Mercedes Calzado, Cristian Manchego.
Artículo publicado en Sociales en Debate, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
El narcotráfico en agenda
El 10 de diciembre de 2015 Mauricio Macri en su discurso de asunción como nuevo Presidente de la Nación ante la Asamblea Legislativa colocó el narcotráfico como uno de los tres ejes fundamentales que abordaría su gobierno. Por primera vez este tópico se anunciaba como un eje central de intervención gubernamental en nuestro país. “La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta lo hizo basada en tres ideas centrales. Ellas son: pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Miles de personas a lo largo de todo el país me transmitieron su profunda preocupación por este tema”. En la alocución presidencial los jóvenes se revelaban como las víctimas y los victimarios “de esta realidad”: “Hay jóvenes que matan y mueren sin saber por qué, actuando bajo los efectos del paco y de la droga. La droga arruina la vida de familias enteras. No podemos resignarnos ni aceptar esta realidad como algo natural”. El nuevo gobierno tomaba el guante de los planteos realizados por la mayor parte de los candidatos que participaron en la contienda de 2015. “Vamos a encarar este tema de frente y vamos a trabajar con inteligencia y decisión para devolver tranquilidad y seguridad a las familias argentinas en todo el país”. En el discurso presidencial en términos estructurales, orden y la seguridad de “los argentinos” se contrapone a la figura del “narcotráfico. En el plano individual, la “familia” es la antítesis en peligro de la “droga”.
Aquella mención no fue del todo novedosa, sino que cristalizó un modo en que en los últimos años parte del debate político canaliza las preocupaciones sociales y define al enemigo. Por ello, la última elección nacional es significativa. No sólo el presidente electo hizo mención al narcotráfico en sus intervenciones de campaña, sino que fue parte de la agenda, central o marginal, de cada uno de los cinco candidatos que disputaron la primera vuelta tras las primarias obligatorias del 9 de agosto de 2015.
Históricamente, la intervención del campo político en nuestro país no fue ajena a los discursos en torno del consumo y el comercio de drogas. En la década del veinte la política local tomó nota de las intervenciones prohibicionistas a nivel internacional y estableció penas a través del Código Penal a quienes comercializaran sustancias sin autorización o sin proscripción médica. Durante la década del setenta la “preocupación política” volvió a los titulares de los periódicos y se concentró ya no en los comercializadores sino en los consumidores y su vínculo con la “subversión”. La figura del “toxicómano” se definió como uno de los estereotipos del enemigo interno. El “problema de las drogas” se convirtió en un eje central de intervención cultural y política durante la última dictadura militar desde el cual generaron figuras alrededor de una juventud hedonista y de una familia desordenada cuyos resultados principales se materializaban en “la subversión” que el Estado autoritario debía enfrentar.
El tópico de la juventud y la familia indicado como centrales por el presidente Macri en su discurso de asunción tienen una larga historia. Hoy sigue presente en los sentidos sociales la imagen de un Estado fuerte que “debe actuar” frente al desorden social producto de sustancias no legales. De hecho, en nuestro país hay un imaginario cristalizado según el cual la apertura democrática en 1983 es el momento en que se extienden el consumo y la comercialización de drogas. Esta es una postura para la cual la democracia y sus libertades serían alicientes para el desorden en clave individual (consumo de estupefacientes) y en clave estructural (comercialización). El Estado democrático se asimila desde allí al desorden y la ineficacia en la intervención de la salud y la seguridad pública.
En los últimos años, el problema del narcotráfico volvió a cobrar relevancia en la agenda pública y se profundizó su tematización en el campo político. No obstante, por primera vez en la campaña nacional de 2015 el problema de las drogas se incorporó en la agenda electoral de todos los candidatos a presidente y se vinculó con un tópico que ya venía siendo tratado en campaña: la seguridad urbana.[1] Desde los sentidos presentes en estas campañas electorales emergen múltiples interrogantes. ¿El narcotráfico busca identificarse como un elemento de cohesión social? ¿Cómo se articula la discusión sobre la seguridad urbana? ¿Cómo se refleja el rol del Estado en las intervenciones políticas? ¿De qué manera los candidatos plantearon que intervendrían frente a la problemática si fueran electos? ¿Qué dimensiones de la inseguridad ciudadana predominan cuando los discursos políticos en campaña tratan sobre el narcotráfico? ¿Cómo se interpela al ciudadano desde esta problemática? Revisemos en las próximas páginas algunas de estas preguntas a partir de las intervenciones de los candidatos presidenciales durante la campaña nacional de 2015 en sus spots de campaña e intervenciones públicas.
El narcotráfico en campaña
El 9 de agosto de 2015 se realizaron las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que determinaron los seis candidatos que competirían en las elecciones presidenciales, Daniel Scioli, Mauricio Macri, Sergio Massa, Margaritza Stolbizer, Nicolás del Caño y Adolfo Rodríguez Saá.
La elección se realizó en un escenario en el cual parecían plesbicitarse los doce años de gobierno kircherista. Los tópicos de preocupación ciudadana fueron numerosos pero el lugar central estuvo ocupado por las políticas económicas. Las encuestas y entrevistas realizadas por este equipo durante 2015 arrojaron como dato central que la seguridad ciudadana no se posicionaba como tema prioritario en la opinión pública para esta elección.[2] La cuestión securitaria se ubicó en el cuarto lugar de importancia con el 12 por ciento de las respuestas de los encuestados, por detrás de los tópicos salud, educación y pobreza. Ahora bien, estos datos sí marcaron una valoración prioritaria acerca de que el Estado y el gobierno que asumiera luego del 10 de diciembre debía hacerse cargo de la seguridad urbana, y del problema del narcotráfico asociado. Para la mayoría de los encuestados, el 25 por ciento, la seguridad era el tema que debían priorizar los candidatos.
Las piezas propagandísticas sirven como indicador del grado de importancia que tuvo la cuestión narcotráfico y la seguridad dentro de las discursividades electorales en la campaña de 2015. Sergio Massa fue con certeza el candidato que posicionó a la cuestión securitaria como prioritaria en sus intervenciones vinculándola directamente con el narcotráfico. En al menos cuatro spots plantea específicamente esta cuestión: “Seguridad ampliada”, “Miedo por seguridad”, “Prisión perpetua para narcos y violadores”, “El ejemplo de Tigre”, palabras que remiten a un diagnóstico de crisis de seguridad y a una necesaria intervención en clave de normas y excepción. Por su parte, Macri trató el tema de la seguridad en cinco de sus spots, tres de los cuales aluden directamente al narcotráfico: “Terminar con el narcotráfico”, “Desactivar los carteles de la droga”, “Erradicar el Paco de toda la Argentina”. Daniel Scioli, por último, consideró al narcotráfico de forma específica en dos publicidades: “Estrategia antinarcóticos” y “La guerra contra el narcotráfico”. Las definiciones de campaña por primera vez colocaron al tope de la propaganda electoral al narcotráfico como delito organizado y problema de seguridad urbana, y en menor medida a la droga como tema de salud pública.
La relación entre narcotráfico e inseguridad se tornó visible en las enunciaciones electorales principalmente a partir de la intensificación de la violencia en los delitos urbanos. Esto fue muy recurrente en las discursividades de Mauricio Macri al hacer referencia a una de sus tres propuestas principales: “Enfrentar y derrotar el narcotráfico que ha potenciado, que ha aumentado la violencia y la cantidad de delitos en Argentina”, indicaba Macri durante el debate presidencial previo al balotage realizado en la Facultad de Derecho el 15 de noviembre.
Las drogas aparecen como condición necesaria al momento de invocar y presentar la preocupación por la inseguridad. Los debates públicos vincularon el agravamiento de los delitos urbanos con la cuestión narcotráfico. Pero más que ligar ambas problemáticas a través del crimen organizado, se potenciaron los planteos acerca del microdelito cuyos protagonistas serían delincuentes más violentos producto de los estupefacientes.
Massa realizó un vínculo similar pero de forma más soslayada, aunque no por ello inexistente. En el spot “Seguridad ampliada” asegura que el narcotráfico es “Un enemigo que tiene poder, dinero, y no le importa cobrarse vidas”. Una frase en la que personaliza abstractamente la figura del narcotráfico otorgándole un poder omnipresente, a la vez que invoca el peligro que corren las vidas de las personas.
Scioli, por su parte, se esforzó por diferenciar dos cuestiones claves respecto al problema del narcotráfico: el consumo y la comercialización. En una conferencia de prensa realizada en una ciudad como Rosario el 4 de noviembre, el candidato del Frente Para la Victoria, con tono enérgico y terminante indicó: “El problema de la droga hay que abordarlo desde dos puntos de vista: el dicto es un enfermo, es un tema de salud pública”. Y agregó, bajo la mirada atenta del Secretario de Seguridad, Sergio Berni: “El narcotraficante es un criminal, es un tema de seguridad pública. Y ahí hay que caerle con toda la fuerza de la ley y todo el rigor de la fuerza de seguridad”. Esta diferenciación es constante en Scioli en las entrevistas, declaraciones e intervenciones en programas televisivos, más que en el material gráfico o audiovisual propagandístico. Además de identificar al “criminal”, visualizó un actor específico más cercano a una definición de la víctima, el “adicto”. Pero ello no implicó que profundizara en modos de intervención desde el Estado en materia de salud pública, sino que se focalizó en las sanciones hacia los criminales en la línea de un “Estado fuerte” de un modo similar a los otros candidatos.
El Estado imaginado
En la irrupción del tópico del narcotráfico se revelan algunos modos de configuración imaginaria del Estado. El escenario diagnosticado por buena parte los candidatos es de “crisis de seguridad” como consecuencia del narcotráfico. Parecen indicar que el umbral de tolerancia se franqueó y que el Estado debe reaccionar y accionar. Con la figura del narcotráfico se refuerza el imaginario de un territorio nacional en riesgo y la seguridad por momentos deja de presentarse como un problema de los pequeños delitos urbanos para concentrarse en un gran delito organizado. El espacio nacional se construye y define como un territorio en peligro sobre el que el Estado debe intervenir para resguardarse. Es un contexto de emergencia frente al cual se refuerza la necesidad de medidas excepcionales. El debate entre los candidatos durante la elección de 2015 acerca del derribo de aviones como “medida de defensa” territorial ejemplifica la configuración de un Estado de excepción.
Este vínculo entre seguridad interior y narcotráfico habilita la definición de un nuevo enemigo interno: el “criminal-narcotraficante”. En los posicionamientos de campaña no desaparece la “la víctima-adicta” como uno de los actores sobre los que el Estado interviene, pero la centralidad se coloca en un victimario peligroso, fantasmal y en alguna medida ajeno al “nosotros nacional”: el narcotraficante.
Una vez caracterizado un territorio nacional en riesgo, el “narcotraficante” es el actor protagónico sobre el que el gobierno venidero debería intervenir para frenar la “expansión de la droga” en Argentina. Estos dos ejes están presentes en la mayoría de las propuestas formuladas por los candidatos. En Sergio Massa esto se torna más notable ya el tratamiento del tópico del narcotráfico ocupa un lugar central en su estrategia comunicacional. En el spots “Cambiar miedo por seguridad”, una voz en off afirmaba con contundencia todas las sanciones que recibirán “narcos y violadores”: “Massa propone cambiar miedo por seguridad declarando la guerra al narcotráfico con todas las fuerza disponibles y también con las fuerzas armadas”. Y suma acciones: “Crear una Agencia Federal contra la Droga, promover la especialización de la justicia en materia de narcotráfico y un nuevo Código Penal que pone prisión perpetua para narcos y violadores”.
Si el contexto es de emergencia, las fuerzas de seguridad no parecen ser suficientes. También incorporó, en su estrategia comunicacional, la invocación permanente al incremento de las sanciones y el cumplimiento de las normas. El Estado debía garantizar, ejecutar y modificar las normas. La figura de la ley invocada por Massa en toda la campaña vuelve a indicar un diagnóstico de anomia producto de la supuesta ineficacia y falta de reacción del gobierno en curso. De allí la apelación constante a la “posibilidad sin límites” de lo que el Estado puede hacer en materia normativa-legal para atacar el problema del narcotráfico. El planteo de las fronteras internas y externas en peligro de estos discursos habilitan acciones propias de un estado de excepción.
Macri en campaña resaltó también la necesidad de generar una estructura institucional contra el narcotráfico. A la vez, acentuó la figura de los daños y males que el narcotráfico causaría en la sociedad y reforzó el rol activo que el Estado debía asumir y los modos en que debía hacerlo. En el último debate presidencial antes del balotaje, el candidato de Cambiemos, en primer plano, aseguraba mirando fijo a cámara: “Vamos a crear la Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado: donde el narcotráfico sea un tema de gran importancia, junto con el de la trata y la corrupción. Vamos a tomar control de nuestro territorio”. Un territorio que, en principio, localiza en las cercanías: “Hay que entrar en los barrios más peligrosos para marcar una línea y atacar principalmente el tema del paco, que es el peor mal que está destruyendo nuestras familias.”
El significante “territorio” tiene aquí como resultado dos relaciones semánticas. Por un lado, en clave local el planteo de “barrios peligrosos” acentúa la idea de un escaso control estatal en determinados espacios urbanos lo que posibilitaría el acrecentamiento de las condiciones criminales. Por otro lado, en clave nacional se promueve la necesidad de mayor control territorial en las fronteras del país. Estas propuestas no son exclusivas de la campaña el entonces Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. La constante persistencia del significante “territorio” o “frontera” en las promesas electorales de los distintos candidatos ligadas al “cierre de frontera”, “bloqueo de frontera”, “cuidar nuestro territorio” soslaya el regreso de un (¿viejo?) actor en las discursividades políticas en relación a ciertas problemáticas sociales: el inmigrante. Sin nombrarlo, la idea de un territorio en peligro lo ubica en el plano de la sospecha y la amenaza.
Scioli también estructuró parte de sus propuestas en la sanción del narcotraficante y la prevención de la “expansión de la droga” en Argentina. La particularidad de su estrategia comunicacional fue la de presentar, permanente, los modos de intervención del Estado sobre el problema de la droga desde las acciones desarrolladas en su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con acento firme y convincente indicaba al ser entrevistado en el programa televisivo A dos voces: “Mi propuesta no son palabras o realidades obvias, son las acciones que vamos llevando adelante”. Las promesas de campaña dejan de ser intangibles cuando se recuerda que el candidato está gestionando: “No hay soluciones mágicas, es un trabajo arduo lo que venimos haciendo, la incautación de drogas, la búsqueda de los cabecillas de estas organizaciones criminales”.
La gestión de gobierno suele ser clave en las estrategias electorales de candidatos en funciones en áreas del Estado. Si el enunciador se encuentra en un cargo de gestión administra un discurso moderado sobre la seguridad desde el que busca mostrar eficacia, acción y experiencia en “la lucha contra el delito”. En cambio, si se ubican desde la oposición, los candidatos identifican los escenarios usualmente como peligrosos y caracterizan al gobierno de turno como poco eficiente frente a la criminalidad. Ello explica porqué los tres principales candidatos adoptan un tono de experiencia cuando se refieren al tópico.
Así, al tratar el tema del narcotráfico, Scioli apeló a los “logros de gestión” especialmente a través de mensurabilidades. “Volumen de marihuana sin precedente”, “doce toneladas”, “la mayor incautación de droga en años” son expresiones frecuentes en las declaraciones del entonces gobernador bonaerense. La “eficacia” del Estado frente a la cuestión criminal, en general, y a la cuestión narcotráfico, en particular, se presenta en términos cuantitativos. Por lo tanto, la dimensión numérica es condición necesaria para articular un discurso donde el Estado se muestra en acción ante la delincuencia organizada. No es casual, además, que estas expresiones se realicen frecuentemente en la cubertura de los medios sobre el acontecimiento noticioso. En este sentido, a través de estas frases, el lenguaje político pareciera adoptar el efecto de titulado característico del lenguaje mediático.
En síntesis, los tres candidatos centrales en la elección 2015 construyen una estrategia similar frente al problema de las drogas. Por un lado, las acciones en materia de seguridad en la Provincia, en el Municipio de Tigre y en la Ciudad de Buenos Aires se visibilizan desde el saber, la eficacia y las posibilidades de traducir un modelo local o provincial a la gestión nacional. Por otro, ante una configuración común en clave de “estado de excepción”, las herramientas de intervención giran en torno a la “mano dura”. Frases como “con todo el rigor de la ley”, “con todas las fuerzas de seguridad”, “con penas más duras”, “tolerancia cero” fueron las más frecuentes a la hora de hacer propuestas.
Asociaciones
La falta de confianza en el Estado se anuda en otro significante: corrupción. Narcotráfico y corrupción se asocian a la vez que se refuerzan uno al otro. La comercialización de drogas sería una consecuencia de cadenas de asociaciones ilegales vinculadas con el Estado. Sin corrupción, para estas posturas, no habría narcotráfico; y para “enfrentar el narcotráfico” habría que “erradicar” la corrupción. De allí que el modo de construir la imagen del “Estado corrupto” se despliega en gran medida a través del peligro de un delito organizado como lo sería la producción, distribución y venta de estupefacientes. Desde Progresistas, Margarita Stolbizer trabaja su campaña desde esta línea de interpretación. La candidata señala los actores responsables dentro del Estado: quienes deben controlar el territorio interno, las fuerzas policiales; y los encargados de vigilar los márgenes territoriales, los funcionarios de la aduana y aeropuertos.
Así, corrupción y el narcotráfico se relacionan a partir de la identificación de ciertos actores del “Estado corrupto” y sus lazos con la delincuencia organizada. De todas formas, la imagen de complicidad de los poderes e instituciones del Estado es mayor en las fuerzas policiales que en resto del abanico de actores.
El candidato del FIT, Nicolás Del Caño, también toma esta estrategia de campaña e identifica a la Policía y al sector judicial como actores significativos en cuestiones relacionadas a los delitos organizados. En el debate presidencial realizado antes de la primera vuelta electoral, el candidato plantea sin vueltas que “son las fuerzas policiales las que organización el gran delito en complicidad con el sector judicial y el poder político”. En este sentido, logra distinguirse de las propuestas de sus oponentes indicando que son las mismas fuerzas policiales (que los demás candidatos quieren potenciar a modo de combatir el narcotráfico) las que en realidad “organizan el gran delito”. Ante la dirección que asume la agenda de campaña, la fuerza de izquierda también debió incorporar los tópicos de la criminalidad dentro de sus agendas electorales, algo que históricamente suele estar alejado de sus programas de gobierno. La pregnancia en la opinión pública y en el espacio político del tópico del narcotráfico y la corrupción hizo que todos los actores políticos, incluso los más alejados, debieran incluir diagnósticos e intervenciones en sus agendas y mostrar desde él las diferencias frente a otros espacios políticos.
Revisar la cuestión narcotráfico a partir de la comunicación política electoral ayuda a pensar los modos en que se canalizan ciertas preocupaciones sociales en las discursividades políticas de campaña. Las apropiaciones discursivas en la mayoría de los candidatos se caracterizaron en 2015 por proponer una fuerte intervención de las fuerzas de seguridad, justicia e instituciones del Estado a modo de hacer frente al narcotráfico. En este sentido, se hace referencia al rol del Estado que se muestra en las palabras de algunos candidatos como deficiente, incapaz de enfrentar al “gran enemigo”. Es por ello que la mayoría de las estrategias de comunicación política respecto a la cuestión hacen foco en los “males sociales” del narcotráfico y la inacción del Estado.
En la superficie textual de los planteos alrededor de la cuestión del narcotráfico se visibilizan asociaciones diversas, heterogéneas e incluso contradictorias. A través de esta pluralidad, los candidatos revisan “las causas” y “los males” que se habrían acentuado en los últimos tiempos. La prueba de la consolidación de más de una problemática social es el narcotráfico: problemas educativos, sociales, culturales, de seguridad, corrupción, etc. De allí que se asocia fuertemente no solo con el microdelito urbano, sino también con la criminalidad en ámbitos superestructurales. El narcotráfico habría corrompido al Estado, entrado en él y absorbido a funcionarios, policías, jueces. Sin embargo, esto no es todo. También es necesario que su vinculación penetre en la vida privada, en lo más íntimo de las personas: el narcotráfico, ahora, también hiere a nuestros hijos, ataca a nuestras familias, a nuestros seres queridos.
El narcotráfico, por tanto, implica una cadena de sentido amplia que puede sedimentarse con mayor o menor intensidad en alguno de sus significados, sin que ello implique que desaparezcan los otros. Lo que para algunos es un resultado de la malas políticas educativas, para otros lo es de nulas políticas de clausura inmigratoria. El efecto de sentido de los planteos de campaña indica diagnósticos que sin demasiadas explicaciones orienten la “necesidad de intervenir frente a un flagelo”.
El desafío a seguir es el de revisar qué implica el amplio significante ubicado tras el tópico narcotráfico en el electorado, cuáles son sus sentidos en disputa. Esto abre a nuevos interrogantes acerca de formas en que se presenta esta temática en la percepción pública. Para avanzar sobre este futuro eje de análisis, será necesario revisar la relación entre narcotráfico e inseguridad urbana en la opinión pública, y como se ha ido proyectando dicha relación en estos últimos años. Producto del análisis de las discursividades políticas sobre el narcotráfico en época de campaña electoral, se puede sospechar que dicha relación se ha fortalecido a través de la constante enunciación de la “intensificación de la violencia” en los actos criminales que componen el delito urbano. Esta acentuada vinculación entre los significantes que giran en torno al “narcotráfico” e “inseguridad urbana” podría suponer una variación en la concepción de la problemática del delito en la opinión pública. Ya que el narcotráfico y sus actores vinculantes establecidos en espacios determinados, que antes parecían no tener incidencia en la inseguridad urbana, ahora parece que han logrado salir del ámbito del crimen organizado, que determina peligrosidades y sujetos específicos, para actuar también dentro de un “nosotros” a través de la vigorización de los actos criminales. Por tanto, es necesario seguir trabajando no solo en el análisis de los mencionados tópicos en determinados momentos, sino también explorar de forma histórica las rupturas, continuidad o regularidades en las formas discursivas en el ámbito político y en la percepción ciudadana.
[1] La nueva característica que adquiere el tópico de la seguridad al ser vinculado con el narcotráfico se desprende del seguimiento que viene realizando desde 2007 el equipo del cual forman parte los autores. El resultado de este trabajo es la “Cronología electoral de la seguridad” que puede encontrarse en el Observatorio “Comunicación, política y seguridad”: https://www.comunicacionyseguridad.com/
[2] Este equipo realizaron 300 encuestas y seis grupos focales durante septiembre y octubre de 2015 con la finalidad de relevar la percepción de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre la discursividad política electoral acerca del binomio seguridad inseguridad.