Emilce Estévez, Vanesa Lio
Trabajo presentado en el XVI Congreso Nacional y VI Latinoamericano de Sociología Jurídica organizado por la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud (UNSE) Sociedad Argentina de Sociología Jurídica. Llevado a cabo el 28, 29 y 30 de octubre de 2015 en Santiago del Estero, Argentina.
1. Introducción. La ciudad elige.
Elecciones ejecutivas y legislativas, a nivel local y nacional, tuvieron lugar durante 2011 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En algo más de tres meses, los porteños debieron congregarse cuatro veces en torno a las urnas. La primera cita electoral fue el 10 de julio, ocasión en la que debieron elegir Jefe de Gobierno y legisladores. Una veintena de días después, el 31 de julio, volvían concurrir para cerrar la historia local en el ballotage que enfrentó a Mauricio Macri y Daniel Filmus por el máximo cargo ejecutivo de la ciudad. Menos de un mes más tarde, el deber civil volvía a llamar a los ciudadanos a votar. Esta vez, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, para elegir entre los pre-candidatos a presidente, vice-presidente y diputados nacionales. Finalmente, el 23 de octubre se desarrollaron las elecciones generales para elegir a representantes en los poderes ejecutivo y legislativo.
En este contexto, el año estuvo fuertemente caracterizado por campañas políticas que se sucedieron vertiginosamente al ritmo de las contiendas electorales. Fue, con todas las letras, un año de campaña. Se vivió un clima electoral constante que se vio reflejado en las gestiones de gobierno y que fue definiendo el día a día de la agenda mediática.
Los comicios para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se desarrollaron en forma previa a las elecciones a nivel nacional, producto de la decisión del gobierno local de desdoblar la votación e intentar separarla así de la disputa política nacional.
Así, el calendario se inició el 10 de julio con las elecciones a Jefe y Vice-Jefe de Gobierno. Propuesta Republicana (PRO) buscó extender su mandato iniciado en 2007 por otros cuatro años, con Mauricio Macri como candidato, esta vez acompañado por María Eugenia Vidal. Daniel Filmus, por su parte, repetía su intento liderando la fórmula del Frente Para la Victoria (FPV), que compartió con Carlos Tomada. Los termómetros electorales ya mostraban una intención de voto mayor por el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en camino a su re-elección. En efecto, la fórmula presentada por el PRO resultó vencedora con el 47,08%, seguida por el FPV unos 20 puntos por detrás con el 27,78% y el Movimiento Proyecto Sur (Fernando Pino Solanas – Jorge Selser) con el 12,82%.
A pesar de la diferencia conseguida por el PRO, los resultados condujeron a una segunda vuelta que replicó el escenario y los protagonistas de 2007: un nuevo ballotage entre Mauricio Macri y Daniel Filmus tuvo lugar el 31 de julio de 2011 y consagró nuevamente como Jefe de Gobierno a Mauricio Macri, que iniciaba así su segundo período de gestión.
La instancia electoral a nivel nacional se inició el 14 de agosto con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizaron por primera vez ese año1 . Esta nueva normativa traería consigo no sólo un calendario electoral más ajustado, si no que modificaría también ciertas lógicas en el armado de alianzas electorales y en el diseño de las campañas políticas. Once de las quince listas de precandidatos a diputados nacionales por la CABA fueron habilitados a disputar las bancas en las elecciones generales realizadas en octubre y que le darían un triunfo al FPV. Con el 28,35% de los votos y cinco bancas adjudicadas de las doce en disputa, el FPV encontraba en las elecciones legislativas su revancha, en un territorio históricamente adverso para el Peronismo. El PRO, por su parte, obtuvo tres cargos y el Frente Amplio Progresista, dos. Los candidatos de la Unión para el Desarrollo Social y la Coalición Cívica consiguieron las dos bancas restantes.
En el caso de las elecciones presidenciales, las PASO habilitaron a presentarse en las elecciones generales a siete de las diez fórmulas que compitieron en las primarias2 . El 23 de octubre el FPV consagró finalmente su triunfo en la primera vuelta de las elecciones generales obteniendo el 54,11% de los votos, lo que daría inicio al segundo mandato de la ya entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, un dato interesante a considerar en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que, si bien el FPV también ganó en este distrito, lejos estuvo de obtener la diferencia que logró a nivel nacional. La fórmula vencedora obtuvo en CABA apenas el 35,11% de los votos, seguido por el FAP con el 27,81% y el Frente Popular con el 10,24%. A pesar del triunfo, entonces, los resultados permiten confirmar la dificultad que han encontrado los partidos peronistas en terreno porteño3 .
Estos escenarios electorales habilitan la emergencia de ciertas disputas en torno al sentido de la inseguridad y las tensiones sobre los modos de intervenir. Así, las campañas políticas de los últimos años estuvieron marcadas por demandas de seguridad. En el contexto de 2011 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el narcotráfico y las drogas comenzaron a aparecer entre los temas privilegiados en la agenda política y mediática, las fuerzas de seguridad fueron foco de importantes cuestionamientos.
Casos delictivos de gran repercusión mediática incentivaron un intenso debate político sobre los alcances del crimen organizado en el país, el accionar policial y el rol de la justicia en la investigación. Al mismo tiempo, cambios en la Policía Metropolitana luego de su conflictiva puesta en marcha, una fuerte crisis de la Policía Federal y el desembarco de la gendarmería para el patrullaje de las calles en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Plan Cinturón Sur –por considerarse los barrios donde la problemática de las drogas y el narcotráfico aparecía con mayor intensidad– marcaron el devenir securitario en el contexto de campaña.
Ahora bien, este escenario securitario tuvo una recurrente y unificada respuesta: aumento del patrullaje y utilización de tecnología para la prevención, con las cámaras de seguridad como estandarte. De acuerdo a Rosa Del Olmo (2000), en las ciudades latinoamericanas, un veloz aumento de la violencia social y delincuencial condujo a que el diseño de políticas urbanas comience a girar en torno a inversión en dispositivos de vigilancia y la distribución de agentes de seguridad, herramientas que trazarán una línea divisoria entre zonas riesgosas y zonas protegidas. Estas políticas y dispositivos garantizan la circulación en áreas de tránsito masivo mediante el control de quienes se desplazan.
En el caso argentino, el negocio de la video-vigilancia tuvo su anclaje en el sector público a partir de 2008, cuando los gobiernos locales comenzaron a implementar circuitos cerrados de televisión (en adelante, CCTV) para monitoreo del espacio público. Para 2011, la demanda de los municipios por integrarse a los sistemas de CCTV había crecido notablemente como resultado del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. En la Ciudad de Buenos Aires, el número de cámaras creció exponencialmente durante ese año al ritmo del Plan Integral de Seguridad del gobierno local y los compromisos asumidos en campaña por Mauricio Macri: 2.000 dispositivos serían incorporados a la geografía de la capital al finalizar el año4 .
De este modo, durante el año 2011 de campañas, diversos casos delictivos de gran repercusión en los medios junto con las políticas securitarias implementadas a nivel nacional y local fueron marcando los límites del debate y el no debate sobre la seguridad en la ciudad. Los discursos electorales fueron dándole o no entidad a estos temas de agenda y, al mismo tiempo, en el marco del clima electoral casi constante, las estrategias de los candidatos fueron definiendo el día a día de las agendas periodísticas.
En este contexto, la ponencia revisa los modos en que la temática securitaria apareció en los discursos de campaña de 2011 en las elecciones locales de la Ciudad de Buenos Aires. Nos preguntamos, en principio, si la seguridad fue un eje transversal a todas las fuerzas políticas. Y, en este sentido, ¿qué concepciones de la seguridad aparecieron? ¿Qué rol se asignó al Estado en este marco? ¿Era posible hablar de inseguridad sin poner en juicio la efectividad de la propia gestión de gobierno?
A los fines del análisis, se relevaron los materiales de campaña de las principales fuerzas en disputa: Propuesta Republicana (PRO), Frente para la Victoria (FPV) y Proyecto Sur. El corpus utilizado en el análisis incluyó spots audiovisuales, plataformas electorales, sitios web de partidos y candidatos, gráfica y folletería. Asimismo, se observó el uso de las redes sociales y las estrategias particulares diseñadas en cada caso5 . El período de relevamiento se extendió durante el mes previo a la primera vuelta, que tuvo lugar el 10 de julio, y los quince días anteriores al ballotage, ocurrido el 31 del mismo mes.
En forma complementaria, se revisaron las noticias de tapa de los diarios Clarín, La Nación y Página 12 y se observó la recurrencia temática en las columnas editoriales de los domingos en los tres mismos matutinos. La reconstrucción del contexto de la elección a partir de este relevamiento permitió analizar el vínculo entre las agendas mediáticas y políticas con relación a la cuestión de la seguridad. A partir de este corpus de medios y la revisión de las discursividades de las fuerzas políticas que se enfrentaron en las elecciones a nivel local se analizó el modo en que la agenda sobre el crimen urbano ingresa en las propuestas, discusiones y debates de campaña.
2. Hacia algunas definiciones de la seguridad
El posicionamiento de la inseguridad como uno de los problemas públicos centrales y la consolidación de esta cuestión entre los temas destacados de la comunicación electoral nos lleva a preguntarnos qué se entiende por seguridad. En contextos electorales, estas definiciones no necesariamente aparecen de forma explícita en las elocuciones de los candidatos, pero los diagnósticos del problema y las propuestas en consecuencia de cada uno de ellos permiten reconstruir de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. No todos entienden lo mismo por lo tanto el propósito de este apartado es rastrear esas definiciones a los fines de rearmar este concepto con matices.
En el campo académico, la inseguridad ha sido definida como una problemática resultante de las políticas neoliberales. “La inseguridad actual se ha producido por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel” (Pegoraro, 2003). Ante el surgimiento de esta nueva condición post-social, surge entonces la pregunta acerca de qué significa gobernar la inseguridad. Esta cuestión deriva de la definición misma del concepto, un proceso en el que los discursos políticos y mediáticos juegan un rol central. Como expresan Daroqui et al (2003), “las políticas de gobierno y los medios masivos centralizan el tema de la inseguridad en la cuestión del delito callejero o del crimen callejero”. A partir de esta recurrencia a nivel discursivo, la inseguridad termina por reemplazar metonímicamente al delito, al tiempo que la prevalencia de estas definiciones del concepto tiene como contraparte el relegamiento de otras inseguridades que son invisibilizadas.
Por otro lado, lo que entendemos por seguridad puede ser explicado a partir de la conjunción de dos componentes: uno objetivo, vinculado al aumento de los hechos delictuosos identificados como “criminalidad en la calle” o “micro-criminalidad”, que incluyen delitos contra la propiedad y las personas especialmente en el espacio público (Sozzo, 2009); y uno subjetivo, la “sensación de inseguridad”. En este sentido, de acuerdo con Kessler (2009), para indagar los factores que contribuyen a generar inseguridad debemos tener en cuenta el mecanismo de victimización indirecta: “Cuando en una sociedad hay más personas victimizadas, circula más información sobre estos hechos, una mayor cantidad de conocidos o relaciones indirectas se enteran y lo difunden en sus conversaciones cotidianas, y así se intensifica la preocupación por el tema, más allá de haber sufrido o no un delito. La información sobre delitos actúa como anticipación de una eventual victimización personal futura y, de este modo, se convierte en una fuente de temor” (2009: 70-71).
En sintonía con lo anterior, Pegoraro (2003) sostiene que “la actual inseguridad está asentada en una base material distinta a aquella que estaba presente en otras etapas de la humanidad”, y como consecuencia “el individuo ha quedado inerme ante relaciones sociales que no controla y ello ha aumentado sus miedos y su sensación de inseguridad ante el prójimo”. Agrega el autor: “El miedo y la inseguridad son vividos y sufridos con diferencias apreciables entre las clases sociales, grupos, comunidades” (2003: 2-3).
Finalmente, el riesgo aparece como factor a considerar en el contexto de la inseguridad. El discurso del riesgo surge allí donde se acaba la confianza en la seguridad y el término puede ser ubicado en un lugar intermedio entre seguridad y destrucción, teniendo en cuenta que lo que constituye el riesgo no es más que su percepción cultural y su propia definición. Ahora bien, los intentos por colonizar el futuro con la ayuda de la categoría de riesgo no hacen más que alejarlo de nuestro control (Beck, 2000). Es que la administración de los riesgos no remedia la ansiedad de las víctimas: la información sobre la carencia de “libertad” y de seguridad urbana produce un sentimiento de victimización anticipado que se cristaliza en el temor a la pérdida. Con lo cual, la disputa librada en el margen entre la autonomía y la amenaza conlleva la extensión de subjetividades victimizantes que reclaman orden y protección al Estado.
Así las cosas, los gobernantes deben encargarse de vigilar la seguridad de la ciudadanía comprendiendo sus dificultades, conteniendo su nerviosismo, alertando sobre las zonas donde subyace el riesgo, proclamando la severidad de los castigos. Del mismo modo, en tiempos electorales, los candidatos deben preocuparse por responder a estas incertidumbres y demandas ciudadanas.
La inseguridad queda definida, en épocas de campaña, por acción u omisión. Las propuestas de los candidatos para resolver el problema orientarán sobre el modo en que cada espacio político entiende la cuestión. Por un lado, el modo hegemónico de definir la seguridad por parte de las fuerzas políticas porteñas se concentra en propuestas por aumentar la intervención policial y la necesidad de promulgar herramientas penales más duras para enfrentar el crimen urbano. Por otro lado, en contra de este discurso punitivo, un abordaje multidimensional del fenómeno de la inseguridad pone de relieve cuestiones sociales y centra las discursividades en la desigualdad como eje para concebir la posesión de las seguridades sociales perdidas. Así, la inseguridad aparece definida en relación al crimen organizado, formas de corrupción y violencia estatal, y el delito de cuello blanco (Sutherland, 1988).
En este sentido, entendemos que la campaña de 2011 es un ejemplo de cómo, en medio de un fenomenal desarrollo del negocio de la seguridad, el Estado se convierte en un proveedor del servicio. Es en este contexto que podemos comprender el auge en la argumentación a favor del uso de cámaras de seguridad para monitoreo del espacio público. Recurrir a herramientas de prevención situacional del delito lleva implícito un modo de definir la inseguridad asociado a los crímenes callejeros, a los robos en la vía pública y a ciertas incivilidades que disturban el orden social aclamado. Se pone en juego la intensidad con la que se manifiesta la inseguridad subjetiva en cada comunidad dado que, más allá de su efectividad en la reducción del crimen, el recurso político a estos sistemas tiene más que ver con un valor simbólico: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar la existencia de acciones desde la gestión orientadas a atender la cuestión del delito (Norris, Mc Cahill y Wood 2004).
Pues bien, no obstante en 2011 el PRO evite recurrir a la seguridad desde la retórica del riesgo, las remisiones a la cuestión securitaria a partir de las políticas implementadas por el gobierno en gestión (principalmente, la creación de la policía local y diversas estrategias de prevención situacional del delito) dan cuenta de un concepto que no cambia. De este modo, la campaña audiovisual elude hablar de inseguridad desde la dimensión del miedo.
En uno de los únicos spots sobre esta cuestión la candidata a Vice-Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, asocia el concepto de seguridad con el deseo de que “nuestros hijos puedan ser lo que quieran ser”. El temor difuso de la ciudadanía se vuelve un dispositivo velado de gestión. Como sostiene Foucault (2004), desde principios de siglo XVII el enigma de nuestras sociedades de seguridad ha sido “cómo limitar desde dentro el ejercicio de gobernar”. Los mecanismos de prevención se dirigen a todo daño potencial que resulte imprevisible en la población, entre los cuales la falta de “libertad” resulta un riesgo necesario.
La seguridad se define a partir de la eficacia, la gestión y el compromiso asumido. Pese a que en los spots no haya referencias directas a la violencia urbana y se eluda la dimensión del temor, la firma “compromisos” con los vecinos que aparecen en los spots se torna un dispositivo central en la lógica electoral. Con las políticas promovidas por el Gobierno de la Ciudad como estandarte, en el marco del Plan Integral de Seguridad, Mauricio Macri firma, por un lado, un compromiso que comprende la colocación de cámaras de seguridad para monitoreo de parques y plazas, centros comerciales barriales y accesos a la ciudad. De esta forma, se busca “recuperar” una “tranquilidad” perdida, vivir en “una ciudad que nos cuida y protege”. Un segundo compromiso promete brindar protección y tranquilidad a “aquellos que son más vulnerables” a través de la distribución de botones antipánico entre los adultos mayores de la ciudad para que puedan emitir alertas ante “situaciones de riesgo”.
Las cámaras de seguridad se vuelven así protagonistas de la comunicación política de campaña. Su colocación se asume como compromiso, sus imágenes se construyen como producto mediático. El mismo Macri recuerda, en el contexto de la campaña en 2011, cómo los medios mostraron el “éxito” de las imágenes a través de la difusión de ciertos videos puestos a disposición por el gobierno local. Al mismo tiempo, la distribución de estos dispositivos delinea la ciudad segura y sus sujetos. Es que la videovigilancia incide en la forma en la cual es ejercido el poder, modifica las experiencias emocionales en el espacio urbano y afecta la forma en la cual la realidad es conceptualizada y entendida (Koskela 2000: 250). Las cámaras de vigilancia construyen una cierta geografía de la ciudad que está determinada por el miedo, los riesgos y la peligrosidad. Así, los espacios públicos son catalogados a partir de la oposición seguro-inseguro. En paralelo, los sistemas de monitoreo buscan articular el control por parte del Estado con un consenso social acerca de lo que debe ser denunciado: aquello sospechoso, peligroso y desviado.
En suma, el PRO elude la retórica del riesgo así como el diagnóstico del estado de situación de la inseguridad del ámbito urbano que le toca gobernar. Su postura se centra en la descripción y promoción de los logros de las políticas y medidas implementadas por su gobierno en gestión, incluyendo la instrumentación del control policial mediante la nueva policía local y de estrategias de prevención situacional del delito.
Ante el pedido de los vecinos que “piden más policía en la calle”6 , Filmus señala que “las medidas de seguridad tienen que ser acompañadas por medidas sociales”. En este sentido, la cuestión de la seguridad requiere, según el FPV, políticas públicas en dos direcciones: “Políticas sociales para atender los problemas y que no haya exclusión y marginación, donde está la base de la inseguridad, y políticas de seguridad como las que ha tomado la presidente CFK y que implementó Nilda Garré”, en alusión al Plan Cinturón Sur. Así, salida policial al problema de la inseguridad y prevención social aparecen de la mano. “Si hay inseguridad en el barrio, significa que ser vecino ya no basta como protección (…) Se debe entonces operar en algún modo sobre los lazos para intentar estar seguros”, plantea Kessler (2009: 213).
De todos modos, la seguridad urbana no aparece como un tema prioritario en el discurso de campaña. La cuestión es abordada en conjunción con su instalación en la agenda pública. Los spots del FPV si bien no utilizan como eje central la seguridad, se menciona la problemática de modo indirecto, a través de la promoción de las políticas del gobierno nacional.
Con la creación del Ministerio de Seguridad en diciembre 2010, desde el Gobierno Nacional se implementan diversas medidas y planes para afrontar la inseguridad urbana en la ciudad de Buenos Aires. En el marco del Plan Nacional de Participación Comunitaria, se crearon mesas barriales y mesas zonales de participación comunitaria en seguridad, que apuntaron a crear una instancia en la que los vecinos contribuyeran a la elaboración de un mapa del delito, a partir de la identificación de las necesidades de cada zona, y colaboraran con el desempeño de la Policía Federal Argentina. Además, se implementó el Plan Buenos Aires Ciudad Segura, con el objetivo de lograr una mejor respuesta policial ante el delito mediante la actualización de la operación y a la incorporación de nuevas tecnologías que permiten una distribución más eficiente de las fuerzas de seguridad a lo largo de toda la jurisdicción porteña7 . Finalmente, en 2011, el ya mencionado Plan Cinturón Sur se sumaba a otras iniciativas nacionales como el Operativo Centinela, el Operativo Escudo Norte, el Operativo Vigía y la Policía de Prevención Barrial.
El FPV, en definitiva, trata la cuestión de la seguridad de manera indirecta – mediante la promoción de las políticas y acciones diseñadas por el Gobierno Nacional aplicadas en el ámbito local– y refiere al abordaje multidimensional como propuesta, combinando medidas sociales con políticas securitarias, intentando diferenciarse del enfoque de la gestión porteña. Presentados como “los que sí pueden”, Filmus y Tomada vienen a responder a las demandas públicas insatisfechas con una perspectiva nueva y profesional, apostando a una gestión que entienda –como expresan actores, músicos y humoristas en el manifiesto de apoyo al FPV, en uno de los spots– que “gobernar es cuidar a la ciudad y a su gente”. Así, el spot de apoyo de artistas deja en claro algunos de los puntos en los que el partido desea diferenciarse de la gestión local en seguridad, haciendo mención a la necesidad de una policía local, con directivos civiles y electos por la comunidad, “sin pistolas eléctricas” y “sin camiones de la UCEP levantando gente”8 .
Consideramos que el Proyecto Sur no coloca el eje de su campaña en la seguridad, esta fuerza política no elude el debate sobre inseguridad, violencia y delito organizado. Según Simon (2011), “los dirigentes con cargos estaduales tienen más oportunidades de politizar el delito”, pero están condicionados a la rendición de cuentas respecto de las políticas que propusieron y eventualmente implementaron (2011:39). Dado que Proyecto Sur no tiene antecedentes de gestión de gobierno local o nacional, se encuentra en condiciones de explayarse en sus diagnósticos, narraciones y propuestas.
Por un lado, Pino Solanas se refiere al problema de inseguridad desde la dimensión del miedo al expresar, en el debate pre electoral porteño: “El tema es lo suficientemente grave como para no eludirlo. La primera queja de la señora, el ciudadano, el muchacho es que no hay seguridad. Hay una sensación de indefensión muy profunda en el vecino”. Por otro, para el candidato gobernar la inseguridad presupone el estudio de los temas y contacto con la gente a través de los foros programáticos sobre la temática que su espacio político venía organizando desde el año previo a la elección.
Proyecto Sur define el problema de la inseguridad a partir de una falta de voluntad política del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En entrevistas televisivas, denuncia la ineficacia, policial, la corrupción de la Policía Federal y las policías provinciales que actúan en conjunto con los “delincuentes”.
Así, Solanas se refiere a las otras inseguridades: identifica los orígenes del delito en la corrupción y la connivencia policial. “Las cúpulas y altos mandos de la seguridad saben dónde está el narcotráfico, saben dónde están las mil pistas de aterrizaje de la droga en Argentina”, sentencia el candidato. Pone el énfasis en lo que considera “delitos pesados”: el narcotráfico, las cocinas del paco, los desarmaderos de automóviles y la trata de menores y mujeres. “Ni la Prefectura ni la Gendarmería están preparadas para salir de estos problemas”, expresa con relación a los planes de seguridad del Gobierno Nacional que se aplican en la ciudad, lo que considera como una política meramente electoral. En relación al narcotráfico, reclama al gobierno nacional la falta de radarización en las fronteras, cuestión bastante alejada de los asuntos locales. En este sentido, al focalizar en una problemática de alcance nacional, Proyecto Sur propone soluciones que no son necesariamente competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En síntesis, Proyecto Sur identifica la importancia del delito común, enfoca su perspectiva de la seguridad-inseguridad, con una visión nacional de los fenómenos que prioriza –por ejemplo, el narcotráfico y la corrupción–. Además crítica los resultados alcanzados por la gestión y propone soluciones que exceden un abordaje posible desde el cargo a Jefe de Gobierno local que disputa.
3. Un juego de críticas cruzadas
En el marco de las campañas políticas, la singularidad de cada fuerza parece estructurarse en base a una perspectiva en pugna con la de un adversario político que se reprime o explicita en la gramática electoral. Estas influencias recíprocas que actúan a partir de las discursividades de campaña hacen emerger a un contradestinatario (Verón, 1987) asociado a los partidos políticos que ejercen la gestión de gobierno.
Esta estrategia que en 2007 emergía de la campaña de Mauricio Macri respecto de la gestión anterior en la Ciudad de Buenos Aires se replica en 2011 en las construcciones discursivas de quienes entonces disputaban ese espacio de gobierno desde la oposición en el plano local (como el FPV). La discursividad electoral parece estructurarse, en estos casos, en base a una acusación de déficit de gestión. El PRO, en cambio, estructura su estrategia discursiva en base a las políticas implementadas en el período de gestión trascurrido y reposiciona a su contradestinatario en la gestión del Gobierno Nacional. Otras fuerzas de oposición tanto a nivel local como nacional, como Proyecto Sur y FIT entre las fuerzas analizadas, parecen oponerse tanto al FPV como al PRO por cuestionar sus modos de gestión de la seguridad.
Esta estrategia que en 2007 emergía de la campaña de Mauricio Macri respecto de la gestión anterior en la Ciudad de Buenos Aires se replica en 2011 en las construcciones discursivas de quienes entonces disputaban ese espacio de gobierno desde la oposición en el plano local (como el FPV). La discursividad electoral parece estructurarse, en estos casos, en base a una acusación de déficit de gestión. El PRO, en cambio, estructura su estrategia discursiva en base a las políticas implementadas en el período de gestión trascurrido y reposiciona a su contradestinatario en la gestión del Gobierno Nacional. Otras fuerzas de oposición tanto a nivel local como nacional, como Proyecto Sur y FIT entre las fuerzas analizadas, parecen oponerse tanto al FPV como al PRO por cuestionar sus modos de gestión de la seguridad. intervención local tales como la video-vigilancia, la policía comunitaria, entre otras. Sin embargo, cuando las campañas están en marcha adquiere cierta importancia el lugar que ocupa el enunciador en los espacios de gestión. Los discursos electorales alrededor de la ineficacia estatal no podrán estar generados por un actor con responsabilidad estatal. La inseguridad, entonces, deja de ser un plano negativo, deja de centrarse en un diagnóstico de ineficacia estatal frente a la criminalidad. De allí que en las campañas oficiales la inseguridad se transforme en seguridad, en acción –ya no en omisión– de un Estado frente a la violencia urbana. En esos casos, más que describir y enumerar los riesgos delictivos de una ciudad, las campañas electorales puntualizan las acciones que el Estado ha llevado adelante para enfrentar la inseguridad y la potencial incapacidad de los espacios opositores para intervenir. Si en el Estado hay eficacia, hay seguridad.
Es posible inferir, en este sentido, que las fuerzas que no poseen trabajo de gestión en el territorio de la ciudad se mueven con más facilidad en este terreno. La inseguridad es el elemento a partir del cual se despliegan las críticas por la ineficacia de la gestión. De este modo, las fuerzas políticas se influencian mutuamente y las singularidades se estructuran en base a las disputas con un adversario que se explicita, en mayor o menor medida, en el plano discursivo.
Como mencionábamos, a diferencia de lo descripto respecto de la campaña precedente, la estrategia del PRO durante la elección a Jefe de Gobierno en 2011 consiste en velar al adversario político marcando la diferencia que lo posiciona como superior a su competidor primordial, FPV. ¿Qué es lo que lo destaca? La eficacia y racionalidad técnica de la gestión y el interés por el vecino.
Si bien la persuasión de la discursividad macrista en campaña se rige por vía de la antipolítica, el intento de borrar la figura del contradestinatario, es decir el partidario de las ideas del adversario (en nuestro caso, la representación abstracta del FPV, Filmus y el Gobierno Nacional), acaba por develarlo en los propios cimientos que estructuran la identidad del nosotros. El paradestinatario –el “fuera de juego”, según Verón (1987b), el que no es partidario ni adversario sino el indeciso hacia el cual se suele dirigir la campaña– es una suma de individuos unidos contra el modo actual de gobernar, que si no pertenece al gobierno porteño se deduce que alude a la administración nacional. En otras palabras, el discurso del PRO se enmarca en una mirada conservadora o republicana comúnmente caracterizada por cuestionar la falta de pluralismo, moralidad, honestidad, orden, entre otros tópicos enraizados en la matriz liberal. La decisión de no explicitar el contrincante conlleva la anulación de aquel con quien se prescinde confrontar.
La enunciación resalta que bajo la administración del PRO se venía llevando a cabo una política enraizada en el diálogo, la colaboración y la solidaridad vecinal. Por ello, al señalar la principal cualidad del candidato a diputado en las elecciones de 2011, Federico Pinedo, se destaca su empeño por hacer valer “la voz de todos”. Este procedimiento se asienta en un mecanismo de homogeneización entre el sujeto de la enunciación y el paradestinatario a partir del cual es posible la identificación del nosotros, los vecinos que “podemos” expresarnos libremente, a diferencia de ellos, que no poseen o valorizan de igual modo la cualidad de la palabra: en esa diferencia nos unimos. El ejercicio no afecta el juego, la efectividad está garantizada por la vacuidad simbólica. Dicho de otro modo, el macrismo no ostenta al adversario porque no requiere de ello para impulsar el mecanismo que estructura su campaña. Más bien se apoya en la idea de vecindad: terreno en el que se incluye y desde el cual disputa.
No podemos perder de vista que el otro también es considerado cuando las fuerzas opositoras explicitan su discurso respecto de la gestión Macri, porque de algún modo entienden que éste concibe “Como si una seguridad auténtica sólo pudiera ser obtenida por la constitución de un espacio político y cultural perfectamente homogéneo, y por la exclusión o la destrucción de todas las figuras del Otro” (Gros, 2010: 5).
Lo singular del FPV es que, aunque como fuerza política local opositora no gobierna la ciudad, por imperio de las particularidades de la CABA y la jurisdicción federal, a través del Gobierno Nacional, de sus acciones en la ciudad, puede mostrar trabajo de gestión en el territorio de la ciudad, y desde luego la gestión a nivel nacional. La figura del contradestinatario aparece claramente cuando se señalan las limitaciones de Macri, que alcanzan a la inseguridad y que se manifiestan en críticas centradas en las formas y la ineficacia de su gestión.
La estrategia comunicacional del FPV se despliega en función de críticas a la gestión en CABA de Macri. Uno de los argumentos principales consiste en el contrapunto entre el “no se puede” de Macri y el sí se puede del gobierno nacional. Cuando dicen, con Macri, la “ciudad del no se puede”, los candidatos del FPV se presentan como “los que sí pueden”, y reafirman que hay que cambiar el “no se puede” por un “¿viste que se podía?”. Se presentan como la fuerza que quiere volver a hacer posible lo que antes era posible, a pesar de que el peronismo nunca gobernó la Ciudad de Buenos Aires. La crítica mencionada se respalda, necesita respaldarse así, en una gestión a nivel nacional que consideran sólida. “Para que las cosas se hagan, hay que poner gente que sepa hacerlas”, se escucha en la voz en off de los spots mientras la imagen de un par de zapatos de taco y una corbata ilustra el profesionalismo de los que sí pueden. “Si lo hicimos en el país, cómo no vamos a poder hacerlo en la ciudad”. La premisa se reafirma en una chicana discursiva en torno a dos términos: “Hay una palabra que borramos de nuestro diccionario: excusas. Y hay una que no paramos de multiplicar: trabajo”.
Esta discursividad que explicita al contrincante se conecta con las críticas a las formas de gestionar. En el spot “La culpa es de otro”, cuando dice “si trabajamos coordinados”, por omisión estarían indicando que nunca coordinaron políticas o acciones entre ambas jurisdicciones, entre ellas las relacionadas con la seguridad. Es decir, se reconoce que no hubo articulación entre el gobierno nacional con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para el FVP, la culpa es de Macri porque acusa al otro, y para solucionarlo, en el spot se propone que haya un trabajo coordinado. Sin embargo, no especifica coordinados para qué o con qué objetivos, y tampoco precisa cuáles son las prioridades del discurso político en la campaña, lo cual queda reflejado cuando dice “¿te imaginás todo lo que podemos hacer? No habría más excusas”. Como línea estratégica propone así un trabajo en conjunto, y agrega: “Sólo vas a ver trabajo”. El spot finaliza con “Filmus, Tomada, la Ciudad y la Nación trabajando juntos para todos los porteños”. Aquí incluye el nosotros y el ellos, entendidos estos últimos como los vecinos afectados por el “no se puede” de Macri.
Por su parte, Proyecto Sur en las gráficas polariza con el titular del Gobierno de la CABA, Macri, y así personaliza la contienda. Sin embargo, en sus declaraciones públicas critica tanto al Gobierno Nacional como al gobierno local. La clave que predomina a lo largo de esta campaña es un debate abierto. Intenta debatir sobre todos los problemas de ciudad, como la seguridad, protestas sociales, educación, salud y el delito organizado, entre otros. De este modo, remarca constantemente la inoperancia del Macrismo y acusa al FPV como el máximo responsable de la inseguridad, en su rol de conductor de Gobierno Nacional.
Aunque es una fuerza sin trabajo de gestión en el territorio de la ciudad, las propuestas de Proyecto Sur van más allá de lo local y no están necesariamente asociadas a problemas de la Ciudad de Buenos Aires. Sus propuestas están atravesadas por cuestiones que están en el campo de las definiciones del Gobierno Nacional y, por ello, sus pedidos no pueden ser resueltos principalmente desde el gobierno de la ciudad. La estrategia del Proyecto Sur es, entonces, plantear una mirada nacional y al igual que el FPV propone que la ciudad puede ser transformada (en conjunto), ello como dijimos antes, desde una crítica recurrente al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la falta de voluntad política. Ética, coherencia y proyecto son las palabras elegidas por el Proyecto Sur utilizadas como slogan.
4. A modo de cierre
En este texto hemos abordado que no es la polarización entre izquierda y derecho lo que caracteriza al discurso de la inseguridad ya que el mismo atraviesa la retórica a lo largo de todo el espectro político.. Sin embargo, los lineamientos programáticos y los discursos de campaña sobre la cuestión permiten identificar también modos diferenciales de entender y definir la seguridad en cada fuerza. Cada partido le otorga mayor o menor énfasis según sus prioridades y sus diferentes perspectivas dependiendo de su posición oposición –oficialismo.
De acuerdo con el planteo de Simon (2011) para el escenario estadounidense, el temor al delito se consolidó como temática central en la comunicación política electoral a partir de la caída de las sociedades salariales. Así, los discursos de campañas locales y nacionales se focalizaron en la guerra contra el delito. “Las campañas electorales para los cargos de alcalde, gobernador, procurador general y, sobre todo, presidente de la nación se han transformado, en parte, en una lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador […] Los mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización delictiva y con el deseo de venganza que provoca (Simon, 2011: 55). En el contexto de las crisis de representación, el delito se convierte en un insumo para la creación del consenso.
Dada la compleja relación que existe entre inseguridad y comunicación política, los partidos deben diseñar estrategias para intervenir discursivamente frente a la problemática securitaria. En contextos de campaña emergen las disputas en torno al sentido de la inseguridad y las tensiones sobre los modos de intervenir. Pero, al mismo tiempo, en vísperas de la elección, los actores con responsabilidad estatal deben limitar sus discursos respecto de la ineficacia de la lucha contra el crimen. En consecuencia, el ingreso de las campañas en la agenda de la seguridad sólo es posible a partir de las políticas en marcha. En la retórica oficial, la inseguridad deviene seguridad, y la violencia urbana deja de ser un problema para constituir un motivo de acción. De este modo, desaparecen los diagnósticos de los riesgos delictivos y las campañas se centran en las acciones que el Estado ha llevado adelante para enfrentar la inseguridad.
NOTAS AL PIE
1 Sancionada en diciembre de 2009, la Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral se aplicó por primera vez en las elecciones de 2011. El artículo 14 establece que para la designación de candidatos a cargos electivos nacionales se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en todo el territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los partidos políticos. Además de implementar las PASO, la ley modifica los requerimientos de los partidos políticos para presentarse a elecciones nacionales y establece que sólo aquellas agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur obtengan como mínimo, considerando todas sus listas internas, el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las PASO en el distrito de que se trate podrán participar en las elecciones generales. Para la categoría de presidente y vicepresidente se considera el 1,5% de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
2 Fueron excluidos Proyecto Sur (Alcira Argumedo-Jorge Cardelli), Movimiento Acción Vecinal (Sergio Pastore-Gilda Rodríguez) y Partido del Campo Popular (José Bonacci-José Villena).
3 Para comprender e intentar explicar este fenómeno es necesario remontarse a las características políticas, económicas, sociales y culturales que a lo largo de su historia han dado a la ciudad los rasgos particulares que la definen y la diferencian de otros distritos electorales.
4 Actualmente funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos sistemas de video-vigilancia en forma paralela. Por un lado, los “Centros de Monitoreo y Video-vigilancia” de la Policía Federal siguen en tiempo real 1.200 cámaras de seguridad ubicadas en puntos considerados estratégicos. Por otro lado, el gobierno local cuenta con una red de video-vigilancia propia, con más de 2.000 cámaras distribuidas en la ciudad y centros de monitoreo a cargo de la Policía Metropolitana.
5 En general, los principales candidatos no contaron –salvo algunas excepciones– con estrategias diferenciales para las redes sociales en cuanto al diseño de materiales de campaña. El uso de este tipo de plataformas online fue en realidad un espacio donde replicar las piezas publicitarias y anunciar la presencia de los candidatos en distintos programas de radio y televisión. Sin embargo, dada la restricción existente para los partidos políticos respecto de la compra de espacios en los medios en forma privada, esta utilización de la red no es menor. El uso de Internet como un canal privilegiado permitió a los candidatos extender su campaña por fuera de los límites temporales prefijados y aumentar el caudal de comunicaciones dirigidas al electorado.
6 En el marco del debate de candidatos, Filmus señalaba: “Lo que nos piden los vecinos es más policía en la calle”. En el debate televisivo participaron tres de los candidatos a Jefe de Gobierno: Daniel Filmus, Fernando Pino Solanas y Ricardo López Murphy. Fue emitido por el canal América Noticias el 4 de julio de 2011.
7 El Plan permite monitorear la ciudad a través de 200 patrulleros tecnológicos y 1200 cámaras de vigilancia. Además incluye la modernización completa del servicio de urgencias policiales 911. Como se mencionó, ese sistema funciona en forma paralela a aquél instalado por el gobierno local bajo gestión de la Policía Metropolitana.
8 El spot refiere a la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), un organismo público que para entonces ya había sido disuelto debido a denuncias de la Defensoría del Pueblo, partidos políticos, periodistas, vecinos y personas sin techo damnificadas, por ejercer violencia física y verbal contra indigentes y sustraerles sus pertenencias. El organismo fue creado por el Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, mediante el decreto Nro. 1232/08 en octubre de 2008.
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