Fuente: Artículo de opinión publicada en la web de Patria Grande el 6 de octubre de 2013.
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Elecciones y demagogia punitiva
En la campaña electoral, salvo contadas excepciones, todo el espectro político acuerda en poner a LA inseguridad como principal “problema a solucionar”, pero esto no representa mayor novedad por parte de la oposición de derecha. Es en las filas oficialistas donde debemos centrar nuestro análisis, por haberse producido un cambio con respecto al pasado reciente.
Por Jonathan Gueler
La creación del Ministerio de Seguridad hacia fines de 2010 se dio de manera desprolija y apresurada a raíz de la toma del Parque Indoamericano, que terminó con varios muertos producto del accionar de las Fuerzas de Seguridad, que estuvo en el centro del debate. No obstante, este cambio incluyó, aunque de manera parcial y limitada, la cuestión de la seguridad en la órbita del debate político.
La designación del Teniente Coronel (R) Sergio Berni como segundo hombre de la ministra Garré a comienzos de 2012 no fue un simple cambio de nombres, sino que trajo consigo el avance de la política “tradicional” de seguridad. Los anuncios de reformas en materia de seguridad, más allá de que en muchos casos quedaron en palabras, fueron perdiendo lugar en favor del crecimiento del perfil público del secretario de seguridad, que ante la posterior salida de Nilda Garré y su reemplazo por Arturo Puricelli terminó teniendo más lugar que el propio ministro. Berni no tiene ningún reparo en desalojar protestas sociales por la fuerza, afirmando que «no sabe cómo desalojar un piquete en forma pacífica», declarándose “no garantista”, atacando a trapitos o refiriéndose al Poder Judicial como “el abogado defensor del delincuente”.
Así llegamos al reciente despliegue de miles de gendarmes en el conurbano bonaerense posterior a las PASO, que se suman a los que ya estaban apostados allí con el Plan Centinela desde 2011. Es preocupante la liviandad con la que se pone a una fuerza militarizada, que “no tiene la función de brindar seguridad ciudadana” (esto en palabras del propio Berni) a patrullar el Gran Buenos Aires.
Un pistolero para ir a la guerra
La (nueva) separación del Ministerio de Justicia y Seguridad bonaerense es sin dudas otro de los datos importantes, por la elección de Alejandro Granados al frente de la cartera de Seguridad (Casal seguirá al frente de Justicia).
El hasta ahora intendente de Ezeiza fue cuestionado entre otras cosas por el recuerdo de las declaraciones que dio en 1999, cuando aseguró que se vivía una “guerra con los delincuentes, y la guerra hay que librarla, es a matar o morir”, así como también opinaba que en ningún hogar debía faltar un arma. Pero no es necesario irse tanto tiempo atrás para formar una opinión.
Como secretario de seguridad municipal había designado a comisarios bonaerenses, haciendo explícita la delegación en manos policiales del gobierno de la seguridad. También organizó las llamadas “cuadrículas”, modelo que ahora quiere llevar a todo el territorio provincial, a cargo de ex agentes de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Así, no resultan raras las declaraciones del nuevo ministro, de inundar la provincia de policías, aumentando de los 55.000 actuales a 100.000 efectivos. También planea distribuir “miles y miles y miles de cámaras” como forma de lucha contra la inseguridad.
Como si esto no bastara, se encargó de dejar bien clara su postura en la materia, al sentenciar que “la inseguridad no es de ningún partido político ni hace ninguna elección de clase social: al que le toca, le toca”, desconociendo totalmente la vulnerabilidad en la que se encuentran los sectores más postergados, y al referirse al delito como algo que “excede a la política y todos debemos colaborar”. Una aseveración como ésta en boca de un ministro resulta realmente grave, porque desplazar del terreno de la política a la problemática de la seguridad implica desentenderse y confiarla a las estructuras policiales autogobernadas.
Cárceles: cómo retroceder más aún
Las cárceles de nuestro país son un reducto donde poco cambiaron las cosas desde la última dictadura. El Servicio Penitenciario Federal sigue siendo una estructura jerárquica y militarizada y la tortura sigue siendo moneda corriente.
A raíz de distintas fugas de prisiones federales, debió renunciar Victor Hortel al mando del Servicio, siendo designado en su lugar Alejandro Marambio, quien ya se había desempeñado en el mismo cargo entre 2007 y 2011. Durante su gestión aumentaron los tratos crueles a los presos y a sus familias, y se produjo la mayor avanzada contra el Programa de Educación en Cárceles UBA XXII, llegándose al punto de cerrar el establecimiento universitario. Marambio fue además el único director del SPF que cerró la entrada a la cárcel a organismos de Derechos Humanos desde 1983. En el corto plazo que lleva habiendo reasumido el cargo, ya se sucedieron dos muertes dudosas, que se encuentran siendo investigadas.
Todos estos hechos despertaron fuertes cuestionamientos por parte de distintos organismos de DDHH, pero también de figuras afines al oficialismo como Verbitsky y Anguita, o sectores de la propia militancia kirchnerista. El desafío de los sectores populares, incluso de aquellos que se identifican con el proyecto kirchnerista, es denunciar firmemente estas medidas que atentan directamente contra los intereses de nuestro pueblo.