Inseguridad: del imaginario colectivo a la apropiación electoralista en la campaña de 2009.

Tomás Crespo, Camila Dabat.

Trabajo presentado en noviembre de 2015 en las VIII Jornadas de Jóvenes Investigadores, organizadas por Instituto de Investigaciones Gino Germani, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Introducción

En el presente trabajo proponemos analizar qué rol ocupo el abordaje de la denominada “Inseguridad” urbana en la campaña electoral de 2009 en la Ciudad de Buenos Aires. El análisis de esta elección se da en el marco de una investigación en curso más amplia, que tiene por objetivo analizar el modo en que desde el campo político argentino se interpela a la ciudadanía a partir de la posibilidad inminente de ser víctimas de diversos delitos, lo cual define toda una serie de responsabilidades del Estado para con la población que se diferencian claramente de aquellas que concebía la filosofía política clásica. En relación a los comicios de 2009, también nos proponemos identificar las diferentes tecnologías de seguridad puestas en juego por las cuatro principales fuerzas políticas que disputaron esta elección.

El análisis de la sociedad se aborda desde una perspectiva biopolítica tal como la entiende Foucault: por un lado, relacionada con la anatomía política del cuerpo y por el otro como los procesos de subjetivación y las formas de existencia morales o políticas a partir de las cuales introduce la noción de gobierno y el rol del Estado. Ambas condiciones son una característica fundamental de los gobiernos liberales (Lemke, 2010).

Partiendo de esa caracterización, observamos que si en las sociedades biopolíticas el objetivo de los gobiernos se define principalmente por el imperativo de cuidar la vida de sus poblaciones y por una intervención positiva sobre las mismas (Foucault, 2009ouca), se entiende entonces que la amenaza representada por la inseguridad urbana –demanda que desde hace años se ubica al tope de los reclamos populares hacia la dirigencia política (Kessler, 2011)- implique la posibilidad del fracaso mismo de ese plan maestro de gobierno. En este sentido, la tarea de los gobernantes residirá en su capacidad de prever el peligro y actuar en consonancia con ese diagnóstico, con el propósito de garantizar así el derecho a la vida de los ciudadanos.

En efecto, la problemática de la inseguridad se centra en el corazón mismo del liberalismo y tiene que ver con la forma a partir de la cual los gobiernos organizan las condiciones bajo las cuales los individuos pueden y deben ejercer sus libertades. El problema de los gobiernos liberales es asegurar que la persecución de los intereses individuales o colectivos no ponga en riesgo el interés general, por lo tanto, la libertad en los regímenes liberales debe ejercerse en el marco de ciertos límites y es aquí donde cobran importancia los dispositivos de seguridad que aparecen como una de las condiciones de existencia de esos gobiernos (Lemke, 2010).

Al respecto, siguiendo la línea teórica propuesta por Foucault, Frédéric Gros (2010) problematiza cuatro grande momentos históricos de la seguridad. Según el autor, actualmente vivimos la cuarta edad de la seguridad que es la etapa estrictamente biopolítica. Esta etapa está atravesada por una red discursiva que define para un dispositivo de seguridad determinado cuatro dimensiones: 1) el objeto al que hay que brindar seguridad; 2) los actores que deben garantizarla; 3) las modalidades a partir de las cuales se brindará seguridad y 4) las amenazas, aquello contra lo cual hay que protegerse.

Partiendo de esas conceptualizaciones teóricas, proponemos analizar el modo a partir del cual los principales partidos que participaron en la contienda electoral de 2009 concibieron la problemática representada por la inseguridad y qué soluciones propusieron para la misma, daremos cuenta de las tecnologías de gobierno y las racionalidades políticas que se pusieron en juego y reconstruiremos la figura de la víctima, del victimario, el destinatario de los discursos de campaña, el contradestinatario (Verón, 1996) y el rol del Estado que cada fuerza política puso en juego. A partir de entonces, podremos evaluar qué función ocupa la problemática de la inseguridad en cada uno de los espacios políticos analizados y de qué modo opera este fenómeno en las sociedades contemporáneas, consideradas como sociedades de seguridad y definidas por el imperio de la biopolítica.

Desarrollo

2.a) Contexto

Las elecciones legislativas de 2009 se llevaron a cabo en todo el país el domingo 28 de junio, se pusieron en juego 13 de las 25 bancas que representan a los ciudadanos de la CABA en la Cámara de Diputados de la Nación. Fue la primera vez que el PRO –como partido gobernante en la Ciudad de Buenos Aires- tuvo que dar pelea en las urnas durante una elección de medio término tras haber accedido a la jefatura de Gobierno en 2007. Es por eso que se convirtieron en una instancia interesante para evaluar la fuerza que había adquirido este nuevo espacio que irrumpió en la política nacional autodefiniéndose como un partido diferente a los tradicionales. En la ciudad se presentaron un total de 29 partidos entre los que se destacaron:

Propuesta Republicana (PRO): Gabriela Michetti, Esteban Bullrich, Paula Bertol y Alberto Triaca.
Proyecto Sur (PS): Fernando “Pino” Solanas, Alcira Argumedo, Jorge Cardelli y Liliana Parada.
Acuerdo Cívico y Social (ACyS)[2]: Alfonso Prat Gay, Ricardo Gil Lavedra, Elisa Carrió y Enrique Olivera.
Frente para la Victoria (FPV): Carlos Heller, Noemí Rial, Julio Piumato y Gabriel Fucks

Sobre un total de 2.524.915 electores habilitados, en la Ciudad votaron 1.872.729 personas, un 74,17%[3] del padrón. Los porcentajes y la cantidad de bancas obtenidas por cada fuerza demostraron que el impulso electoral que el partido de Mauricio Macri había adquirido durante los últimos años y que le permitió llegar al gobierno de la Ciudad en 2007 empezaba a consolidarse. Los resultados fueron: PRO 31,19% (cinco bancas), Proyecto Sur 24,29% (cuatro bancas), Acuerdo Cívico y Social 19,14% (tres bancas), FPV 11,61% (una banca)[4]. De esta manera, el electorado porteño se dividió entre las propuestas de centro-derecha y las de centro-izquierda, al tiempo que volvía a manifestar el rechazo hacia el peronismo tradicional.

Las elecciones nacionales estaban previstas para realizarse el 25 de octubre de 2009, sin embargo tanto en la Ciudad como a nivel nacional se adelantaron para el 28 de junio. Se trató de la primera contienda electoral después del conflicto que el Gobierno Nacional tuvo con empresarios del sector agropecuario en el transcurso del año 2008. La disputa giró a en torno a la resolución 125 que establecía un régimen de retenciones móviles a los productos agropecuarios exportables. Este episodio marcaría un antes y un después en el kirchnerismo y tendría impacto en las urnas. Desde el punto de vista económico es necesario mencionar que la crisis internacional efectivamente tendría repercusiones en la Argentina y traería una desaceleración del crecimiento. De hecho, el año 2009 presentó el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) más bajo desde la recuperación de 2003.

En cuanto a los antecedentes inmediatos al proceso electivo, el año 2008 fue uno de los más difíciles para la gestión kirchnerista, ya que el conflicto con “el campo” desgastó al gobierno nacional y abrió la puerta al enfrentamiento con el Grupo Clarín, lo que terminaría de tomar forma en el debate por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hacia finales de 2009. Por eso, el escenario electoral abrió la puerta a que se debatieran diferentes reclamos opositores que venían desde algunos años atrás. Dos de los más importantes que se discutieron en la Ciudad fueron la reforma del sistema previsional y la intervención del INDEC.

En las elecciones de 2009 aparece y se instala el término de “candidaturas testimoniales” para referirse a los políticos que se postulan a un cargo mientras se encuentran en el ejercicio de otro, por lo que se sospecha que no asumirán la banca que disputan. En este punto los representantes del kirchnerismo fueron fuertemente criticados al proponer como diputados en la provincia de Buenos Aires a Daniel Scioli y a Sergio Massa, quienes en esa época eran gobernador de dicho distrito y jefe de gabinete de ministros de la Nación, respectivamente. Si bien esta situación no se trasladó a la ciudad, en el escenario porteño las candidaturas presentadas por cada partido también fueron tema de debate. La principal discusión giró en torno a la postulación de Gabriela Michetti, quien asumió el rol de primera candidata a diputada por el PRO luego de renunciar a su puesto de vicejefa del Gobierno porteño. Michetti justificó su decisión en que desde el Congreso se pueden buscar mejores soluciones para los problemas de la ciudad que, a pesar de las buenas intenciones del PRO, no han podido sortearse fundamentalmente por las trabas que el gobierno nacional les puso a lo largo de sus dos primeros años de gestión. Para Michetti el Congreso es el espacio donde deben destrabarse esas cuestiones. Tras tomar esta decisión, el PRO recibió duras críticas de la oposición. No solo los acusaron de no tener candidatos fuertes sino que también la propia Michetti fue blanco de ataques por renunciar a un puesto para el cual fue democráticamente electa. Sin embargo, Mauricio Macri justificó su decisión y aprovechó para diferenciarse del kirchnerismo al anunciar que Michetti sí asumiría su banca en caso de ser electa.

La conformación de las listas del ACyS también dio que hablar cuando desde esa alianza anunciaron que Alfonso Prat Gay sería el primer candidato. Esta decisión sorprendió a la opinión pública que esperaba que la nómina fuera encabezada por su principal dirigente Elisa Carrió, quien tomo la decisión de ocupar el tercer puesto.

Otro tema que marcó el ritmo de la campaña fue la Gripe A. La supuesta epidemia de Influenza A se convirtió en un asunto central en el 2009. Medios, especialistas y funcionarios dedicaron horas a tratarlo. Se generó una situación de alarma donde muchas escuelas e instituciones cerraron sus puertas para evitar la propagación del virus. Incluso se llegó a plantear la posibilidad de suspender las elecciones debido a esta amenaza.

Este hecho reforzó el sentimiento de inseguridad generalizada, el clima signado por el miedo a lo desconocido y a las amenazas difusas, contra las que no resulta fácil prevenirse, que caracterizaron al proceso electoral de 2009. Los discursos en torno al peligro que la Gripe A representaba se enmarcan en lo que Ulrich Beck definió como “Sociedad del riesgo” (Beck, 1998), refiriéndose así al modelo de organización social post-industrial, en el que aparece “un nuevo destino ‘adscriptivo’ del peligro, del que no hay manera de escapar” (1998: 12). Pero a

diferencia de lo que sucedía bajo la modernidad clásica, este destino no se presenta bajo la forma de la miseria, sino del miedo (Ibíd.). Por otra parte, el autor observa que los riesgos de la sociedad post-industrial “suelen permanecer invisibles” (1998: 28) y “se basan en interpretaciones causales” (Ibíd.), razón por la cual su presencia se establece necesariamente en el saber, donde pueden ser “transformados, ampliados o reducidos, dramatizados o minimizados, por lo que están abiertos en una medida especial a los procesos sociales de definición” (Ibíd.). Esto le permite decir a Beck que en ese escenario, los medios de comunicación masivos y las diversas posiciones existentes en torno a la legítima caracterización de los riesgos “se convierten en posiciones sociopolíticas clave” (Ibíd.). En efecto, la amenaza que la Gripe A representó en 2009 y su relación con el “sentimiento de inseguridad” (Kessler, 2010; Rodríguez Alzueta, 2014) es una perfecta ejemplificación del diagnóstico realizado por Beck.

.b) La seguridad en 2009

Como mencionamos, las estadísticas empezaron a cuestionarse tras la intervención del INDEC. A partir de entonces, en distintas áreas el Estado dejó de entregar cifras oficiales. En relación a la seguridad, los últimos datos elaborados por el Sistema Nacional de Información Criminal (SINC) que recopila los hechos delictivos registrados por las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura llegan hasta 2009. Según datos del ministerio de Justicia de la Nación, en la Ciudad de Buenos Aires en el año 2009 hubo 4,92 homicidios cada 100.000 habitantes[5], la tasa más baja de América latina.

Sin embargo, en la Argentina existe un desfasaje entre el miedo a ser víctima de un delito y la victimización efectiva. Según el informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA[6], en el año 2008 el 75% de la población encuestada manifestó tener miedo a ser víctima de un delito, mientras que solo el 25% dijo haberlo sido efectivamente. De acuerdo al estudio, la llamada “sensación de inseguridad” aumenta progresivamente mientras que los índices de victimización efectiva se mantienen regulares (entre 22% y 26%).

En relación a estos datos, debemos tener en cuenta que, como dice Esteban Rodríguez Alzueta siguiendo a Laurent Bonelli, “bajo la etiqueta de ‘inseguridad’ se opera por primera vez una separación entre delito y miedo al delito” (Rodríguez Alzueta, 2014: 28). De este

modo, a la inseguridad objetiva se incorpora una nueva dimensión que también merece la atención del Estado: la inseguridad subjetiva o sensación de inseguridad. Estados dos variables comenzarán a escindirse hasta adquirir un status relativamente independiente una de la otra. En ese sentido, el autor observa que se trata de dos problemas distintos que si bien pueden estar vinculados entre sí no necesariamente existe una relación directa entre ambos términos, pese a lo cual el Estado no ensaya respuestas separadas.

En esa dirección, Rodríguez Alzueta indica que como los gobiernos no pueden dar una respuesta efectiva e integral frente al delito, sí pueden en cambio “presentarse como actores enérgicos y eficientes para hacer disminuir la sensación de inseguridad y, al hacerlo, pueden sugerir a sus administradores que han sido igualmente eficaces en la lucha contra el delito” (2014: 29). Así, si una respuesta exitosa frente a la inseguridad subjetiva puede hacernos creer que esa efectividad también se aplica en la lucha contra el delito, difícilmente suceda lo contrario. En este contexto la seguridad aparece como una de las principales preocupaciones de los porteños y por ende un tema central en la campaña electoral.

2.c) La cuestión de la seguridad en las elecciones porteñas

Pablo de Marinis (1999) observa que a mediados de la década de 1970, Foucault realizó una profunda revisión crítica de la categoría de poder con la que venía trabajando, ya que la consideraba demasiado cercana a una concepción represiva y comenzó a utilizar el concepto de gobierno. Esta reconceptualización se da en paralelo a (y es producto de) la caída del welfarimo y al surgimiento de las racionalidades políticas y tecnologías de gobierno neoliberales. A partir de entonces, el Estado occidental comienza a economizar su propio ejercicio del poder, como respuesta al fracaso del proyecto disciplinario, que por entonces ya era evidente.

De Marinis indica que el concepto de gobierno que propone Foucault hace referencia a “‘la conducción de la conducta’, a una forma de actividad práctica que tiene el propósito de conformar, guiar o afectar la conducta de uno mismo y/o de otras personas” (1999: 10). En base a esta definición de gobierno es que podemos comprender el concepto de gubernamentalidad que es un neologismo que surge del cruce entre gobierno y mentalidad y que permite analizar entonces tanto el ámbito y el objeto del gobierno como el tipo de mentalidad, el modo de pensar que debe usarse para gobernar exitosamente en determinado momento histórico. De ahí se deduce que lo que le interesa a la gubernamentalidad no es la legitimidad del poder sino su ejercicio real, material, concreto, cómo el poder se manifiesta,

siempre expresado por racionalidades políticas y efectivizado a través de diversas tecnologías de gobierno.

Un hecho importante a tener en cuenta es que las racionalidades políticas –entendidas como parte de los modos de actuar y de pensar- y las tecnologías de gobierno –los procedimientos prácticos a partir de los cuales se inscribe el ejercicio del poder- se combinan en cada situación histórica concreta de un modo particular. Por eso no hay nada como “la” gubernamentalidad en términos abstractos y generales, sino que lo que existen son diversas gubernamentalidades, en las que lo que siempre está presente es el factor de conducción de la conducta, que es lo propio del ejercicio del gobierno (De Marinis, 1999).

En relación a estas cuestiones, retomamos a Pat O’Malley, quien remarca que el enfoque de la gubernamentalidad se centra en el régimen de verdad adoptado por el programa de gobierno que pretende analizar, razón por la cual uno de sus recursos habituales es el análisis de los documentos y proyectos del gobierno en cuestión, los discursos de sus representantes principales, los folletos, propagandas, campañas, etc.; aspecto que se relaciona directamente con nuestro objetivo en este trabajo (O’Malley; 2006).

Por otra parte, nos interesa reponer aquí el planteo de Jonathan Simon (2011), quien analiza el devenir de la sociedad estadounidense desde la década del sesenta hasta el presente, concluyendo que, producto del derrumbe de las políticas del Estado de bienestar, la guerra contra el delito adquiere un lugar cada vez más preponderante en los discursos de la dirigencia política. El delito se transforma entonces en uno de los pilares que sostienen discursivamente las campañas. Esta descripción de la gubernamentalidad neoliberal debe relacionarse necesariamente con el hecho de que, tal como mencionamos más arriba, estamos insertos en la llamada etapa biopolítica de la seguridad, donde lo que se protege es la vida del individuo: “el nuevo objeto de la seguridad debe estar constituido por las poblaciones y los individuos vivientes. Son estos los que deben ser protegidos; lo que es sagrado no es la soberanía del Estado, es la vida del individuo” (Gross, 2010: 285). De esta manera, la premisa principal que guiará las propuestas de los diferentes partidos será la protección de la vida de los ciudadanos. Desde ese lugar durante la campaña surgen caracterizaciones interesantes sobre el rol de la policía, de las víctimas, de los victimarios y también sobre el rol del Estado nacional. Todo este entramado discursivo permite dar cuenta de cómo la noción biopolítica de la seguridad se construye en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la Capital Federal tiene una particularidad: en la elección se enfrentan dos partidos políticos que gobiernan; el PRO en la Ciudad de Buenos Aires y el FPV a nivel nacional. Esto hace que en sus respectivas campañas, los candidatos de ambas fuerzas prefieran destacar los logros conseguidos pos sus gestiones antes que hacer una referencia constante a problemáticas percibidas en forma negativa por el electorado.

a) PRO

Para el PRO la seguridad es una prioridad en su campaña. Según el partido, la misma se construye a partir de tres pilares: un ingreso ciudadano a todas las familias carenciadas de la ciudad; becas para que los chicos estudien y consiguiendo el traspaso de la policía con todos sus recursos a manos de la Ciudad de Buenos Aires. Consideran que la seguridad tiene que ser una política de Estado y que la inseguridad es un flagelo que afecta a los porteños sobre el cual las autoridades deben actuar de inmediato. La solución de fondo pasa por desarrollar políticas de educación, de empleo, de igualdad de oportunidades, que tendrán resultados en el largo y en el mediano plazo. Sin embargo dejan en claro que la única solución inmediata tiene que ver directamente con la policía. De hecho, los diez puntos de la plataforma electoral de esta fuerza en lo relativo al eje “seguridad” están relacionados con el desempeño del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad[7].

Para el PRO es fundamental que el Gobierno Nacional traspase el manejo de la Policía Federal a manos de la Ciudad de Buenos Aires. Ante la negativa del kirchnerismo, el gobierno de Mauricio Macri impulsó la creación en octubre de 2008 de la Policía Metropolitana, que no había entrado en vigencia al momento de llevarse a cabo estas elecciones. Sin embargo, el discurso del PRO se refiere durante la campaña a la creación de esta fuerza como una victoria propia que traería más tranquilidad a los vecinos. Con menor énfasis, también coinciden en que es necesario impulsar políticas de fondo que permitan luchar contra el crimen organizado, el narcotráfico y la trata de personas.

Mientras tanto no nos quedamos con los brazos cruzados: creamos la Policía Metropolitana, es un largo camino, tratamos de recuperar el espacio público y en eso estamos y además mejoramos el acceso a la justicia. Quienes estamos acá hoy, los cuatro, no podemos esperar un día más, para trabajar en la misma mesa, dialogando profundamente y viendo si, a partir de nuestras diferencias, encontramos soluciones de fondo para este flagelo que no da para más. Gabriela Michetti, 17 de junio de 2009[8].

Estamos entrenando agentes, mejoramos la luminaria, recuperamos lugares que eran inhóspitos para la gente, privilegiamos el espacio público y colocamos cámaras en distintos lugares para reforzar la seguridad. Gabriela Michetti, 19 de mayo de 2009.

Destinatarios

El PRO interpela directamente a quienes están preocupados por la seguridad de la ciudad, a quienes se sienten inseguros en la vía pública y demandan un Estado más presente que se ocupe del tema, construyendo a todos los habitantes de la Ciudad como los generadores de estas demandas. Gabriela Michetti les habla a los “vecinos” que son los padres que están preocupados porque sus hijos salen de noche, los comerciantes que trabajan y tienen miedo a ser víctimas de un delito, los ancianos y todos aquellos sectores que se sienten vulnerables y expuestos a la inseguridad. Como dijimos más arriba, según la categorización que hace Gros, estos sujetos en la cuarta edad de la seguridad serían las víctimas, ya que en esta nueva etapa lo sagrado son las personas y es justamente el sufrimiento individual lo que constituye a la persona afectada como víctima, esta figura “va a hacer funcionar la seguridad biopolítica con todo un régimen de afectos novedosos: la compasión; y esta compasión será a su vez puesta en acción por la puesta en escena mediática” (Gros, 2010: 290).

¿Se acuerdan cómo era el tema de la seguridad hace 25 años? ¡Qué tema! ¿Se acuerda hace 15? Apenas podía empezar. En ese momento su preocupación era no quedarse dormido a la hora que tenía que ir a buscar a los chicos que habían salido a bailar, hoy su preocupación es ver si se puede dormir un rato. Gabriela Michetti, 17 de junio de 2009.

La figura del contradestinatario está condensada en el Gobierno nacional que se niega a traspasar la policía, que insiste en poner trabas a la gestión macrista en la ciudad. El kirchnerismo es el principal responsable que la Capital Federal no tenga una fuerza policial propia que le permita al PRO combatir la inseguridad.

Mientras tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, pareciera que no traspasar la policía es la manera de obstruir una gestión despreocupándose de tres millones de habitantes. Gabriela Michetti, 17 de junio de 2009.

Venimos reclamando desde hace tiempo el traspaso de la policía, tal como marca la Constitución, pero el Gobierno nacional decidió ensañarse con el Gobierno de la Ciudad y dejó a los vecinos como rehenes (…) Necesitamos que el Gobierno entienda que nuestro reclamo no es para hacer pelea de baja política, sino para construir a favor de los vecinos. Gabriela Michetti, 19 de mayo de 2009.

El rol del Estado

Para el PRO es necesario un Estado activo que desarrolle políticas inclusivas que generen nuevos puestos de trabajo, que estimule el desarrollo del mercado interno y que no fomente el asistencialismo. Mientras que el Estado nacional aparece como un obstáculo para resolver el problema de la inseguridad al negarse a traspasar la policía a manos del gobierno porteño, el Estado de la CABA -autodefinido como transparente- se construye como un actor clave para acabar con los índices del delito, es este Estado el que recuperó el espacio público, mejoró el acceso a la justicia, fundó la Policía Metropolitana que estará al servicio de los vecinos, etc. El Estado aparece como una figura que tiene en sus manos el poder de solucionar el tema y que cuenta con la firmeza y la determinación necesarias para hacerlo, siempre y cuando lo dejen.

4.b) Proyecto Sur

Proyecto Sur asocia la cuestión de la seguridad directamente al delito organizado y a la corrupción policial, a diferencia del PRO tiene una visión más pragmática del tema, asociándolo a actores exclusivos y adjudicando responsabilidades directas tanto al Estado Nacional como al ciudadano. También consideran que el hambre es el verdadero crimen al que hay que combatir. El tráfico de armas, la trata de personas y el narcotráfico, por citar algunos ejemplos, son las principales causas de la inseguridad en la Ciudad. El partido plantea que hay que atacar directamente a estos factores ya que se trata de mafias que cuentan con la complicidad del Gobierno y de la policía. En esa línea, entienden que la inseguridad es una consecuencia directa de las políticas neoliberales impulsadas durante los años 90 que dejaron como resultado el empobrecimiento de un sector importante de la población y la consolidación del delito y del crimen organizado.

Al igual que los demás partidos, hacen un fuerte hincapié en el hecho que la Ciudad controle su propia policía y que las comisarías dejen de estar bajo la órbita de la Policía Federal. Esto será clave para acabar con la corrupción que hay en las fuerzas de seguridad. Junto con el combate a las mafias organizadas, también plantan que es necesario democratizar los servicios de seguridad y el servicio penitenciario. Sin embargo y a pesar de estas propuestas, para Pino Solanas la llamada inseguridad no es uno de los principales problemas de la ciudad, sino que el peligro más importante pasa por la desnutrición infantil y los accidentes de tránsito, esta última, la principal causa de muerte en Argentina.

Lo más inseguro que hay en Argentina –si me permitis- ¡es nacer! 8 mil chicos mueren antes del año de vida frente a 1500 que mueren víctimas frente al delito criminal. ¡Y lo más

inseguro también es andar por la calle! El año pasado murieron atropellados en la calle o en accidentes 8260, dejaron más de 13 mil lisiados y son temas que no conmueven todavía al gobierno nacional. Pino Solanas, 17 de junio de 2009.

De hecho, en la plataforma electoral de este espacio se plasman conceptos tales como “el negocio de la inseguridad”, “cultura del miedo”, “intereses del niño y del joven” delincuente y se proponen medidas alternativas al “encierro” para los menores que cometan un delito, todas cuestiones que permiten observar que esta alianza electoral concibe al delito y a la inseguridad como fenómenos subsidiarios de otras causas estructurales, a las que se llama a combatir. Como se indica en la plataforma:

La política de Prevención Social del Delito pretende asumir la complejidad de los procesos que llevan al individuo a la comisión de un delito. De esta manera se apunta al trabajo focalizando sobre las causas que inducen al mismo”[9].La inseguridad se conceptualiza como el efecto secundario de una sociedad estructuralmente desigual, que es urgente modificar.

Destinatarios

Dentro de los elementos que hacen a las cuarta edad de la seguridad, podríamos considerar que el discurso de Proyecto Sur está más centrado en las amenazas para la seguridad que en la vida como objeto, las mismas son entendidas como todo aquello que pueda “portar prejuicio al individuo viviente y al bienestar de las poblaciones civiles” (Gros, 2010). Para Proyecto Sur las víctimas de la inseguridad también son las amenazas hacia la seguridad, se trata de las personas objeto de las mafias policiales, los jóvenes que caen en el consumo de drogas, los pobres que pasan hambre y son tomados como objeto de políticas clientelares por parte de diferentes partidos. Estos son para el partido que encabeza Pino Solanas los principales crímenes.

La figura del contradestinatario es muy clara: por un lado el Gobierno nacional y por el otro el de la Ciudad. Ambos aparecen como responsables de la inseguridad en tanto y en cuanto desde sus respectivos Estados no hacen nada por combatir a las mafias organizadas ni por modificar la estructura social desigual de la que la delincuencia es una consecuencia lógica.

El rol del Estado

El Estado aparece como uno de los victimarios y como el responsable de la inseguridad, el Estado es cómplice de las mafias policiales, de la trata de personas, del narcotráfico, de la corrupción dentro de la misma policía que son para esta fuerza –junto con la pobreza y el desempleo- las principales causas de la inseguridad. En general, no se interpela al delincuente como victimario, sino que desde una concepción más amplia, él aparece como víctima de las malas políticas estatales y de la desigualdad estructural que aqueja al país

Tanto el gobierno del PRO como el gobierno nacional aparecen como causantes de la inseguridad al ser cómplices de las mafias organizadas, también el Estado de los 90 que instaló y llevó adelante políticas privatizadoras neoliberales que generaron más desempleo, mayores desigualdades y –en consecuencia- más inseguridad. La policía también aparece como causante de la inseguridad, responsable y cómplice del crimen organizado, del narcotráfico y de la trata de personas.

4.c) Acuerdo Cívico y Social

De los cuatro partidos analizados, el ACyS es el que hace más hincapié en la seguridad. La consideran como un derecho a recuperar y la conciben como un problema que afecta a todo el país, cuyas causas de fondo son la impunidad y la exclusión social. Para resolver este problema proponen cuatro ejes: mayor presencia policial en los barrios; combate al narcotráfico; régimen de responsabilidad penal juvenil; y desarrollo de planes de inclusión social. En relación a esto, en la plataforma política[10] del partido consideran que:

La inseguridad y la violencia generalizadas son el resultado de múltiples factores, entre ellos, un sistema que excluye y margina a más del 30% de la población, la impunidad para quienes delinquen y la complicidad de parte de la política con el narcotráfico. Por ello, la población se siente indefensa y suele buscar alternativas rápidas (o “efectistas”) para resolver este problema creciente que amenaza con salirse del control. Nosotros proponemos soluciones de fondo y un abordaje integral.

La falta de seguridad está fuertemente asociada a la corrupción policial y al delito organizado. Al igual que Proyecto Sur, en el ACyS consideran que no se podrá solucionar el problema si no se ataca a quienes financian el narcotráfico y otras organizaciones criminales.

Consideran que para terminar con la inseguridad se deben tomar medidas drásticas, en su mayoría, de carácter punitivo. Proponen un “shock para detener la inseguridad” coordinado

con Nación y con la provincia de Buenos Aires. Este plan implica: atacar la corrupción policial, combatir el narcotráfico y las adicciones –en especial al paco- modernizar la policía y las cárceles y crear un régimen de responsabilidad penal juvenil.

Por otra parte, la respuesta que este espacio da en el marco del debate sobre la inseguridad es principalmente legislativa. En efecto, de las seis propuestas que tiene su plataforma electoral en lo relativo al eje “seguridad”, cinco tienen que ver con la modificación de leyes vigentes (Ley Orgánica de la Policía Federal, Código Procesal Penal de la Nación y Ley de Armas) o con la sanción de leyes nuevas (nuevo Régimen Penal Juvenil y nueva Ley del Consejo de la Magistratura), mientras que la propuesta restante tiene que ver con el fortalecimiento del control sobre el Sistema Penitenciario. En el mismo sentido, podemos observar que en uno de los spots denominado “Yo asumí”, la única mención a la seguridad es realizada por Ricardo Gil Lavedra -prestigioso jurista y ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- quien, sentado en un escritorio, mientras consulta un libro y al tiempo que se ve una imponente biblioteca a sus espaldas, indica que “asumí la tarea de luchar por la justicia, por los derechos humanos, por la seguridad de los ciudadanos”.

Esto nos permite remarcar un dato básico, que sin embargo pasa desapercibido en las campañas de los demás espacios políticos: en tanto y en cuanto se trata de elecciones legislativas, lo lógico sería que las propuestas giren en torno a la elaboración de proyectos de ley en lugar de priorizar proyectos más ligados a decisiones atinentes a los poderes ejecutivos. En ese sentido, el ACyS es la única fuerza que construye su plataforma desde ese lugar y conduce su campaña con la función relativa a los cargos en disputa.

Destinatarios

El principal destinatario del discurso es el ciudadano común que se siente inseguro en la ciudad que habita ya sea por el miedo al delito, por el miedo a la usurpación de terrenos, por el miedo que implica vivir cerca del Riachuelo o de una cárcel, etc. Al igual que en el discurso del PRO, el vecino condensa al trabajador, al jubilado, a los estudiantes, a las víctimas de la inseguridad, etc. Sin embargo el ACyS interpela a los vecinos que no están conformes con la gestión de Mauricio Macri autodefiniéndose como el único partido que ofrece una alternativa a nivel nacional. Además, se apela a un ciudadano con formación institucional y democrática, que lejos de reproducir discursos sobre la seguridad ligados a la metáfora del “combate” o a la paranoia injustificada, comprenda que la solución del problema viene da la mano de la contención institucional y la creación de oportunidades para el delincuente, cuestiones que corresponde llevar adelante en el marco de cualquier Estado de derecho.

La figura del contradestinatario está ocupada por el partido político gobernante tanto a nivel nacional como en la Ciudad, en este caso el PRO y el FPV. Desde el discurso se los acusa de no haber gestionado el tema de manera eficiente, se los considera responsables del fracaso de todas las medidas llevadas a cabo para tratar de resolver esta problemática y de no haber atacado la pobreza, que aparece como una de las principales causas de la inseguridad.

Gran parte de los problemas que enfrentan los vecinos son solucionables con sentido común y capacidad para resolverlos. Es increíble que tanto el gobierno nacional como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se enreden en discusiones y excusas para no atender los reclamos. Todo esto me da más y más ganas de estar ya trabajando en la Cámara de Diputados junto al equipo que llevamos en nuestra lista y junto a quienes siendo de otros partidos quieran dejar atrás las divisiones y estén dispuestos a escuchar y debatir propuestas y soluciones. Alfonso Prat Gay, 10 de mayo de 2009.

Asimismo, Prat Gay se diferencia permanentemente de los partidos gobernantes:

Ante este panorama de freno económico, crisis política y violencia social y criminal, el Gobierno sólo se ocupa en atender sus necesidades electorales y redobla su discurso violento, amenazador y descalificante como única solución ante la crisis. Alfonso Prat Gay, 25 de mayo de 2009.

En relación a los victimarios, podemos considerar que el spot “balas” es una buena síntesis de lo que propone el ACyS para la Ciudad de Buenos Aires. En el mismo se enfatiza que para buscar seguridad, las balas no son la mejor opción, sino que es imprescindible contar con fuerzas de seguridad bien preparadas y educadas en el respeto cívico a la ley, al tiempo que se plantea la necesidad de educar a todos los niños garantizándoles así un futuro “digno y sin drogas”. La filosofía de este planteo se plasma en la fórmula “Seguridad es educación”. Como puede observarse, el discurso se dirige a las víctimas, que serán sus receptores, pero lo hace centrándose en la figura del victimario, al que se apunta a reformar mediante fuerzas de seguridad capaces y en el marco del respeto a la ley, al tiempo que se propone una política de fuerte sesgo educativo como modo de “evitar” la existencia de futuros delincuentes.

De manera indirecta, los jóvenes que no tienen trabajo y son adictos a drogas como –por ejemplo- el paco, forman parte para Alfonso Prat Gay del grupo de los victimarios causantes de la inseguridad. Es por eso que en su plataforma propone combatir la inseguridad a parir del desarrollo de un régimen penal juvenil y del combate al narcotráfico.

Esto nos recuerda que, como vimos anteriormente, mientras que en el spot dirigido a la ciudadanía bonaerense, Stolbizer y Alfonsín reconstruyen un escenario signado por el miedo, la imposibilidad de transitar libremente por la vía pública y el encierro en la esfera privada como único modo posible de evitar ser víctima de la inseguridad, al momento de interpelar al votante porteño, la estrategia del ACyS es radicalmente distinta.

El rol del Estado

Se construye desde una perspectiva doble: por un lado será el encargado de llevar adelante las medidas necesarias para acabar con la inseguridad y por el otro parece como uno de los causantes de la misma ya que las mafias policiales aparecen como una de las principales causas de la inseguridad. Hay una conexión entre policía y delito organizado que hay que resolver. En este punto no hacen distinciones entre el Estado Nacional y el de la Ciudad, ambos son considerados cómplices del delito.

4.d) Frente Para la Victoria

Para el FPV hacer referencia a la seguridad es hablar de más inclusión social y menos pobreza. Seguridad implica habitar un ambiente social seguro con empleo, educación, salud, vivienda digna, etc. La inseguridad es entendida como un problema global que no puede considerarse de manera aislada, se trata de un todo compuesto por diferentes partes y será responsabilidad del Estado proveer las soluciones necesarias a las causas de la inseguridad. En relación a esto consideran que lo principal no pasa por atacar al delito sino más bien a sus causas, por lo tanto proponen: redistribuir la riqueza, continuar impulsando el crecimiento económico y terminar con la exclusión y la pobreza.

La primera batalla por la seguridad es la batalla por la inclusión, la primera batalla por eliminar el territorio donde el delito puede nutrirse de mano de obra, es crearle a los jóvenes estímulos, intereses, es crearle a la familia cosas que defender, es crear un ámbito de pertenencia distinto. Carlos Heller, 20 de abril de 2009.

Creemos que debemos hacer todo lo necesario para mejorar la inclusión social, para que todos tengan acceso a un trabajo digno y que a partir de ese trabajo digno pasen a ser parte de una sociedad integrada, con la que tengan además compromiso y a partir de allí podamos trabajar fortaleciendo los temas de la salud, la educación y la seguridad sobre todo desde la base de una fuerte política de inclusión social. Carlos Heller, 29 de mayo de 2009.

Destinatarios

El FPV se dirige a quienes tienen una concepción similar en relación a la inseguridad. Aquellos que consideran que el problema tiene múltiples causas y que se soluciona a partir del desarrollo de políticas públicas inclusivas que generen educación, empleo y acceso a la vivienda. Pocas veces hacen referencia al rol de la policía, para ellos el Estado debe generar inclusión. De hecho –a diferencia de otras fuerzas- la policía no se considera como un elemento en la discusión por resolver el problema. En su discurso, el FPV está lejos de hablar a quienes exigen más seguridad y mano dura. Claro que esta estrategia discursiva puede relacionarse directamente con la decisión del Gobierno nacional de no traspasar la policía al de la Ciudad de Buenos Aires.

Tomemos conciencia que nuestra Ciudad crece si la desigualdad se achica, porque la seguridad implica más inclusión social y menos pobreza (…) Te invito a que trabajemos en pos de la seguridad. Carlos Heller, 17 de marzo de 2009.

Por su parte, las víctimas son los sectores sociales excluidos en pos de los cuales el Estado tiene que desarrollar políticas de inclusión. Al no tener acceso al trabajo, a la salud, a la vivienda o a la educación quedaron fuera de la sociedad. Los jóvenes de sectores vulnerables también son víctimas ya que están más expuestos a ser cooptados por las organizaciones del crimen organizado.

Pienso que el tema de la inseguridad debe ser resuelto desde el desarrollo de políticas públicas que, en primer lugar, apunten a generar amplios campos de inclusión social, amplios campos de contención de los sectores sociales castigados, marginados, a quienes no se les puede pedir que cumplan reglas de las que no se sienten parte. Carlos Heller, 20 de abril de 2009.

Es interesante ver cómo lo que en otras fuerzas se construye como el victimario, en el FPV aparece como la víctima, al igual que lo hace en Proyecto Sur. La caracterización que Carlos Heller hace de la víctima, en otros partidos aparece directamente como el delincuente, mientras que la figura de la víctima se reduce al sujeto que sufrió un delito.

Como el desarrollo de políticas activas sobre los jóvenes de sectores vulnerables para así, reinsertarlos en el circuito educativo y laboral, de forma tal de evitar que sean cooptados por el delito organizado. Carlos Heller, 17 de febrero de 2009.

El rol del Estado

El Estado debe desarrollar políticas públicas que reduzcan la desigualdad y que generen campos de inclusión social. Para esto es fundamental trabajar en la creación de empleos, en la contención de los sectores sociales castigados, en el acceso a la salud y a la educación. Hacen especial hincapié en la creación de puestos de trabajo que se presentan como los elementos que permitirán a los excluidos integrarse a la sociedad. Las fuerzas de seguridad ocupan un segundo plano, en la visión del FPV, una vez que el Estado logre reducir los índices de inseguridad a partir del desarrollo de políticas inclusivas, sí deberá concentrarse en la policía.

En tanto y en cuanto el FPV gobierna al país desde hace seis años, la campaña que este espacio lleva adelante en la Ciudad (cuestión que también se ve en la campaña para la provincia) se centra en revalorizar ante el electorado todo lo hecho desde 2003 a la fecha. En ese sentido, todos y cada uno de los problemas que la ciudadanía pueda experimentar, se solucionarían a partir de la profundización de un modelo iniciado en 2003 y cuyos pilares son el crecimiento económico, la generación de puestos de trabajo, la puesta en valor del Estado como asignador de recursos y la inclusión social. Continuando en la dirección emprendida hace seis años, más temprano que tarde se solucionarían las diversas problemáticas que aquejan al ciudadano común, la inseguridad entre ellas.

Esta idea queda perfectamente plasmada en los spots ilustrativamente titulados: “Por todo lo que se hizo bien, por todo lo que falta”. En los mismos, el candidato a diputado Carlos Heller repasa logros de la gestión kirchnerista tales como el reemplazo de la vieja Corte Suprema que respondía al ex presidente Carlos Menem, la generación de puestos de trabajo, la estatización de los fondos de pensión, la inversión en educación, la política de Derechos Humanos, la recuperación de Aerolíneas Argentinas y la política de integración regional. En base a todos esos logros, la propuesta es “seguir haciendo juntos el país en el que todos queremos vivir”. Vale decir, en esta construcción discursiva el énfasis se ubica en la columna “todo lo que se hizo bien”, a la cual pertenecen los logros mencionados. Por el contrario, la columna “todo lo que falta” está vacía. Se desconoce cuáles son las asignaturas pendientes, pero se insinúa que, sean cuales fueren los puntos que deberían ocuparla, los mismos tendrán solución si se continúa con el proyecto político que permitió obtener todos los beneficios mencionados en el “haber”. Entre “todo lo que falta”, claro está, también se ubica la solución a la problemática de la inseguridad, aunque no se lo diga explícitamente.

Conclusiones

El proceso electoral llevado a cabo en 2009 en la Ciudad de Buenos Aires presentó la particularidad que en el mismo se enfrentaron una fuerza política consolidada a nivel nacional desde 2003 como el Frente Para la Victoria con un espacio consolidado en la Ciudad como lo

era el PRO, que si bien había accedido a la jefatura de Gobierno recién en 2007, previamente había ganado en primera vuelta los comicios de 2003, que luego perdió en la instancia de ballotage. A ese panorama inicial, debemos agregar que tras el conflicto experimentado con los empresarios rurales a lo largo de 2008 y la derrota parlamentaria en lo relativo a la resolución 125, el kirchnerismo llegó a los comicios en cuestión con una imagen desgastada, en medio de pronósticos opositores que auguraban un “fin de ciclo” y una inminente derrota en las urnas. Este escenario se potenciaba en la Ciudad de Buenos Aires, donde los números nunca favorecieron al Frente para la Victoria desde su acceso a la Presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 2003.

Lo que tenemos en la Ciudad, entonces, es la coexistencia de un partido político en pleno ascenso como lo era el PRO con otra agrupación –el FPV- que iba camino a protagonizar la que a la postre fue su peor elección en el distrito desde 2003 a la fecha. En ese escenario, el ACyS apuntaba a retener el buen caudal de votos con que siempre había contado la Coalición Cívica y especialmente la figura de Elisa Carrió en la Ciudad (especialmente en los comicios legislativos), mientras que Proyecto Sur aparecía como un espacio político nuevo, dispuesto a acumular políticamente a partir de una crítica doble, tanto contra el PRO como contra el FPV, posicionándose a la izquierda de ambas alianzas gobernantes.

En ese escenario, en el que parecen configurarse espacios bien definidos en términos idelógico-discursivos, con fronteras bien trazadas entre cada uno de ellos (con el PRO en representación de un liberalismo de derecha aggiornado, el ACyS en nombre del institucionalismo republicano, el FPV ocupando el lugar del peronismo de izquierda en alianzas con sectores varios del progresismo y Proyecto Sur dando forma a los anhelos del progresismo no peronista) las cosas no resultan ser tan nítidas como aparentan.

En efecto, si a primera vista las diferencias entre las fuerzas políticas son claras, al momento de analizar el modo en que cada uno de estos espacios aborda la problemática representada por el par seguridad/inseguridad, las separaciones se tornan mucho menos nítidas y tienden a diluirse.

Así, si el PRO aparece como la opción más “de derecha” o punitiva[11] al respecto, lo más “extremo” que puede hallarse en su campaña tiene que ver con la propuesta de establecer “cambios en materia Penal y Procesal Penal para evitar que quienes cometan delitos violentos sean excarcelados” o con el pedido de contar con su propia fuerza de seguridad, haciendo permanente hincapié en que a partir del manejo de la misma la inseguridad podrá ser solucionada. Por lo demás, pueden observarse propuestas tan poco represivas tales como mejorar la luminaria, recuperar lugares inhóspitos o colocar cámaras de vigilancia.

De igual modo, el ACyS enfatiza la necesidad de profundizar la inclusión social, luchar contra el delito organizado y el narcotráfico, sanear a las fuerzas de seguridad de las prácticas corruptas que las afectan y educarlas en el respeto a la ley, al tiempo que insiste en la creación de un régimen penal juvenil. En última instancia, la clave pasa por el fortalecimiento de las instituciones republicanas y la obtención de una educación de calidad y universal.

En la misma línea, se pronuncian el FPV y Proyecto Sur, quienes hacen fuertes llamados a profundizar la inclusión social y la cobertura estatal hacia los desprotegidos como modo de solucionar la inseguridad. La diferencia es que si la fuerza dirigida por Pino Solanas propone revertir la desigualdad estructural que signa a la sociedad argentina, combatir al delito organizado, sanear el sistema carcelario y erradicar la corrupción de las fuerzas policiales, el FPV, en tanto que partido de gobierno a cargo de la gestión del Estado nacional, resalta en cambio la necesidad de continuar con lo que definen como el proceso de transformación social iniciado en 2003. Sin embargo ambas alianzas coinciden en que la figura del delincuente representa más a una víctima del modelo de organización social vigente que un victimario. Pero mientras el FPV indica que para terminar con ese modelo perverso es preciso continuar con lo hecho a nivel nacional durante los últimos seis años, Proyecto Sur interpreta que la solución radica justamente en desmontar esa experiencia.

En base a todo lo dicho previamente, entendemos que del presente trabajo pueden extraerse dos conclusiones principales:

En primer lugar, la particularidad que presenta la campaña porteña en lo relativo al ítem inseguridad es la diferencia respecto al modo en que la misma es construida en la provincia de Buenos Aires. En efecto, si en el distrito electoral más populoso del país la inseguridad aparece como un problema central dese el cual los candidatos buscan legitimarse, prometiendo soluciones efectivas y concisas, en la Ciudad la situación es muy diferente. Mientras que el PRO y el FPV en tanto que partidos de gobierno optan por no poner énfasis en el tema para no asumir lo que de otro modo implicaría un fracaso en las respectivas gestiones (desde ahí debe entenderse la insistencia de la fuerza acaudillada por Macri en relación al traspaso de la policía por parte del Ejecutivo nacional, lo que le permite argumentar que el “combate” a la inseguridad no fue más efectivo debido a las trabas puestas por el kirchnerismo), Proyecto Sur ni siquiera lo considera un hecho importante (a pesar de lo cual obtuvo el 24% de los votos), en tanto que el ACyS, que es el espacio que mayor prioridad da al abordaje de la inseguridad, lo hace desde una perspectiva democrática, inclusiva e institucionalista, que la aleja de cualquier discurso ligado a la paranoia securitaria o al extremismo punitivo. Como ya vimos, este discurso se diferencia claramente de la campaña encarada por este mismo espacio en la provincia, cuestión que también podemos observar en las distintas estrategias electorales del PRO para ambos distritos.

Entendemos que esta es una línea en la que vale la pena profundizar en esta investigación y en futuros trabajos (inclusive comparando las campañas porteñas no solo con las de la provincia de Buenos Aires, sino también con las de otras provincias), ya que, en primera instancia nos estaría hablando de cierta “especificidad” tanto del campo político como del electorado porteño (que también se plasma en el reclamo generalizado de una policía propia), que nos interesa abordar con más profundidad.

La segunda conclusión tiene que ver con el modo en que todos los discursos electorales se ubican en el marco del cuidado de la vida. En ese sentido, vale la pena observar que, en consonancia con lo dicho en el punto anterior, el cuidado, la protección, la intervención positiva, la preservación de la vida de la población se dibuja como un imperativo en las propuestas de todos los espacios analizados. El concepto de biopolítica descripto por Michel Foucault toma aquí toda su relevancia. En esa dirección, consideramos necesario remarcar que, si para Foucault, en el marco de la biopolítica el racismo era el discurso a través del cual se reintroducía la muerte, este segundo procedimiento está borrado de la campaña porteña. En la misma, el cuidado de la vida se erige en un principio indiscutible, que no debe ser alterado por ningún motivo. Desde ese lugar, podemos entender que la figura del delincuente -cuando aparece- no sea construida como la de un enemigo de la sociedad, sino como la de un sujeto “desviado” o incluso victimizado, que requiere ser tratado mediante dispositivos que apunten a su inclusión social, su educación, y, en el peor de los casos, un sistema penal y carcelario moderno que permita su re-socialización. El proyecto que subyace a todas las propuestas no es el del confinamiento indefinido o el de la “eliminación” simbólica del delincuente, sino el de su regeneración. Entendemos que es a causa de este enfoque compartido que la figura del delincuente tiende a diluirse, en beneficio de otras cuestiones causantes de la inseguridad menos individualizables, tales como las grandes mafias, el narcotráfico o el crimen organizado. Consideramos que esta es una línea de investigación que merece ser continuada en próximos trabajos. Además, sería necesario comprobar si se trata de una cuestión que sólo se observa en la Ciudad de Buenos Aires o si, por el contrario, está presente en otros distritos.

[1] “Riesgos, violencia y orden. De la exhortación a la ciudadanía a la interpelación de las víctimas en la comunicación política argentina”.

[2] Alianza conformada por la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo.

[3] Fuente: ministerio del Interior.

[4] Fuente: Dirección Nacional Electoral, ministerio de Justicia y DDHH.

[5] Fuente: ministerio de Justicia y DDHH.

[6] Moreno, C. (2008) La (de) construcción social a través de la inseguridad. La inseguridad y el miedo al delito: Consecuencias sociales de la inseguridad en un contexto de sensación de desprotección (Buenos Aires: UCA) Recuperado de http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo68/files/La_-de-_construcci-n_social_a_trav-s_de_la_inseguridad.pdf

[7] Fuente: Poder Judicial de la Nación.

[8] Todas las citas del 17 de junio de 2009 fueron extraídas del debate que los candidatos protagonizaron en el programa “A dos voces”, que se emite por la señal de cable Todo Noticias (TN).

[9] Fuente: Poder Judicial de la Nación.

[10] Fuente: plataforma Elisa Carrió.

[11] Vale aclarar que todos los espacios se ubican en mayor o menor medida en el seno de un discurso punitivo, en tanto que al momento de abordar las cuestiones relativas a la pena y el castigo, ninguno propone una instancia alternativa al sistema carcelario y ninguno va más allá de proponer modificaciones al régimen penal vigente. Lo que queremos decir es que, en el marco de esa concepción punitiva compartida, ninguna de las fuerzas analizadas recae en discursos extremistas o radicalizados, ligados a la “mano dura” o a la “tolerancia cero”.

Bibliografía

Beck, U. (1998): La sociedad del riesgo. (Barcelona: Paidós)

De Marinis, P. (1999): Gobierno, gubernamentalidad, Foucault y anglofoucaltianos. En Ramón Ramos Torre y Fernando García Selgas (Eds.), Globalización, riesgo, reflexividad. Tres temas de la teoría social contemporánea. (Madrid: Centro de Investigaciones sociológicas).

Foucault, M. (2009): Historia de la sexualidad. Tomo I: La Voluntad del saber. (Buenos Aires: Siglo Veintiuno)

Gros, F. (2010): La cuarta edad de la seguridad en Vanessa Lemm (editora) Michael Foucault: neoliberalismo y biopolítica. (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales)

Kessler, G (2011): El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. (Buenos Aires: Siglo Veintiuno)

Lemke, T. (2010): Los riesgos de la seguridad: liberalismo, biopolítica y medio en Vanessa Lemm (editora) Michael Foucault: neoliberalismo y biopolítica.. (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales)

O’Malley, P. (2006): Riesgo, neoliberalismo y justicia penal. (Buenos Aires: Ad Hoc)

Rodríguez Alzueta, E. (2014): Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno. (Buenos Aires: Futuro anterior)

Simon, J. (2001): Gobernar a través del delito (Barcelona: Gedisa)

Verón, E. (1996): La Palabra Adversativa, Observaciones sobre la enunciación política. (Buenos Aires: Hachette)