminuye al ritmo de las tasas del delito (Kessler 2011). A partir de entonces, y más allá de las estadísticas delictivas, la lucha contra el crimen se consolida como elemento privilegiado en las agendas electorales también a nivel municipal y la inseguridad se presenta como una temática recurrente de las disputas políticas por el gobierno de las ciudades. Ahora bien, ¿cómo se expresa este cambio frente al delito que comienza a conformar el imaginario de la ciudadanía en las campañas del PRO en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

3 . Campaña 2007: “Estaría bueno ser bueno” 

La frustración del compromiso incumplido, la voluntad de entablar acciones pospuestas y la pretensión superadora que el partido de Maurucio Macri se auto- atribuyó durante las elecciones de 2007 para impulsar que “ esté bueno Buenos Aires”, su slogan de campaña, fueron los principales factores que presionaron (y contribuyeron a lograr) el cambio en el rumbo del gobierno local. La ciudad se presenta como un lugar riesgoso y el discurso electoral de la campaña de Macri en 2007 se acentúa en el lugar de la esperanza del futuro. Una esperanza posible, un deseo tangible.

De allí que la trama de discursos que identifican al candidato utilice el modo verbal potencial, concluyendo con la aserción del deseo concretado:“Estaría bueno que empezáramos a atender mejor a los que están enfermos, empezando por los hospitales. Estaría bueno no inundarnos cada vez que llueve porque así nos estamos inundando en un vaso de agua. Va a estar bueno Buenos Aires”.

El PRO enmarca el a cto electivo como una oportunidad de protagonizar el juego de la democracia republicana y hacer valer la participación de los habitantes porteños, construyendo a conveniencia su propio posicionamiento electoral. En términos de Mauricio Macri:

“Pedirte un a oportunidad sería mucho pero pedirte que vayas a elegir es pedirte que seas libre, que le cuentes a todo el mundo lo que pensás, que vuelvas a expresarte una y otra vez por tu idea, que digas de lo que estás cansado, que grites aquello de lo que no querés más, que te escuchen los que se hacen los sordos, que pongas un voto de confianza en lo que confiás”.

El valor de la libertad se erige por sobre los autoritarios, sobre los sordos. Ser libre es plasmar, temporalmente, nuestras ideas en el proceso electoral.

Los postulados son sencillos y no dependen netamente de la acción gubernamental, sino de todos y cada uno de los actos de la ciudadanía, de su compromiso y avenencia general: “Estaría bueno ser bueno. Estaría bueno decirse buenas tardes aunque no sean tan buenas. Estaría bueno empezar ahora y decirnos buenas noches todas las noches. Va a estar bueno Buenos Aires”. La idea de vecindad emerge como una responsabilidad activa de naturaleza general al servicio del equilibrio y el desarrollo de la comunidad. El pedido de colaboración para con la ciudadanía es permanente en la campaña. Así, Macri dirá en uno de los spot: “Somos la fuerza que más está creciendo y eso es porque usted se está dando cuenta”. E instará a los electores diciendo: “El domingo le pi do por favor: vayamos a votar” y “el tres depende de vos, después del tres es por vos” (en relación a la fecha de los comicios).

A la convivencia se le suma la apelación a los riesgos actuales sobre los que el Estado debería comenzar a intervenir. Peligro s de los que nadie sería capaz de salvarse. “¿Quién usa las calles inundadas? Todos. ¿Quién camina por las veredas rotas? Todos”, los spot enumeran una infinidad de cuestiones que incomodan al ciudadano de a pie y destacan la necesidad de contar con una ad ministración eficaz en detrimento de la “deficiente gestión anterior”. De este modo, los riesgos se identifican por doquier: en cualquier calle puede haber un bache en el que cualquiera de nosotros se puede tropezar. Cualquier lluvia puede ser la causa de una inundación en la que los vecinos se enfrenten a un daño irreparable para sí o para sus pertenencias. En todas sus publicidades de campaña, Macri se encuentra acompañado por Gabriela Michetti, candidata a vicejefa de gobierno. Ambos se turnan para hablar, con lo que dan muestras de su capacidad de diálogo y escucha del otro. Destacan, además, que el PRO excede el carisma o la inteligencia personal de los políticos que componen la formula electoral:“No soy yo ni los que me acompañan, el PRO es una idea y una idea no son cuatro años ni un cargo, es que el país puede y tiene que volver a salir campeón”, dice Macri connotando su primera experiencia política como presidente del Club Atlético Boca Juniors en 1995. Él es efectividad, ya mostró una vez que puede hacerlo con un club de la envergadura de Boca e, incluso, transformarlo en un equipo de trascendencia internacional ¿Por qué no lograr los mismos resultados con la Ciudad?

3.1. Vecinos protegidos

El problema de la seguridad y el orden urbano es uno de los puntos centrales de la campaña de Macri en 2007. Ante el dictamen exhibido en uno de los spot sobre el peligro de “ser asesinado en cualquier momento o asaltado”, el PRO señala el déficit educativo como el factor sobre el cuales es preciso operar en mira a revertir la delincuencia urbana: “Estaría bueno que aprendiéramos que con mayor educación habría menos inseguridad”.

La discursividad se sustenta en el presupuesto positivista según el cual el delito deviene de una multiplicidad de causas que actúan simultáneamente impulsando a los presuntos victimarios hacia la transgresión de la ley penal, entre las cuales la falta de instrucción suficiente ocupa un lugar central. Este axioma no se argumenta ni justifica más allá de sí mismo, funciona como una creencia generalizada y autoevidente que no necesita demostrarse.

Sin embargo, se puede señalar con Foucault (2010) que el problema de la inseguridad excede al factor educativo como condicionante de la violación a las normas y de la transgresión penal. Sus raíces remiten más bien al reacomodamiento en el discurso histórico del siglo XIX del modelo de la guerra predominante durante el siglo XVIII como analizador de las relaciones políticas y su reaparición como sostenedor del orden y de la seguridad: “En ese momento, surgirá la idea de una guerra interna como defensa de la sociedad contra los peligros que nacen en su propio cuerpo y de su propio cuerpo”, revela Foucault (2010: 198). La guerra será un estado transitorio instrumentalizado desde el Estado en función del imperativo de la seguridad/ inseguridad.

En este marco, el delito no es más que un suceso prohibido, probable y de hábil regulación estatal: “Las definiciones establecidas de riesgo se convierten así en una varita mágica con la cual una sociedad anquilosada puede aterrorizarse a sí misma y, consecuentemente, activar sus centros políticos y politizarse desde dentro” (Beck, 2000: 12). El poder interviene sobre los índices delictuosos soliviantando los costos de la política criminal, gestionando series abiertas, extendiendo los beneficios del control social: “Se trata simplemente de maximizar los elementos positivos, que se circule lo mejor posible, y minimizar, al contrario, los aspectos riesgosos o inconvenientes como el robo, las enfermedades”, defin e Foucault (2006:39). La característica de las nuevas regulaciones es la consciencia de la imposibilidad de suprimir los riesgos. En el marco de esa lógica, la guerra es la realización extrema de una enemistad entendida como negación de un ser diferente c apaz de ser puesto fuera de la ley (Schmitt, 2001).

Ahora bien, pese a que enfatiza en la importancia de la educación en el proceso de integración social, la campaña del PRO no propone corregir la conducta delictiva sino “que los que te roben no puedan salir”. En las sociedades de seguridad, la política penal deja de regirse por modelos correccionalistas tal como lo hacía en la etapa disciplinaria (Foucault, 2006) y se supedita a la lógica de la neutralización e incapacitación penal. A partir de la emergencia del gobierno de la excedencia social, la pena deja de regirse por una lógica utilitaria y se convierte en un fin en sí mismo (Di Giorgi, 2005). “En un período muy corto se volvió común considerar el valor central de todo el «complejo penal- welfare» no sólo como un ideal imposible sino, mucho más radicalmente, como un objetivo político que no vale la pena tratar de alcanzar, incluso peligroso, ya que era contraproducente en sus efectos y equivocado en sus premisas”, establece Garland (2005: 42). El «endurecimiento» de la justicia penal es el principal compromiso que formula el PRO en materia securitaria para “poder salir tranquilo a la calle”.

Claro está, la política criminal propuesta no apunta a resguardar la seguridad de los ofensores sino la del res to de la ciudadanía. La muerte del delincuente no será ya un delito en las sociedades de seguridad, sino garantía de estabilización de los antagonismos en la ciudad. En la concepción que el PRO tiene de la ciudad como espacio político, queda claro que hay un enemigo sobre el cual el Estado caerá con todos los dispositivos a su alcance: “el delincuente”. Como dijimos previamente, una de las cuestiones que “estarían buenas” es “que los que roben no puedan salir”. En la ciudad que propone el PRO, entonces, el enemigo está claramente identificado y se reactualizan las palabras de Schmitt cuando advertía que cada Estado genera “formas de proscripción, destierro, ostracismo, de poner fuera de la ley, en una palabra, de declarar a alguien enemigo dentro del Estado” (2001: 75). Si el Estado existe en tanto se configure un enemigo interno pasible de ser desterrado, el biopoder no puede pensarse sin su inherente aspecto tanatológico. No es superfluo entonces destacar que el Estado opera en esa dirección a través de “fo rmas automáticas o de eficacia regulada por leyes especiales, formas abiertas u ocultas de circunloquios oficiales” (Ibídem ).

Por su parte, añade el PRO, para que “todos” puedan tener «seguridad», ésta debe ser gratuita. La amenaza de castigo legal se pr esenta como la fuente principal de la disciplina y la internalización de la moral del riesgo, con lo cual es preciso extender cabalmente el control policial sobre el mapa local: acrecentar la cantidad de agentes, de patrulleros, mejorar el equipamiento técnico y garantizar la efectividad de las condenas. En las sociedades biopolíticas, la muerte del enemigo social constituye un mecanismo de purificación de la especie, signado por la intolerancia y el miedo.

Pensando entonces al miedo como una construcción histórica y cultural, es preciso plantear que el temor al delito se generaliza como eje medular de las campañas políticas desde la caída de las sociedades salariales que prevalecieron entre 1945 y 1970 en los países desarrollados y la consolidación del neoliberalismo a nivel mundial. Jonathan Simon (2011) contextualiza este escenario en la década del sesenta cuando, ante el desmoronamiento de las políticas de bienestar en Estados Unidos, la búsqueda de los dirigentes se comienza a situar en los discursos c entrados en la guerra contra el delito. Asegura el criminólogo norteamericano: “Las campañas electorales para los cargos de alcalde, gobernador, procurador general y, sobre todo, presidente de la nación se han transformado, en parte, en una lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador”. Y agrega: “Los mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización delictiva y con el deseo de venganza que provoca” (2011: 55). El ciudadano, en estos modos de interpelación, es una víctima del delito.

A través del empleo de la matriz de la acusación penal se amplifican y administran los miedos urbanos y se construye legitimidad político -electoral sobre la base no ya de la cuestión delictiva sino de la guerra contra la inseguridad: “Actualmente, estudios promovidos por los gobiernos analizan regularmente los niveles y el carácter de este temor, categorizando y midiendo las reacciones emocionales provocadas por el delito -temores concretos, temores provocados, inseguridad generalizada, ira, resentimiento – correlacionándolos con los patrones reales de riesgo y victimización”, determina en esta línea Garland (2005: 46). Las políticas gubernamentales no se centran necesariamente en el delito como un problema a gestionar, sino en el miedo a la delincuencia como principal prioridad. En épocas de campaña se intensifican los discursos alrededor del riesgo y se reavivan las capacidades imaginarias de intervención de un Estado ideal.

“¿Quién no ve las calles sin luz? Todos” ( sic). Tal como se expone en el spot, una de las medidas securitarias a desarrollar por el PRO refiere a la incrementación de la iluminación en la vía pública. Al igual que se observa en la plataforma electoral, la propuesta consiste en duplicar el parque de alumbrado público en 4 años y ejecutar un sistema de poda continuo para evitar que se tape la luz. Esta última idea se basa en una política de prevención situacional importada de Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia (Sozzo, 2000) a fin de prevenir acontecimientos pre – delictivos mediante la implantación de dispositivos de control socio- ambiental. Con lo cual, si bien hay apelaciones a la prevención social, la intervención del Estado pasaría por la efectividad de las acciones situacionales. La legitimid ad de la gestión a realizar dependerá, entonces, del modo en que se exorcicen los riesgos que afectan a la ciudadanía en su experiencia habitual.

4.  Campaña 2011: “Tenemos que seguir juntos”

En la disputa de gobierno, saber pararse en el contexto, interpretar “la necesidad social” y elegir una estrategia de intervención oportuna puede bastar para desarrollar con éxito una campaña electoral. En una época donde cada apuesta engendra de por sí sus propios riesgos, el empleo de propuestas y significantes vacíos permite moverse sin asumir grandes costos. A diferencia de lo descripto respecto de la campaña precedente, la estrategia del PRO durante la elección a Jefe de Gobierno en 2011 consiste en velar al adversario político marcando la diferencia que lo posiciona como superior a su competidor primordial, FVP ¿Qué es lo que lo destaca? Aquello que se estima en términos del grupo de votantes que compone su objetivo: la eficacia y racionalidad técnica de la gestión y el interés por el vecino.

La campaña de Mauricio Macri en 2011 se basa en la ambigüedad que suministra el slogan “Juntos venimos bien”, proposición que a primera vista no exhibe compromiso alguno. Más bien, implica una interpelación ala continuidad de una gestión que ya llevaba cuatro años al frente del Gobierno de la Ciudad. Como punto de arranque, la construcción discursiva de campaña busca anular las distancias entre candidatos y electorado: “Somos vecinos” y “la Ciudad nos une”, enuncian los spots macristas. El PRO procura no posicionarse como un partido político tradicional ni tomar parte en el auto- adjudicado papel de “hacer las cosas de otra manera”. Opta, en cambio, por construirse como una “fuerza joven” extendida a todo aquel capaz de involucrarse en la cuestión “vecinal” y sentir la insuficiencia de relegar la política a un sector profesional. En ese oxímoron yace su principal fortaleza.

Bajo una estética colorida, se consolida la figura del vecino, construida en las gráficas de campaña a partir de un nosotros inclusivo que envuelve una diversidad de actores: jóvenes, mujeres, ancianos, niños, militantes del PRO. Sujetos emprendedores, cansados de la conducción tradicional, “con ideas nuevas”, dispuestos a obedecer la anónima voz del líder: “Tenemos que seguir juntos”, “Te pido que votes por nosotros porque juntos venimos bien”. El lazo de unión que identifica al colectivo de pertenencia es esencialmente ciudadano y se hace consciente día tras día, en la convivencia cotidiana. La percepción que se fabrica da cuenta de una idealizada concepción comunitaria, un orden pacífico y armonioso donde no existe conflictividad, egoísmo (ni polémica). Un escenario pacífico en términos abstractos, pues desde allí se solapan las diferencias entre los actores y la enmascarada pero siempre presente pugna entre vencedores y vencidos.

Si bien la persuasión de la discursividad macrista en campaña se rige por vía de la antipolítica, el intento de borrar la figura del contradestinatario, es decir el partidario de las ideas del adversario (en nuestro caso, la repr esentación abstracta del FPV, Filmus y el Gobierno Nacional), acaba por develarlo en los propios cimientos que estructuran la identidad del nosotros. El paradestinatario – el “fuera de juego”, según Verón (1987), el que no es partidario ni adversario sino e l indeciso hacia el cual se suele dirigir la campaña – es una suma de individuos unidos contra el modo actual de gobernar, que si no pertenece al gobierno porteño se deduce que alude a la administración nacional. En otras palabras, el discurso del PRO se enmarca en una mirada conservadora o republicana comúnmente caracterizada por cuestionar la falta de pluralismo, moralidad, honestidad, orden, entre otros tópicos enraizados en la matriz liberal. La decisión de no explicitar el contrincante conlleva la anulación de aquél con quien se prescinde confrontar.

La enunciación resalta que bajo la administración del PRO se viene llevando a cabo una política enraizada en el diálogo, la colaboración y la solidaridad vecinal. Por ello, al señalar la principal cualidad del candidato a diputado en las elecciones de 2011, Federico Pinedo, se destaca su empeño por hacer valer “la voz de todos”. Este procedimiento se asienta en un mecanismo de homogeneización entre el sujeto de la enunciación y el para-destinatario a partir del cual es posible la identificación del nosotros, los vecinos que “podemos” expresarnos libremente, a diferencia de ellos , que no poseen o valorizan de igual modo la cualidad de la palabra: en esa diferencia nos unimos. El ejercicio no afecta el juego, la efectividad está garantizada por la vacuidad simbólica. Dicho de otro modo, el macrismo no ostenta al adversario porque no requiere de ello para impulsar el mecanismo que estructura su campaña. Más bien se apoya en la idea de vecindad: terreno en el que se incluye y desde el cual disputa.

Sin embargo, es preciso comprender que esta última característica no es exclusiva del PRO sino que se enmarca en un entorno más amplio. Con el traspaso de las sociedades masivas a las mediáticas, el modo de hacer política que emerge no representa necesariamente un cambio de matrices sino de formas de fabricar consentimiento en base a las tecnologías de la enunciación mediática. Como sostienen Barreiros y Cingolani: “No hubo un momento en el que la política no haya sido espectacular, lo que sucede ahora es que también se ha vuelto mediática” (2007: 102). Por un lado, las estrategias de campaña se acomodan a la lógica del drama televisivo y de la velocidad de las nuevas tecnologías: los tiempos se acortan, los ritmos se aceleran, los relatos afloran bajo la influencia de la agenda informativa. Allí se juega el éxito o fracaso de los mensajes transpuestos. Por otro lado, los medios asumen el carácter político que les concierne abandonando el discurso de la objetividad periodística mediante la construcción de discursividades adversativas.

Pero construir no es mentir. El proceso de producción discursiva parte de una serie de presupuestos de visibilidad puestos en juego en el montaje narrativo para lograr efectos de sentido que exceden la intencionalidad de sus productores (Vilches, 1989). La fuerza de los spot recae en el modo de hacer visibles las conceptualizaciones políticas promovidas. Sólo el develamiento del montaje puede evitar que el poder simbólico desmienta su arbitrariedad y se constituya en creencia. En ese sentido, no está de más apuntar la simplificación que implica mantener que “[…] la imagen es enemiga de la abstracción, mientras que explicar es desarrollar un discurso abstracto” (Sartori, 1998: 84). Si bien es c ierto que la imagen genera percepciones predominantemente sensoriales (Mouchon, 1999), no “falsifica” la realidad ni necesariamente obstruye la reflexión: impone un punto de vista a partir de la utilización de distintas técnicas y recursos (ocultos o explícitos) dirigidos a seducir a la ciudadanía audiovisual.

En este sentido, se puede observar que aunque el discurso del PRO declara su preocupación por salvaguardar el “bienestar general”, las imágenes montadas no expresan esa explicación. Más bien, develan que el target del electorado interpelado no encarna a toda la sociedad; se reduce a la ciudadanía porteña perteneciente a los sectores sociales medios y altos. Las imágenes difundidas muestran personas de diversas edades reunidas en distintos ámbitos de la ciudad, como la puerta de un edificio donde se juntan a conversar. En el grupo se encuentra Mauricio Macri, que se sitúa en el mismo plano: es un vecino más. La tentativa de enfatizar los caracteres de los adherentes adopta tal prioridad, que vuelve superflua la vocación política del candidato y, más aún, las referencias a su personalidad. Los personajes se exponen elegantemente vestidos, sonrientes y divertidos, sin voluntad de rivalizar. Los discursos excluyen todo sujeto ubicado fuera de “nuestra normalidad”. Ese es el límite que define la política comunicacional de “Mauricio en la ciudad”. Los sujetos esbozados los spots no contemplan otro perfil más que el de un (si se quiere) “profesional” ciudadano porteño. Un vecino- víctima del autoritarismo del Estado Nacional y del miedo a lo diferente. El mundo donde “todos queremos vivir” no concibe desviaciones.

4.1. Temores difusos

La campaña audiovisual de 2011 elude hablar de inseguridad desde la dimensión del miedo. Seguridad es gestión y eficacia. Uno de los únicos spots sobre esta cuestión es protagonizado por la candidata a Vice – Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, quien asocia el concepto de seguridad con el deseo de que “nuestros hijos puedan ser lo que quieran ser”. El temor difuso de la ciudadan ía se vuelve un dispositivo velado de gestión. Como sostiene Foucault (2004), desde principios de siglo XVII el enigma de nuestras sociedades securitarias ha sido “cómo limitar desde dentro el ejercicio de gobernar”. Los mecanismos de prevención se dirigen a todo daño potencial que resulte imprevisible en la población, entre los cuales la falta de “libertad” resulta un riesgo necesario.

Ahora bien, la administración de los riesgos valorados como tales no remedia la ansiedad de las víctimas: la información sobre la carencia de “libertad” y de seguridad urbana produce un sentimiento de victimización anticipado que cristaliza en el temor a la pérdida. Pues, si algo caracteriza a la sospecha es su carácter performativo: el riesgo tiene la forma de lo que falta y en ese acto, toma cuerpo su propia definición (Beck, 2000). Con lo cual, la disputa librada en el margen entre la autonomía y la amenaza conlleva la extensión de subjetividades victimizantes que reclaman orden y protección al Estado.

Así las cosas, los gobernantes deben encargarse de vigilar la seguridad de la ciudadanía comprendiendo sus dificultades, conteniendo su nerviosismo, alertando sobre las zonas donde subyace el riesgo, proclamando la severidad de los castigos. En medio de un fenomenal desarrollo del negocio de la seguridad, el Estado se convierte en un proveedor de este servicio. Pero no cualquier proveedor, su intervención opera sobre las reglas del mismo juego mediante el diseño de las normas de tolerancia autorizadas bajo un vaivén cambiante de orden y conflicto.

Pese a que en los spots no haya referencias directas a la violencia urbana y se eluda el uso directo a la dimensión del temor no implica que la seguridad sea abandonada como un compromiso fundamental de gestión  con la vecindad. Dura nte la campaña, Macri no sólo le habla a través de los spots a la ciudadanía, al nosotros, también lo hace a través de otros canales. Sale a la calle, firma “compromisos” con los vecinos en eventos que buscan ser comunicados desde los noticieros de los hor arios centrales y en el vivo y directo que le permiten los canales de noticias. Luego, cristaliza estos acontecimientos en videos que pasan a formar parte de su campaña 2.0.

En días soleados, en días nublados, Macri se rodea de los vecinos y se compromete a que los chicos disfruten los parques, a promover actividades culturales en los barrios, a sumar más jardines maternales, a mejorar el pedido de turnos telefónicos en hospitales. Y se compromete, también, a brindar más seguridad en los barrios y profundizar las medidas de protección al delito de los adultos mayores. En el marco del Plan Integral de Seguridad se firma, por un lado, un compromiso que comprende la colocación de cámaras de seguridad para monitoreo en todos los parques y plazas, centros comerciales barriales y accesos a la ciudad. De esta forma, se busca “recuperar” una “tranquilidad” perdida, vivir en “una ciudad que nos cuida y protege”. Por otro lado, un segundo compromiso promete brindar protección y tranquilidad a “aquellos que son más vulnerables”, a través de la distribución de botones antipánico entre los adultos mayores de la ciudad para que puedan emitir alerta s ante “situaciones de riesgo”.

La instalación de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) para vigilancia y monitoreo, históricamente restringida al ámbito privado, ha evidenciado un desplazamiento a nivel mundial hacia el espacio público como parte de políticas de prevención del delito. El mismo rol se le atribuye desde el Gobierno de la Ciudad: las cámaras como prevención, alerta temprana para evitar el delito. Sin embargo, más allá de su efectividad en la reducción del crimen, el recurso político a estos sistemas tiene más que ver con su valor simbólico: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar la existencia de acciones desde la gestión orientadas a atender la cuestión del delito ( Norris, Mc Cahill y Wood, 2004).

En este sentido, las cámaras de seguridad se vuelven protagonistas de la comunicación política de campaña. Su colocación se asume como compromiso, sus imágenes se construyen como producto mediático. El mismo Macri recuerda cómo los medios mostraron el “éxito” de las imágenes a través de la difusión de ciertos videos puestos a disposición por el gobierno local. Al mismo tiempo, la distribución de estos dispositivos delinea la ciudad segura y sus sujetos. Es que la videovigilancia incide en la forma en la cual es ejercido el poder, modifica las experiencias emocionales en el espacio urbano y afecta la forma en la cual la realidad es conceptualizada y entendida (Koskela, 2000: 250). Las cámaras de vigilancia construyen una cierta geografía de la ciudad que está determinada por el miedo, los riesgos y la peligrosidad. Así, los espacios públicos son cataloga dos a partir de la oposición seguro-inseguro. En paralelo, los sistemas de monitoreo buscan articular el control por parte del Estado con un consenso social acerca de lo que debe ser denunciado: aquello sospechoso, peligroso y desviado.

Macri asume el compromiso de brindar “tranquilidad” a “todos los vecinos” pero enumera, sin embargo, algunos de los grupos sociales que integran dicha categoría: “madres con sus hijos”, “enamorados” y “abuelos”  que visitan habitualmente las plazas. De esta forma, el espacio público invita a algunos y expulsa a otros. Dos grupos de sujetos se presentan como excluyentes: los vecinos, ese nosotros inclusivo (víctimas); y los delincuentes o disturbadores del orden público, esos otros, sobre los cuales las cámaras deben focalizar su atención. La “tranquilidad” prometida, por su parte, se asimila a ese orden público, cuyo mantenimiento es el objetivo mismo de este tipo de políticas, que asocian la seguridad barrial con la ausencia de delitos. De aquí que el discurso del PRO contribuya a reproducir la persecución del sujeto desviado alzada desde los medios masivos en un escenario en que predomina la criminología del otro (Garland, 2005).

5. Conclusiones

Los contextos electorales son momentos conflictivos donde se plasman las preocupaciones sociales y los imaginarios políticos contemporáneos. En la campaña de 2007 el mito de una ciudad peligrosa es tangible en los spots macristas. Incendios, inundaciones, inseguridad por doquier, calles intransitables. El temor de los vecinos hace de Buenos Aires una ciudad no deseada. Y las políticas de Estado existente son entendidas como ineficaces. El PRO juega en su campaña en esta doble promesa. Si en el Estado hay eficacia, hay seguridad. Un voto entendido como símbolo de la esperanza, de un horizonte de seguridades. Un voto capaz de aportar a un Buenos Aires que sí puede estar bueno. Como sostiene Williams: “En su impaciencia, un cuerpo gobernante podrá imponer a menudo, mediante distintas formas de presión, una conformidad aparente. Llegado el caso, la experiencia ulterior puede hacerla efectiva; ese hecho es la tentación más marcada de cualquier política dominativa: que los sucesos justifiquen lo que en principio la gente no aceptará” (2001: 259).

Unos años más adelante, en 2011, la reelección de Macri buscará nuevos horizontes discursivos. La inseguridad, de hecho, no constituye el elemento discursivo prioritario como sí lo había sido en 2007. La eficacia ya está en marcha, la Ciudad está en movimiento. La inseguridad, el por hacer, se convierten en seguridad, en “haciendo”, en Policía Metropolitana, en más cámaras de seguridad, en la puesta en marcha de un Plan Integral de Seguridad. Cuando esto sucede, cuando se habla desde la propia gestión, la guerra se torna más silenciosa y repercute como un murmullo en la paz.

Vimos que, según Simon (2011), las campañas locales y nacionales norteamericanas se caracterizaron en las últimas décadas por discursos centrados en la guerra contra el delito. No obstante, el análisis permitió verificar que en una elección local en Argentina, como lo fue la campaña de Mauricio Macri en 2011, la construcción de los dirigentes lejos estuvo de erigirse a partir de la definición explícita de una lucha contra la delincuencia. Esto no implica que la cuestión no esté presente. El temor a la criminalidad aparece solapado tras la definición de la necesidad de proseguir, tras una gestión del mismo signo electoral, con el camino de libertad y orden.

En tanto el discurso de campaña se aleja de un horizonte confrontativo y el posicionamiento busca reforzar la dimensión significante del consenso y el diálogo, la apelación a la imagen de guerra lejos parece ser la más adecuada. Más bien, los spots de campaña revisados promueven una discursividad en torno de la gestión eficiente en pos de revivir una ciudad para nosotros los vecinos. La seguridad urbana se concibe como responsabilidad vecinal de sujetos privados que desconfían de la aplastante intervención del Estado Nacional y se unen para administrarla en función del propio costo- beneficio. De allí que en la discursividad configurada en la campaña del PRO los candidatos se identifiquen con la experiencia de victimización de una vecindad de la que ellos mismos buscan formar parte.Víctimas de los fantasmas que pueden atacarnos tanto desde la confrontación política, como desde la embestida criminal.

Las mitologías construidas en un contexto de campaña dan cuenta de un espacio conflictivo donde se plasman las preocupaciones sociales y los imaginarios políticos contemporáneos. La campaña refuerza un horizonte de administración de los riesgos en el cual la vida que se preserva es la del nosotros: el futuro es el de las vidas que se ubican al interior de nuestro territorio. El territorio protegido es el de la Ciudad de Buenos Aires , en términos locales. Más allá de su frontera, la otredad. Pero dentro de nuestro mapa se circunscriben zonas resguardadas de la violencia que secuela dentro de la cotidianeidad de los vecinos de la ciudad. En este sentido, hemos visto que la finalidad de la videovigilancia es localizar y reducir las pequeñas y cotidianas incivilidades así como las oportunidades delictivas propagadas en la ciudad, particularmente en zonas frecuentadas por las potenciales víctimas. El ejercicio de gobierno que recuerda la campaña alude, entonces, a la búsqueda de la seguridad local, ubicando a los fantasmas como un abyecto exterior a la territorialidad ciudadana. El fantasma de un otro confrontativo y violento no debe advertirse dentro de los parámetros de un ilusorio orden interno.

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Mercedes Calzado, Mariana Fernández, Vanesa Lio

Trabajo presentado en las VII Jornadas de Sociologia de la Universidad Nacional de La Plata realizadas en diciembre de 2012. Link disponible aquí.


Introducción

En las sociedades contemporáneas el imperativo de la imagen implica un proceso de mediatización de la representación política. El marketing y la propaganda política se vuelven mecanismos centrales en la producción social de sentido. Si bien sería absurdo reducir una verdad de época a la fabricación discursiva de los aparatos mediáticos y políticos, no se puede desconocer el consenso existente entre funcionarios, candidatos y creadores de imagen: para ganar una elección es necesario contar con un buen trabajo de mercadeo electoral.

Desde la década del noventa, el uso del marketing político diluye la construcción del perfil del dirigente clásico capaz de interpelar a un ciudadano políticamente activo. En su lugar parece emerger un candidato preocupado por trabajar en la interpelación de ciudadanos pasivos ubicados en la posición de víctimas (de la violencia política, de la crisis económica, del clima, de las empresas, del Estado, del crimen). El auge de este tipo de discursividades se produce, en el caso argentino, en simultáneo con la mercantilización de los estudios de opinión, que toma impulso durante la dictadura militar que tuvo lugar entre 1976 y 1983, y se afianza durante el neoliberalismo de los años noventa como prerrogativa de gobierno (véase Borrini, 1999).

El orden social comienza a girar en torno a un tipo de gubernamentalidad2 basada en la gestión de los riesgos y la vida de la población mediante los dispositivos de la comunicación política. El problema securitario se aparta de la administración del delito y la discusión en materia de política criminal, sobre la base de una racionalidad política3 que Foucault (2004) denomina “racismo de
Estado”. El poder se reproduce a través de la construcción de discursos que persiguen la protección de unos, la ciudadanía víctima de la inseguridad, y la exclusión de otros, los enemigos de la comunidad. El ejercicio de la dominación se objetiva sobre el comportamiento y la subjetividad social en un sentido estratégico que da origen a las sociedades de seguridad (Foucault, 2006).

El individuo parece responsable de invertir en su propia seguridad .
Hombres y mujeres jóvenes y ancianos, definen y configuran sus vidas alrededor de la experiencia o previsión del riesgo urbano. En este sentido, las tecnologías biopolíticas se complementarán con las tecnologías de la opinión y la información masiva : circular por sitios bien iluminados, proveerse de aparatos de vigilancia, mantenerse en contacto permanente, no abandonarse al azar. He aquí el imperativo que debe seguir todo aquel que no desee toparse con las virtualidades que amenazan la cotidianeidad. De este modo, los medios cumplirán una función disciplinante ante los potenciales desafíos al orden urbano y la sanción legal. No obedecer sus advertencias sellará la maldición, la imprudencia y la culpabilidad.

En este marco, el delincuente podrá ser eliminado en nombre del
resguardo de la soberanía ciudadana y el orden social. Su muerte no será ya un delito sino garantía de paz en la ciudad. En este punto, se pregunta Schmitt (1922), ¿Es el soberano el que hace la decisión o la decisión la que hace al soberano? Si la intolerancia resulta del poder de fijación de las verdades, la aceptación de la muerte del transgresor de la ley penal devendrá de las subjetividades excluyentes que evidencian lo excepcional. La comprensión del otro como enemigo, su repulsión y temeridad, moldea y produce esta forma de gubernamentalidad.

En la politización de la cuestión delictiva y su viraje en términos de
inseguridad, los massmedia son actores centrales de viabilización y constitución social del orden existente. Ellos poseen la capacidad de tematización y fabricación de noticias en momentos previos al contexto electivo. Los medios, a la vez, funcionan como correas de transmisión de la lógica comunicacional de los equipos de campaña. La construcción de enunciados periodísticos contribuye a la conformación de opinión en torno a la emergencia securitaria y la firmeza penal. Al mismo tiempo, los candidatos políticos se adecuan al contexto mediático para construir gubernamentalidad: “Los actores políticos operan en el marco de un campo estructurado de fuerzas cuya lógica están usualmente obligados a obedecer. Son quienes llevan adelante los últimos movimientos más que quienes llevan adelante los primeros ” (Garland, 2005, p. 28) .

El campo político se articula con el campo mediático y la maquinaria simbólica se ocupa de intervenir frente a un cuerpo heterogéneo de ciudadanos sacudido por la pretensión de convivir en libertad, orden y paz. Las demandas de la ciudadanía se revelan en discursos erigidos sobre la idea de defensa social mediante la implementación de un mecanismo de diferenciación entre víctimas y victimarios que suprime el contexto de discurso y amplifica percepciones de inseguridad. Estos reclamos se hacen carne en algunos equipos de campaña, donde se plasma el cambio frente al delito que comienza a conformar el imaginario de la ciudadanía . Jonathan Simon (2011) contextualiza este escenario en la década del sesenta cuando, ante el desmoronamiento de las políticas de bienestar en Estados Unidos, la búsqueda de los dirigentes se comienza a situar en los discursos centrados en la guerra contra el delito. Asegura el criminólogo norteamericano:

Las campañas electorales para los cargos de alcalde, gobernador, procurador general y, sobre todo, presidente de la nación se han transformado, en parte, en una lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador. […] Los mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización delictiva y con el deseo de venganza que provoca ( ivi, p. 55).

El ciudadano, en estos modos de interpelación, es una víctima del delito. ¿Pero de qué modo opera esta lógica electoral en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se repiten aquí los significados subrayados por Simon para el caso norteamericano? El supuesto que recorre las siguientes páginas es que en las sociedades de seguridad el sujeto político interpelado es el ciudadano -víctima. En la economía discursiva electoral emergen rasgos de un paradigma de la victimización (Pitch, 2003) sobre el cual el candidato renueva la imagen de un Estado capaz de proteger a un ciudadano en riesgo. A fin de contribuir al estudio de estas lógicas electorales en el plano local, es que nos proponemos analizar las características de la comunicación política en época de campaña de uno de los dirigentes cuyo protagonismo, tanto político como mediático, más ha crecido en los últimos años en Argentina.

La campaña a Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina) de Mauricio Macri en 2011 permite identificar algunos significados sobre la victimización, el peligro y la gubernamentalidad. En un contexto discursivo en donde el concepto de inseguridad aparece en estrecha relación al delito, el trabajo indaga acerca de los modos de interpelación a la ciudadanía, las características de enunciación de la seguridad y la imagen que asume el Estado en momentos electorales.

El análisis, realizado a partir de un conjunto de spots audiovisuales,
piezas comunicacionales y otros materiales extraídos del sitio web del candidato y de su partido político, fue guiado por las siguientes preguntas: ¿Qué subjetividades promueve la campaña de Mauricio Macri? ¿A través de qué rasgos discursivos se produce la interpelación de la ciudadanía? ¿Cómo se diagrama el rol del Estado? ¿Cómo se enuncia la seguridad? ¿Las campañas locales poseen características particulares? ¿La victimización siempre se construye en torno del horizonte criminal? ¿Qué otras aristas definen la configuración de un ciudadano víctima? Este conjunto de interrogantes guían el fin último de estas páginas: aportar, desde un caso de estudio, un conjunto de elementos acerca de la enunciación política electoral en los contextos de las sociedades de seguridad.

La Ciudad de Buenos Aires y un breve contexto socio-político

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital política de la República Argentina, representa la mayor área urbana del país y una de las más importantes de América Latina. De acuerdo al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (2010), el número de habitantes de la Ciudad está estimado en alrededor de 2,9 millones de habitantes. Sumado al aglomerado urbano que conforma el denominado Gran Buenos Aires, este número asciende a 12,8 millones.

Si bien la Ciudad f ue fundada en 1580, la autonomía de su gobierno le llegará recién tras el proceso de reforma de la Constitución Nacional de 1994. Desde entonces, constituye uno de los veinticuatro distritos que conforman el país, con una constitución y poderes ejecutivo, legislativo y judicial propios.

Tanto el Poder Ejecutivo (PE) como el Poder Legislativo (PL) de la Ciudad son elegidos mediante voto directo de la población. Las elecciones para Jefe de Gobierno (titular del PE), se realizan cada cuatro años con un régimen de doble vuelta y posibilidad de reelección consecutiva por un solo período. Previo a la reforma constitucional, sin embargo, la Ciudad era gobernada por un Intendente, designado por el Presidente de la Nación con acuerdo del Senado.

En su joven historia de autonomía, la ciudad ha visto sucederse a sólo cinco Jefes de Gobierno que, en su mayoría, han pertenecido a partidos políticos de oposición respecto del gobierno nacional de turno, y no han sido representantes del peronismo (a excepción del breve período entre 2006 y 2007 gobernado por Jorge Telerman, quien debió ocupar el cargo debido a la destitución del entonces Jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra).

En diciembre de 2007, asume su primer mandato como Jefe de Gobierno el empresario y político Mauricio Macri, líder y fundador de Propuesta Republicana (PRO), un partido político de reciente creación con una tendencia liberal -conservadora. El mandatario llegó al poder luego de imponerse en las elecciones con el 60,96 por ciento de los votos en segunda vuelta, ante Daniel Filmus, candidato del Frente para la Victoria (FPV). El FPV, al frente del Gobierno Nacional desde 2003, con Néstor Kirchner primero (2003-2007) y Cristina Fernández después (2007-2011 y 2011 a la actualidad), no pudo lograr anclar su poder electoral en un territorio habitualmente adverso para el Peronismo.

El 10 de julio de 2011 se volvieron a enfrentar Macri y Filmus. Al no
alcanzar la mayoría absoluta requerida según la normativa vigente, Mauricio Macri debió someterse nuevamente a una segunda vuelta el 31 de julio, en la que se impuso con el 64,25 por ciento frente a Filmus. Tres meses después, el 23 de octubre, el PRO de la Ciudad de Buenos Aires se volvió a imponer en las elecciones legislativas nacionales.

Durante su primer gobierno, Mauricio Macri recurrió a la puesta en
marcha de una serie de políticas de seguridad que marcaron fuertemente su gestión. A través del denominado Plan de Seguridad, se instalaron cámaras de seguridad y se fortaleció el poder de acción del Ministerio Público Fiscal. El fin: “Recuperar la Ciudad para los vecinos”.

Con este mismo objetivo previsto se encaró una de las más significativas apuestas de la gestión macrista en materia de seguridad: la creación de la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires4 . La fuerza comenzó a ejercer sus funciones en febrero de 2010 luego de no pocas disputas con el Poder Ejecutivo Nacional. Con anterioridad a esta medida, la Ciudad era jurisdicción de la Policía Federal Argentina, la cual ejerce aún las funciones de seguridad tanto en las cuestiones de carácter federal, como en acciones de patrullaje similares a las de la Policía Metropolitana.

 Ahora bien, ¿en qué contexto se produce la llegada de Mauricio Macri al poder? El paradigma securitario al que se ha hecho referencia anteriormente eclosiona en Argentina luego del estallido social de diciembre de 2001, cuando el temor al delito se convierte en el principal factor de legitimación/deslegitimación gubernamental (Kessler, 2009). Sin embargo, la inseguridad frente al de lito venía construyéndose social y políticamente como un problema clave de los centros urbanos ya desde mediados de la década del noventa, en el marco del modelo neoliberal que caracterizó las políticas argentinas de esa época. Las transformaciones de esa década deben entenderse como parte de un proceso de reforma estructural del Estado, de profundas mutaciones de las relaciones sociales y de una creciente valoración del ámbito privado, asociado tanto al mercado como a la esfera personal de cada individuo (Oszlak, 2003).

Comienza entonces a instalarse la idea de “crisis de inseguridad” a partir de la conjunción de un componente subjetivo (la “sensación de inseguridad”), y un componente objetivo, el aumento de los hechos delictuosos identificados como “criminalidad en la calle” o “micro -criminalidad” (delitos contra la propiedad y las personas especialmente en el espacio público, Sozzo, 2009). Como producto de ello, las crecientes demandas de seguridad en las ciudades se suman al proceso de descentralización gubernamental característico de las políticas de la década del noventa, que diluyen las responsabilidades estatales frente al delito y colocan a los gobiernos locales en un rol novedosamente protagónico frente a la cuestión de la inseguridad.

 Este proceso ha estado acompañado, además, por la materialización del modelo preventivo en relación al delito en Argentina, cuya máxima expresión es el Plan Nacional de Prevención del Delito puesto en marcha de 2000. En el plano local, esto se vio especialmente reflejado en la implementación de estrategias de tipo situacional -ambiental con un fuerte acento en intervenciones en el espacio público y en prácticas de participación ciudadana, como en el caso del Programa de Prevención del Delito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (véase Sozzo, 2009; Calzado, 2004).

El sentimiento de inseguridad guarda una autonomía relativa respecto al delito: si bien aumenta al incrementarse la victimización, una vez instalado como problema social ya no disminuye al ritmo de las tasas del delito (Kessler, 2011). A partir de entonces, y más allá de las estadísticas delictivas, la lucha contra el crimen se consolida como elemento privilegiado en las agendas electorales también a nivel municipal y la inseguridad se presenta como una temática recurrente de las disputas políticas por el gobierno de las ciudades.

Vecinos y víctimas

En la disputa de gobierno, saber pararse en el contexto, interpretar “la necesidad social” y elegir una estrategia de intervención oportuna puede bastar para desarrollar con éxito una campaña electoral. En una época donde cada apuesta engendra de por sí sus propios riesgos, el empleo de propuestas y significantes vacíos permite moverse sin asumir grandes costos. La estrategia del PRO durante la elección a Jefe de Gobierno en 2011 consiste en velar al adversario político marcando la diferencia que lo posiciona como superior a su competidor primordial, el Frente para la Victoria. ¿Qué es lo que lo destaca? Aquello que se estima en términos del grupo de votantes que compone su objetivo: la eficacia y racionalidad técnica de la gestión y el interés por el vecino.  Estos valores pueden asentarse en circunstancias reales o ficticias, en cualquier caso constituyen un criterio válido en situaciones electorales.

La campaña de Mauricio Macri en 2011 se basa en la ambigüedad que suministra el slogan “Juntos venimos bien” , proposición que a primera vista no exhibe compromiso alguno. Más bien, implica una interpelación a la continuidad de una gestión que ya llevaba cuatro años al frente del Gobierno de la Ciudad. Como punto de arranque, la construcción discursiva de campaña busca anular las distancias entre candidatos y electorado: “Somos vecinos” y “la Ciudad nos une”, enuncian los spots macristas. El PRO procura no posicionarse como un partido político tradicional ni tomar parte en el auto-adjudicado papel de “hacer las cosas de otra manera”. Opta, en cambio, por construirse como una “fuerza joven” extendida a todo aquel capaz de involucrarse en la cuestión “vecinal” y sentir la insuficiencia de relegar la política a un sector profesional. En ese oxímoron yace su principal fortaleza.

Bajo una estética colorida, que complementa la amarilla tonalidad característica de sus campañas, la figura del vecino se elabora en las publicidades gráficas a partir de un nosotros inclusivo que envuelve una diversidad de actores: jóvenes, mujeres, ancianos, niños, militantes del PRO. Sujetos emprendedores, cansados de la conducción tradicional, “con ideas nuevas”, dispuestos a obedecer la anónima voz del líder: “Tenemos que seguir juntos”, “Te pido que votes por nosotros porque juntos venimos bien”. El lazo de unión que identifica al colectivo de pertenencia es esencialmente ciudadano y se hace consciente día tras día, en la convivencia cotidiana. La percepción que se fabrica da cuenta de una idealizada concepción comunitaria, un orden pacífico y armonioso donde no existe conflictividad, egoísmo (ni polémica). Un escenario pacífico en términos abstractos, pues desde allí se solapan las diferencias entre los actores y la enmascarada pero siempre presente pugna entre vencedores y vencidos.

Ante el vértigo, la indolencia y el miedo que suelen caracterizar las relaciones sociales en la ciudad, el PRO sugiere volver a los propios fundamentos. El individualismo que puede aflorar en momentos irreflexivos debe supeditarse a los valores y actitudes que resaltan la reputación del ser urbano. El remedio actúa conforme a nuestra disciplina. De aquí, su preeminencia por sobre los que no comparten nuestra racionalidad: no poseen “aquellas pequeñas cosas que nos hacen grandes para poder juntarnos, pensemos igual o distinto”, asume uno de los spots.

Si bien la persuasión de la discursividad macrista en campaña se rige por vía de la antipolítica, el intento de borrar la figura del contradestinatario, es decir el partidario de las ideas del adversario (en nuestro caso, la representación abstracta del FPV, Filmus y el Gobierno Nacional), acaba por develarlo en los cimientos que estructuran la identidad del nosotros. El paradestinatario – el “fuera de juego”, según Verón (1987), el que no es partidario ni adversario sino el indeciso hacia el cual se suele dirigir la campaña – es una suma de individuos unidos contra el modo actual de gobernar, que si no pertenece al gobierno porteño se deduce que alude a la administración nacional. En otras palabras, el discurso del PRO se enmarca en una mirada conservadora comúnmente caracterizada por cuestionar la falta de pluralismo, moralidad, honestidad, orden, entre otros tópicos enraizados en la matriz liberal. La decisión de no explicitar el contrincante conlleva la anulación de aquél con quien se prescinde confrontar.

La enunciación resalta que bajo la administración del PRO se viene llevando a cabo una política enraizada en el diálogo, la colaboración y la solidaridad vecinal. Por ello, al señalar la principal cualidad del candidato a diputado en las elecciones de 2011, Federico Pinedo, se destaca su empeño por hacer valer “la voz de todos”. Este procedimiento se asienta en un mecanismo de homogeneización entre el sujeto de la enunciación y el paradestinatario a partir del cual es posible la identificación de nosotros, los vecinos que “podemos” expresarnos libremente, a diferencia de ellos, que no poseen o valorizan de igual modo la cualidad de la palabra: en esa diferencia nos unimos. El ejercicio no afecta el juego, la efectividad está garantizada por la vacuidad simbólica. Dicho de otro modo, el macrismo no ostenta al adversario porque no requiere de ello para impulsar el mecanismo que estructura su campaña. Más bien se apoya en la idea de vecindad: terreno en el que se incluye y desde el cual disputa.

Sin embargo, es preciso comprender que esta última característica no es exclusiva del PRO sino que se enmarca en un entorno más amplio. Con el traspaso de las sociedades masivas a las mediáticas, el modo de hacer política que emerge no representa necesariamente un cambio de matrices sino de formas de fabricar consentimiento en base a las tecnologías de la enunciación mediática. Como sostienen Barreiros y Cingolani (2007): “No hubo un momento en el que la política no haya sido espectacular, lo que sucede ahora es que también se ha vuelto mediática” (ivi, p. 102). Por un lado, las estrategias de campaña se acomodan a la lógica del drama televisivo y de la velocidad de las nuevas tecnologías: los tiempos se acortan, los ritmos se aceleran, los relatos afloran bajo la influencia de la agenda informativa. Allí se juega el éxito o fracaso de los mensajes transpuestos. Por otro lado, los medios asumen el carácter político que les concierne abandonando el discurso de la objetividad periodística mediante la construcción de discursividades adversativas. Es el reinado del ojo que impone a las identidades políticas sus propias reglas de funcionamiento sobredelimitando el debate público al interior de un escenario asimismo politizado.

El PRO se aparta de la obsoleta racionalidad técnico-instrumental construyendo su propio ritmo enunciativo . La carencia de comunicación atribuida al tácito (más no indefinido) contradestinatario expresa la necesidad de defendernos de lo que nos preocupa: “Poder decir lo que pensamos”. Esta última idea se legitima en la voz de “vecinos” que refuerzan el imperativo de la libre expresión mediante el realismo que confieren sus propios testimonios. La suma de opiniones privadas sobre temas de interés concerniente a una parte de la sociedad, que construyen los spot y hacen públicas los medios, intentan parecer espontáneas, sinceras, desinteresadas, ocultando las pautas y procedimientos a las que se hallan sometidas. De hecho, el guión de los “vecinos” es idéntico al pronunciado por Mauricio Macri al referirse a la importancia de dominar la impaciencia y resignar contradicciones mínimas que traban el razonamiento y la prosperidad general.

Pero construir no es mentir. El proceso de producción discursiva parte de una serie de presupuestos de visibilidad puestos en juego en el montaje narrativo para lograr efectos de sentido que exceden la intencionalidad de sus productores (Vilches, 1989). La fuerza de los spots recae en el modo de hacer visibles las conceptualizaciones políticas promovidas. Sólo el develamiento del montaje puede evitar que el poder simbólico desmienta su arbitrariedad y se constituya en creencia . En ese sentido, no está de más apuntar la simplificación que implica mantener que “[…] la imagen es enemiga de la abstracción, mientras que explicar es desarrollar un discurso abstracto” (Sartori, 1998, p. 84). Si bien es cierto que la imagen genera percepciones predominantemente sensoriales (Mouchon, 199 9), no “falsifica” la realidad ni necesariamente obstruye la reflexión: impone un punto de vista a partir del uso de distintas técnicas y recursos (ocultos o explícitos) dirigidos a seducir a la ciudadanía audiovisual. Las tecnologías de la visión se insertan en la vida cotidiana con total naturalidad, fijando “formas en lo visible”. De esta manera, regulan la “voluntad de ver”, orientan la atención visual y señalan perspectivas convenientes (Ferrer, 2005).

 En este sentido, se puede observar que aunque el discurso del PRO
declara su preocupación por salvaguardar el “bienestar general”, las imágenes montadas no expresan esa explicación. Más bien, develan que el target del electorado interpelado no encarna a toda la sociedad; se reduce a la ciudadanía porteña perteneciente a los sectores sociales medios y altos. Las imágenes difundidas muestran personas de diversas edades reunidas en distintos ámbitos de la ciudad, como la puerta de un edificio donde se juntan a conversar. En el grupo se encuentra Mauricio Macri, que se sitúa en el mismo plano: es un vecino más. La tentativa de enfatizar los caracteres de los adherentes adopta tal prioridad, que vuelve superflua la vocación política del candidato y, más aún, las referencias a su personalidad. Los personajes se exponen elegantemente vestidos, sonrientes y divertidos, sin voluntad de rivalizar. Los discursos excluyen todo sujeto ubicado fuera de “nuestra normalidad”. Ese es el límite que define la política comunicacional de “Mauricio en la ciudad”. Los sujetos esbozados los spot no contemplan otro perfil más que el de un ( si se quiere) “profesional” ciudadano porteño. Un vecino víctima del autoritarismo del Estado Nacional y del miedo a lo diferente. El mundo donde “todos queremos vivir” no concibe desviaciones.

La seguridad, la mirada indiscreta del nosotros

La campaña audiovisual de 2011 elude hablar de inseguridad desde la dimensión del miedo. Seguridad es gestión y eficacia. Uno de los únicos spots sobre esta cuestión es protagonizado por la candidata a Vice -Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, quien asocia el concepto de seguridad con el deseo de que “nuestros hijos puedan ser lo que quieran ser”. El temor difuso de la ciudadanía se vuelve un dispositivo velado de gestión. La “libertad de elección” emerge como un atributo virtuoso vinculado al desarrollo y la proyección personal de una generación cuyo porvenir se encuentra atrofiado o simplemente “no tiene lugar”. Expresión de nuestro tiempo, en la era biopolítica la propagación de este tipo de enunciados aparecen en modo habitual exhibiendo un sentimiento de alarma que exige una administración “eficaz”.

Como sostiene Foucault (2004), desde principios de siglo XVII el enigma de nuestras sociedades securitarias ha sido cómo limitar desde dentro el ejercicio de gobernar. Los mecanismos de prevención se dirigen a todo daño potencial que resulte imprevisible en la población, entre los cuales la falta de “libertad” resulta un riesgo necesario. No obstante, la administración de los riesgos valorados como tales no remedia la ansiedad de las víctimas: la información sobre la carencia de “libertad” y de seguridad urbana produce un sentimiento de victimización anticipado que cristaliza en el temor a la pérdida. Pues, si algo caracteriza a la sospecha es su carácter performativo: el riesgo tiene la forma de lo que falta y, en ese acto, toma cuerpo su propia definición (Beck, 2000). Con lo cual, la disputa librada en el margen entre la autonomía y la amenaza conlleva la extensión de subjetividades victimizantes que reclaman orden y protección al Estado: “Lo paradójico de esto es que el reclamo de la sociedad no es por la debilidad del Estado frente a las fuerzas sociales del mercado sino para que resuelva o reduzca los delitos interpersonales (comunes) que producen la sensación de inseguridad ” (Pegoraro, 2006).

Así las cosas, los gobernantes deben encargarse de vigilar la seguridad de la ciudadanía comprendiendo sus dificultades, conteniendo su nerviosismo, alertando sobre las zonas donde subyace el riesgo, proclamando la severidad de los castigos. En medio del desarrollo del negocio de la seguridad, el Estado se convierte en un proveedor de este servicio. Pero no cualquier proveedor, su intervención opera sobre las reglas del mismo juego mediante el diseño de las normas de tolerancia autorizadas bajo un vaivén cambiante de orden y conflicto: “Esto se vuelve importante desde la perspectiva de la distinción, muy relevante socialmente, entre los agentes decidores sobre el riesgo y aquellos que tienen que
lidiar con las consecuencias de las decisiones de otros ” (Beck, 2000, p. 11).

En la campaña del PRO, el rastro del sujeto victimario aflora en un semblante masculino. Su significado se supedita a la ausencia de aquello que preserva la autonomía y el resguardo de nosotras. Hacia allí nos dirigimos, en una metonímica búsqueda que, pese a que no surte efecto, se halla “bien”encaminada. Aunque puede conjeturarse un intento por eliminar todo rasgo de violencia narrativa, la comunicación política impide esta posibilidad. La habilidad de los enunciados protectivos (Wiebe, 1978) radica en el trazado de un selectivo movimiento de demarcación que envuelve al grupo de los protegidos relegando a la periferia todo vicio capaz de desafiar el orden dispuesto.

Que en los spots no haya referencias directas a la violencia urbana y se eluda el uso directo a la dimensión del temor no implica que la seguridad sea abandonada como un compromiso fundamental de gestión con la vecindad. Durante la campaña, Macri no sólo le habla a través de los spots a la ciudadanía, al nosotros, también lo hace a través de otros canales. Sale a la calle, firma “compromisos” con los vecinos en eventos que buscan ser comunicados desde los noticieros de los horarios centrales y en el vivo y directo que le permiten los canales de noticias. Luego, cristaliza estos acontecimientos en videos que pasan a formar parte de su campaña 2.0.

En días soleados, en días nublados, Macri se rodea de los vecinos y se compromete a que los chicos disfruten los parques, a promover actividades culturales locales, a sumar más jardines maternales, a mejorar el pedido de turnos telefónicos en hospitales. Y se compromete, también, a brindar más seguridad en los barrios y profundizar las medidas de protección al delito de los adultos mayores.

En el marco del Plan Integral de Seguridad se firma, por un lado, un compromiso que comprende la colocación de cámaras de seguridad para monitoreo en todos los parques y plazas, centros comerciales barriales y accesos a la ciudad. De esta forma, se busca “recuperar” una “tranquilidad” perdida, vivir en “una ciudad que nos cuida y protege”. Por otro lado, un segundo compromiso promete brindar protección y tranquilidad a “aquellos que son más vulnerables”, a través de la distribución de botones antipánico entre los adultos mayores de la ciudad para que puedan emitir alertas ante “situaciones de riesgo”.

La instalación de Circuitos Cerrados de Televisión (CCTV) para vigilancia y monitoreo, históricamente restringida al ámbito privado, ha evidenciado un desplazamiento a nivel mundial hacia el espacio público como parte de políticas de prevención del delito. El mismo rol se le atribuye desde el Gobierno de la Ciudad: las cámaras como prevención, alerta temprana para evitar el delito. Sin embargo, más allá de su efectividad en la reducción del crimen, el recurso político a estos sistemas tiene más que ver con su valor simbólico: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar la existencia de acciones desde la gestión orientadas a atender la cuestión del delito ( Norris, McCahill, Wood, 2004).

En este sentido, las cámaras de seguridad se vuelven protagonistas de la comunicación política de campaña. Su colocación se asume como compromiso, sus imágenes se construyen como producto mediático. El mismo Macri recuerda cómo los medios mostraron el “éxi to” de las imágenes a través de la difusión de ciertos videos puestos a disposición por el gobierno local.

Al mismo tiempo, la distribución de estos dispositivos delinea la ciudad segura y sus sujetos. Es que “la videovigilancia incide en la forma en la cual es ejercido el poder, modifica las experiencias emocionales en el espacio urbano y afecta la forma en la cual la realidad es conceptualizada y entendida” (Koskela, 2000, p. 250).

Las cámaras de vigilancia construyen una cierta geografía de la ciudad que está determinada por el miedo, los riesgos y la peligrosidad. Así, los espacios públicos son catalogados a partir de la oposición seguro -inseguro. En paralelo, los sistemas de monitoreo buscan articular el control por parte del Estado con un consenso social acerca de lo que debe ser denunciado: aquello sospechoso, peligroso y desviado. ¿Dónde hacen foco, entonces, las cámaras?

Macri asume el compromiso de brindar “tranquilidad” a “todos los
vecinos” pero enumera, sin embargo, algunos de los grupos sociale s que integran dicha categoría: “madres con sus hijos”, “enamorados” y “abuelos” que visitan habitualmente las plazas. De esta forma, el espacio público invita a algunos y expulsa a otros. Dos grupos de sujetos se presentan como excluyentes: los vecinos, ese nosotros inclusivo (víctimas); y los delincuentes o disturbadores del orden público, esos otros , sobre los cuales las cámaras deben focalizar su atención. La “tranquilidad” prometida, por su parte, se asimila al orden público. Su mantenimiento es el objetivo mismo de este tipo de políticas, que asocian la seguridad barrial con la ausencia de delitos. De aquí que el discurso del PRO contribuya a reproducir la persecución del sujeto desviado alzada desde los medios masivos en un escenario en que predomina la criminología del otro (Garland, 2005).

Gubernamentalidad y comunicación política

“Cuando ves a una partera entrando al hospital a las dos de la mañana, es imposible no sentirse inspirado”, se oye decir a Macri con voz serena y entusiasta en la campaña audiovisual. La vida aparece como un valor fundamental que requiere tratarse con energía y responsabilidad. En su gestión, el PRO dice haber cumplido el mandato de resguardar al sector más vulnerable de la ciudad logrando “la tasa de mortalidad infantil m ás baja de la historia, más vida en Buenos Aires, ¿se imaginan una satisfacción mayor para tanto esfuerzo?”. La voluntad de proteger a “nuestros hijos” ha dado sus frutos gracias a la dedicación de médicos, asistentes sociales y especialistas “fenómenos”, unidos para hacer posible el beneficio de todos.

¿Dónde está el futuro? En una educación concebida en función del
mercado laboral, responde Macri. La mirada se dirige hacia fuera, aspira a insertarse en la denominada “sociedad de la información” de la que nadie puede hallarse exento. Con todo, este último es un problema saldado puesto que en la ciudad se ha intervenido para fomentar la igualdad de oportunidades: “Por eso incorporamos inglés desde primer grado e instalamos Internet en el 98 por ciento
de las escuelas de la ciudad”. La apuesta no apunta al resguardo de la identidad nacional, más bien reduce sus envites al ámbito local.

En un compendio de enunciados directivos orientados a instruir a la
ciudadanía en la práctica electoral, el PRO enseña cómo de be conducirse a todo aquel que abogue por el crecimiento y el progreso de la ciudad. La pauta es muy breve y concisa: “Este 23 (de octubre) cortá boleta y votá al PRO”, acto que se erige en punto de partida para una innovación en el modo de hacer política. El candidato se muestra optimista advirtiendo que la perdurabilidad del “gobierno que empezamos juntos” dependerá de la confianza y la buena voluntad del electorado unido: “Por eso les pido por favor que nos voten, que voten por la ciudad porque juntos venimos bien”. Está claro que la transformación reivindicada no alude a las acciones hasta el momento trazadas por el Gobierno de la Ciudad. Éste se afirma en un “poder ciudadano” que el candidato a Jefe de Gobierno se compromete a defender más allá de quien esté a su lado, “sea el lugar que sea”. Porque lo importante es comprender que si atendemos a nuestros puntos en común podremos convertir las ataduras en libertad.

Ahora bien, ¿hasta dónde? El Estado no puede eliminar totalmente la dependencia a menos que decida traspasar su propia autoridad, la misma que precisamente hace existir al soberano como tal (Schmitt, 2001). Ante el reclamo de “libertad”, se pueden concebir dos caminos: confirmar su existencia y adoptarla como una obligación moral o dotarla de un sentido político que permita exhibir la asimetría en que se sustenta. La estrategia discursiva empleada por el partido de Mauricio Macri, se nutre de rasgos provenientes del paradigma de la victimización (Pitch, 2003) interpelando al sujeto político como ciudadano necesitado de “libertad”. Pero si asumimos que no existe sociedad sin obediencia podemos afirmar que, en nombre de la “libertad”, se emplean estrategias biopolíticas como modo de gubernamentalidad. El PRO se construye como una más de las víctimas deseosas de convertir el diálogo en orden, el riesgo en promesa, la vecindad en fuerza.

Vimos que, según Simon, las campañas locales y nacionales norteamericanas vienen siendo hace décadas marcadas por discursos centrados en la guerra contra el delito. No obstante, también fuimos recorriendo cómo en una elección local en Argentina, como lo fue la campaña de Mauricio Macri en 2011, la construcción de los dirigentes lejos está de erigirse a partir de la definición explícita de una lucha contra la delincuencia.

Sin embargo, el temor a la criminalidad aparece solapado tras la definición de la necesidad de proseguir, tras una gestión del mismo signo electoral, con el camino de libertad y orden. En tanto el discurso de campaña se aleja de un horizonte confrontativo y el posicionamiento busca reforzar la dimensión significante del consenso y el diálogo, la apelación a la imagen de guerra lejos parece ser la más adecuada. Más bien, los spots de campaña revisados promueven una discursividad en torno de la gestión e ficiente en pos de revivir una ciudad para nosotros los vecinos. La seguridad urbana se concibe en la campaña como responsabilidad vecinal de sujetos privados que desconfían de la aplastante intervención del Estado Nacional y se unen para administrarla en función del propio costo -beneficio. De allí que en la discursividad configurada en la campaña del PRO los candidatos se identifiquen con la experiencia de victimización de una vecindad de la que ellos mismos buscan formar parte. Víctimas de los fantasmas q ue pueden atacarnos tanto desde la confrontación política, como desde la embestida criminal.

Las mitologías construidas en un contexto de campaña dan cuenta de un espacio conflictivo donde se plasman las preocupaciones sociales y los imaginarios políticos contemporáneos. La campaña refuerza un horizonte de administración de los riesgos en el cual la vida que se preserva es la del nosotros: el futuro es el de las vidas que se ubican al interior de nuestro territorio. El territorio protegido es el de la Ciudad de Buenos Aires, en términos locales. Más allá de su frontera, la otredad. Pero dentro de nuestro mapa se circunscriben zonas resguardadas de la violencia que se cuela dentro de la cotidianeidad de los vecinos de la ciudad. En este sentido, hemos visto que la finalidad de la videovigilancia es localizar y reducir las pequeñas y cotidianas incivilidades así como las oportunidades delictivas propagadas en la ciudad, particularmente en zonas frecuentadas por las potenciales víctimas. El ejercicio de gobierno que recuerda la campaña alude, entonces, a la búsqueda de la seguridad local, ubicando a los fantasmas como un abyecto exterior a la territorialidad ciudadana. El fantasma de un otro confrontativo y violento no debe advertirse dentro de los parámetros de un ilusorio orden interno.

Notas:

1 Este análisis forma parte de una investigación más amplia desarrollada por las autoras. En ella se buscan develar rasgos de la comunicación política contemporánea en Argentina y las definiciones emergentes en época de campaña electoral en torno de la criminalidad y sus modos de conjura.

CONFLUENZE Vol. 5, No. 1, 2013, pp. 249 – 263 , ISSN 2036 – 0967, Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, Università di Bologna .

2 Se entiende por gubernamentalidad al “[…] conjunto de instituciones, procedimientos, análisis y reflexiones, que han permitido ejercer esta forma específica de poder, cuyo blanco es la
población” (Foucault, 1991, p. 25).

3 Esto es: “[…] una forma de concordancia de reglas, formas de pensar, procedimientos tácticos, con un conjunto de otras condiciones, bajo las cuales, en un determinado momento, resulta posible percibir algo como un «problema», tematizarlo como tal” (De Marinis, 2009, p. 14).

4 Para más información, véase: González, L. y Lio, V. “La ciudad vigila. Cámaras de seguridad y nueva policía en la gestión del PRO en Buenos Aires (2007- 1012)”, en X Jornadas de Sociología de la
UBA, Buenos Aires, 1 al 6 de Julio de 2013. Disponible en: http://sociologia.studiobam.com.ar/inde x.php/mesas/politica – medios- de- comunicacion- y -opinion- publica- una – tensa – relacion/ [Mayo 2013].

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Sitografía

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Más seguridad para adultos mayores

Mauricio Macri en el Cierre de la Campaña

Mauricio Macri en el Cierre de la Campaña en Boedo

Mauricio Macri en el Cierre de la Campaña en Plaza Mafalda

Somos una fuerza joven con ganas e ideas nuevas

Votá por la Ciudad que querés

Mercedes Calzado: doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) Se licenció en Ciencias de la Comunicación y realizó la Maestría de Investigación en la UBA. Docente de la Carrera de Comunicación (UBA), actualmente se desempeña como investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET).
Contacto: mcalzado@sociales.uba.ar

Mariana Fernández: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Socio logía de la Cultura y el Análisis Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES/UNSAM).
Contacto: mcf.mariana@gmail.com

Vanesa Lio: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Actualmente se encuentra realizando la Maestría en Comunicación Pública y Política de la Universidad de Pisa (Master di II Livello in Comunicazione Pubblica e Politica, Università di Pisa).
Contacto: vanesa_lio@hotmail.com

Camila Dabat, Vanesa Lio

Trabajo presentado en las Jornadas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Sociales- UBA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevadas a cabo en noviembre de 2013.


1. Introducción
En las últimas décadas, las políticas de seguridad han alcanzado una centralidad
cada vez mayor en las planificaciones de gobierno, tanto a nivel nacional como
provincial y municipal. El fenómeno de la inseguridad urbana, instalado como principal
problema público desde 2008 (Lagos & Dammert, 2012), se consolidó como eje de
campañas electorales y agendas mediáticas. De esta forma, la batalla contra el delito se
convirtió en uno de los principales motores de la gubernamentalidad y, durante los
períodos electorales, la disputa a nivel discursivo se centró en torno a las definiciones de
la inseguridad, los riesgos de la ciudad y los miedos actuales.
La campaña electoral es, a su vez, una instancia en la cual se pueden analizar las
diferentes formas de gubernamentalidad que se ponen en juego. Para esto es necesario
considerar dos instancias que se condicionan mutuamente: las racionalidades políticas,
que son “campos discursivos de configuración cambiante en cuyo marco se produce la
conceptualización del ejercicio del poder”, y las tecnologías de gobierno, entendidas
como “procedimientos prácticos por los cuales el saber se inscribe en el ejercicio
práctico del poder, la autoridad y el dominio” (De Marinis, 1999).
Entre las racionalidades políticas relacionadas a la cuestión de la seguridad que
atraviesan el discurso electoralista se pueden identificar a las siguientes:

 La inseguridad es el principal problema de los habitantes de la provincia de
Buenos Aires.
 La inseguridad es lo que quita la tranquilidad a los ciudadanos y los hace vivir
con miedo.
 Para resolver el problema de la inseguridad hay que invertir en prevención.
 La justicia es lenta y los delincuentes no son juzgados ni condenados
adecuadamente.

A partir de estas cuestiones, los candidatos proponen ciertas tecnologías políticas
destinadas a dar respuesta a las racionalidades que circulan. El concepto permite incluir
agentes no humanos que atraviesan las relaciones sociales y que tienen un papel
fundamental en la modelación de la conducta de los individuos (De Marinis, 1999).
También hay que destacar que la implementación de las mismas está determinada por
las contingencias, esto es así en el funcionamiento de la gubernamentalidad en general,
pero en el seno de una campaña electoral aparece mucho más marcado: los candidatos
orientan sus propuestas en base a los sucesos que tengan lugar (o no) durante el período
de elecciones. Por lo tanto, las tecnologías de gobierno que se identifican las
discursividades analizadas son:
 Baja en la edad de imputabilidad de los menores que comenten delitos.
 Creación de policías municipales.
 Colocación de más policías en las calles, ampliación y modernización de las
fuerzas de seguridad.
 Desarrollo de políticas de inclusión social y de prevención.
 Modernización de la justicia y dotación de mayores recursos

El presente trabajo propone un análisis desde una perspectiva biopolítica, la
misma es entendida como la necesidad de garantizar la seguridad sobre la vida de los
individuos (Gros, 2010: 285). En esta clave se analizan las propuestas en materia de
seguridad diseñadas por los diferentes candidatos a diputados por la Provincia de
Buenos Aires en el período previo a las Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias
(PASO) y a las posteriores elecciones legislativas que tuvieron lugar en 2013. Se busca
demostrar de qué manera, en un contexto de campaña electoral, se establece
discursivamente una relación de contigüidad entre seguridad y vida, como si la garantía
de la primera fuera la condición de existencia de la segunda.

2. Provincia de Buenos Aires: un territorio caliente

2.a) Contexto
La provincia de Buenos Aires es el principal distrito electoral de Argentina.
Dividida en 135 partidos, posee más de 11 millones de electores que representan al 37%
del padrón nacional. En las elecciones legislativas de 2013 se pusieron en juego 35
bancas en la Cámara de Diputados. Debido a estas cuestiones es una plaza de
importancia fundamental en la configuración del mapa político nacional. En
consecuencia, los debates en materia de seguridad que surgieron durante la campaña
tuvieron una proyección hacia todo el país y muchos candidatos participaron en el
debate sobre temas como la baja en la edad de imputabilidad de los menores, la creación
de ministerios de Seguridad provinciales, el uso de cámaras de seguridad y las policías
municipales.

2.b) El nuevo Ministerio de Seguridad Provincial
Durante los últimos seis años la existencia de los ministerios de Justicia y
Seguridad fue variando de acuerdo a las diferentes coyunturas políticas. Hasta el 2007 la
provincia de Buenos Aires contaba con un ministerio de Seguridad, que el gobernador
Daniel Scioli decidió desdoblar en dos, creando así el ministerio de Seguridad –
precedido por el ex fiscal Carlos Stornelli- y el de Justicia –precedido por Ricardo
Casal. En el año 2010 se revierte esta decisión y se vuelven a fusionar ambos
organismos. Stornelli salió del gobierno, luego de la cuestionada actitud que la policía
tuvo en el desenlace del caso Pomar, y Casal quedó a cargo del Ministerio de Seguridad.
Finalmente, en septiembre de 2013 y en un contexto en el cual el reclamo por mayor
seguridad está en el centro de la campaña electoral, el gobernador decidió volver a
dividir los ministerios y designar a Alejandro Granados como ministro de Seguridad en
reemplazo de Ricardo Casal, quien quedó al frente del Ministerio de Justicia de la
provincia de Buenos Aires.

La estrategia en materia de seguridad impulsada por Granados tiene como eje un
plan Integral de Prevención que consiste en poner más efectivos policiales en las calles,
tarea que será realizada por oficiales bonaerenses, ex policías y agentes que cumplían
tareas administrativas. El financiamiento de nuevos móviles estará a cargo de cada
municipio mientras que el gobierno provincial colaborará con la logística y los recursos
humanos. Con esto se pretende mostrar una mayor presencia policial en las calles y
responder, en cierta medida, a la demanda colectiva de “mayor seguridad”.
A partir de esta medida, el oficialismo bonaerense impulsa la aplicación de
ciertas tecnologías de gobierno con el objetivo de responder a muchas de las
racionalidades políticas que circulan y que son la principal demanda del electorado
provincial. Si bien la creación del ministerio de Seguridad no es un tema que involucre
directamente a los candidatos analizados, la designación de Granados ha generado
grandes controversias y ha sido unos de los ejes del debate en materia de seguridad
entre los candidatos bonaerenses.
3. La seguridad en la campaña electoral: planes, programas y propuestas

El temor al delito tomó centralidad en la comunicación política de campaña a
partir de la caída de las sociedades salariales y la consolidación del neoliberalismo.
Como explica Jonathan Simon (2011) para el escenario norteamericano de la década del
sesenta: “Las campañas electorales para los cargos de alcalde, gobernador, procurador
general y, sobre todo, presidente de la nación se han transformado, en parte, en una
lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador (…) Los
mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización
delictiva y con el deseo de venganza que provoca”. (Simon, 2011: 55)

Las campañas electorales diseñadas por los principales partidos políticos en la
Provincia de Buenos Aires en 2013 no quedaron ajenas a esta lógica, a continuación se
analizan las estrategias comunicacionales y las propuestas en materia de seguridad que
utilizaron las cuatro principales fuerzas políticas: el Frente Renovador, Unidos por la
Libertad y el Trabajo, el Frente Progresista Cívico y Social y el Frente para la Victoria
3.a) Propuestas de seguridad en el Frente Renovador

El intendente de Tigre y primer candidato a diputado por el Frente Renovador
Sergio Massa declaraba en la previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
(PASO): “La seguridad no es una obligación de los intendentes, pero es un pedido de
los vecinos y nosotros no escondemos la cabeza y vamos al frente contra los
delincuentes”. La administración de los miedos urbanos desde la discursividad de
campaña y la construcción de una legitimidad político-electoral a partir de la guerra
contra la inseguridad caracterizaron la comunicación política de los distintos candidatos
a diputados y senadores, tanto en el período previo a las PASO como en la disputa final
en pos de las elecciones abiertas del mes de octubre.
En el caso del nuevo Frente Renovador, esta utilización de la “seguridad” como
un eje de la campaña electoral representa un elemento de continuidad respecto a la
gestión del Intendente de Tigre y, en particular, a la comunicación institucional del
municipio. Especialmente desde el retorno de Massa a Tigre –luego de la interrupción
de su mandato para hacerse cargo de la Jefatura de Gabinete de la Nación entre julio de
2008 y julio de 2009– el municipio adquirió un gran protagonismo, primero en el
contexto provincial y más tarde también a nivel nacional, respecto a sus políticas de
gestión de la inseguridad a nivel local. De hecho, ya en marzo de 2008 Tigre inauguraba
un plan municipal de monitoreo satelital pionero en el país y comenzaba lentamente a
posicionarse como un municipio “modelo” en lo que a sistemas de vigilancia con CCTV
respecta. En los años que siguieron, el plan “Alerta Tigre” generó un efecto dominó en
una gran cantidad de municipios bonaerenses que empezaron gradualmente a imitar su
iniciativa. Actualmente, además de contar con uno de los sistemas de monitoreo con
cámaras de seguridad más complejo y extenso de Argentina, se destaca por la especial
atención que sus dirigentes otorgan a la difusión de su política en materia de seguridad y
por la estrategia comunicacional diseñada.
Con una exaltación de la función poética del lenguaje descripta por Roman
Jakobson, la campaña gráfica del Frente Renovador liderado por Sergio Massa se centró
en el juego gráfico “+a”. Utilizando una estética minimalista, con un fondo negro y la
utilización de los colores rojo y amarillo que identifican la gestión de Sergio Massa
como intendente de Tigre, la gráfica se completaba con una palabra, que se proponía
como una idea o concepto: “seguro”, “futuro”, “unión” o “gestión”. Otra de las
secuencias gráficas de campaña utilizaba el símbolo “+” junto a estos conceptos,
adquiriendo así el significado de la palabra “más”. De esta forma, se presentan como
una suerte de propuesta de campaña: “+seguridad”, “+justicia”.
En concordancia con su política comunicacional a nivel municipal, la seguridad
fue un elemento central en el diseño de la campaña de Sergio Massa tanto para las
PASO como para las elecciones generales del mes de octubre. Poco después de haber
lanzado su campaña para las PASO, Massa presentó en el mes de julio una batería de
siete propuestas legislativas para “mejorar la seguridad de las personas”. Una y otra vez,
la inseguridad fue identificada como “la mayor preocupación de la gente”. Con las
imágenes de las cámaras de seguridad distribuidas por el municipio de Tigre a sus
espaldas, el candidato identificó los siete ejes centrales: tres de alcance nacional y otros
cuatro de alcance provincial. Las propuestas para la agenda nacional incluyeron tres
proyectos de ley enfocados en el endurecimiento de las penas: prisión perpetua para
quienes organicen o financien operaciones de narcotráfico, prisión perpetua para el
abuso sexual agravado por el vínculo e imprescriptibilidad de los delitos de homicidio
criminis causa, violación seguida de muerte, privación de la libertad seguida de muerte
y narcotráfico.
Los proyectos para la agenda provincial, en cambio, incluyeron: una ley para la
implementación de las policías municipales en la Provincia de Buenos Aires; un Ley de
Vigilancia Electrónica Mínima Obligatoria, que propone la obligatoriedad de una
cámara de seguridad cada 1.000 habitantes; la descentralización y modernización del
Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires; y una ley “Anti-Rueda Giratoria” para
limitar las excarcelaciones en la provincia.
De acuerdo al documento de presentación de las propuestas del Frente
Renovador, “la prevención es la base de toda política de seguridad”. El discurso
preventivo comienza a materializarse en Argentina a mediados de la década del ’90,
junto con una tendencia a la descentralización producto de una respuesta estatal
orientada a la reubicación y redefinición de responsabilidades (Sozzo, 2009). De hecho,
Alessandro Baratta (1998) señala que una de las características distintivas de este
modelo es la pluralización de agencias y/o actores estatales y no estatales que son
convocados para participar en el “gobierno de la seguridad”.
En este sentido, las propuestas de Massa combinan el recurso penal asociado al
objetivo de reprimir el delito y endurecer las penas, con la promoción de estrategias de
prevención que presentan a la tecnología como un elemento “fundamental” y la gestión
a nivel local como una prioridad. A esto se suma, en el plano discursivo, la inclusión de
la ciudadanía como partícipe activo en la lucha contra el delito. Con la frase “Todos
haciendo Argentina” el Frente Renovador se presentaba en su sitio web poco después de
su lanzamiento. Un “todos” que pretende incluir a “los más de 40 millones de
argentinos” en la construcción de una agenda que represente “los problemas reales y
cotidianos que preocupan a todos”: la justicia y la inseguridad encabezan la lista. La
estrategia participativa en materia de seguridad también representa un elemento de
continuidad con la gestión municipal, que se centralizó en la utilización de las nuevas
tecnologías, canales web y redes sociales, redefiniendo el programa como “Alerta Tigre
2.0”.
Por otra parte, la videovigilancia, estandarte de la gestión del Intendente de
Tigre en materia de seguridad, surge entre las estrategias de prevención situacional del
delito, es decir, como una intervención que impacta en la dimensión física y espacial de
la situación delimitada como potencialmente productora de oportunidades para la
comisión de actos delictivos (Sozzo, 2009). Al mismo tiempo, a fin de “desplegar un
servicio de prevención más eficiente, trasparente y próximo a la gente”, el Frente
Renovador establece que “el primer escalón en la prevención del delito debe estar a
cargo de las autoridades locales”, dado que el modelo centralizado de gestión de la
seguridad en la Provincia de Buenos Aire “ha dado muestras de ineficiencia y poca
transparencia”. Cámaras de seguridad y policías municipales son, en síntesis, los dos
ejes centrales de la estrategia de seguridad del candidato a diputado por el Frente
Renovador.
Estas propuestas se plasman en la estrategia de comunicación a través del
empleo de diferentes técnicas, pero en la mayoría de los casos, la idea de combate y de
lucha atravesaron la campaña de Sergio Massa: desde su primer spot previo a las PASO
donde “se ponía los guantes” para enfrentar al oficialismo hasta su estandarte de
campaña: “dar batalla” a la inseguridad. “Tolerancia cero” y “propuestas claras”
encabezan los nuevos spots de Massa para las elecciones generales de octubre.
En las propuestas en materia de seguridad hace un especial hincapié en mostrar
los resultados de la gestión en Tigre. Los spots que ilustran la temática muestran
imágenes del sistema de cámaras y monitoreo que se instaló en dicha localidad, se ve a
una policía eficiente, desarrollando sus funciones de manera activa y controlada desde
los centros de operaciones. Todo acompañado por una música similar a las de las
películas de acción que refuerza la idea de eficiencia que se pretende construir con las
imágenes y secuencias que se suceden en el plano visual. También adapta el juego “+a”
y lo condensa en la temática, de esta manera propone: “+penas – Prisión perpetua para
los narcotraficantes”, “+seguridad – Policía Municipal” y “+prevención – Sistema de
vigilancia y monitoreo”.
La campaña gráfica mantiene la misma estética que los spots audiovisuales, con
imágenes en la misma sintonía ancladas a la frase: “No se puede seguir ignorando la
inseguridad, hay que pelear de frente y a fondo. +ahora que nunca”.
La lucha contra el delito se relaciona con la posibilidad de “construir un gran
futuro” en un candidato que dice “escuchar” a los vecinos: “Así conocí a Laura –relata
Massa en el spot–, una vecina como vos que me contó que le habían robado tantas veces
que ya no se animaba a caminar sola por la calle”. Ante esto, las propuestas: “más
cámaras de seguridad y botones anti-pánico para prevenir, policía municipal para
controlar, y fiscales y jueces en cada barrio. Así como un cambio en la ley, para que los
delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra”.
En varias oportunidades incluye el verbo “pelear” en su discurso, asociándolo a
la acción, al desarrollo de políticas y a la puesta en práctica métodos eficientes que
permitan resolver la inseguridad, considerada la principal preocupación de los
habitantes de la provincia de Buenos Aires. En un tramo de uno de sus spots se lo
muestra en una actitud decidida, mirando fijo a la cámara y afirmando: “Si quieren
pelear, vamos a pelear. Vamos a pelear contra la inseguridad porque vos tenés miedo
(…)”. El interlocutor al que apela en este caso es a aquel votante que siente miedo
producto de la inseguridad, de esta manera, debido a las construcciones discursivas que
plantea, se focaliza en las víctimas o potenciales víctimas del delito, es a ellas a quienes
interpela de manera permanente: “Hay un temor a creer que apostar a la seguridad es
sinónimo de ser represivo, ‘facho’, de derecha, cuando en realidad, defender la
seguridad de la gente es defender la vida”, declaraba Massa en una entrevista una
semana antes de las elecciones.
3.c) Propuestas de seguridad del Frente para la Victoria
El oficialismo designó a Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora,
para encabezar la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires. A diferencia del
resto de los partidos, el Frente para la Victoria no edificó su campaña en torno a la
problemática de la inseguridad, sino que fue un tema que se puso en debate luego de las
PASO y de la mano del propio Insaurralde.
Al tratarse de un candidato poco conocido en la mayoría de los distritos, durante
la primera etapa de la campaña hubo una fuerte presencia de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner y del gobernador Daniel Scioli mostrándose junto a él. De esta
manera, en los primeros materiales de comunicación, el oficialismo destaca los logros
obtenidos durante los últimos diez años bajo el lema “en la vida hay que elegir”. Así
destacan: la inclusión, la solidaridad, la recuperación de empresas nacionales, la
Asignación Universal por Hijo, el plan Conectar Igualdad, etc, sin hacer referencia
alguna a temas securitarios.
También hay otros spots en los cuales el propio Insaurralde se presenta a sí
mismo, donde hace un fuerte hincapié en lo afectivo: “La política me relaciona de
muchos afectos. Más allá que dicen que en política a los afectos siempre hay que
dejarlos de lado, yo no puedo. Sin amor, sin cariño, no puedo” y concluye que junto con
Daniel Scioli: “Formamos parte de un gran proyecto de ideas, de debate donde
pensamos en cómo incluir a la mayoría de los argentinos”. También deciden recalcar su
gestión en el municipio de Lomas de Zamora, se muestra a vecinos destacando las
soluciones que les trajo en materia de inundaciones y de pavimentación.
Ante la llegada de las PASO, Martín Insaurralde ya era lo suficientemente
conocido como para despegarse de la imagen de la presidenta y del gobernador, por eso,
luego de las elecciones de agosto, la campaña cambió de una forma considerable y pasó
a centrarse exclusivamente en su figura. Se apela al doble juego entre sus iniciales “MI”
y el pronombre posesivo “mi” para construir diferentes expresiones como “MI
diputado”, “MI convicción”, “MI vida”, entre otros. En la misma línea con los spots
anteriores, continúa la apelación al componente emocional, se lo ve al candidato
sonriente, agradeciendo a todos los que lo votaron –sin conocerlo- e invitando a quienes
no lo hicieron a hacerlo. En esta línea emotiva también se dedica un spot especialmente
a repasar la vida personal y profesional del candidato, con imágenes de su familia, su
infancia, sus logros en Lomas de Zamora y terminando con su compromiso y su gente.
El discurso oficialista hizo pocas referencias a cuestiones vinculadas a la
seguridad, sin embargo, es el propio Insaurralde quien pone en debate uno de los temas
más controvertidos: la baja en la edad de imputabilidad de menores. Es una cuestión que
durante la campaña de las PASO no se debatió, sin embargo el tema pasó a ocupar un
lugar importante a partir de las declaraciones que el intendente de Lomas de Zamora
hizo el 5 de septiembre en un programa de televisión. Allí afirmó que durante los
próximos días presentaría dos proyectos: uno para bajar la edad de imputabilidad de los
16 a los 14 años y otro para fomentar el desarme en la provincia de Buenos Aires. A
partir de estos dichos el debate se instala en la agenda de los candidatos de todo el país.
Las cuestiones relacionadas con la seguridad no habían formado parte de la
campaña de los candidatos oficialistas, sin embargo en declaraciones posteriores,
Insaurralde afirmó que “la seguridad es parte de la agenda de este gobierno”.
Básicamente lo que propuso fue la conformación de un Régimen Penal Juvenil que
aborde a los jóvenes de entre 14 y 18 años, el objetivo sería poder reinsertar a los
menores que delinquen brindándoles un tratamiento diferente al que se le da a los
adultos en las cárceles: “Lo que no queremos es que los menores entren en comisarías o
penales donde estén en contacto con delincuentes mayores de edad y donde se
involucran en la universidad del delito”.
En línea con las tecnologías de gobierno mencionadas, las propuestas en relación
a la seguridad hacen hincapié en la noción de prevención para lo cual proponen ampliar
y mejorar las dotaciones policiales. También destacaron la necesidad de garantizar la
inclusión social como factor determinante para garantizar la seguridad.
3.c) Propuestas de seguridad del Frente Progresista Cívico y Social
El partido encabezado por Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, reforzó su
discurso frente al tema de la inseguridad luego de las PASO. La cuestión ya aparecía en
los spots previos, con menciones que hacían referencia a la definición de la inseguridad
como una sensación, en clara alusión a declaraciones previas de diversos referentes del
kirchnerismo respecto a la temática. “Venimos a terminar con la inseguridad, para que
la tranquilidad sea la única sensación que tengamos”, expresa Alfonsín en uno de los
spots.
Sin embargo, es preciso aclarar que la existencia del “sentimiento de
inseguridad” no explica por sí misma ni bajos ni altos niveles delictivos. En realidad, el
sentimiento de inseguridad guarda una autonomía relativa respecto al delito: si bien
aumenta al incrementarse la victimización, una vez instalado como problema social ya
no disminuye al ritmo de las tasas del delito (Kessler, 2011). Es por esto que, más allá
de las estadísticas delictivas, la lucha contra el crimen se consolida como elemento
privilegiado en las agendas electorales y la inseguridad se presenta como una temática
recurrente de las disputas políticas por el gobierno de las ciudades.
En la campaña diseñada por el Frente Progresista Cívico y Social para las
elecciones legislativas generales de octubre, el discurso centrado en la necesidad de
“unir” el país, que los candidatos describen como fuertemente fragmentado debido a las
confrontaciones políticas, es reemplazado por la idea de “futuro”, a través de la
utilización de mensajes de alumnos de las escuelas que hospedan las elecciones, quienes
piden a los votantes que “piensen en ellos y en su futuro”, eligiendo lo que esos chicos
“quieren”: alguien que no robe y no sea corrupto. De esta forma, a través de una
identificación de la acción de la protagonista del spot con la voz de los niños, son los
niños los que deciden tomar la boleta de la fórmula “Stolbizer-Alfonsín”. Es el “futuro”
el que los elige.
A su vez, estableciendo un puente entre ambas campañas, se revela una notable
conexión entre los conceptos de “futuro” y de “seguridad”. En la construcción
sintagmática ambas unidades aparecen como intercambiables. Así, el slogan “el futuro
empieza en tu voto” se transforma en “la seguridad empieza en tu voto”. Utilizando un
registro informal y directo, el spot de campaña de esta fuerza electoral comienza con la
voz de Stolbizer que presenta el problema: “La inseguridad está en la puerta de tu casa”,
se escucha decir a la candidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires. A partir de
allí, el discurso se centra en la presentación de las propuestas para su “erradicación”. La
particularidad de la apelación a la inseguridad en el caso del frente de Stobizer y
Alfonsín es la definición misma del problema. A diferencia de los otros partidos
políticos, los candidatos del Frente Progresista Cívico y Social proponen ir al “foco del
problema” a través de la presentación de un “Plan Nacional de Combate contra las
Drogas y las Armas”.
En el discurso se identifica a “nuestros jóvenes” con las víctimas de las “mafias
del narcotráfico”, alejándose así del preconcepto difundido por los realistas de derecha
que asocia a los jóvenes y adolescentes con potenciales victimarios y disturbadores del
orden público (Di Iulio, 2011). La idea que atraviesa la argumentación es que tanto los
barrios como los jóvenes del conurbano bonaerense son utilizados por las redes de
tráfico de drogas para su producción y distribución.
En esta línea, se propone “urbanizar los barrios más vulnerables”, “apoyar a las
empresas que den empleo a los jóvenes” y “poner tutores de apoyo para que los chicos
se queden donde tienen que estar: en la escuela”. Paralelamente, Stobizer propone la
creación de un “programa nacional eficaz de tratamiento de adicciones” y promete
“poner fin a las zonas liberadas de la droga y a la corrupción policial”, a través de la
implementación de líneas de denuncias anónimas, protección de testigos y “fiscales que
persigan a los narcotraficantes”. Asimismo, se menciona la necesidad de proteger las
fronteras para evitar el ingreso de las drogas, para lo cual se recurre a la utilización de la
tecnología: cámaras de seguridad, radares y escáneres aparecen como protagonistas de
la estrategia de prevención. Finalmente, se menciona la necesidad de nuevas políticas
nacionales, como la creación de una “Agencia Nacional de Combate al Narcotráfico y la
Criminalidad Compleja”, que prevé centralizar información procedente de todas las
fuerzas y trabajar en conjunto con otros países, y un “Plan Nacional de Armas”,
destinado a impedir el robo de armas de las fuerzas públicas y a combatir los almacenes
ilegales.
En el cierre del spot, el discurso apela en modo implícito a la disputa con el
oficialismo y el gobierno de turno. Mientras el mensaje se ramifica y diverge en los
niveles sonoro y visual, ambos contenidos se referencian mutuamente. “Vamos a ir a
fondo, podés sentirte seguro”, se escucha decir en la voz de Margarita Stolbizer,
mientras que en la escritura en pantalla se lee “contra las mafias dentro y fuera del
Estado” y, a través de un aumento en el tamaño de la tipografía, se resalta el vocablo
“dentro”.

3.b) Propuestas de seguridad en Unidos por la Libertad y el Trabajo
Francisco de Narváez, líder del partido, fue otro de los candidatos que decidió
centrar su campaña en la “inseguridad” con la propuesta de un fuerte endurecimiento de
las penas. En la campaña anterior a las PASO, y en el marco de la serie de spots que
reclamaban la necesidad de un debate entre los candidatos, De Narváez sentenciaba:
“No sólo camaritas, un plan integral de seguridad nacional”. Luego de las Primarias y
realizado el lanzamiento de dicho plan, el slogan “Ella o Vos” que caracterizaba la
campaña gráfica y audiovisual del candidato perdió protagonismo frente la nueva frase
propositiva: “Por tu vida. Un crimen, un castigo”, de esta manera, refuerza la
perspectiva biopolítica que adquiere la temática, la contigüidad entre vida y seguridad
en este caso es totalmente explícita.
El Plan Integral de Seguridad, Justicia y Sistema Carcelario presentado por el
partido se basa en cinco ejes centrales: “enfrentar al crimen organizado”, “prevención
social en los lugares del delito”, “modernización policial”, “modernización del sistema
judicial” y “modernización del sistema penitenciario”. El primero de los ejes prevé la
unificación de la información criminal, el incremento del control de fronteras, la
coordinación de las fuerzas de seguridad a nivel nacional, terminar con el mercado de
armas y municiones ilegales, y la lucha contra el blanqueo de dinero ilegal. En segundo
lugar, la denominada “prevención social” incluye, en realidad, estrategias de prevención
situacional del delito: instalación de cámaras de seguridad en las zonas “más
peligrosas”, control de los accesos, limpieza de terrenos baldíos y aumento de la
iluminación pública. Añaden, además, un programa de incentivo profesional y deportivo
para la juventud, la capacitación para prevenir el delito en grupos vulnerables y, la
asistencia jurídica y psicológica para las víctimas de delitos.
La “modernización policial”, por su parte, propone un “nuevo modelo policial”:
eficaz, con más y mejores policías, proactivo y comunitario. El proyecto describe la
necesidad de implementar un único sistema informático de estadística, información
criminal y mapeo del delito. Por otro lado, la “modernización del sistema judicial”
implicaría la descentralización de fiscalías acercándolas a la gente y el potenciamiento
de la policía judicial. A los fines de contar con una “justicia más ágil”, el programa
prevé la reorganización de la estructura judicial, simplificación y agilización de los
procesos, descentralización y juicio por jurados, e implementación de mediación penal.
En cuanto a la “modernización del sistema penitenciario” el proyecto pretende
demoler las cárceles de más de 100 años y construir 10.000 plazas nuevas de acuerdo a
estándares internacionales. A su vez, prevé la creación de institutos especializados para
menores, con mayores actividades educativas y deportivas que alejen a los menores de
la droga, programas de educación y capacitación laboral para el 100% de los internos.
Finalmente, añade la necesidad de incrementar el control de los liberados e implementar
el fuero de responsabilidad penal juvenil con capacitación y presupuesto.
Estas propuestas se reproducen a través de la amplia estrategia de comunicación
elegida para abordar la temática. En uno se los spots audiovisuales se ve a una niña que
escribe un menaje en un papel y se lo da a su madre quien a su vez lo va entregando a
diferentes personas hasta que un niño se lo da a Francisco De Narváez diciendo: “tomá
Francisco, esto es de todos”. El mensaje dice: “queremos vivir sin miedo” y el spot
cierra con la placa: “Por tu vida. Un crimen, un castigo”. La palabra “todos” hace
referencia a “todas” las personas que aparecen en el video: una madre con su hija,
personas trabajando, estudiando, ancianos, un niño. “Todos” son los ciudadanos que
estudian, trabajan y, según sostiene el spot, quieren “vivir sin miedo”. Sin embargo, el
“miedo” no aparece representado, solamente se establece la necesidad –imperante- de
vivir de esa forma.
Otro de los spots previo a las PASO, menciona el hecho de estar “hartos” de
varias cuestionas actuales, una de ellas es la inseguridad, en el video aparecen personas
similares a los potenciales votantes (jóvenes, adultos, ancianos hombres y mujeres,
habitantes de la ciudad y del campo) entre ellas una mujer que dice: “Hartos de que nos
roben: la casa, la cartera, el auto, el celular. Todo”. Se trata de objetos de uso cotidiano
comúnmente sustraídos por los delincuentes, una situación cotidiana que a muchos
bonaerenses les tocó vivir y que condensa varias de las racionalidades políticas
mencionadas.
Con la puesta en escena de este tipo de discursividades, se pretende generar
cierta empatía con el potencial votante a partir de la elección y representación de los
protagonistas y de la reproducción de muchos de los discursos que circulan
habitualmente en estos sectores sociales.
4. Conclusiones

En las sociedades securitarias, el delito se presenta en el marco de una serie de
acontecimientos probables y las reacciones del poder frente a ese fenómeno implican un
cálculo de costos (Foucault, 2006). Los mecanismos de prevención implican, en este
sentido, una forzosa pérdida de libertad que resulta de un intento por controlar todo
daño potencial que resulte imprevisible en la población. Así, la administración de los
riesgos aparece como un nuevo y poderoso mecanismo de control vinculado al
biopoder. Sin embargo, la inflación de la sensibilidad a los riesgos hace que la búsqueda
de seguridad sea siempre infinita y frustrada (Castel, 2004). En estas ciudades devenidas
en enormes panópticos la cuestión ya no es el control del crimen sino la vigilancia como
mecanismo para garantizar la visibilidad y, junto con ella, la exclusión de los “temidos
extraños” (Koskela, 2000: 260). Más allá de los resultados poco comprobables, el
recurso político a la videovigilancia no tiene que ver con su efectividad real si no con su
valor simbólico: el hecho de saber que se está haciendo algo en relación al problema del
delito genera un sentimiento de protección en los ciudadanos (Norris et al., 2004).
En el contexto de estas elecciones legislativas, las racionalidades políticas se
combinan de manera tal con las tecnologías de gobierno que se establece una relación
metonímica entre “seguridad” y “vida”. Las propuestas electorales en la materia se
condicen con las racionalidades políticas que circulan sobre el tema, en sus discursos se
reproducen las ideas e imágenes de un sector importante de la sociedad civil que
reclama una tranquilidad perdida, los políticos vienen a poner a disposición una serie de
tecnologías de gobierno que permitirán recuperar ese bien tan preciado que les fue
“quitado” a los bonaerenses. También cabe destacar que los significantes “vida” y
“miedo” aparecen permanentemente en el discurso electoral. Se trata del miedo a perder
la vida a causa de la inseguridad y es eso lo que los políticos vienen a resolver a partir
de la puesta en práctica de sus diferentes propuestas.
En la edad biopolítica de la seguridad se pueden identificar claramente dos
personajes: el sospechoso y la víctima (De Marinis, 1999: 289). En la campaña
analizada la figura de la víctima aparece en la gran mayoría de los spots sobre el tema,
pero no necesariamente desde el lugar del dolor y de la desesperación -como sí lo hace
en el discurso mediático- en esta oportunidad las “víctimas” forman parte de ese
“nosotros” que “queremos vivir tranquilos” al cual le hablan los diferentes candidatos.
El lugar de las amenazas también es claro: las drogas, las armas, el narcotráfico, los
delincuentes y la corrupción policial son algunas de las más representativas y su mera
existencia sirve como argumento para proponer más vigilancia, más policía y más
control.


Mercedes Calzado, Mariana Fernández, Vanesa Lio

Trabajo presentado en las VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata, llevadas a cabo en diciembre de 2014. Acceda desde aquí.


 

1. Delito, seguridad y campañas políticas

La agenda mediática y política de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra, desde hacedos décadas, teñida por el escenario de violencia urbana. Ante la crisis del Estado deBienestar y la consiguiente refuncionalización del Estado y de la forma de gobernar bajo laspolíticas neoliberales, se incrementa el miedo al delito al tiempo que disminuye la distanciafísica entre miseria y riqueza en los espacios públicos. A medida que la percepción dedesprotección se generaliza, los ciudadanos exigen administración y eficacia a losfuncionarios encargados de gobernar la seguridad. Así, la necesidad social de intervenir frenteal crimen se vuelve un imperativo de gestión fundamental.

Los medios de comunicación profundizan esta tendencia, promoviendo reclamos de leyy orden como solución necesaria para “combatir” la crisis securitaria. La aparición en laagenda massmediática del fenómeno de la inseguridad remite a la escenificación de unadiscursividad que enfatiza la potencialidad del peligro, la proximidad de sujetos amenazantesy un sinfín de medidas preventivas que la ciudadanía debe adoptar para protegerse de losriesgos urbanos. Riesgos que no refieren solamente a los transgresores de la ley sino que seatribuyen también a cartoneros, piqueteros, “trapitos” como generadores de desorden en laciudad (Kessler, 2009).

Al mismo tiempo, los mass media no sólo han potenciado el discurso neoliberal de lainseguridad sino que han impuesto transformaciones en las formas de hacer política. Con elpasaje de las sociedades masivas a las mediáticas a partir de principios de la década del ’80,se redefine el perfil del dirigente clásico, que ya no busca interpelar a la ciudadanía desde laplaza pública sino sobre todo a partir del dispositivo televisivo (Barreiros y Cingolani, 2007).En los tiempos de la “primacía del aparecer” (Landi, 1991), el imperativo de la imagen seinstala como un ingrediente muy importante del proceso político y demuestra una grancapacidad para absorber –cuando no crear– al escenario político según sus reglas deconstrucción del espectáculo.

En Argentina, después de subir de manera sostenida desde 1993, en 1997 la tasa dehomicidios cada 100 mil habitantes llegó a 9.0, un pico que se repitió en 2003 según datosoficiales provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (enadelante, MJDH) en 2009. Si bien desde 2003 las denuncias de delitos contra la propiedad ylas personas, así como los homicidios, han descendido (pese a algunos incrementos en losúltimos años), el alza de las dos últimas décadas no se modificó sustantivamente.

Sin embargo, algunos estudios realizados recientemente dan cuenta de que lapreocupación por la inseguridad no es un reflejo de la victimización, afirmación interesantepara analizar la realidad porteña. Autores como Kessler (2009, 2011) consideran que el miedoal delito se produce con autonomía relativa de los índices de criminalidad y una fuerteinfluencia de los medios de comunicación masiva en la generación de predisposiciones dealarma. La autonomía entre la percepción de miedo y la criminalidad se reflejan en lavariación de las tasas de victimización entre 2003 y 2011 a nivel regional y local. Así, aunqueentre 2003 y 2007 el delito no creció, la violencia urbana se ubicó como la mayorpreocupación en 2008, según los últimos datos oficiales proporcionados por el MJDH. Condatos más actuales, el informe de 2011 de Latinobarómetro repite esta tendencia: en Argentinael problema principal para la ciudadanía es el par “delincuencia/seguridad pública” (Lagos yDammert, 2012).

Esta preocupación, vale destacar, se repite en prácticamente toda la región. La encuesta,realizada por Latinobarómetro en 18 países de América Latina, indica que en 2011 el 28 porciento de los encuestados de la región identifican la “seguridad urbana y el crimen” como lamayor preocupación que deben afrontar sus países. Si a ello se le suma la categoría “violenciay delincuencia” el nivel de preocupación alcanza el 32 por ciento. La encuesta muestra que enla región el problema principal sigue siendo el económico. Sin embargo, desde la perspectivade la percepción ciudadana, los ítems económicos están verbalmente expresados de diferentesformas mientras que el problema que adquiere mayor consenso verbal es “crimen”.

En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires se observa una amplia distanciaentre temor y denuncias. Según los datos publicados por el MJDH, Buenos Aires tenía en2009 una tasa de homicidios dolosos (4,92 cada 100 mil habitantes) más baja que New York(5,6), Montevideo (6,4), México DF (8,44), Santiago de Chile (9,56), San Pablo (11,18),Washington (23,84), Bogotá (31,7) y Río de Janeiro (39,7). Sin embargo, en las encuestas eltemor al crimen parece ser el problema más repetido por los habitantes de la Ciudad.

En este escenario regional y local, algunas de las campañas electorales a Jefe deGobierno y a Presidente de la Nación en Argentina, así como las elecciones legislativas demedio término, estuvieron en los últimos años marcadas por la discusión en torno a laseguridad. En este contexto se inserta el proyecto Ubacyt titulado “Riesgos, violencias yorden. De la exhortación a la ciudadanía a la interpelación de las víctimas en la comunicaciónpolítica argentina contemporánea”, que entre 2012 y 2014 ha dado inicio a una investigaciónque gira en torno a algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué rol jugó la seguridad en lasúltimas cuatro campañas electorales en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué diferencias y regularidades presentan las campañas en torno a la emergencia securitaria y el castigo penal?¿Cómo fue conceptualizada la inseguridad en las estrategias de la comunicación política? ¿Aquiénes se construyó como adversarios y a quiénes como destinatarios privilegiados? ¿El roldel Estado construido resultó invariable o se adecuó al contexto electoral?

A fin de identificar cómo fue conceptualizada la problemática securitaria y en quédirección se orientaron las propuestas, se utilizó un conjunto de materiales de campaña ydeclaraciones de candidatos a Jefes de Gobierno, diputados, senadores y legisladores en laCiudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en las elecciones de 2007, 2009, 2011 y 2013. El período de relevamiento se extendió desde 30 días antes hasta el día posterior a laselecciones. En el caso de las últimas dos elecciones se analizaron desde 30 días previos a lasPrimarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) hasta el día posterior de las eleccionesgenerales.

El corpus de análisis está formado por spots audiovisuales, plataformas electorales,piezas de comunicación gráfica, declaraciones de candidatos en medios de comunicación ymateriales de campaña 2.0 (Facebook, Twitter). El relevamiento incluyó las campañaselectorales diseñadas por las tres principales fuerzas políticas de cada elección (el FPV y elPRO en todos los casos, y una tercera fuerza de acuerdo a las particularidades de cada caso),excepto en 2013 elección para la cual el relevamiento fue más amplio y se incluyeron:Propuesta Republicana (PRO), la coalición de centro-derecha encabezada por el actual Jefe deGobierno porteño Mauricio Macri; el Frente para la Victoria (FPV), en ejercicio de laPresidencia de la Nación desde 2003; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT);UNEN, una alianza electoral porteña que se presentó a las elecciones legislativas de 2013mediante el pronunciamiento de cuatro listas de candidatos a diputados y senadoresnacionales; y Camino Popular, un frente compuesto por Buenos Aires para Todos, MareaPopular y varios movimientos sociales, también presente en las elecciones de 2013. En esteconjunto de materiales se buscaron específicamente los ejes vinculados a la cuestión de laseguridad urbana.

Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas semióticas de análisis del discursodesde las cuales se realizó una exploración textual sobre las huellas discursivas (Verón 1987a)y las modalidades temáticas y enunciativas del discurso político de las campañas consideradas(Verón, 1987b). Es decir, se localizaron las regularidades insertas en las formacionesdiscursivas (Foucault, 2002; Fabri, 2000) desde las cuales fue posible alcanzar las conjeturasinterpretativas que aquí se presentan.

El análisis sobre el material se realizó considerando las siguientes regularidadestemáticas: violencia-desorden, orden-ley, seguridad-inseguridad, delito-crimen, delincuente,víctima, ciudadano, instituciones de control, modos de intervención política,local/nacional/global. Respecto de la construcción enunciativa se analizaron y compararon lasformas de la enunciación (Benveniste, 2004) de ambas campañas así como las entidades ycomponentes de la comunicación política (Verón, 1987b) en épocas electorales.

2. Algunos resultados preliminares

La seguridad surgió como un tema reiterado en las campañas electorales desarrolladasentre 2007 y 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, abarcando todo el arco político: desde laultraderecha hasta los partidos de izquierda. Si bien esto no implica que todos los candidatoshayan configurado sus campañas en términos securitarios, ha sido un eje recurrente en todoslos casos. A continuación presentamos los primeros resultados obtenidos a partir del análisisrealizado, a modo de observaciones generales sobre el corpus relevado, cuya regularidad yverificación será corroborada a partir de una profundización del estudio realizado y delseguimiento de las mismas en futuras elecciones. A fin de organizar los mismos, se enumeranuna serie de ejes que han atravesado las campañas electorales analizadas.

2.1. La construcción del destinatario: el ciudadano-víctima

Las discursividades electorales de las fuerzas políticas estudiadas interpelan principalmente a un ciudadano-víctima. En ese sentido, los partidos y frentes mayoritarios dela ciudad coinciden en construir a su destinatario como víctima de la inseguridad urbana, de la delincuencia, de un riesgo que debe ser neutralizado por las promesas de campaña.

Es el caso del PRO, en cuya enunciación los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se representan como sujetos que dialogan, que sonríen, que no rivalizan. La inseguridad urbana,la suciedad en la ciudad, los riesgos de tránsito, los problemas económicos, incluso la violencia verbal, son los peligros que acechan al porteño. Las imágenes de las campañas del PRO entre 2007 y 2013 muestran personas de diversas edades reunidas en distintos ámbitos de la ciudad que charlan. Muchas veces Mauricio Macri forma parte de esos grupos, es un vecino más. Sus preocupaciones son las mismas que la de cualquiera. Si bien el abordaje de la seguridad desde la dimensión del miedo apareció como central fundamentalmente en la campaña de 2007, también los discursos del PRO en las siguientes contiendas electorales interpelan víctimas de los peligros urbanos, especialmente de los riesgos de la violencia, que acecha de la mano del diferente, del violento que no forma parte de esas reuniones de amigos.Por un lado, los ciudadanos se configuran como víctimas de otro peligroso; del otro lado del límite del nosotros, se ubica el violento y el que no dialoga. En estas campañas se recupera el discurso del paradigma de la victimización, en el cual la historia colectiva se diluye y se re fuerza la idea de un lenguaje de la victimización individual. Es la víctima de una ofensa particular o del temor a serlo.

Este tipo de discursividad se replica en campañas de otros partidos políticos que han centrado sus estrategias electorales en la disputa por la seguridad. Para las últimas elecciones legislativas de 2013, esta tendencia se puede ejemplificar a partir de las cuatro listas que compitieron en las PASO por el frente UNEN. Esto fue evidente, sobre todo, en las listas Juntos y Suma+, para las cuales la inseguridad apareció en términos generales como una potencialidad de daño omnipresente, que puede afectar diversas esferas de la vida cotidiana dela ciudadanía, y frente a la cual se plantea la necesidad de proteger a las posibles víctimas del delito. No tan claro es este aspecto en la lista Coalición Sur, que destaca las consecuencias dela corrupción, las mafias y el narcotráfico, poniendo el eje ya no tanto en los sujetos-víctimas si no en la pérdida de la soberanía sobre el territorio, por la cual responsabilizan al gobierno nacional y frente a la cual proponen limpiar el espacio de los agentes nocivos para la seguridad de la población. En la cuestión de la soberanía territorial coincide la lista minoritaria Presidente Illia, aunque su propuesta se centra en la necesidad de controlar los flujos circulatorios hacia el interior del territorio nacional. En este sentido, a pesar de las diferencias, vemos que todos ubican el peligro en una exterioridad, definiendo así la inseguridad desde una sociología del otro.

Por su parte, la situación de FPV podría dividirse en dos etapas: antes yposteriormente a las PASO. De cara a las primarias, FPV construyó un destinatario amplio,limitado por los representantes de los “grandes intereses” y abierto a una diversidad desectores de la ciudadanía: trabajadores, militantes de derechos humanos, pobres, familias,científicos, empresarios, jubilados, jóvenes de distintas edades y clase social, principalmenteestudiantes de nivel medio y superior, y militantes kirchneristas. Se interpeló a un ciudadanoatormentado no por la inseguridad sino por los organismos internacionales de crédito, quequieren que se mantenga la deuda externa argentina; por el establishment político yeconómico que operó durante la década del noventa bajo el gobierno de Carlos Menem, lospropulsores de las políticas neoliberales que hundieron en el “infierno” a la patria argentina ylas corporaciones massmediáticas no oficialistas, congregadas en torno a una agenda anti-kirchnerista. En suma, se interpeló a un sujeto convencido del progreso que desde 2003atraviesa la sociedad y en menor medida se intentó llegar al electorado indiferente o indeciso 1.

Luego de las PASO, las modalidades discursivas se modifican y las voces sediversifican. En principio, esto sucede por la incorporación de la voz del primer candidato adiputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde y su propuesta paraencarar el debate de la baja en la edad penal juvenil. A través del giro discursivo de lacampaña, ingresa el tema de la seguridad no desde una perspectiva democrática2, como sevenía promulgando desde la creación del Ministerio de Seguridad Nacional3, sino punitiva. Sebusca ampliar el destinatario, que ya no refiere sólo al ciudadano que elige seguir el rumbotrazado en los últimos diez años sino también a los ciudadanos cansados de la inseguridad,asociada al delito callejero contra la propiedad y la vida, y por extensión, al joven varón,morocho y pobre. La violencia urbana ingresa fuertemente en la campaña provincial y a nivelnacional lo hace levemente: “Más trabajo, educación, salud, seguridad para todos. Vamos enla dirección correcta”, enuncia el único spot que hace referencia al tópico securitario en lacampaña porteña.

La contraparte más clara de este discurso es el presentado en época electoral poralgunos frentes y alianzas de izquierda. Ellos se dirigen a un ciudadano-víctima nonecesariamente del delito común (generalmente asociado a jóvenes pobres) sino delnarcotráfico, del delito “de cuello blanco” y de la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. Enesta construcción discursiva, los roles que comúnmente se asignan a víctimas y victimarios seinvierten, dejando en evidencia que los identificados en el discurso hegemónico comopeligros para el orden social pueden también ser definidos como víctimas del mismo sistemaque los rechaza. ¿Quiénes son, entonces, las víctimas para estos espacios políticos? Por unlado, los trabajadores, víctimas de las maniobras estatales y de la corrupción de las fuerzaspoliciales. Por el otro, los jóvenes, víctimas de un sistema que los excluye y del “gatillo fácil”.En este sentido, se podría identificar una cierta coincidencia entre la conceptualización de las víctimas y el destinatario privilegiado por la discursividad de la izquierda: la clase trabajadora, los marginados, los jóvenes y ciertas minorías sociales.

En este tipo de enunciados se recupera el paradigma de la opresión: la víctima es eloprimido. La categoría de opresión, tal como lo define Pitch (2003), remite a una condicióncompuesta, resultado de múltiples factores. Es una categoría omnicomprensiva que define unahistoria colectiva, un pasado común. La víctima es aquel sujeto cuyas condiciones deexistencia son desiguales frente a las que poseen quienes tienen un acceso diferencial a losmedios de producción.

En suma, la construcción del destinatario en las discursividades electorales aparecióasociada al rol de un ciudadano-víctima. Sin embargo, mientras las fuerzas mayoritariasinterpelan a un ciudadano que es víctima de la inseguridad urbana, la delincuencia y laviolencia con un enfoque que enfatiza la “criminología del otro” (Garland, 2005); algunossectores de izquierda coinciden en la construcción de un destinatario-víctima amparado en elparadigma de la opresión (Pitch, 2003), donde el peso de la culpa se invierte y el victimario seconvierte en víctima.

2.2. La figura del contradestinatario

Hemos observado que las estrategias de cada fuerza política analizada ejercen entre síinfluencias recíprocas. La singularidad de cada cual se estructura en base a una perspectiva enpugna con la de un adversario que las discursividades reprimen o explicitan. En términosgenerales, podemos conjeturar que la mayoría de las campañas evidenciaron la construcciónde un contradestinatario asociado a los partidos políticos que ejercen la gestión de gobierno.

En 2007 la campaña de Mauricio Macri da pautas sobre esta estrategia. La cuestión dela seguridad urbana se coloca como eje temático central en términos críticos a la gestión degobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional. Así, la discursividadelectoral parece estructurarse en base a una acusación de déficit de gestión. La campaña apelaa riesgos sobre los que el Estado debería comenzar a intervenir, peligros de los que nadie seríacapaz de salvarse. “¿Quién usa las calles inundadas? Todos. ¿Quién camina por las veredasrotas? Todos”. Los spot enumeran una serie de cuestiones que incomodan al ciudadano de apie y destacan la necesidad de contar con una administración eficaz en detrimento de la“deficiente gestión anterior”. Con claridad este dispositivo se modifica en la campaña de2011, cuando el PRO ya es gobierno y, por lo tanto, estructura su estrategia discursiva en basea las políticas implementadas en el período de gestión trascurrido.

En este sentido, arribamos a la conclusión según la cual las estrategias de lacomunicación política tienden a variar según se esté en el gobierno o se pretenda arribar a él.Cuando esto último sucede, la inseguridad es un elemento discursivo prioritario por la fuerterepercusión social que el problema genera en la sociedad. En cambio, cuando la campañainvolucra a políticos ya en ejercicio del poder, la guerra se torna más silenciosa. Surgeentonces la pregunta, para las fuerzas políticas que se encuentran en gestión, acerca de cómohablar de la inseguridad en tiempos electorales sin poner en juicio la efectividad de la propiagestión de gobierno. La segunda campaña a Jefe de Gobierno de Mauricio Macri, en estesentido, abandona la perspectiva crítica adoptada durante las elecciones previas para abordarla cuestión de la seguridad y alude a la temática buscando visibilizar una cierta eficacia de lagestión de gobierno y la necesidad de seguir por tal camino. “Juntos venimos bien”, recalcan.

La particularidad que denotan en términos generales los discursos electorales de lasfuerzas partidarias en pugna en la Ciudad de Buenos Aires es la existencia de dos polos degestión opuestos políticamente: el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional. Durante lascampañas electorales analizadas, vale mencionar, estos polos se mantuvieron constantes encuanto a las fuerzas políticas en el poder: el FPV en el gobierno nacional desde 2003 y elPRO en la ciudad desde 2007. En ese sentido, algunas fuerzas optaron por oponerse a uno deestos polos y otras a ambos.

Para referir la última campaña al Parlamento Nacional (2013), se puede subrayar quetanto UNEN como el PRO tuvieron como prioridad en la campaña diferenciarse delcontradestinatario (Verón, 1987), es decir el partidario de las ideas del adversario querepresenta el gobierno nacional. La dicotomía entre aquellos afines y opositores a FPV trenzala coherencia de ambas estrategias discursivas. La izquierda, por su parte, parece oponersecon igual fuerza, aunque utilizando argumentos diferentes, tanto al FPV como al PRO porcuestionar sus modos de gestión de la seguridad.

Las dificultades enunciativas del FPV en la Ciudad de Buenos Aires en este punto sonfuertes. Las críticas a la gestión macrista se realizan más bien en términos de las escasas políticas sociales existentes. A la hora de intervenir en ejes temáticos derivados de la violencia urbana, no aparecen con claridad críticas, quizás por la dificultad de desasociar la gestiónnacional, la policía federal y los resultados de su trabajo en la Ciudad.

Podemos inferir, en este sentido, que las fuerzas que no poseen trabajo de gestión en elterritorio de la ciudad, como UNEN y la izquierda en la elección de 2013, se mueven con másfacilidad en este terreno. La inseguridad es el elemento a partir del cual se despliegan lascríticas por el resultado de las escasas políticas sociales y la represión de las fuerzas de seguridad para la izquierda y por la ineficacia de la gestión de Gobierno de la Ciudad y elGobierno Nacional en el manejo de las policías para UNEN. Las estrategias discursivas dancuenta, de este modo, de la conformación de un destinatario claro (la gestión) y amplio(ambos gobiernos).

El análisis permitió evidenciar que el contradestinatario delineado en las campañaselectorales apareció generalmente vinculado a los partidos o dirigentes en gestión ya sea anivel local o nacional. Así, las fuerzas políticas se influencian mutuamente y lassingularidades se estructuran en base a las disputas con un adversario que se explicita, enmayor o menor medida, en el plano discursivo.

2.3. La seguridad en la agenda electoral

A pesar de no ser procesos necesariamente vinculados, la circulación de las noticiassobre inseguridad se profundizó en el mismo período en que se puso en marcha la autonomíade la Ciudad con las elecciones a Jefe de Gobierno y constituyentes en 1996. De este modo,en medio del alza de denuncias de crímenes violentos y otros de menor intensidad, losescenarios electorales locales desde el inicio de la autonomía porteña se han encontradoteñidos de proclamas de seguridad.

En este contexto, las fuerzas políticas del arco más diverso incluyeron en susdiscusiones de campaña la agenda de la seguridad. El PRO es la fuerza más acostumbrada aingresar este ítem en sus definiciones electorales y a responder a la agenda pública ymediática sobre el crimen urbano. Particularmente, antes de asumir el gobierno porteño en2007, como forma de criticar a la gestión de turno y presentarse como una alternativasuperadora.

La primera campaña de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno en 2007 estuvo fuertementeteñida por la agenda de la seguridad, que adquirió una amplia dimensión propagandística ypublicitaria. Al ganar las elecciones, el PRO puso en marcha la Policía Metropolitana yprofundizó el sistema de cámaras de seguridad en territorio porteño. En cambio, la batalladiscursiva contra el riesgo y cómo intervenir frente al miedo latente en la ciudad no fue unode los motores más utilizados en la campaña de 2011, donde se eludió hablar de inseguridaddesde la dimensión del miedo. En este caso, seguridad fue gestión y eficacia.

Pese a que en los spots de 2011 no se hallaron referencias directas a la violencia urbana,esto no implica que la seguridad haya sido abandonada por el PRO como una promesafundamental a la vecindad. Durante la campaña, Macri no sólo le habló a través de spots a laciudadanía: salió a la calle, firmó “compromisos” con los vecinos prometiendo más seguridad en los barrios y mayores medidas de protección securitaria a través de la distribución debotones antipánico y la colocación de cámaras de video-vigilancia en espacios públicos. Estaspromesas, que cruzan la gestión con la campaña electoral, se enmarcan en eventos quebuscaron ser comunicados desde los noticieros de los horarios centrales y en el vivo y directoque permiten los canales de noticias. Estos acontecimientos son cristalizados luego en videosque pasaron a formar parte de su campaña 2.0. A partir de estas intervenciones, se presentanen pugna por el espacio público dos grupos de sujetos excluyentes: los vecinos, ese nosotrosinclusivo (víctimas); y los delincuentes o disturbadores del orden público, esos otros, sobrelos cuales las cámaras y las fuerzas policiales deben focalizar su atención.

De modo similar, la alianza UNEN en la campaña 2013 utilizó en términos generalesesta estrategia donde el temor difuso de la ciudadanía se vuelve un tema destacado. Frente alas PASO, cada una de las listas internas de UNEN tomó al respecto un posicionamientoparticular. Juntos enfatizó la necesidad de generar cambios institucionales en los tres poderes del Estado con el objetivo de combatir la corrupción, como paso previo para ganar la batalla contra el delito. Acentuó, además, la necesidad de crear un marco de contención e inclusión social. Paralelamente, planteó la existencia de “zonas peligrosas” en la ciudad, que deberían ser evitadas con el objetivo de resguardar la paz social. Recomendación que deriva en la fragmentación social y la circulación limitada en el espacio público, volviéndose incompatible con el planteo de la generación de medidas inclusivas.

Suma +, por su parte, propuso afrontar el problema de la inseguridad por medio de la implementación de una estrategia de “seguridad global”, tendiente a amalgamar las políticas públicas de las más diversas agencias estatales. Esto apareció relacionado con la necesidad de proteger la vida de los ciudadanos, entendida como aquel bien que el Estado tiene la obligación de proteger y potenciar. Argumento que vino a justificar el despliegue de políticas de ley y orden hacia el delincuente.

Coalición Sur planteó un discurso en torno a la inseguridad ligado a la defensa de la soberanía nacional, en pos de la cual el Estado debe proceder con todas las armas de que dispone. Función que habría sido dejada de lado por la gestión kirchnerista. La emergencia dela delincuencia en las fronteras argentinas se vinculó al accionar de “mafias”: el narcotráfico,la trata de personas y las barras bravas. La solución pasó, entonces, por retomar el control del territorio y limpiarlo de estos agentes mafiosos que atentan contra la seguridad de la población.

Dicho diagnóstico fue compartido por la lista Presidente Illia, que para neutralizar alas mafias mantuvo la necesidad de controlar los flujos circulatorios hacia el interior del
territorio nacional. En ese sentido, remarcó la ausencia de políticas de prevención del delito y,a la vez, sugirió implementar políticas punitivas. En suma, las cuatro listas, algunas con mayor intensidad que otras, colocaron a la seguridad en un lugar central de su diseño de campaña.

En el marco de la contienda electoral de la ciudad, por otra parte, el FPV enfatizó la necesidad de seguir acompañando las políticas y obras del gobierno nacional, que definen una agenda propia en materia de seguridad. Por momentos, la agenda de la inseguridad parece serla agenda del otro, de aquel que apela a un ciudadano atemorizado. El temor, en última instancia, aparece vinculado con la posibilidad de correr el foco dela agenda política instaurada en los últimos diez años por el Gobierno Nacional, por ejemplo mediante la constante apelación a las políticas educativas y de desarrollo humano. Los spots de las campañas desde 2007 silencian los riesgos, y revelan en términos de positividad aquello que el Gobierno Nacional hizo en términos de políticas sociales en Argentina.

No obstante, hay épocas de tensión en las definiciones del FPV en términos de la incorporación de la agenda sobre seguridad. En ciertas campañas, las definiciones del FPV entorno de la política de seguridad comienzan a cobrar cuerpo desde cibajes discursivos que aluden a los escenarios de peligro. Por ejemplo, en las elecciones de octubre de 2013 esto se verificó con la ya referida incorporación de la voz del primer candidato a diputado de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y su propuesta para encarar el debate de la baja en la edad penal juvenil. Si bien no es el modo habitual de afrontar la cuestión de la seguridad dentro de la agenda política del FPV en la ciudad, los enunciados de Insaurralde ejercieron en el debate electoral un influencia directa, poniendo el eje de la discursividad del partido, más que en priorizar el desarrollo de las políticas sociales a nivel nacional, en profundizar la agenda del peligro urbano y el castigo de sus actores primordiales: el joven menor de edad de sectores populares en tanto victimario.

Fue justamente a partir del debate sobre la cuestión de la seguridad surgido luego de la propuesta de Insaurralde que las fuerzas de izquierda ingresaron con mayor intensidad en la disputa discursiva sobre la cuestión. En principio, las fuerzas políticas de izquierda coincidieron en la campaña de 2013 en mantener una postura crítica hacia las posturas del FPV, del PRO y de UNEN. De cara a las elecciones generales, Camino Popular acusó alkirchnerismo de “conceder legitimidad ya no solo a reclamos puntuales de la oposición sino al imaginario que sustenta esos reclamos” como un hecho que “deja huellas más allá de una campaña electoral” (Revista Marea, 2013: 2). También el FIT se posicionó en contra de la baja en la edad de imputabilidad juvenil. Estas dos fuerzas políticas coincidieron entonces en
su propuesta de participación comunitaria en seguridad con perspectiva de derechos humanos implementando instancias de vigilancia popular sobre las fuerzas policiales, judiciales y el servicio penitenciario. Políticas preventivas que se orientan a controlar a las fuerzas represivas en defensa de los sectores y clases populares mediante la atribución de un rol activo a la ciudadanía.

Nos interesa destacar, en relación a este eje de análisis, el modo en que todas lasfuerzas políticas remiten, en tiempos electorales, a la cuestión de la seguridad, inclusoaquellos que no incluyen esta temática como prioritaria entre sus líneas programáticas. Laseguridad tiende a posicionarse, de este modo, como uno de los elementos principales de laagenda de campaña.

A partir de su posicionamiento como problema ciudadano, los escenarios electoraleslocales se encontraron teñidos por demandas por más seguridad. Algunos partidos y frenteselectorales estructuraron sus campañas a partir de sus propuestas en materia de seguridad.Pero las disputas discursivas en torno a la problemática hicieron que representantes de todo elarco político debieran definir con especificidad sus propuestas en la materia.

En este sentido, el análisis nos lleva a plantearnos nuevos interrogantes. ¿De quéforma intervienen los sentidos de la historia reciente asociados a la seguridad en los discursosdelineados por fuerzas de izquierda durante períodos electorales? En otras palabras, en unaépoca donde la preocupación por la seguridad resulta significativa, ¿pueden los candidatos deizquierda desconocer un tema históricamente asociado a los sectores conservadores? En estesentido, consideramos que el estudio de las intervenciones de la izquierda en torno al temadeben entenderse en el marco general de una campaña teñida por la imposición de la agendahegemónica alrededor de la seguridad, los riesgos y la exclusión de las fronteras urbanas delos sujetos “peligrosos”.

2.4. El qué y el cómo de la inseguridad

El posicionamiento de la inseguridad como uno de los problemas públicos centrales haderivado, como venimos argumentando, en una mayor presencia de esta cuestión en lacomunicación electoral. En estos contextos, la inseguridad ha sido definida, en el campoacadémico, como una problemática resultante de las políticas neoliberales. “La inseguridadactual se ha producido por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel”(Pegoraro, 2003). Ante el surgimiento de esta nueva condición post-social, surge entonces lapregunta acerca de qué significa gobernar la inseguridad. Cuestión que deriva de la definiciónmisma del concepto de seguridad, proceso en el que los discursos políticos y mediáticos
juegan un rol central. Como expresan Daroqui et al (2003), “las políticas de gobierno y losmedios masivos centralizan el tema de la inseguridad en la cuestión del delito callejero o delcrimen callejero”. A partir de esta recurrencia a nivel discursivo, la inseguridad termina porreemplazar metonímicamente al delito, al tiempo que la prevalencia de estas definiciones delconcepto tiene como contraparte el relegamiento de otras inseguridades que soninvisibilizadas.

En épocas de campaña, este modo hegemónico de definir la seguridad por parte de lasfuerzas políticas porteñas se condensa en propuestas por aumentar la intervención policial y lanecesidad de promulgar herramientas penales más duras para enfrentar el crimen urbano. Estaidea de inseguridad concebida como el delito común y las ilegalidades (por ejemplo, loscuidadores de automóviles) ha sido uno de los estandartes de la comunicación política delPRO, fundamentalmente durante la campaña electoral de 2007, que le permitió a MauricioMacri asumir su cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad. A diferencia de esta primeraestrategia electoral, en la contienda por su re-elección en 2011 se evitó recurrir a la seguridaddesde la retórica del riesgo. Las remisiones a la cuestión securitaria giraron, en cambio, entorno a las políticas implementadas por el gobierno en gestión, centradas en la creación de lapolicía local y diversas estrategias de prevención situacional del delito. Lo mismo sucediódurante las campañas para las elecciones legislativas de 2009 y 2013, donde la seguridadapareció en la disputa discursiva desde las dimensiones de la eficacia, la gestión y elcompromiso asumido.

A pesar de las diferencias de tinte entre las distintas campañas, en la discursividad delPRO la “tranquilidad” prometida se asimila al orden público, cuyo mantenimiento fue elobjetivo mismo de este tipo de políticas que asocian la seguridad barrial con la ausencia dedelitos. Así, el discurso del PRO contribuyó a reproducir la persecución del sujeto desviadoalzada desde los medios masivos en un escenario signado por la criminología del otro(Garland, 2005).

Por su parte, el FPV, principal rival del PRO en las elecciones ejecutivas de los últimosaños en la Ciudad de Buenos Aires, define en forma heterogénea la seguridad, recurriendotanto a los delitos urbanos como a elementos sociales. La seguridad ingresa así en lacomunicación política del FPV a partir de la agenda propia demarcada por el partido enfunción de las políticas puestas en marcha a nivel nacional, evitando por otro lado remitir a lacuestión a partir de la dimensión del miedo. Sin embargo, por momentos y de la mano decampañas personales de algunos candidatos, la seguridad ingresó con mayor fuerza en el niveldiscursivo durante la contienda electoral, generando incluso tensiones al interior del mismo partido. En las elecciones de 2013, la propuesta de Insaurralde para disminuir la edad deimputabilidad puso de manifiesto una forma de entender la seguridad que se distancia de ladiscursividad habitual del partido: rebrota así la cuestión del delito urbano, frente al cual elendurecimiento penal aparece como respuesta privilegiada.

En contra de este discurso punitivo, los sectores de la izquierda proponen un abordajemultidimensional del fenómeno de la inseguridad, poniendo de relieve cuestiones socialestales como el consumo de paco, la exclusión del sistema escolar, la falta de trabajo, entreotras. Una discursividad centrada en la desigualdad como eje para concebir la posesión de lasseguridades sociales perdidas.

En esta línea, tanto el FIT como Camino Popular coincidieron en la campaña de 2013 ensostener que la inseguridad no tiene que ver con el delito común generalmente asociado ajóvenes provenientes de barrios humildes o villas miserias, al que consideran un acto decriminalización efectuado por aquellos que se benefician de la generación de temor en lapoblación. Así, la inseguridad fue definida, más bien, en relación al crimen organizado (latrata de personas, el delito económico, el juego clandestino, delitos contra la salud, elmedioambiente, la seguridad laboral, etc.), el “Proyecto X”, la Ley Antiterrorista, la violenciay la corrupción policial, la desaparición de personas en democracia, la desigualdad de accesoa la justicia, la persecución de luchadores populares y militantes sociales.

Por otro lado, en la elección 2013 el narcotráfico surgió como una figura prioritariapara configurar la definición de inseguridad. En el frente UNEN fue central este ítem. Elejercicio del derecho de soberanía sobre el territorio nacional y el control de los flujoscirculatorios tanto de personas como de mercancías trazaron un lazo entre los conceptos deseguridad y narcotráfico, corriendo el foco parcialmente desde la micro-delincuencia hacia elcrimen organizado. La inseguridad se presenta, de este modo, como una consecuencia directadel accionar de las “mafias”.

En términos generales, el combate contra la inseguridad adquirió un rol preponderanteen las estrategias comunicacionales de las listas que conformaron el frente UNEN. Más alláde las diferencias internas entre los candidatos, muchas cuestiones atravesaron el discurso delas cuatro fuerzas políticas del frente. La inseguridad apareció principalmente asociada a lasnociones de peligros y riesgos urbanos. En general, esta situación fue definida a partir de lacrítica a las falencias en la aplicación de políticas de seguridad, concebidas comoresponsabilidad exclusiva del Estado nacional. A la cuestión circulatoria relacionada con elnarcotráfico se sumaron, en mayor o menor medida, propuestas que platearon la necesidad decombatir la corrupción imperante en el gobierno nacional; mejorar las condiciones de las
fuerzas de seguridad con el objetivo de impedir que éstas se desvíen del cumplimiento de sufunción; y garantizar el efectivo cumplimiento de la ley existente.

Nos propusimos, en este último eje, rastrear los modos en que es definida la seguridaden las gramáticas electorales. Describir cómo entienden la seguridad los distintos sectorespolíticos implica establecer cómo piensan el espacio urbano y cómo proponen resolver losconflictos que en él emergen. En épocas de campaña, el modo de definir la seguridad –asociada al delito común y las ilegalidades– se condensa en propuestas por aumentar laintervención policial y la necesidad de promulgar herramientas penales más duras paraenfrentar el crimen urbano. A este modo de entender la problemática se oponen otrasconcepciones (como el caso del FIT y Camino Popular) que definen la seguridad en relaciónal crimen organizado, la violencia policial y la corrupción estatal. En esta línea, en contra deldiscurso punitivo, se propone un abordaje multidimensional del fenómeno de la inseguridad,poniendo de relieve cuestiones sociales y centrando las discursividades en la desigualdadcomo eje para concebir la posesión de las seguridades sociales perdidas.

3. A modo de cierre: consideraciones finales y nuevos desafíos

La recurrencia de la seguridad como tema privilegiado en las campañas electorales dela Ciudad de Buenos Aires ha presentado matices a lo largo del período estudiado. Elseguimiento de este proceso de construcción de la seguridad como gramática electoral nos hapermitido identificar una serie de ejes a partir de los cuales establecer regularidades ydiferencias en las estrategias electorales de los distintos partidos en pugna a nivel local.

Estos ejes que giraron en torno a la construcción de las figuras de destinatario ycontradestinatario, la inserción de la seguridad en la agenda electoral y los modos deconceptualizarla nos permiten realizar algunas reflexiones generales sobre el vínculo entreseguridad y campañas electorales. Simon (2011) plantea que las campañas locales ynacionales norteamericanas se caracterizaron en las últimas décadas por discursos centradosen la guerra contra el delito. El caso argentino tiene sus particularidades, más aún en términoslocales. El análisis sobre las últimas elecciones en Ciudad de Buenos Aires arrojó que en lascampañas la construcción de los dirigentes puede ajustarse o no a las definiciones explícitasde lucha contra la delincuencia. Puntualicemos desde esta afirmación algunas cuestionessobre la relación entre campañas electorales y seguridad:
i) Las campañas locales en la Argentina de los últimos años están atravesadas por lasestruendosas palabras o silencios alrededor de la delincuencia. Como se revela a partir del
presente análisis, el caso del PRO en la Ciudad de Buenos Aires es una muestra de lacompleja relación entre inseguridad y comunicación política. En campaña se discute el rol delEstado que, ante situaciones percibidas como críticas (como suele instalarse la violenciaurbana en las agendas periodísticas y políticas) debe mostrar su capacidad de recrearse, derevisar los criterios de eficacia en torno de los problemas públicos. De allí que lacomunicación política en el último período busque las herramientas para intervenirdiscursivamente frente a la inseguridad, una de las preocupaciones que, como vimos, másdefinen el termómetro de la opinión pública de la región.
i) En contextos de campaña electoral es cuando pueden emerger las imágenes deldesorden urbano, las disputas en torno al sentido social de la inseguridad, las tensiones sobrelos diversos modos de intervención local tales como la video-vigilancia, la policíacomunitaria, entre otras. Ahora, cuando las campañas están en marcha cobra relevancia ellugar que ocupa el enunciador en los espacios de gestión. Los discursos electorales alrededorde la ineficacia estatal no podrán estar generados por un actor con responsabilidad estatal. Lainseguridad, entonces, deja de ser un plano negativo, deja de centrarse en un diagnóstico deineficacia estatal frente a la criminalidad. De allí que en las campañas oficiales la inseguridadse transforme en seguridad, en acción –ya no en omisión– de un Estado frente a la violenciaurbana. En esos casos, más que describir y enumerar los riesgos delictivos de una ciudad, lascampañas electorales puntualizan las acciones que el Estado ha llevado adelante paraenfrentar la inseguridad y la potencial incapacidad de los espacios opositores para intervenir.Aquí la imagen de la guerra, del delito y de la fuerza estatal no son las más adecuadas. Sí sesubrayan las virtudes del diálogo y el consenso, para seguir construyendo políticas, Estado.En estos casos se promueve un discurso asociado a la eficiencia de la gestión, a un nosotrosvecinos amparado por un Estado activo, que genera tranquilidad desde la gestión de laseguridad. Está ahí, nos cuida. Las barreras son contra la discordia, contra el desorden, laineficacia y la violencia.
iii) Durante los procesos electorales la comunicación política aporta a la reificación delbinomio seguridad/inseguridad en una parte de las campañas locales latinoamericanas. Sedefine un horizonte en el que la administración es por el futuro de la vida del nosotros. Elfuturo es el de las vidas que se ubican al interior de nuestro territorio. Las campañas del PROen gestión refuerzan la imagen de un espacio protegido (la Ciudad de Buenos Aires), entérminos locales. Más allá de su frontera, la otredad. Pero dentro de nuestro mapa secircunscriben zonas resguardadas de la violencia que se cuela dentro de la cotidianeidad delos vecinos de la ciudad. En este sentido, hemos visto que la finalidad de la video-vigilancia
es localizar y reducir las pequeñas y cotidianas incivilidades así como las oportunidadesdelictivas propagadas en la ciudad, particularmente en zonas frecuentadas por las potencialesvíctimas. La inseguridad es comprendida como un ataque contra el nosotros ciudadano y laseguridad lo es como un umbral de tolerancia y de orden que debe ser defendido de loabyecto. El ejercicio de gobierno que recuerda la campaña alude, entonces, a la búsqueda dela seguridad local, ubicando a los fantasmas como un abyecto exterior a la territorialidadciudadana. El fantasma de un otro confrontativo y violento no debe advertirse dentro de losparámetros de un ilusorio orden interno.

Estos resultados y reflexiones no pretenden ser definitivos. Más bien tienen comoobjetivo conducirnos a profundizar la descripción de las regularidades y diferenciasdiscursivas en torno a la seguridad que adoptan las gramáticas electorales en las sociedadescontemporáneas. Estas variables serán revisadas de cara a la elección de 2015, a fin esestablecer los ejes sobre comunicación electoral y seguridad que puedan ser seguidos enfuturas elecciones locales y ampliados a campañas nacionales.

Al mismo tiempo, el análisis presentado invita a repensar cómo seguir trabajando la construcción de la seguridad en tiempos de campaña y su interconexión con el campo político a nivel local. En ese sentido, formulamos algunas direcciones posibles para un abordaje futuro.

Una de las cuestiones que dispara el análisis es que no todas las fuerzas políticas analizadas han abordado la seguridad desde la dimensión del miedo. Ahora bien, para indagar qué tan distinta es la concepción de seguridad de las fuerzas políticas estudiadas, ¿es suficiente el análisis de la discursividad electoral? Para explorar esta idea por fuera delmercado electoral, una de las tareas a encarar próximamente es la realización de entrevistas enprofundidad a referentes políticos de los partidos electorales relevados.

Vinculada a esta cuestión se halla el tema de si el abordaje discursivo desde el miedose vincula o no al período de gestión gubernamental. Por un lado, entrevistar a los referentespolíticos de fuerzas que se distancian de la perspectiva del miedo nos permitirá ver qué opinanal respecto y derivar algunas ideas y conjeturas de trabajo. Y por otro, entrevistar a referentesde organizaciones que no lo hacen, permitirá corroborar o no nuestra hipótesis inicial acercade que las reconversiones del significado de la categoría de seguridad se vincula con elmomento de gestión que atraviesa cada fuerza.

Por otra parte, considerando que en la mayoría de los discursos analizados subyace elsupuesto de que no existe la seguridad (ya sea que se la interprete en su dimensión punitiva oen sus dimensiones política, social y cultural) resulta interesante pensar en qué medida se
hallan presentes en las prácticas de la ciudadanía, o parte de ella, tipos de seguridad que noson asimilables a los que las fuerzas políticas remiten en la discursividad electoral. En estepunto, durante la elección de 2015 se indagarán las perspectivas de los actores socialesoriundos de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, a través de una serie de entrevistasindividuales y colectivas. Se buscará atender a las formas de definir la seguridad en clave deanálisis en recepción a partir de la exhibición de spots de campaña. De ese modo, podremosobservar las semejanzas y contrastes entre las retóricas electorales y las opiniones que suscitaen distintos sectores de la sociedad, particularizando en la dimensión moralizante de losdiscursos y las resistencias a las que dan lugar.

Notas al pie:
1 Para ampliar, véase Fernández, M. (2014). “Campañas políticas y retórica electoral. La discursividad de UniónPRO y de Frente para la Victoria de cara a las elecciones primarias 2013”. AVATARES de la Comunicación y laCultura. Dossier Nº 7: Comunicación y Ciudad. Publicación de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de laFacultad de Ciencias Sociales. UBA. Buenos Aires, junio de 2014. Disponible en:http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/avatares/article/view/32882

2 Para ampliar, véase el documento “Los nuevos paradigmas del Ministerio de Seguridad y el Consenso Federal”.Disponible en: http://www.minseg.gob.ar/sites/default/files/Publicaciones/Los%20Nuevos%20Paradigmas%20del%20Ministerio%20de%20Seguridad%20y%20el%20Consenso%20Federal.pdf3Para ampliar, véase Calzado, M., Estévez, E., Fernández, M. y Van den Dooren. S. (2013) “Seguridad, gestión ysignificación. Notas sobre la presentación del Ministerio de Seguridad (noviembre de 2010)”. En Actas de lasVII Jornadas de Jóvenes Investigadores organizadas por el Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG).UBA, Disponible en: http://iigg.sociales.uba.ar/jornadas-de-jovenes-investigadores/

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