Mercedes Calzado, Mariana Fernandez, Vanesa Lio
Trabajo publicado en la Revista Argumentos, publicación del Instituto de Investigaciones Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales. 2014. Acceda desde aquí.
Para citar este artículo: Calzado, M., Fernández, M. y Lio, V. (2014). Ciudad, delito y política: El desafío de las izquierdas porteñas frente al debate electoral sobre seguridad urbana. Argumentos. Revista de crítica social, 16, 199-227.
Introducción
Las ciudades son el foco privilegiado de los debates sobre la cuestión securitaria. En la hendíasis espacio-poder, en los contactos, interacciones y procesos diversos que atraviesan el ámbito urbano, surgen también los conflictos que responden al cruce de actores con realidades, lógicas e intereses heterogéneos en el entramado social. “No existen ideas políticas sin un espacio al cual sean referibles, ni espacios o principios espaciales a los que no correspondan ideas políticas”, formula Carl Schmitt (citado por Cavalletti, 2010: 7). El espacio urbano y las ideas que giran en torno a la seguridad poseen un vínculo estrecho. Ambos se coimplican y generan una relación –con términos fuertemente arraigados en la retórica criminológica pero de compleja delimitación conceptual como “seguridad ciudadana” y “violencia urbana”– que ha sufrido múltiples transformaciones a partir de la crisis del Estado de Bienestar y la consiguiente refuncionalización del Estado.
Ante las modificaciones de las racionalidades de gobierno bajo las políticas neoliberales, se fueron redefiniendo las “nuevas inseguridades” de las ciudades latinoamericanas. Pergoraro (2001) reflexiona acerca de cómo la instauración del modelo neoliberal modificaría el proyecto de vida y, en consecuencia, cambiarían los modos de percibir la inseguridad y la cuestión urbana. A medida que se incrementa y se visibiliza la “privación relativa”, disminuye la distancia física entre miseria y riqueza en los espacios públicos. La “ville dépleuplée”, el “triste recuerdo del antiguo esplendor”, habitado por los “incapaces de trabajar, compartir, reproducirse” (Cavalletti, 2010: 65) se muda al interior mismo de las ciudades.
Así, se instala el problema del delito interpersonal como el que genera mayor inseguridad en el ámbito urbano: “El individualismo que promueve el capitalismo salvaje con sus políticas neoliberales no sólo produce efectos macroestructurales sino también a nivel de la vida de sobrevivencia personal, individual, que logra desensibilizar a los individuos, anular o adormecer lazos humanos de solidaridad”, recuerda Pegoraro (2001: 22). Rosa Del Olmo (2000) revisa cómo se produce este proceso en las ciudades latinoamericanas. En él, un veloz aumento de la violencia social y delincuencial conlleva a que el diseño de políticas urbanas comience a girar en torno a la inversión en dispositivos de vigilancia y la distribución de agentes de seguridad, herramientas que trazarán una línea divisoria entre zonas riesgosas y zonas protegidas. Estas políticas y dispositivos garantizan la circulación en áreas de tránsito masivo mediante el control de quienes se desplazan. Se gobierna no ya la inseguridad producida por el mercado, como en tiempos del Estado Social, sino la inseguridad delictiva.
En las “sociedades de la prevención” (Pitch, 2009) la ciudad se rodea de cercos y cámaras de seguridad, configurando un estado de alerta permanente signado por el miedo y la desconfianza recíproca. El extendido abandono de la convivencia en la heterogeneidad conduce inevitablemente a la fragmentación. El aislamiento de sectores acomodados en countries y barrios privados, así como la profusión de marchas para “combatir la inseguridad” constituyen pugnas por el espacio público, expresiones del deseo de expulsar a la otredad.
Este proceso se alimenta en los medios de comunicación masiva. La aparición massmediática del fenómeno de la inseguridad no hace más que profundizar la potencialidad del peligro mediante la escenificación de un sinfín de medidas preventivas que los individuos deben adoptar en defensa propia. Circular por sitios bien iluminados, proveerse de aparatos de vigilancia, mantenerse en contacto permanente, no abandonarse al azar. He aquí el imperativo que debe seguir todo aquel que no desee toparse con las virtualidades que amenazan su seguridad. No obedecer a las advertencias sella la maldición y la culpabilidad por no haber asumido la responsabilidad de protegerse de los daños. Sin embargo, la sensación de inseguridad presenta una autonomía relativa respecto de la cantidad de delitos que ocurren en un momento particular (Kessler, 2009). Tampoco atañe a todos los tipos de criminalidad ni refiere solamente a los transgresores de la ley. Se atribuye principalmente a cartoneros, piqueteros, “trapitos” como generadores de desorden en la ciudad. El riesgo se estructura en torno a percepciones relativamente autónomas, que manifiestan la angustia y el temor en un sentido performativo. Para indagar los factores que contribuyen a generar inseguridad, asegura Kessler, debemos tener en cuenta un mecanismo que denomina “victimización indirecta”. En sus propios términos: “Cuando en una sociedad hay más personas victimizadas, circula más información sobre estos hechos, una mayor cantidad de conocidos o relaciones indirectas se enteran y lo difunden en sus conversaciones cotidianas, y así se intensifica la preocupación por el tema, más allá de haber sufrido o no un delito. La información sobre delitos actúa como anticipación de una eventual victimización personal futura y, de este modo, se convierte en una fuente de temor” (2009: 70-71). A medida que la percepción de desprotección se generaliza, la ciudadanía comienza a reconocerse como víctima y reclama al Estado una suerte de seguridad absoluta que no puede convivir con la legalidad de un orden democrático. Para dar un ejemplo, podemos pensar en el caso Blumberg. La puesta en agenda del secuestro y muerte de Axel Blumberg generó un clima de conmoción, mediáticamente promovido, que a partir de la consecución de marchas ciudadanas por seguridad logró motorizar el “endurecimiento” de penas en 2004. Los ciudadanos y ciudadanas exigen orden, administración y eficacia a los funcionarios encargados de gobernar la ciudad. El miedo hacia un enemigo externo, omnipotente, invisible, emerge como preocupación generalizada que se vuelve un imperativo de gestión fundamental.
Los grandes medios, por otro lado, no sólo han potenciado el discurso neoliberal de la fragmentación y la exclusión, sino que han impuesto transformaciones en las formas de hacer política. A partir de principios de la década del ’80, la televisión se instaló como un ingrediente muy importante del proceso político y demostró una gran capacidad para absorber –cuando no crear– al escenario político según sus reglas de construcción del espectáculo. En los tiempos de la “primacía del aparecer” (Landi, 1991), la agenda política comenzó a teñirse cada vez más por el escenario de la violencia urbana y los reclamos de seguridad. Ante la permanencia del imaginario colectivo del riesgo, de raíz neoliberal, y de la convivencia en las ciudades teñida por las tensiones que generan la seguridad y la violencia, los referentes de la criminología crítica y de izquierda han reflexionado acerca de su rol en tanto analistas y se han cuestionado sobre la necesidad de intervenir en las políticas criminales y de seguridad. Esta postura implica un abordaje desde un marco conceptual más amplio que aquel de la seguridad personal amenazada por el delito convencional. Un factor central, en esta línea, es la inclusión de otras inseguridades ligadas a cuestiones estructurales del orden social imperante. “Este pensamiento se cimenta en la develación y crítica del funcionamiento real de la política penal que reproduce relaciones de dominación-sometimiento de la estructura social”, considera Pegoraro (2001: 1).
Es justamente en este sentido que nos interesa preguntarnos acerca del desafío que implica para los espacios políticos de izquierda inmiscuirse en un debate abierto, caracterizado ante todo por su complejidad y por suscitar grandes forcejeos y rivalidades, en el contexto de las elecciones primarias y generales al Congreso Nacional de 2013. Un escenario en el que la cuestión securitaria apareció como un elemento recurrente en los discursos diseñados por los partidos y alianzas políticas de todo el arco ideológico argentino por considerarse uno de los temas centrales de la agenda pública (Lagos & Dammert, 2012). ¿Cuáles son las particularidades que asume la enunciación de organizaciones de izquierda en torno de la seguridad? ¿De qué modo se reorienta esta disputa a partir de la intervención de fuerzas políticas que en general no forman parte de la agenda pública y mediática de las discusiones sobre delito urbano? ¿Qué riesgos conlleva su inserción en un debate que responde a una agenda que no es propia y, llegado el caso, implica involucrarse en gestionar la seguridad ciudadana en el marco de un contexto social y político no proclive a resolverlo de manera estructural (Pegoraro, 2001)? Es esta la preocupación que recuperamos en este trabajo. Nuestro fin es indagar los procesos de producción social de sentido puestos en juego por los candidatos en sus diseños comunicacionales de campaña para interpelar a sectores del electorado, a partir del análisis de los discursos en circulación del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y del Frente Camino Popular.
Aspectos metodológicos
A fin de identificar cómo fue conceptualizada la problemática securitaria y en qué dirección se orientaron las propuestas, se utilizó un conjunto de spots de campaña, plataformas políticas y declaraciones de candidatos a diputados, senadores y legisladores de ambos frentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El período de relevamiento se extendió desde 30 días antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que tuvieron lugar el 11 de agosto de 2013, hasta el día posterior de las elecciones generales realizadas el 27 de octubre. Para el caso del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) se relevaron diez spots, se revisaron tres portales web (www.frentedeizquierda.com.ar; www.po.org.ar; www.altamiraresponde.com.ar), dos piezas de campaña gráfica y una de folletería que contenía las propuestas del frente. En el análisis de Camino Popular se relevaron ocho spots, se examinaron tres portales web (www.caminopopular.org; http://itai.org.ar; www.claudiolozano.net) y una revista editada por Marea Popular durante el período de campaña (posterior a las PASO). Además, para ambos casos, se tomaron las plataformas electorales, declaraciones de los candidatos en medios gráficos y audiovisuales relacionadas con la temática de análisis, y las publicaciones en redes sociales vinculadas a la problemática de la investigación1. En este conjunto de materiales se buscaron específicamente los ejes vinculados a la cuestión de la seguridad urbana. Una vez identificados los materiales que contuvieran elementos centrados en el debate sobre la seguridad, se construyó un corpus específico en base al cual se efectuó el análisis cuyos resultados se presentan en este artículo2.
Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas semióticas de análisis del discurso desde las cuales se realizó una exploración textual sobre las huellas discursivas (Verón 1987a) y las modalidades temáticas y enunciativas del discurso político de las campañas consideradas (Verón, 1987b). Es decir, se localizaron las regularidades insertas en las formaciones discursivas (Foucault, 2002; Fabri, 2000) desde las cuales fue posible alcanzar las conjeturas interpretativas que aquí se presentan. El análisis sobre el material se realizó considerando las siguientes regularidades temáticas: violencia-desorden, orden-ley, seguridad-inseguridad, delito-crimen, delincuente, víctima, ciudadano, instituciones de control, modos de intervención política, local/nacional/global. Respecto de la construcción enunciativa se analizaron y compararon las formas de la enunciación (Benveniste, 2004) de ambas campañas así como las entidades y componentes de la comunicación política (Verón, 1987b) en épocas electorales. El análisis estuvo guiado por las siguientes preguntas: ¿Qué rasgos atribuyen el FIT y Camino Popular a la ciudad, sus conflictos y sus responsables en el contexto electoral? ¿Cómo conceptualizan la seguridad urbana? ¿Cómo perciben las formas de abordar estas cuestiones? ¿A qué modelo securitario apuntan? ¿Qué coindicencias y divergencias mantienen entre sí? ¿Cómo es interpelada la ciudadanía? ¿En qué medida se alejan de las definiciones neoliberales sobre la inseguridad y el orden urbano?
El supuesto de partida es que la disputa discursiva por definir la inseguridad y los riesgos urbanos tiene a los períodos electorales como escenarios privilegiados. En una época donde la preocupación por la seguridad resulta altamente significativa, el FIT y Camino Popular se ven involucrados en el debate público sobre la agenda del control del delito y la violencia que matizan el contexto urbano. La ciudad entendida como una construcción compleja y en conflicto permanente es un punto de partida para pensar el lugar que juega el espacio público en la configuración de los miedos actuales y las demandas por seguridad en el contexto electoral.
Criminología crítica y nueva prevención del delito
El criminólogo italiano Darío Melossi (2012) aporta elementos para analizar el vínculo entre fuerzas de izquierda y el discurso hegemónico en materia de seguridad. El advenimiento del modelo de la nueva prevención deviene, en los países centrales, de cuestionamientos provenientes tanto de la derecha criminológica como de la criminología crítica a los estados benefactores en el campo criminal. Siguiendo al autor, si durante la época del welfare state (1945-1973) la emisión de seguros sociales, subsidios y medidas de asistencia social convivía con la disminución de las tasas de encarcelamiento y un discurso público hacia los transgresores centrado en la innovación, la inclusión y la reforma e incluso en la abolición del sistema penal, a partir de la crisis del petróleo de 1973 esto comienza a cambiar. Se generaliza el desempleo y decae la organización de los trabajadores, al tiempo que las tasas de encarcelamiento se disparan en forma masiva. El discurso predominante deja de ser el de la inclusión y el experimentalismo, para puntualizar en la responsabilidad y la retribución. Desde la derecha criminológica se cuestiona a las políticas welfaristas alegando que poseen una finalidad demasiado tolerante y utópica frente al carácter predatorio de los infractores. Estos sectores no dudan en afirmar que es conveniente amontonar presos en las cárceles antes que dejarlos en libertad en razón del peligro que implicaría para la ciudadanía. Considerando el “fracaso” de las políticas welfaristas en la reforma del delincuente, estos criminólogos llaman a la unidad de la sociedad contra la underclass, reactualizando la noción positivista de peligrosidad. Desde los enfoques de izquierda “de derivación liberal y/o anárquica” (Melossi, 2012: 101), se critica a los métodos welfaristas por negar la capacidad de actuar de los delincuentes concibiéndolos como determinados por sus condiciones de existencia. También se reprocha el autoritarismo y la burocracia estatal, demandando democracia participativa y libertad de elección de un estilo de vida propio y/o alternativo, “un libertarianismo que el neoliberalismo triunfante no tendrá gran dificultad en gestionar” (Melossi, 2012: 102).
En este marco, surge un nuevo realismo caracterizado por el abandono de estrategias etiológicas y disuasivas de la criminalidad y su reemplazo por un nuevo modelo de justicia actuarial basado en predictores estadísticos de riesgos. Estos riesgos no se enfrentan ya en forma socializada, como en tiempos del Estado Social, sino por medio de la responsabilidad individual de la ciudadanía, la ayuda de consejos gubernamentales, el sector privado y las fuerzas de seguridad. Las discusiones de la izquierda contemporánea giran alrededor de estas controversias programáticas y disputas discursivas.
Pat O’ Malley (2006) aporta herramientas para pensar este modelo hegemónico de política criminal caracterizado por el diseño de principalmente tres tácticas de prevención del delito urbano. En primer lugar, la estrategia de Prevención Situacional-ambiental se orienta a controlar las circunstancias espacio temporales de producción de los delitos. Estas estrategias además de intervenir en las conductas delictivas apuntan a disuadir las pequeñas incivilidades principalmente a través del lazo de la vecindad con los agentes de seguridad.
La segunda táctica se centra en la Prevención Comunitaria cuyo rasgo principal es inscribir al vecindario como agente activo de participación e implementación de las políticas. Esta técnica es amparada tanto por sectores de derecha como de izquierda, mediante argumentos palpablemente distintos. Si la derecha enfatiza la (utópica) dimensión consensual de un vecindario unido ante la ley, la izquierda (el realismo de izquierda) sostiene que haya existido o no la comunidad como tal, las políticas comunitarias fomentan la participación y la solidaridad en beneficio del pueblo.
La tercera táctica se centra en el lugar que adoptan las políticas de Prevención Social. Estas estrategias, a diferencia de las dos anteriores, acentúan el peso del riesgo económico, afectivo y moral que se considera que llevan al delito. Procuran apartar a individuos vulnerables de la criminalidad por medio del mejoramiento de sus condiciones de existencia mediante la asignación de seguros sociales. Vale destacar que estas tácticas no operan en forma pura.
Camino Popular: “Caminá distinto”
Camino Popular es un frente electoral heterogéneo creado en 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si bien estuvo conformado por partidos de izquierda diversos, predominaron Buenos Aires para Todos -BAPT- (fracción de centroizquierda que rompió con el Movimiento Proyecto Sur) y Marea Popular (de tendencia de izquierda popular), cuyos referentes encabezaron las listas. También formaron parte del frente el Partido Socialista Auténtico (PSA); Camino de los Libres; Unión del Pueblo (UP), brazo electoral de la Juventud Guevarista; el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), herramienta electoral del Partido Comunista Revolucionario (PCR); el Comité por la Reconstrucción del Comunismo Revolucionario (CRCR), una reciente fracción del PCR; PODEMOS, fuerza encabezada por Agustín Vanella y referentes políticos de movimientos sociales tales como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE); la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), entre otros. Para senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires el primer candidato fue Claudio Lozano, jefe del bloque de diputados de Unión Popular; la segunda, Cynthia Pok, ex directora de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC; y los suplentes, Agustín Vanella y Ana Rameri. Para diputados nacionales el primer candidato fue Itai Hagman, de Marea Popular y la segunda, Liliana Parada, de Unidad Popular. Para legislador porteño, el primer candidato fue Fabio Basteiro (Unidad Popular) y el segundo, Jorge Selser (PSA). En las elecciones primarias el porcentaje obtenido fue del 2,17% (40.961 votos) y en las generales, del 2,28% en diputados (41.194 votos) y el 2,56% en senadores (46.638 votos). Ninguno de los candidatos logró los votos suficientes para obtener una banca. En la plataforma electoral, la cuestión securitaria apareció reiteradas veces, en el marco de un programa cuyo eje central alude al “fortalecimiento de las organizaciones populares por la vía de un mayor acceso a la institucionalidad en disputa”. El espacio y el poder, el modo en que se proclama la seguridad se centra en la forma de entender el control del espacio público en términos más amplios. Al respecto, los ítems destacados fueron los siguientes:
1. Reforma de los procedimientos de la justicia que aseguren la igualdad de acceso a todos los sectores sociales, e incorporen instancias de control comunitario del desempeño de jueces y fiscales.
2. Derogación de la Ley Antiterrorista, eliminación inmediata del llamado Proyecto X y enjuiciamiento de los responsables políticos de su implementación, desprocesamiento de los luchadores populares y militantes sociales.
3. Participación popular en las políticas y en las instituciones relacionadas con la seguridad pública, creando órganos de control comunitario sobre las fuerzas de seguridad y los Servicios Penitenciarios.
4. Abrir las cárceles a la sociedad civil y sus organizaciones de trabajadores, estudiantiles y de Derechos Humanos y promover un amplio debate sobre su estado, función y funcionamiento.
5. Prevenir y combatir el delito de trata de mujeres y niñas desmantelando las redes y generando campañas de sensibilización y prevención. Decisión política para combatir la connivencia entre fuerzas de seguridad y redes de trata. Contención a las víctimas, ayuda estatal para su recuperación y reinserción en la sociedad a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. Programa de empleo y facilidades para el acceso a la vivienda de las personas rescatadas de las redes de trata.
6. Reorientar la tutela penal hacia delitos contra la salud pública, seguridad en el trabajo, medio ambiente y reemplazar numerosas sanciones penales por otras de tipo civil o administrativo.
Tal como se subraya en el primer punto, el control de la actuación de los tribunales de justicia, los fiscales, la policía y el sistema penal, son propuestas que apuntan a la generación de instancias de participación popular. El control del espacio es definido por la intervención de actores sociales más amplios que el poder estatal. Ahora bien, ¿qué sectores se constituyen en actores legítimos del cambio y cuáles no debieran ser respaldados por las políticas públicas para esta fuerza política? Camino Popular otorga legitimidad a la “sociedad civil” y sus organizaciones estudiantiles, de trabajadores, y de Derechos Humanos, los luchadores populares, los militantes, “los sectores sociales que no pueden acceder a la justicia”, “especialistas desligados de los partidos políticos”, “personas rescatadas de las redes de trata y el Estado”. Se postula que el conjunto de estos actores en su articulación y organización recíproca debe generar mecanismos de control “comunitarios” de las prácticas punitivas que desarrollan las fuerzas policiales, judiciales y penitenciarias. Para Camino Popular el delincuente es ante todo víctima de la selectividad de la ley penal, de modo que los mecanismos de control de la comunidad deben apuntar a evitar la arbitrariedad por parte de quienes encarnan el resguardo del orden y la seguridad cívica. De aquí el planteo de substituir las sanciones penales por mecanismos de control legal no estigmatizantes, sanciones administrativas o civiles.
En ese sentido, plantea la implementación de políticas de inserción laboral, sociocultural y educativa como forma de enfrentar la cuestión securitaria. En palabras de Hagman: “Con más educación podríamos lograr menores niveles de inseguridad”. En este punto, nos interesa subrayar dos cuestiones: por un lado, el planteo de Darío Melossi (2012) según el cual si hasta fines del siglo XX el sistema penal operó como un dispositivo de disciplinamiento de la clase marginal, las “fallas” de la pena en su función inclusiva dejan al desnudo el problema de la falta de fe en la racionalidad penal moderna para gobernar la criminalidad. De aquí la pregunta por el modo de concebir la generación de políticas alternativas a las punitivas. Por otro lado, conviene señalar con Kessler (2012) que, si bien es cierto que existe una relación de cuestiones sociales tales como la escolaridad y el trabajo con el delito, ésta no debe entenderse como una causalidad exclusiva si no como la matriz de emergencia de un fenómeno. Siguiendo al autor, el incremento de un 150% de los delitos contra la propiedad entre 1990 y 2001 (DNPC, 2001) se produjo a la par del aumento de la pobreza, el desempleo, la desigualdad y la segregación socio-espacial. Sin embargo, esto no debe conducirnos a plantear la relación en términos de un reduccionismo determinista. Como expresa el autor, “el casi exclusivo acento en las privaciones ha sido insuficiente para comprender la particularidad de los hechos” (39).
Volviendo a las declaraciones de Hagman, se puede pensar que la relación entre delito y privación no alcanza a explicar que una parte reducida de quienes se hallan excluidos del sistema educativo cometa delitos. De acuerdo con Kessler, existe cierto consenso respecto de que “la privación económica, conjugada con otros problemas locales (como la desigualdad en la distribución del ingreso, la inestabilidad laboral, debilitamiento del capital social local, deterioro de los dispositivos de generación y mantenimiento de normas sociales) coadyuvaría al desarrollo de un medio social en el que se produce el aumento del crimen, sin que la experiencia individual de privación económica pueda considerarse la única variable explicativa” (Kessler, 2004: 63). Si bien en la campaña no se elaboraron spots específicos sobre seguridad, en las redes sociales circularon notas y entrevistas a los candidatos y candidatas, así como también se pudo ver a Itai Hagman y a Claudio Lozano argumentar en relación a la temática en el canal Youtube.
En varias notas publicadas en el diario Página/ 12 durante el período electoral, Camino Popular se manifestó en contra de los cacerolazos masivos por seguridad desarrollados el 8 de agosto, pocas horas antes de las primarias, así como también del discurso de la corrupción y el autoritarismo atribuido al gobierno nacional por otras fuerzas políticas, tales como la alianza UNEN y el partido liderado por Mauricio Macri, Propuesta Republicana (PRO). Simultáneamente, mantuvo una postura crítica hacia el “oficialismo”. De cara a las elecciones generales, acusó al kirchnerismo de “conceder legitimidad ya no solo a reclamos puntuales de la oposición sino al imaginario que sustenta esos reclamos” como un hecho que “deja huellas más allá de una campaña electoral” (Revista Marea, 2013: 2). Siguiendo a Melossi (2012), este abordaje permite pensar la cuestión penal en forma integral: considerando los mecanismos del sistema represivo frente a la desviación legalmente penada (delito) sin descuidar los elementos simbólicos que surcan la cuestión criminal. Esto es, los discursos y prácticas que legitiman la violencia institucional mediante la construcción de consenso social.
Una de las notas publicadas en el sitio web de Camino Popular refiere al nombramiento de Alejandro Granados como ministro de Seguridad bonaerense y al anuncio de Martín Insaurralde, primer candidato a diputado por el Frente Para la Victoria (FPV), acerca de la conveniencia de bajar la edad de imputabilidad. Para entonces, la cuestión de la seguridad ya estaba explícita en la agenda de campaña y los candidatos de Camino Popular salieron a marcar el posicionamiento político de la fuerza. De este modo, señalaron la gravedad que implica que el debate securitario gire en torno a la juventud socialmente excluida y no a los mayores generadores de inseguridad. En ese sentido, se afirma: “No es real que el delito sea protagonizado mayoritariamente por menores de edad. La tasa de homicidios ejecutados por jóvenes de 16 años es mínima”. Para esta fuerza, los excluidos de la ciudad no deben ser los centros de intervención punitiva del Estado. Aseguran, a la vez, que el despliegue de la política criminal realizado en barrios pobres y villas por el Estado Nacional es incoherente e inefectivo. Más que criminalizar la pobreza, plantean la necesidad de transformar el accionar de las fuerzas represivas: “Nadie reconoce el fracaso de las políticas de seguridad. La Gendarmería hace tiempo que está apostada en las entradas de las villas de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, pero la seguridad para los vecinos y vecinas de esos barrios no ha mejorado. Por el contrario, la connivencia con las mafias es total, como lo demuestra la trágica muerte de Kevin, de nueve años, víctima de una balacera en la Villa Zavaleta hace apenas unas semanas” (Revista Marea, 2013). 410Popular, eliminar la delincuencia de cuello blanco y la connivencia de Gendarmería con “mafias”. De acuerdo a su planteo, el eje de la cuestión debería pasar por descriminalizar los delitos comunes que llenan las cárceles de “perejiles” sin perseguir a los cabecillas del delito organizado: “Las cárceles están llenas de pobres sin condena, de perejiles o eslabones débiles de la cadena del delito organizado, hacinados, maltratados, con índices de suicidios muy altos y con nulas perspectivas al momento de salir más que reincidir. La cárcel es un centro de comando del delito y plantear una extensión del alcance punitivo de este sistema no es más que reproducir la violencia y la falta de derechos vigente” (Ibídem). Encabezado por Lozano y Hagman, el frente plantea que el paso por la prisión de los sectores más vulnerables constituye un dispositivo de exclusión social del que difícilmente se retorna. En diálogo con la tesis de Goffman (1984), Camino Popular subraya que durante la vida poscarcelaria la asignación del estigma de haber estado preso impulsa al liberado a permanecer sujeto a la delincuencia, que a la vez probablemente lo reconduzca a la cárcel. En estos argumentos se basan para criticar a las fuerzas políticas hegemónicas por esgrimir, como única respuesta a las demandas securitarias de la ciudadanía, fundamentos de tipo penal; espacios políticos que refuerzan el imaginario que pide el accionar represivo de las fuerzas de seguridad, extienden la exclusión y la justifican. En ese sentido, en una nota para la agencia de noticias Infonews, Itai Hagman reivindica el derecho del joven transgresor a no ser etiquetado, planteando la necesidad de no caratularlo como delincuente sino como damnificado por un sistema social desigual que responde penalmente a problemas cuyo origen es social: “Hoy el paco está destruyendo la salud de los pibes en los barrios populares y forma parte de un mecanismo de control social. Creo que acá el debate debe ser cómo terminar con estos flagelos que son verdaderos crímenes sociales”, determina.
Nuevamente, aparece la asociación de la inseguridad social a la inseguridad delictiva. La primera, la inseguridad social, se presenta como la “verdadera” en detrimento de la inseguridad ciudadana. Por otro lado, en lo que refiere a la cuestión delictiva, la inseguridad no se reduce a los delitos menores contra la propiedad sino que incluye grandes delitos organizados. Más que controlar al espacio urbano, hay que controlar a los encargados de su vigilancia, a las fuerzas de seguridad. Como se oye decir a Hagman en uno de los spots de campaña: “Si no desatamos el nudo que ata al delito organizado con las fuerzas de seguridad no se va a poder resolver el problema. Para nosotros es clave que existan mecanismos por medio de los cuales la población pueda participar en forma directa, tanto del control como de las decisiones. Eso hoy no existe en Argentina. Nosotros creemos en un modelo de seguridad en donde la ciudadanía sea la que discuta, controle y planee una fuerza de seguridad de otra manera, hay que refundarla de raíz”.
El control se debe hacer “desde abajo”. El frente coloca el acento en la construcción colectiva de poder popular sobre la base de la militancia en una diversidad de espacios a nivel territorial: los sindicatos, las organizaciones sociales, la universidad, las organizaciones territoriales, el movimiento de mujeres, los medios de comunicación alternativos, el movimiento ambiental y los partidos políticos. En este marco, la seguridad aparece como un espacio más donde implementar políticas de participación popular.. La disputa por el poder se define en la disputa por el espacio público. En palabras de Hagman para Infonews: “Otra clave para pensar una salida diferente es incentivar la participación popular en las decisiones que hacen a la seguridad en los barrios, crear instituciones de control y decisión de la ciudadanía y la conformación de cuerpos especializados en la prevención del delito formados con perspectiva de Derechos Humanos”. Desde un modelo comunitario capaz de atender a los derechos humanos se apela a la intervención popular como herramienta de seguridad “en pos de revertir las injusticias, desigualdades y penurias que caracterizan a la Argentina que hoy tenemos”, como se afirma en la plataforma de las listas. La concepción de participación popular de esta fuerza política refiere al concepto gramsciano de hegemonía. Desde esta perspectiva, las relaciones entre la sociedad política y la sociedad civil son de una complejidad específica. La sociedad política, encargada de la coerción, es del orden de lo público y la sociedad civil, en donde se arraiga el consentimiento, es del orden de lo privado. La dirección del movimiento histórico corresponde a las fuerzas de la sociedad civil que constituyen al Estado en sentido amplio, cuyo poder se arraiga mutuamente en el consenso activo de los gobernados y en su función coercitiva (Gramsci, 2003).
Si para funcionar el poder necesita ampliarse, transformarse y ser formado no constitucionalmente sino desde la sociedad civil en su vinculación con la sociedad política, la dirección del bloque histórico alcanza su superación a medida que se construye contrahegemonía por parte de los grupos subalternos al interior del orden capitalista. El logro de condiciones favorables a las clases subalternas depende del modo en que la sociedad civil se organiza y extiende el sentimiento de unidad a las víctimas del capitalismo y enfrenta a dicho orden en forma colectiva. En tanto no se alcance parcialmente la hegemonía en la sociedad civil y se comience a desarrollar potencialmente el modo de vida socialista, no se constituirá un nuevo bloque histórico capaz de superar la dicotomía entre la sociedad civil y la sociedad política como máxima expresión de la democracia. En este sentido entendemos que se orienta la propuesta general de Camino Popular: no sólo en relación al problema de la seguridad sino de un conjunto de cuestiones ciudadanas en las que interviene con un proyecto político de “cambio social”.
Cuando la izquierda “tiene que estar”
El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) es una alianza electoral conformada por el Partido Obrero (PO), el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista. En el marco de la tradición de los partidos políticos argentinos de tendencia trotskista, el FIT surgió en 2011 previo a las elecciones presidenciales y como resultado de la aplicación de la Ley 26.571, que estableció entre los requisitos para la presentación de agrupaciones políticas y candidatos en elecciones generales la obligación de contar con un mínimo del 1,5% de los votos válidamente emitidos en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Vale la pena recordar que la ley 26.571 de “Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral” fue sancionada en diciembre de 2009 y fue aplicada por primera vez en las elecciones de 2011. La ley implementa el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y modifica los requerimientos de los partidos políticos para presentarse a elecciones nacionales. Los partidos que conforman el frente no habían alcanzado, en los años precedentes, las cantidad de votos necesarios que les permitiera superar esta nueva instancia electoral, a la cual se opusieron por considerarla parte de una reforma “proscriptiva y antidemocrática”. Ante esta situación, a principios de 2011 el FIT se presentó con este “bloque único y clasista”. En su declaración programática de principios de 2013 se autodefine como una “referencia política para quienes luchan por la independencia de los sindicatos y la expulsión de la burocracia sindical y sus patotas, y por la independencia de todo movimiento popular del capital y su Estado”. En este contexto, y bajo el lema “El Frente de Izquierda tiene que estar”, el primero de los objetivos que el FIT se propone en su declaración programática es la superación misma de la instancia de la PASO, a los fines de “alcanzar el ingreso de la izquierda revolucionaria al Congreso nacional, a las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes de todo el país”. Reconocen en la campaña electoral una herramienta para “movilizar políticamente a la clase obrera y luchadores populares en todo el país”, dado que “la lucha electoral del FIT está al servicio de organizar y elevar a los trabajadores a la lucha por su propio gobierno”. Los candidatos a senadores nacionales por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Claudio Dellecarbonara y Vanina Biasi, obtuvieron el 3,67% de los votos en las PASO y alcanzaron el 4,68% en las elecciones generales. En diputados, por su parte, con Jorge Altamira, Andrea D’Atri y José Castillo encabezando la lista, el FIT obtuvo el 4,18% en las PASO y el 5,64% en el mes de octubre. En la Legislatura Porteña el primer candidato de la lista, Marcelo Ramal, alcanzó una banca con 91.313 votos, es decir el 4.96%.
Con una discursividad fuertemente marcada por los reclamos y las luchas laborales, la cuestión de la seguridad ciudadana no despuntó como un elemento central en la plataforma electoral ni en los spots de campaña del FIT. Sin embargo, la temática apareció solapada bajo otras propuestas antes de las PASO y en forma de crítica a las medidas tomadas por los gobiernos nacional y local luego de superada la primera instancia electoral. En la declaración programática del FIT las temáticas relacionadas con la seguridad y la justicia aparecen principalmente agrupadas en tres ejes: el denominado “Proyecto X”; la reforma judicial y el estatuto de los magistrados en el país; y las desapariciones en democracia y la violencia policial. Así, en el punto 5 de la plataforma se lanzan una serie de consignas a fin de denunciar y rechazar la persecución de delegados gremiales y organizaciones populares: “Basta de espionaje a los luchadores, que se haga pública la base de datos de ‘Proyecto X’ y que se entregue la información a quienes fueron espiados. Basta de infiltración de las organizaciones populares. Cese de la persecución y anulación de las causas judiciales contra los más de 5.000 luchadores obreros y populares. Absolución de los trabajadores de Las Heras”. A esta misma temática se alude en el punto 18: “Abajo el ‘Proyecto X’, el espionaje y la infiltración a las organizaciones populares. Disolución de todos los órganos de inteligencia cuya función sea espiar, infiltrar y delatar a los luchadores obreros y populares”. Las alusiones al software utilizado por Gendarmería Nacional para el cruce de información se reiteran en entrevistas realizadas a los candidatos, que buscan ser viralizadas a partir de las redes sociales. Al segundo de estos ejes se hace referencia hacia el final, en el punto 23: “Anulación de la reforma judicial kirchnerista. Que se ponga fin a los privilegios de los jueces, como la inmovilidad en sus cargos y las exenciones impositivas. Que todo juez gane lo mismo que un docente. Que cesen en sus cargos todos los jueces en funciones que juraron por el estatuto de la dictadura. No al Consejo de la Magistratura y al actual método de designación de los magistrados. Que los jueces sean elegidos por el voto popular. Que sus cargos puedan ser revocados por sus electores”.
Finalmente, el tercero de los ejes es retomado en el punto 17 de la declaración programática, en el cual se enuncia: “Aparición con vida de Jorge Julio López y Luciano Arruga. Cárcel a los asesinos materiales y políticos de Carlos Fuentealba. Cárcel perpetua y común para todos los genocidas, a los responsables de los crímenes de la Triple A y a los asesinos del gatillo fácil. No a la baja de la edad de imputabilidad. Fuera la Gendarmería y policía de los barrios populares. Anulación de la ley ‘antiterrorista’”. A este último, podría agregarse el punto 15 – “Perpetua para todos los culpables del crimen de Mariano Ferreyra (UGOFE, Policía, Pedraza y su patota)” – en función de la responsabilidad atribuida a las fuerzas policiales. El último eje resulta interesante en tanto condensa los principales reclamos de la izquierda en torno a la seguridad y menciona dos de las cuestiones que se convertirían en objeto central del debate electoral luego de las PASO: la baja de la edad de imputabilidad y la recurrencia a la Gendarmería Nacional para incrementar la vigilancia en ciertas zonas de la ciudad que se consideran de mayor peligrosidad. En los spots de la campaña audiovisual del FIT no se recurre a la cuestión securitaria como sí se hace, en cambio, a través de otros canales y piezas de comunicación gráfica. En un folleto que concentra lo puntos centrales del programa y las propuestas de la plataforma del FIT, se incluye un apartado titulado “cómo combatir la inseguridad” que expresa: “Los trabajadores sufrimos la inseguridad como nadie. Los responsables son quienes supuestamente deben combatirla, ¿o acaso el crimen organizado, el narcotráfico, la prostitución, los desarmaderos o el juego clandestino podrían actuar sin protección policial, judicial y política? Del propio Estado capitalista proviene el germen de la inseguridad. En primer lugar, deben ser destituidas las cúpulas policiales por sus múltiples y comprobados lazos con el delito organizado. A partir de allí, debe establecerse una fuerza de seguridad ciudadana construida sobre nuevas bases; sus cuadros deben ser reclutados y seleccionados bajo el control de organizaciones sociales y de derechos humanos. Los libros de guardia y partes diarios de las comisarías deben estar sometidos al control de representantes electos, para terminar con las zonas liberadas, con el gatillo fácil y los chicos muertos en las comisarías. La descomposición del Estado y de la sociedad capitalista no puede ni debe ser pagada por sus jóvenes, condenados a la destrucción del paco; ni el trabajador sometido a la inseguridad cotidiana; ni por la mujer expuesta a las redes de trata de personas”. El fragmento de gran densidad conceptual nos proporciona un excelente punto de partida para delinear la perspectiva del FIT frente a la cuestión. En primer lugar, la referencia del frente a la “inseguridad” nos conduce a la definición de su opuesto, es decir, qué se entiende por “seguridad”. En las gramáticas mediáticas y políticas, la inseguridad tiende a asociarse a la cuestión del delito callejero (Daroqui et al, 2003). Como consecuencia, la tan aclamada “seguridad” refiere a un pretendido orden urbano donde los delitos estén ausentes y los desvíos puedan ser invisibilizados. En este marco, el FIT se inserta haciendo virar el ojo de la tormenta y haciendo foco en los delitos económicos de gran envergadura – aquellos llamados “de cuello blanco” (Sutherland, 1988) – como el crimen organizado, el narcotráfico, la prostitución y el juego clandestino. El sitio Web de Jorge Altamira, candidato del FIT en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitía intercambiar ideas y consultas del electorado con el candidato. Ante la pregunta “¿Qué opina sobre el problema de la inseguridad y qué medidas plantea para resolverlo?”, Altamira respondía: “Hoy no estamos hablando de la inseguridad que podía haber en otra época, por ejemplo, un punga en el subte, un punga en un tranvía, colectivo, etc. Siguen existiendo los pungas, pero no es eso lo que más preocupa a la ciudadanía. Lo que más preocupa a la ciudadanía es una violencia generalizada en el delito, una escala sin precedentes en el delito, que hay que preguntarse a qué se debe. Todo ese delito es la consecuencia de que en la sociedad capitalista el crimen y la inseguridad es un negocio, como el narcotráfico y la trata de personas”. Para que exista este negocio, agrega, entran en juego “dos instituciones fundamentales: los aparatos de seguridad, por un lado, que son cómplices, que cubren, que ayudan y que se benefician de este tipo de negocios; y los bancos, porque finalmente todo lo que sacan en limpio acá del robo del latrocinio, del crimen, de la trata de personas, de las drogas, lo tienen que blanquear en algún lado”.
De aquí, se desprenden dos elementos. Por un lado, la connivencia de las cúpulas policiales, judiciales y políticas con este tipo de delito, donde el Estado aparece como el principal responsable de la situación. “Cuando la inseguridad ciudadana es muy intensa lo que estamos viviendo es la debacle del Estado. Quiere decir que el régimen social y su organización política están en descomposición, porque históricamente han garantizado un nivel de seguridad y hoy todo eso se ha desplomado”, agrega Altamira.
Por otro lado, y como producto de lo anterior, la configuración de una “víctima” que se diferencia de la mirada hegemónica. En los últimos años la tematización del delito como inseguridad se delineó con un staff mediático permanente: las víctimas (Calzado y Van Den Dooren, 2009). Este concepto de víctimas se asocia a la idea del ciudadano-medio, tantas veces identificado con el apelativo “vecino”, que se constituyó como el destinatario privilegiado de las discursividades de campaña de los partidos de centro y centro-derecha. El FIT, por el contrario, pone mediante su argumentación a los trabajadores en el rol de víctimas, no ya del delito callejero sino de las maniobras estatales y de la corrupción de las fuerzas policiales.
“El término seguridad –explica Christian Castillo, referente del FIT y entonces candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, en una actividad de campaña realizada en la localidad bonaerense de Berisso– como se usa en el lenguaje común apunta sólo a los problemas de violencia urbana, de delitos contra la propiedad, pero a los aspectos de la inseguridad cotidiana y de la precariedad cotidiana de gran parte de los trabajadores no se mira”. Los jóvenes, a su vez, otrora vistos como el mayor peligro para la sociedad (Di Iulio et al., 1995), son las víctimas del sistema y del gatillo fácil. Así, el FIT efectúa una inversión del discurso hegemónico, donde los usuales victimarios se convierten en víctimas.
Las denuncias de los lazos entre las fuerzas policiales y las redes del delito organizado, así como también los abusos de poder y el “gatillo fácil”, devienen en la propuesta de la creación de una fuerza de seguridad ciudadana construida sobre nuevas bases, promoviendo la participación popular a través de las organizaciones sociales. “Hay que desmantelar – propone Altamira – estos aparatos represivos vinculados al delito, que es la gran causa. Y crear otros nuevos vinculados a los trabajadores, controlados por los trabajadores”. Esto surge como producto de la crisis del modelo policial tradicional, con fuertes críticas a la Policía Federal y Bonaerense por las recurrentes denuncias de violación a los derechos humanos en democracia y la identificación del accionar policial como una de las causas que generan mayor inseguridad al comprobarse vínculos concretos entre la policía y las redes delictivas (Ríos, 2011).
Como se mencionó, luego de las PASO y en vistas de las elecciones legislativas generales de octubre, el debate en torno a la cuestión securitaria se centró en la propuesta de baja de la edad de imputabilidad lanzada por candidato del FPV, Martín Insaurralde. Desde el FIT se cuestionó dicha medida en materia de seguridad, la que relacionan, además, con un incremento del gatillo fácil. Así lo expresa Castillo, referente del FIT en la Provincia de Buenos Aires: “El discurso de necesitamos más policías, necesitamos mano dura, los pibes son los culpables lleva a que los canas tiren con más confianza (…) y lleva también a incubar bandas de fachos. La banda anticomunista argentina, que antes del golpe asesinó más de 1.500 compañeros, se incubó en bandas de matones como los que actuaron en los escuadrones de la muerte apañados por Granados (…) Ellos fabrican la situación de pobreza en la cual está una parte grande de la población, ellos fabrican una situación en la que a un millón de jóvenes no le dan posibilidad de trabajar ni de estudiar, ellos producen niveles de desigualdad exorbitantes, ellos mantienen a mafias policiales que manejan el narcotráfico y las redes de trata (…) En vez de atacar ahí, y en vez de terminar con la pobreza y la desigualdad, lo que dicen es metámosle balas a los pibes (…) Para ellos la situación de pobreza es un caldo de cultivo”. Las denuncias y reclamos que ilustran el posicionamiento del FIT en este debate se completaron con el rechazo a la designación, a nivel nacional, de César Milani como Jefe del Ejército y, a nivel provincial, de Alejandro Granados como Ministro de Seguridad en el gabinete de Scioli. Estos últimos constituyeron dos elementos centrales de la disputa discursiva del FIT con el oficialismo durante la campaña. “Esto de Milani también revela un gobierno que está improvisando. Todos los gobiernos trataron que el ejército volviera a jugar un rol político. Todos. (…) Acá hay un canje: vos me decís que apoyás el proyecto nacional y popular, y yo te replanteo la cuestión del ejército, la vuelvo a colocar. Vuelve a haber un movimiento popular, una propuesta, y vuelve a fracasar todo esto”, expresó Altamira en una entrevista en el Código Político, programa emitido por la señal Todo Noticias.
Las consignas, propuestas y reclamos del FIT permiten identificar a la “clase trabajadora” como el destinatario privilegiado en la discursividad del frente. Esta premisa se verifica también en relación a la temática de la seguridad, donde el acento parece estar puesto en la denuncia de la criminalización de los pobres, los trabajadores y los jóvenes. De este modo, el FIT se distancia de la mayoría de los candidatos en campaña y los acusa, en particular a los referentes del Kirchnerismo, de “tomar la agenda de la derecha” (PTS, 2013). Si bien la cuestión securitaria aparece esencialmente diluida entre otras consignas políticas, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores no quedó ajeno al debate surgido en torno a esta problemática. Durante la campaña 2013, la seguridad se posicionó como un elemento central en la disputa discursiva electoral. Como consecuencia, y a pesar de que la temática se aleja de los fundamentos de sus bases programáticas, los candidatos de la izquierda no podían permanecer al margen de un debate que acaparó largas horas de transmisión televisiva, páginas y páginas de diarios y revistas, y que se convirtió en la palabra clave en medios digitales y redes sociales. El FIT -también allí- tenía que estar.
Consideraciones finales
La seguridad ciudadana surgió como un tema recurrente en las campañas electorales de los distintos partidos y alianzas electorales para los comicios legislativos de 2013, abarcando todo el arco político: desde la ultraderecha hasta los frentes y alianzas de izquierda. Discursos estos que responden al proceso de incremento de la violencia, la percepción de miedo urbano y la definición de políticas urbanas asociadas a la vigilancia. A lo largo de este trabajo, intentamos dar cuenta del modo en que la cuestión securitaria adoptó características específicas en las gramáticas electorales del FIT y de Camino Popular en función de sus proyectos políticos. Las conclusiones que aquí presentamos no pretenden de ningún modo ser definitivas, sino que se plantean a modo de reflexiones y preguntas surgidas a partir del análisis realizado y tienen como objetivo aquel de conducirnos a un debate aún más profundo acerca de la participación de las izquierdas en las discusiones de la seguridad urbana que protagonizan el debate político contemporáneo en nuestro país. Un elemento en común identificado en ambas campañas refiere a la concepción de la seguridad, no necesariamente asociada al delito simple, uso que se ha difundido en los últimos tiempos tanto en el plano social como mediático. Definir cómo entienden la seguridad implica establecer cómo piensan el espacio urbano y cómo resolver los conflictos que en él emergen. En contra del discurso que busca “endurecer” las penas y bajar la edad de imputabilidad, ambas fuerzas coinciden en sostener que la inseguridad no tiene que ver con el delito común generalmente asociado a jóvenes provenientes de barrios humildes o villas miserias -de la ville depléplée- al que consideran un acto de criminalización efectuado por aquellos que se benefician de la generación de temor en la población. Así, la inseguridad es definida, más bien, en relación al narcotráfico, el delito “de cuello blanco” y a la corrupción de la institución policial. De esta forma, el espacio social se analiza desde estas fuerzas políticas como un espacio vigilado por las fuerzas policiales, que más que controlar los conflictos urbanos son la causa de ellos. En este sentido, las dos alianzas políticas estudiadas comparten como uno de los ejes en materia de seguridad la necesidad de desarticular el delito organizado que involucra a las fuerzas securitarias e implementar sobre estas últimas instancias de vigilancia e intervención popular, desnaturalizando el discurso que criminaliza a los jóvenes menores de edad como provocadores de inseguridad. Con respecto a esto último, Camino Popular coincide con el FIT en el carácter de clase de la justicia penal. Si la ley designa como delictivos los actos que atentan contra la propiedad, la seguridad y la vida, los perseguidos serán siempre aquellos que pertenecen a las clases más desfavorecidas y a los sectores de la ciudad más relegados. Ambas fuerzas proponen un abordaje multidimensional del fenómeno, que permite poner en relevancia cuestiones sociales tales como el consumo de paco, la exclusión del sistema escolar, la falta de trabajo, entre otras. Una discursividad centrada en la desigualdad social y la fragmentación urbana como eje para concebir la posesión de las seguridades esgrimidas que, hemos visto, no conlleva una relación lineal. Si bien la cuestión social y el delito han estado asociados en los relatos sociológicos, mediáticos y políticos sobre las grandes ciudades, surgen dos elementos que debemos remarcar. Por un lado, las privaciones no explican por qué de todas y todos los que sufren tales carencias, sólo una minoría delinque. Como observamos en el caso de Camino Popular, si bien se podría decir con Hagman que un porcentaje de la población que comete delitos tiene problemas de adicción, no se puede afirmar que la mayoría de las personas que consume drogas cometa delitos (Kessler, 2012). Por otro lado, la disminución de la desigualdad no conlleva necesariamente una reversión de los índices delictivos (Kessler, 2012).
En la discursividad del FIT y de Camino Popular, las propuestas de seguridad urbana aparecen vinculadas a la necesidad de incluir a los excluidos de las ciudades y para ello la herramienta fundamental es la movilización política por demandas de inclusión social y la organización popular. En esta construcción discursiva, los roles que comúnmente se asignan a víctimas y victimarios se invierten, dejando en evidencia que los identificados en el discurso hegemónico como peligros para el orden social pueden también ser definidos como víctimas del mismo sistema que los rechaza. Por otro lado, la apelación a la participación de la ciudadanía se relaciona con la táctica de Prevención Comunitaria del delito en un sentido inverso respecto de los sujetos del control y los controlados que escenifican. Tanto el FIT como Camino Popular apelan a la necesidad de implementar mecanismos de control popular sobre el accionar de las instituciones represivas del Estado, más que a vigilar al micro-delincuente en forma preventiva. Por último, podemos preguntarnos por la manera en que influye la adopción de una agenda ajena a la izquierda en Argentina como es la de la seguridad a la hora de presentar propuestas alternativas a los conflictos de las ciudades: ¿De qué forma intervienen los sentidos de la historia reciente asociados a la seguridad en estos discursos? ¿Qué sentido adoptan las propuestas securitarias de las fuerzas de izquierda en un contexto signado por un nuevo modelo de control social informal que otorga al vecindario, a la referencia local en las grandes urbes, un rol activo en la implementación de políticas punitivas, aliviando así la presión sobre las fuerzas policiales? ¿En qué medida la participación ciudadana a la que apelan se distingue de la “democracia participativa” que el neoliberalismo ha ajustado a la administración diferencial de los riesgos? Si las políticas preventivas se orientan en defensa de los “sectores populares” a controlar a las fuerzas represivas, ¿qué rol cabe a aquellos ciudadanos que respaldan la implementación de medidas punitivas? ¿Qué fracción del pueblo define el diseño de la política? ¿Los profesionales y empresarios?, ¿las autoridades políticas?, ¿los trabajadores?, ¿o los marginados? ¿Quién determina su efectividad? En una época donde la preocupación por la seguridad resulta significativa, ¿puede la izquierda local desconocer un tema históricamente asociado a los sectores conservadores cuya fisonomía no se reduce actualmente a políticas reactivas? ¿Cómo se articulan las intervenciones locales sobre seguridad con aquellas de la izquierda regional?
Responder estas preguntas es parte de una investigación más amplia en la que se inserta este trabajo. No obstante, si para concluir hacemos el ejercicio de pensar cómo el FIT y Camino Popular responderían a algunos de estos interrogantes, podemos dilucidar diferencias en el modo de configurar discursivamente la campaña y en la construcción del destinatario de los mensajes electorales de ambas fuerzas políticas. Mientras que el FIT remite a los trabajadores en términos de clase, definiéndolos como su destinatario privilegiado, Camino Popular prefiere la categoría de “lo popular”, dentro de la cual identifica a una heterogeneidad de sectores subalternos de la ciudadanía. En relación a esto último se puede interpretar que si bien Camino Popular tiene una perspectiva clasista en cuanto a la concepción de la ley y el castigo, no la expresa en su forma de interpelar al electorado. El FIT, por su parte, mantiene explícitamente un lenguaje clasista aunque su retórica incluye también a los sectores marginados.
Ambas fuerzas asumen la necesidad de promover la inclusión social de los excluidos como modo de diferenciarse de los discursos que proponen una solución punitiva e intervienen con un eje común centrado en el control de la selectividad del sistema punitivo. Esta definición amplia es un modo de ubicarse de manera tangencial en la discusión sobre la cuestión de la seguridad urbana, una agenda ajena en términos de propuestas a la izquierda local. Su intervención sólo puede entenderse en el marco general de una campaña teñida por la imposición de la agenda hegemónica alrededor de la seguridad, de la fragmentación de las ciudades y de la baja de la edad de imputabilidad y la exclusión de las fronteras urbanas de los sujetos peligrosos.
Notas al pie de página:
1 En términos generales, no se observaron contenidos producidos específicamente para las redes sociales, sino que estas últimas fueron utilizadas en este trabajo como un canal de difusión adicional a los medios de comunicación tradicionales.
2 Al final del trabajo, se listan las fuentes consultadas para la construcción de este corpus específico.
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