Mercedes Calzado, Mariana Fernandez y Vanesa Lio.
Trabajo presentado en el VII Seminario Internacional Políticas de la Memoria, llevado a cabo en 2014 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
I. Violencia urbana, victimización y seguridad
La agenda mediática y política de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra, desde hace dos décadas, teñida por el escenario de violencia urbana. Ante la crisis del Estado de Bienestar y la consiguiente refuncionalización del Estado y de la forma de gobernar bajo las políticas neoliberales, se incrementa el miedo al delito al tiempo que disminuye la distancia física entre miseria y riqueza en los espacios públicos. A medida que la percepción de desprotección se generaliza, los ciudadanos exigen administración y eficacia a los funcionarios encargados de gobernar la seguridad. Así, la necesidad social de intervenir frente al crimen se vuelve un imperativo de gestión fundamental.
Los medios de comunicación profundizan esta tendencia, promoviendo reclamos de ley y orden como solución necesaria para “combatir” la crisis securitaria. La aparición en la agenda massmediática del fenómeno de la inseguridad remite a la escenificación de una discursividad que enfatiza la potencialidad del peligro, la proximidad de sujetos amenazantes y un sinfín de medidas preventivas que la ciudadanía debe adoptar para protegerse de los riesgos urbanos. Riesgos que no refieren solamente a los transgresores de la ley sino que se atribuyen también a cartoneros, piqueteros, “trapitos” como generadores de desorden en la ciudad (Kessler, 2009).
Al mismo tiempo, los mass media no sólo han potenciado el discurso neoliberal de la inseguridad sino que han impuesto transformaciones en las formas de hacer política. Con el pasaje de las sociedades masivas a las mediáticas a partir de principios de la década del ’80, se redefine el perfil del dirigente clásico, que ya no busca interpelar a la ciudadanía desde la plaza pública sino sobre todo a partir del dispositivo televisivo (Barreiros y Cingolani, 2007). En los tiempos de la “primacía del aparecer” (Landi, 1991), el imperativo de la imagen se instala como un ingrediente muy importante del proceso político y demuestra una gran capacidad para absorber –cuando
no crear– al escenario político según sus reglas de construcción del espectáculo.
En Argentina, después de subir de manera sostenida desde 1993, en 1997 la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes llegó a 9.0, un pico que se repitió en 2003 según datos oficiales provistos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (en adelante, MJDH) en 2009. Si bien desde 2003 las denuncias de delitos contra la propiedad y las personas, así como los homicidios, han descendido (pese a algunos incrementos en los últimos años), el alza de las dos últimas décadas no se modificó sustantivamente. Sin embargo, algunos estudios realizados recientemente dan cuenta de que la preocupación por la inseguridad no es un reflejo de la victimización, afirmación
interesante para analizar la realidad porteña. Autores como Kessler (2009, 2011) consideran que el miedo al delito se produce con autonomía relativa de los índices de criminalidad y una fuerte influencia de los medios de comunicación masiva en la generación de predisposiciones de alarma. La autonomía entre la percepción de miedo y la criminalidad se reflejan en la variación de las tasas de victimización entre 2003 y 2011 a nivel regional y local. Así, aunque entre 2003 y 2007 el delito no creció, la violencia urbana se ubicó como la mayor preocupación en 2008, según los últimos datos oficiales proporcionados por el MJDH.
Con datos más actuales, el informe de 2011 deLatinobarómetro repite esta tendencia: en Argentina el problema principal para la ciudadanía es el par “delincuencia/seguridad pública” (Lagos y Dammert, 2012). Esta preocupación, vale destacar, se repite en prácticamente toda la región. La encuesta, realizada por Latinobarómetro en 18 países de América Latina, indica que en 2011 el 28 por ciento de los encuestados de la región identifican la “seguridad urbana y el crimen” como la mayor preocupación que deben afrontar sus países. Si a ello se le suma la categoría “violencia y delincuencia” el nivel de preocupación alcanza el 32 por ciento. La encuesta muestra que en la región el problema principal sigue siendo el económico. Sin embargo, desde la perspectiva de la percepción ciudadana, los ítems económicos están verbalmente expresados de diferentes formas mientras que el problema que adquiere mayor consenso verbal es “crimen”. En el caso particular de la Ciudad de Buenos Aires se observa una amplia distancia entre temor y denuncias. Según los datos publicados por el MJDH, Buenos Aires tiene una tasa de homicidios (4,99 cada 100 mil habitantes) más baja que New York (5,6), Montevideo (6,4), México DF (8,44), Santiago de Chile (9,56), San Pablo (11,18), Washington (23,84), Bogotá (31,7) y Río de Janeiro (39,7). Sin embargo, en las encuestas el temor al crimen parece ser el problema más repetido por los habitantes de la Ciudad. En esta línea, los datos de mayo de 2013 producidos por la consultora Analogías revelan que la seguridad es el principal problema para más del 60 por ciento
de los porteños.
En este escenario regional y local, algunas de las campañas electorales a Jefe de Gobierno y a Presidente de la Nación en Argentina, así como las elecciones legislativas de medio término, estuvieron en los últimos años marcadas por la discusión en torno a la seguridad. En este contexto se inserta el proyecto Ubacyt titulado “Riesgos, violencias y orden. De la exhortación a la ciudadanía a la interpelación de las víctimas en la comunicación política argentina contemporánea”, que entre 2012 y 2014 ha dado inicio a una investigación que gira en torno a algunas de las siguientes preguntas: ¿Qué rol jugó la seguridad en las últimas cuatro campañas electorales en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué diferencias y regularidades presentan las campañas en torno a la emergencia securitaria y el castigo penal? ¿Cómo fue conceptualizada la inseguridad en las estrategias de la comunicación política? ¿A quiénes se construyó como adversarios y
a quiénes como destinatarios privilegiados? ¿El rol del Estado construido resultó invariable o se adecuó al contexto electoral?
A fin de reflexionar sobre estos elementos, el proyecto analiza comparativamente las estrategias comunicacionales de los candidatos durante las elecciones entre 2007 y 2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ello se recurre al análisis discursivo de un conjunto de spots audiovisuales, plataformas electorales, declaraciones de candidatos, materiales de campaña 2.0 (Facebook, Twitter) y otros discursos extraídos de medios gráficos y televisivos. El relevamiento incluyó las campañas electorales diseñadas por las siguientes fuerzas políticas: UNEN, una alianza electoral porteña que se presentó a las elecciones legislativas de 2013 mediante el pronunciamiento de cuatro listas de candidatos a diputados y senadores nacionales; Propuesta Republicana (PRO),
la coalición de centro-derecha encabezada por el actual Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri; el Frente para la Victoria (FPV), en ejercicio de la Presidencia de la Nación desde 2003; el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) y Camino Popular, dos de los representantes de la izquierda porteña.
Se parte del supuesto según el cual en las sociedades inseguras, los ciudadanos tienden a reconocer en la inseguridad a su preocupación central, diagnosticando sus causas, consecuencias y responsables y reclamando intervenciones estatales. De este modo, el delito se imprime como gramática privilegiada de las campañas electorales contemporáneas. A su vez, en la economía discursiva de campaña emergen rasgos de un paradigma de la victimización (Pitch, 2003) sobre el cual el candidato renueva la imagen de un Estado capaz de proteger a un ciudadano en riesgo.
II. Primeros resultados
La seguridad surgió como un tema reiterado en las campañas electorales desarrolladas entre 2007 y 2013 en la Ciudad de Buenos Aires, abarcando todo el arco político: desde la ultraderecha hasta los partidos identificados con sectores de izquierda. Si bien esto no implica que todos los candidatos hayan configurado sus campañas en términos securitarios, ha sido un eje recurrente en todos los casos. A los fines de organizar estos resultados preliminares, presentamos a continuación cuatro ejes que han atravesado las campañas analizadas.
El ciudadano-víctima como destinatario.
Las discursividades electorales de todas las fuerzas políticas estudiadas interpelan principalmente a un ciudadano-víctima. En ese sentido, las fuerzas mayoritarias de la Ciudad coinciden en construir a su destinatario como víctima de la inseguridad urbana, de la delincuencia, de un riesgo que debe ser neutralizado por las promesas de campaña. Para la enunciación del PRO, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires se representan como sujetos que dialogan, que sonríen, que no rivalizan. La inseguridad urbana, la suciedad en la ciudad, los riesgos de tránsito, los problemas económicos,
incluso la violencia verbal, son los peligros que acechan al porteño. Las imágenes de las campañas del PRO muestran personas de diversas edades reunidas en distintos ámbitos de la ciudad que charlan. Muchas veces Mauricio Macri forma parte de esos grupos, es un vecino más. Sus preocupaciones son las mismas que la de cualquiera. Los discursos del PRO interpelan víctimas de los peligros urbanos, especialmente de los riesgos de la violencia, que acecha de la mano del diferente, del violento que no forma parte de esas reuniones de amigos. Por un lado, los ciudadanos se configuran como víctimas de otro peligroso, del otro lado del límite del nosotros, se ubica el violento y el que no dialoga. En estas campañas se recupera el discurso del paradigma de la victimización, en el cual la historia colectiva se diluye y se refuerza la idea de un lenguaje de la victimización individual. Es la víctima de una ofensa particular o del temor a serlo.
La contraparte más clara de este discurso es el presentado en época electoral algunos sectores de la izquierda porteña. Ellos se dirigen a un ciudadano-víctima no necesariamente del delito común (generalmente asociado a jóvenes provenientes de barrios humildes o villas) sino del narcotráfico, del delito “de cuello blanco” y de la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. En esta construcción discursiva, los roles que comúnmente se asignan a víctimas y victimarios se invierten, dejando en evidencia que los identificados en el discurso hegemónico como peligros para el orden social pueden también ser definidos como víctimas del mismo sistema que los rechaza. Se recupera en
estas enunciaciones el paradigma de la opresión: la víctima es el oprimido. La categoría de opresión, tal como lo define Pitch, remite a una condición compuesta, resultado de múltiples factores. Es una categoría omnicomprensiva que define una historia colectiva, un pasado común. La víctima es aquel sujeto cuyas condiciones de existencia son desiguales frente a las que poseen quienes tienen un acceso diferencial a los medios de producción.
La gestión como contradestinatario.
Hemos observado que las estrategias de cada fuerza política analizada ejercen entre sí influencias recíprocas. La singularidad de cada cual se estructura en base a una perspectiva en pugna con la de un adversario que las discursividades reprimen o explicitan. Las campañas evidenciaron la construcción de un contradestinatario asociado a la gestión de gobierno. En 2007 la campaña de Mauricio Macri da pautas sobre esta estrategia. La cuestión de la seguridad urbana se coloca como eje temático central en términos críticos a la gestión de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional. La campaña apela a riesgos sobre los que el Estado debería comenzar a intervenir, peligros de los que nadie sería capaz de salvarse. “¿Quién usa las calles inundadas? Todos. ¿Quién camina por las veredas rotas? Todos”, los spot enumeran una infinidad de cuestiones que incomodan al ciudadano de a pie y destacan la necesidad de contar con una administración eficaz en detrimento de la “deficiente gestión anterior”. Con claridad este dispositivo se modifica en la campaña de 2011, cuando el PRO ya es gobierno.
En este sentido, arribamos a la conclusión según la cual las estrategias de la comunicación política tienden a variar según se esté en el gobierno o se pretenda arribar a él. Cuando esto último sucede, la inseguridad es un elemento discursivo prioritario por la fuerte repercusión social que el problema genera en la sociedad. En cambio, cuando la campaña involucra a políticos ya en ejercicio del poder, la guerra se torna más silenciosa. Así sucedió en la segunda campaña a jefe de Gobierno de Mauricio Macri cuando la cuestión de la seguridad se invisibiliza en términos críticos y en los
momentos en que se trata se visibiliza de modo de mostrar la eficacia de la gestión de gobierno y la necesidad de seguir por tal camino. “Juntos venimos bien”, recalcan. La particularidad de los discursos electorales de las fuerzas partidarias en pugna en la Ciudad de Buenos Aires es la existencia de dos polos de gestión opuestos políticamente: el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional. En ese sentido, algunas fuerzas optaron por oponerse a uno de estos polos y otras a ambos. Para referir la última campaña al Parlamento Nacional (2013), se puede subrayar que tanto UNEN como el PRO tuvieron como prioridad en la campaña diferenciarse del contradestinatario (Verón, 1987), es decir el partidario de las ideas del adversario que representa el gobierno nacional. La dicotomía entre aquellos afines y opositores a FPV trenza la coherencia de ambas estrategias discursivas. Las dificultades enunciativas del Frente para la Victoria en la Ciudad de Buenos
Aires en este punto son fuertes. Las críticas a la gestión macrista se realizan más bien en términos de las escasas políticas sociales existentes. A la hora de intervenir en ejes temáticos derivados de la violencia urbana, no aparecen con claridad críticas, quizás por la dificultad de desasociar la gestión nacional, la policía federal y los resultados de su trabajo en la Ciudad. Las fuerzas que no poseen trabajo de gestión en el territorio de la ciudad, como UNEN y la izquierda en la elección de 2013, se mueven con más facilidad en este terreno. La inseguridad, resultado de las escasas políticas sociales y la represión de las fuerzas de seguridad para la izquierda y la ineficacia de la gestión de Gobierno de la Ciudad y el Gobierno Nacional en el manejo de las policías para UNEN dan cuenta de la conformación de un destinatario claro (la gestión) y amplio (ambos gobiernos).
La agenda impuesta
A pesar de no ser procesos necesariamente vinculados, la circulación de las noticias sobre inseguridad se profundizó en el mismo período en que se puso en marcha la autonomía de la Ciudad con las elecciones a Jefe de Gobierno y constituyentes en 1996. De este modo, en medio del alza de denuncias de crímenes violentos y otros de menor intensidad, los escenarios electorales locales desde el inicio de la autonomía porteña se han encontrado teñidos de proclamas de seguridad.
En este escenario, las fuerzas políticas del arco más diverso incluyeron en sus discusiones de campaña la agenda de la seguridad. El PRO es la fuerza más acostumbrada a ingresar este ítem en sus definiciones electorales y a responder a la agenda pública y mediática sobre el crimen urbano. Particularmente, antes de asumir el gobierno porteño en 2007, como forma de criticar a la gestión de turno y presentarse como una alternativa superadora. La primera campaña de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno en 2007 estuvo fuertemente teñida por la agenda de la seguridad, que adquirió una amplia dimensión propagandística y publicitaria. Al ganar las elecciones, el PRO puso en marcha la Policía Metropolitana y profundizó el sistema de cámaras de seguridad en territorio
porteño. En cambio, la batalla discursiva contra el riesgo y cómo intervenir frente al miedo latente en la ciudad no fue uno de los motores más utilizados en la campaña de 2011, donde se eludió hablar de inseguridad desde la dimensión del miedo. En este caso, seguridad fue gestión y eficacia.
Pese a que en los spots de 2011 no se hallaron referencias directas a la violencia urbana, esto no implica que la seguridad haya sido abandonada por el PRO como una promesa fundamental a la vecindad. Durante la campaña, Macri no sólo le habló a través de spots a la ciudadanía: salió a la calle, firmó “compromisos” con los vecinos prometiendo más seguridad en los barrios y mayores medidas de protección securitaria a través de la distribución de botones antipánico entre “aquellos que son más vulnerables”, los adultos mayores de la ciudad para que puedan emitir alertas ante
“situaciones de riesgo”. Lo hizo presenciando eventos que buscaron ser comunicados desde los noticieros de los horarios centrales y en el vivo y directo que permiten los canales de noticias. Luego, cristalizó estos acontecimientos en videos que pasaron a formar parte de su campaña 2.0.
En el marco del Plan Integral de Seguridad se firmó un compromiso que comprendió la colocación de cámaras de seguridad para monitoreo en todos los parques y plazas, centros comerciales barriales y accesos a la ciudad. De esta forma, el espacio público invitó a algunos y expulsó a otros. Dos grupos de sujetos se presentaron como excluyentes: los vecinos, ese nosotros inclusivo (víctimas); y los delincuentes o disturbadores del orden público, esos otros, sobre los cuales las cámaras deben focalizar su atención.
De modo similar, la alianza UNEN en la campaña 2013 también siguió en términos generales esta estrategia donde el temor difuso de la ciudadanía se vuelve un tema destacado de la agenda política. Cada una de sus listas internas, tomó al respecto un posicionamiento particular. Juntos enfatizó la necesidad de generar cambios institucionales en los tres poderes del Estado con el objetivo de combatir la corrupción, como paso previo para ganar la batalla contra el delito. Y, acentuó la necesidad de crear un marco de contención e inclusión social. Paralelamente, planteó la existencia de “zonas peligrosas” en la ciudad, que deberían ser evitadas con el objetivo de resguardar la paz social. Recomendación que deriva en la fragmentación social y la circulación limitada en el espacio público, volviéndose incompatible con el planteo de la generación de medidas inclusivas.
Suma +, por su parte, propuso afrontar el problema de la inseguridad por medio de la implementación de una estrategia de “seguridad global”, tendiente a amalgamar las políticas públicas de las más diversas agencias estatales. Esto apareció relacionado con la necesidad de proteger la vida de los ciudadanos, entendida como aquel bien que el Estado tiene la obligación de proteger y potenciar. Argumento que vino a justificar el despliegue de políticas de ley y orden hacia el delincuente. Coalición Sur, por su parte, planteó un discurso en torno a la inseguridad ligado a la defensa de la soberanía nacional, en pos de la cual el Estado debe proceder con todas las armas de que dispone. Función que habría sido dejada de lado por la gestión kirchnerista. La emergencia de la delincuencia en las fronteras argentinas se vinculó al accionar de “mafias”: el narcotráfico, la trata de personas y las barras bravas. La solución pasó, entonces, por retomar el control del territorio y limpiarlo de estos agentes mafiosos que atentan contra la seguridad de la población.
Dicho diagnóstico fue compartido por la lista Presidente Illia, que para neutralizar a las mafias mantuvo la necesidad de controlar los flujos circulatorios hacia el interior del territorio nacional. En ese sentido, remarcó la ausencia de políticas de prevención del delito y, a la vez, sugirió implementar políticas punitivas. En suma, las cuatro listas tuvieron como prioridad marcar una diferencia tajante con el contradestinatario que representa el gobierno nacional. La principal crítica hacia este último fue la corrupción y la falta de gestión del problema de la seguridad, que vendría
a corromper las instituciones y a defraudar a la ciudadanía.
Por su parte, el Frente para la Victoria enfatizó durante las campañas de la Ciudad la necesidad de seguir acompañando las políticas y obras del gobierno nacional, que definen una agenda propia en materia de seguridad. Por momentos, la agenda de la inseguridad parece ser la agenda del otro, de aquel que apela a un ciudadano atemorizado. El temor, en última instancia, se puede vincular con la posibilidad de perder la agenda política instaurada en los últimos diez años por el Gobierno Nacional, por ejemplo mediante la constante apelación a las políticas educativas y de desarrollo
humano. De modo que los contradestinatarios son los candidatos que apelan a la violencia urbana como eje discursivo de campaña. Los spots de las campañas desde 2007 silencian los riesgos, y revelan en términos de positividad aquello que el Gobierno Nacional hizo en términos de políticas sociales en Argentina.
No obstante, hay épocas de tensión en las definiciones del FPV en términos de la incorporación de la agenda mediática sobre seguridad. En ciertas campañas, las definiciones del FPV en torno de la política de seguridad comienzan a cobrar cuerpo desde cibajes discursivos que aluden a los escenarios de peligro. Por ejemplo, en las elecciones de octubre de 2013 esto se verificó con la incorporación de la voz del primer candidato a diputado de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, y su propuesta para encarar el debate de la baja en la edad penal juvenil. Si bien no es el modo habitual de afrontar la cuestión de la seguridad dentro de la agenda política del
FPV en la Ciudad, los enunciados de Insaurralde ingresan en el debate electoral poniendo el eje más que en priorizar el desarrollo de las políticas sociales a nivel nacional, en profundizar la agenda del peligro urbano y el castigo de sus actores primordiales: el joven varón, morocho y pobre, en tanto victimario. Al respecto, las fuerzas políticas de izquierda que se presentaron a las elecciones
de 2013 coincidieron en mantener una postura crítica hacia el “oficialismo”, así como al PRO y a UNEN. De cara a las elecciones generales, Camino Popular, un frente compuesto por Buenos Aires para Todos (liderado por Claudio Lozano), Marea Popular (encabezada por Itaí Hagman) y varios movimientos sociales, acusó al kirchnerismo de “conceder legitimidad ya no solo a reclamos puntuales de la oposición sino al imaginario que sustenta esos reclamos” como un hecho que “deja huellas más allá de una campaña electoral” (Revista Marea, 2013: 2).
Por su parte, el FIT, una alianza conformada por el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista, también se posicionó en contra de la baja en la edad de imputabilidad juvenil. También convergieron el FIT y Camino Popular en la propuesta de participación comunitaria en seguridad con perspectiva de derechos humanos implementando instancias de vigilancia popular sobre las fuerzas policiales, judiciales y el servicio penitenciario. Políticas preventivas que se orientan a controlar a las fuerzas represivas en defensa de los sectores y clases populares mediante la atribución de un rol activo a la ciudadanía.
Hacia una definición de la in-seguridad
El posicionamiento de la inseguridad como problema público central ha derivado, como venimos argumentando, en una mayor presencia de esta cuestión en la agenda pública y en la comunicación electoral. En estos contextos, la inseguridad ha sido definida, en muchos casos, como una problemática resultante de las políticas neoliberales. “La inseguridad actual se ha producido por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel” (Pegoraro, 2003). Ante el surgimiento de esta nueva condición post-social, surge entonces la pregunta acerca de qué significa
gobernar la inseguridad. Cuestión que deriva de la definición misma del concepto de seguridad, proceso en el que los discursos políticos y mediáticos juegan un rol central. Como expresan Daroqui et al (2003), “las políticas de gobierno y los medios masivos centralizan el tema de la inseguridad en la cuestión del delito callejero o del crimen callejero”. A partir de esta recurrencia a nivel discursivo, la inseguridad termina por reemplazar metonímicamente al delito, al tiempo que la prevalencia de estas definiciones del concepto tiene como contraparte el relegamiento de otras inseguridades que son invisibilizadas.
En épocas de campaña, este modo hegemónico de definir la seguridad por parte de las fuerzas políticas porteñas se condensa en propuestas por aumentar la intervención policial y la necesidad de promulgar herramientas penales más duras para enfrentar el crimen urbano. Esta idea de inseguridad concebida como el delito común y las ilegalidades (por ejemplo, los cuidadores de automóviles) ha sido uno de los estandartes de la comunicación política del PRO, fundamentalmente durante la campaña electoral de 2007, que le permitió a Mauricio Macri asumir su cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad. A diferencia de esta primera estrategia electoral, en la contienda por su reelección en 2011 se evitó recurrir a la seguridad desde la retórica del riesgo. Las
remisiones a la cuestión securitaria giraron, en cambio, en torno a las políticas implementadas por el gobierno en gestión, centradas en la creación de la policía local y diversas estrategias de prevención situacional del delito. Lo mismo sucedió durante las campañas para las elecciones legislativas de 2009 y 2013, donde la seguridad apareció en la disputa discursiva desde las dimensiones de la eficacia, la gestión y el compromiso asumido.
A pesar de las diferencias de tinte entre las distintas campañas, en la discursividad del PRO la “tranquilidad” prometida se asimila al orden público, cuyo mantenimiento fue el objetivo mismo de este tipo de políticas que asocian la seguridad barrial con la ausencia de delitos. Así, el discurso del PRO contribuyó a reproducir la persecución del sujeto desviado alzada desde los medios masivos en un escenario signado por la criminología del otro (Garland, 2005). Por su parte, el FPV, principal rival del PRO en las elecciones ejecutivas de los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, define en forma heterogénea la seguridad, recurriendo tanto a los delitos urbanos como a elementos sociales, a la vez que la contracara de la inseguridad se puntualiza en general en la ciudad a partir de la intervención sobre cuestiones educativas y de desarrollo social. La seguridad ingresa así
en la comunicación política del FPV a partir de la agenda propia demarcada por el partido en función de las políticas puestas en marcha a nivel nacional, evitando por otro lado remitir a la cuestión a partir de la dimensión del miedo. Sin embargo, por momentos y de la mano de campañas personales de algunos candidatos, la seguridad ingresó con mayor fuerza en el nivel discursivo durante la contienda electoral, generando incluso tensiones al interior del mismo partido. En las elecciones de 2013, la propuesta del entonces candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires Martín Insaurralde de disminuir la edad de imputabilidad puso de manifiesto una forma de entender la seguridad que se distancia de la discursividad habitual del partido: rebrota
así la cuestión del delito urbano, frente al cual el endurecimiento penal aparece como respuesta privilegiada.
En contra de este discurso punitivo, los sectores de la izquierda proponen un abordaje multidimensional del fenómeno de la inseguridad, poniendo de relieve cuestiones sociales tales como el consumo de paco, la exclusión del sistema escolar, la falta de trabajo, entre otras. Una discursividad centrada en la desigualdad como eje para concebir la posesión de las seguridades sociales perdidas. En esta línea, tanto el FIT como Camino Popular coincidieron en la campaña de
2013 en sostener que la inseguridad no tiene que ver con el delito común generalmente asociado a jóvenes provenientes de barrios humildes o villas miserias, al que consideran un acto de criminalización efectuado por aquellos que se benefician de la generación de temor en la población. Así, la inseguridad fue definida, más bien, en relación al crimen organizado (la trata de personas, el delito económico, el juego clandestino, delitos contra la salud, el medioambiente, la seguridad laboral, etc.), el “Proyecto X”, la Ley Antiterrorista, la violencia y la corrupción policial, la desaparición de personas en democracia, la desigualdad de acceso a la justicia, la persecución de luchadores populares y militantes sociales.
Por otro lado, en la elección 2013 el narcotráfico surgió como una figura prioritaria para configurar la definición de inseguridad. En el frente UNEN fue central este ítem. El ejercicio del derecho de soberanía sobre el territorio nacional y el control de los flujos circulatorios tanto de personas como de mercancías trazaron un lazo entre los conceptos de seguridad y narcotráfico, corriendo el foco parcialmente desde la micro-delincuencia hacia el crimen organizado. La inseguridad se presenta, de este modo, como una consecuencia directa del accionar de las “mafias”.
En términos generales, el combate contra la inseguridad adquirió un rol preponderante en las estrategias comunicacionales de las listas que conformaron el frente UNEN. Más allá de las diferencias internas entre los candidatos, muchas cuestiones atravesaron el discurso de las cuatro fuerzas políticas del frente. La inseguridad apareció principalmente asociada a las nociones de peligros y riesgos urbanos. En general, esta situación fue definida a partir de la crítica a las falencias en la aplicación de políticas de seguridad, concebidas como responsabilidad exclusiva del
Estado nacional. A la cuestión circulatoria relacionada con el narcotráfico se sumaron, en mayor o menor medida, propuestas que platearon la necesidad de combatir la corrupción imperante en el Gobierno nacional; mejorar las condiciones de las fuerzas de seguridad con el objetivo de impedir que éstas se desvíen del cumplimiento de su función; y garantizar el efectivo cumplimiento de la ley existente.
III. Recapitulación y nuevos desafíos
La recurrencia de la seguridad como tema privilegiado en las campañas electorales de la Ciudad de Buenos Aires ha presentado matices a lo largo del período estudiado. El seguimiento de este proceso de construcción de la seguridad como gramática electoral nos ha permitido identificar una serie de ejes a partir de los cuales establecer regularidades y diferencias en las estrategias electorales de los distintos partidos en pugna a nivel local. De este modo, surgió como primer elemento a considerar la construcción de un destinatario ubicado, a partir de las discursividades de campaña, en el rol de un ciudadano-víctima. Mientras las fuerzas mayoritarias interpelan a un ciudadano que es víctima de la inseguridad urbana, la delincuencia y la violencia con un enfoque que enfatiza la “criminología del otro” (Garland, 2005); algunos sectores que se autoidentifican
con la izquierda coinciden en la construcción de un destinatario-víctima amparado en el paradigma de la opresión (Pitch, 2003): aquí el peso de la culpa se invierte y el victimario se convierte en víctima.
En segundo lugar, nos propusimos rastrear al contradestinatario delineado en las campañas electorales, el cual apareció vinculado, en la mayoría de los casos, a los partidos o dirigentes en gestión ya sea a nivel local o nacional. Así, las estrategias de cada fuerza política analizada ejercen entre sí influencias recíprocas y las singularidades se estructuran en base a las disputas con un adversario que se explicita, en mayor o menor medida, en el plano discursivo.
El siguiente de los ejes observados a partir del análisis fue la emergencia de la seguridad como elemento central de la agenda pública. A partir de su posicionamiento como principal problema de la ciudadanía, los escenarios electorales locales se encontraron teñidos por demandas por más seguridad, que dieron pie a propuestas de todo el arco político. Este contexto nos lleva a preguntarnos en qué medida la temática refleja las reivindicaciones históricas de cada partido o alianza política y, en consecuencia, en qué grado influye en la adopción de una agenda ajena. ¿De qué forma intervienen los sentidos de la historia reciente asociados a la seguridad en los discursos
delineados durante períodos electorales? En otras palabras, en una época donde la preocupación por la seguridad resulta significativa, ¿pueden los candidatos desconocer un tema históricamente asociado a los sectores conservadores cuya fisonomía no se reduce actualmente a políticas reactivas? En este sentido, consideramos que estas intervenciones sólo pueden entenderse en el marco general de una campaña teñida por la imposición de la agenda hegemónica alrededor de la seguridad, los riesgos y la exclusión de las fronteras urbanas de los sujetos peligrosos.
Finalmente, el último de los ejes se centra en rastrear los modos en que es definida la seguridad en las gramáticas electorales. Describir cómo entienden la seguridad los distintos sectores políticos implica establecer cómo piensan el espacio urbano y cómo proponen resolver los conflictos que en él emergen. En épocas de campaña, el modo hegemónico de definir la seguridad –asociada al delito común y las ilegalidades– se condensa en propuestas por aumentar la intervención policial y la necesidad de promulgar herramientas penales más duras para enfrentar el crimen urbano. A este
modo de entender la problemática se oponen otras concepciones que definen la seguridad en relación al crimen organizado, la violencia policial y la corrupción estatal. En esta línea, en contra del discurso punitivo, se propone un abordaje multidimensional del fenómeno de la inseguridad, poniendo de relieve cuestiones sociales y centrando las discursividades en la desigualdad como eje para concebir la posesión de las seguridades sociales perdidas.
Los resultados que hasta aquí presentamos no pretenden de ningún modo ser definitivos, sino que son las primeras dimensiones extraídas del análisis y tienen como objetivo conducirnos a la profundizar la descripción de las regularidades y diferencias discursivas en torno a la seguridad que adoptan las gramáticas electorales en las sociedades contemporáneas. Estas variables serán revisadas de cara a la elección de 2015, a fin es establecer los ejes sobre comunicación electoral y seguridad que puedan ser seguidos en futuras elecciones locales y ampliados a campañas nacionales. Al mismo tiempo, el análisis presentado invita a repensar cómo seguir trabajando la construcción de la seguridad en tiempos de campaña y su interconexión con el campo político a nivel local. En ese sentido, formulamos algunas direcciones posibles para un abordaje futuro.
Una de las cuestiones que dispara el análisis es que no todas las fuerzas políticas analizadas han abordado la seguridad desde la dimensión del miedo. Ahora bien, para indagar qué tan distinta es la concepción de seguridad de las fuerzas políticas estudiadas, ¿es suficiente el análisis de la discursividad electoral? Para explorar esta idea por fuera del mercado electoral, una de las tareas a encarar próximamente es la realización de entrevistas en profundidad a referentes políticos de los partidos electorales relevados. Vinculada a esta cuestión se halla el tema de si el abordaje discursivo desde el miedo se vincula o no al período de gestión gubernamental. Por un lado, entrevistar a
los referentes políticos de fuerzas que se distancian de la perspectiva del miedo nospermitirá ver qué opinan al respecto y derivar algunas ideas y conjeturas de trabajo. Y por otro, entrevistar a referentes de organizaciones que no lo hacen, permitirá corroborar o no nuestra hipótesis inicial acerca de que las reconversiones del significado de la categoría de seguridad se vincula con el momento de gestión que atraviesa cada fuerza. Por otra parte, considerando que en la mayoría de los discursos analizados subyace el supuesto de que no existe la seguridad (ya sea que se la interprete en su dimensión punitiva o en sus dimensiones política, social y cultural) resulta interesante pensar en qué medida se hallan presentes en las prácticas de la ciudadanía, o parte de
ella, tipos de seguridad que no son asimilables a los que las fuerzas políticas remiten en la discursividad electoral. En este punto, la idea es emplear el método de los grupos focales para indagar las perspectivas de los actores sociales oriundos de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, atendiendo a las formas de definirla a partir de la exhibición de spots de campaña. De ese modo, podremos observar las semejanzas y contrastes entre las retóricas electorales y las opiniones que suscita en distintos sectores de la sociedad, particularizando en la dimensión moralizante de los discursos y las resistencias a las que dan lugar.
Bibliografía
Barreiros, Raúl y Cingolani, Gastón 2007 “Lo mediático y el discurso político. El
análisis discursivo” en Oficios Terrestres, Comunicación, interculturalidad y
migraciones (La Plata) N° 19, pp. 102-111.
Daroqui, Alcira, Kaminsky, Gregorio y Pergoraro, Juan 2003 “Inseguridad.
Conversaciones entre Alcira Daroqui, Gregorio Kaminsky y Juan Pegoraro” en Revista
Argumentos (Buenos Aires) N° 3.
Garland, David 2001 (2005) La cultura del control. Crimen y orden social en la
sociedad contemporánea (Barcelona: Gedisa).
Kessler, Gabriel 2009. El sentimiento de inseguridad (Buenos Aires: Paidós)
Kessler, Gabriel 2011. “La extensión del sentimiento de inseguridad en América Latina:
Relatos, acciones y políticas en el caso argentino” en Revista de Sociología e Política
(Curitiba) N° 40, Vol. 19, pp. 83-97.
Lagos, Mónica y Dammert, Lucía 2012 La Seguridad Ciudadana. El problema principal
de América Latina (Lima: Latinobarómentro).
Landi, Oscar 1991 “Videopolítica y Cultura” en Diálogos de la Comunicación N°19, pp.
24-35.
Pegoraro, Juan. 2003 “Una reflexión sobre la inseguridad” en Revista Argumentos
(Buenos Aires) N° 2.
Pitch, Tamar 1989 (2003) Responsabilidades limitadas. Actores, conflictos y justicia
penal (Buenos Aires: Ad-Hoc).
Verón, Eliseo 1987 La semiosis social (Buenos Aires: Gedisa).