Fuente: Entrevista publicada en Yoquierosaber.org en octubre de 2017.
[Fragmento sobre seguridad pública]
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¿Creés que se debe bajar la edad de imputabilidad a 14 años?
No, se debe mantener en 16 años.
La baja de la edad de imputabilidad de ninguna manera va a resolver los graves problemas de inseguridad que vivimos en la Ciudad y en todo el país. El punitivismo es lo único que pueden ofrecer los partidos y representantes de un Estado entrelazado por distintas vías al narcotráfico, la trata de personas y el delito organizado. Hay una política que busca criminalizar a la juventud cuando el problema que tenemos está colocado en la cabeza del Estado. La baja de la edad de imputabilidad aumenta el poder de las mafias enquistadas en las «fuerzas de seguridad» (la bonaerense, la federal y todas las fuerzas represivas) para el reclutamiento criminal y el gatillo fácil, y abre el camino para un mayor encarcelamiento de los jóvenes pobres, principales víctimas de la arbitrariedad policial. (argumentan que el actual régimen de minoridad permite el confinamiento de jóvenes en los sórdidos institutos de encauzados. Pero en vez de plantearse superar a esas verdaderas escuelas del delito con tutela estatal, macristas y “opositores” planean mandar a los jóvenes a otro infierno: las cárceles comunes, que están atiborradas de miles de presos sin condena.)
¿Creés que las fuerzas de seguridad deben monitorear las actividades en Internet?
No, sólo cuando un juez se lo ordene.
Defendemos la libertad de expresión.
¿Creés que las Fuerzas Armadas deberían colaborar en la lucha contra el narcotráfico?
No, es inconstitucional que las FFAA intervengan en asuntos civiles.
En el continente, la introducción de las FFAA en la cuestión del narcotráfico ha sido la excusa para promover políticas de militarización y represión contra la población, en un contexto de ajuste y ataque a los derechos de la mayoría de la población. El narcotráfico no podría tener la dimensión que tiene si no estuviera sostenido desde los distintas instituciones del Estado, en primer lugar, la fuerzas represivas y de «seguridad». (Acusa de fascista la idea de militarizar los barrios.)
¿Creés que debería prohibirse que haya manifestaciones con los rostros cubiertos?
No, hacerlo dejaría vulnerables a los ciudadanos ante posibles represalias por parte del Estado y/o particulares
¿Creés que el Estado debería prohibir los cortes de ruta, calles y/o avenidas como forma de protesta?
No, es reprimir la protesta social legítima y eso no tiene lugar en un Estado de Derecho y en democracia.
Defendemos los métodos de lucha de los trabajadores y los sectores más necesitados. En lugar de reprimir las protestas, el Estado debería ocuparse de dar respuesta a los reclamos urgentes del pueblo trabajador.
¿Creés que los policías fuera de servicio deberían portar su arma reglamentaria?
No, el que tengan armas fuera de servicio facilita los casos de gatillo fácil.
¿Creés que debería despenalizarse la tenencia de marihuana para consumo personal?
Sí, estoy a favor del consumo privado irrestricto.
Acompaño la despenalización del consumo de la marihuana. La criminalización de los consumidores, en cualquier materia, siempre es una vía de atropellos a la población y reforzamiento de la prepotencia estatal y sus corrompidas fuerzas de seguridad. Nuestros diputados han sido impulsores de una ley de cannabis medicinal más amplia que la que finalmente se aprobó. Reclamamos el inmediato fin de los allanamientos, detenciones y procesos penales a cultivadores de cannabis y a los usuarios por la simple tenencia. Es necesaria la urgente reglamentación de la ley de Cannabis Medicinal (27.350) y la incorporación del cultivo solidario y colectivo; la implementación de una ley de atención pública, universal y gratuita de los problemas asociados al uso de sustancias psicoactivas y la urgente modificación de la ley de drogas (23.737), para que permita el cultivo personal, solidario y colectivo. («Nuestra lucha por la despenalización -y por el desmantelamiento del aparato represivo entrelazado orgánicamente con el narcotráfico- no puede confundirse con la apología de la droga, que busca liquidar a la juventud como factor transformador de una organización social que, para sobrevivir, criminaliza sus propias finanzas y ramas económicas. «)
¿Creés que debería restringirse la permanencia en el país a inmigrantes con procesos judiciales iniciados?
No, todas las personas son libres de ingresar, permanecer y salir del país.
La política antiinmigratoria sólo ataca a los migrantes trabajadores, para facilitar su sobreexplotación en todos los planos, los ilícitos y los “lícitos”. Es por eso que desarrollamos el año pasado una gran campaña política contra el decreto antimigratorio presentado por el macrismo, no sólo como una lucha democrática sino también por la unidad de todos los trabajadores –nativos y extranjeros– en defensa de sus conquistas y condiciones laborales. La persecución al extranjero sólo apunta a deprimir, todavía más, el piso de la condición de vida y de trabajo de toda la clase obrera. Nuestro programa plantea: derecho a la radicación del trabajador migrante; igualdad de condiciones en la contratación laboral; blanqueo del precarizado, con la sola denuncia de su condición laboral al Estado; urbanización de las villas, por el carácter público y el control de los actos migratorios por parte de organizaciones obreras y de la comunidad inmigrante; que se derogue el secreto bancario para conocer a los lavadores y sus vínculos con el aparato estatal. Luchamos contra las mafias capitalistas, y por la libertad y los derechos de los trabajadores de todo el continente. (el “control de antecedentes”, en manos de un Estado y un aparato policial con mil vínculos con el delito organizado –nacional e internacional- bien puede convertirse en el instrumento para que el ingreso de inmigrantes quede al arbitrio de redes mafiosas y paraestatales, las que cuenten con “banca” en las fronteras.)