Hace tres meses Facundo Ferreira de 12 años fue ejecutado por un policía en Tucumán. Según la ministra Patricia Bullrich la muerte se produjo porque el menor había disparado contra el efectivo. Ahora los resultados periciales indican que Facundo nunca disparó un arma. Esta revelación clave hace que Mariana Fernández y Rocío Baquero se pregunten por las condiciones para que la inocencia del niño haya sido opacada por prácticas periodísticas y una posición política que legitiman sensibilidades punitivas.

     Por Mariana Fernández y Rocío Baquero

“Las palabras ejercen un poder típicamente mágico: persuadir, influir. Pero, como en el caso de la magia, es necesario preguntarse dónde reside el principio de esa acción o, más exactamente, cuáles son las condiciones sociales que vuelven posible la eficacia mágica de las palabras”, decía Bourdieu en ¿Qué significa hablar? Un texto que nos ayuda a pensar cómo es que un asesinato tan aberrante e innegable como el de Facundo Ferreira fue cubierto por los grandes medios de difusión masiva como un “enfrentamiento” del niño con la policía. Facundo Ferreira, recordemos, tenía 12 años y circulaba en una moto junto a un amigo de 14 cuando fue ejecutado por la espalda por una bala policial durante una persecución en la madrugada del pasado 8 de marzo en la provincia de Tucumán. Los policías que dispararon señalaron que los jóvenes no respondieron a la voz de alto y comenzaron a disparar balas de fuego. Esta versión fue respaldada por los discursos gubernamentales que defendieron el accionar policial y convalidaron el proyecto Bullrich, enviado al Congreso como consecuencia del caso Chocobar (1), que prevé la inversión de la carga probatoria en los casos en que la policía hubiere actuado contra un infractor. En ese sentido, el 17 de marzo en declaraciones a la prensa la ministra Patricia Bullrich argumentó que “lo preocupante en el país es que un chico de 11 años le tiró a la policía” y que “el policía tiene todo el derecho a defenderse si le están tirando”. Consultado sobre los acontecimientos, el ministro de Seguridad de Tucumán, Claudio Maley, desresponsabilizó al Estado y culpó a los padres de Facundo preguntando qué hacía el niño a esa hora en la calle. Los medios de comunicación ofrecieron información parcial y simplificadora de los hechos y contribuyeron a profundizar la sospecha a través de la publicación de ciertos datos de la investigación, no concluyentes, que indicaban que Facundo supuestamente tenía pólvora en sus manos.
La denuncia de la familia del niño asesinado asegurando que se trató de un hecho de “gatillo fácil” y exigiendo justicia adquirió escasa visibilidad en la escena pública en la que la desinformación alcanzó hasta la circulación de una noticia que difundió un video sobre escenas de violencia durante el velatorio lo que se demostró rápidamente que carecía de veracidad. Tres meses después, el resultado de las últimas pericias confirma que Facundo nunca disparó un arma y esta revelación clave en la cobertura de la prensa de referencia nacional está prácticamente ausente. Sólo algunos medios informaron que el “barrido electrónico” realizado en busca de rastros de “fulminante”, que sólo puede hallarse en personas que dispararon un arma de fuego, fue negativo.

En ese sentido, nos preguntamos por el rol de los medios en la construcción de opinión pública y la sensibilidad social que opera, a la vez, como condición de producción de las noticias en un contexto de violación de los derechos humanos. Las condiciones para que la inocencia de Ferreira haya sido invisibilizada como noticia nos habla
de la importancia diferencial que la vida de los jóvenes de sectores populares tiene en relación a las denominadas víctimas de la inseguridad, en un escenario signado por el miedo urbano en el que las malas prácticas periodísticas contribuyen a legitimar políticas punitivas. Los medios son dispositivos centrales en la construcción de ciudanía cuya intervención no sólo legitima el accionar policial, sino que parece presionar sobre el campo judicial en la resolución de las sentencias. “Todo lo malo que dicen de él es mentira, mentira, mentira”, vociferaba la madre días después del
hecho. “No era un delincuente. Dicen eso porque vivimos en una villa de emergencia y se creen que pueden decir eso y matarnos como lo mataron a él, como a un perro”. Su reclamo no fue suficiente para abrir el debate sobre la responsabilidad periodística en la estigmatización de jóvenes de sectores populares que ampara la intervención policial “por sospecha”, las requisas y detenciones sin orden judicial. La habilitación de los actores políticos al gatillo fácil se robustece con la falta de responsabilidad periodística que naturaliza esa práctica mediante relatos
criminalizantes y condenatorios que dejan un exiguo lugar a las familias de las víctimas cuando se trata de sectores vulnerables quienes tienen además poco o nulo acceso a instancias de protección judicial. El caso de Facundo es una consecuencia trágica más de la “Doctrina Chocobar” mediante la que el Estado autoriza la actuación criminal de las fuerzas de seguridad avasallando los derechos y las garantías constitucionales. La legitimación de este accionar en la agenda política y mediática vulnera los principios de una sociedad democrática, representa un retroceso en
materia de los derechos de los niños niñas y adolescentes de nuestro país y nos retrotrae a las épocas más nefastas de nuestra historia.

1 Luis Oscar Chocobar es un policía que mató por la espalda a un joven de 18 años que había cometido un delito el 8 de diciembre en el barrio de La Boca.

* Mariana Fernández y Rocío Baquero son Licenciadas en Ciencias de la Comunicación por la UBA, y doctorandas en Ciencias Sociales.