Un convenio firmado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación establece el modo en que se pretende demoler el edificio donde funciona la Cárcel de Devoto, y vender el predio al mejor postor, negando su carácter de Sitio de Memoria, donde se cometieron delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado.
Por Claudia Cesaroni
El Gobierno nacional, a través de un convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dispone a violar la ley 26.691 de “Preservación, señalización y difusión de sitios de memoria del Terrorismo de Estado”, que establece:
“ARTICULO 1º – Declárense Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado, en adelante Sitios, a los lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983.
ARTICULO 2º – El Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los Sitios a los fines de facilitar las investigaciones judiciales, como asimismo, para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país.”
El convenio (disponible aquí) establece el modo en que se pretende demoler el edificio donde funciona la Cárcel de Devoto, y vender el predio al mejor postor, negando su carácter de Sitio de Memoria, donde se cometieron delitos de lesa humanidad, y violando la ley, y acaba de ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con mayoría propia por parte del Pro y sus aliados (37 votos positivos de Vamos Juntos, Partido Socialista y Mejor Ciudad; la abstención de 14 legisladores de Unidad Ciudadana, Bloque Peronista, Suma+ y Gen y la oposición de 5 diputados del Frente de Izquierda y Autodeterminación y Libertad).
El edificio donde funciona la cárcel de Devoto comenzó siendo un «Depósito de contraventores» de la Policía Federal, inaugurado en 1927. Los terrenos habían pertenecido previamente a la Facultad de Agronomía y Veterinaria, y donados originalmente por su dueño, Antonio Devoto. En diciembre de 1957, mediante Decreto 4634 el predio se traspasó a la Dirección de Institutos Penales, y comenzó a llamarse «Instituto de Detención de la Capital Federal-Unidad 2».
El 14 de marzo de 1978 se produjo en uno de sus pabellones, el Séptimo, una masacre de presos “comunes”, todavía impune, en la que fueron asesinados mediante el fuego, el humo, las balas y los golpes, 64 personas. Durante años, ese hecho fue conocido como “Motín de los Colchones”. En 2013, un grupo de abogadxs acompañamos a sobrevivientes y familiares en el reclamo de que se reabriera la causa, archivada por la justicia ordinaria, y se investigara como un delito de lesa humanidad. Luego de que la petición fuera rechazada en primera instancia, el 14 de agosto de 2014 la Sala I de la Cámara Federal de la Capital Federal declaró a la Masacre en el Pabellón Séptimo delito de lesa humanidad, y ordenó que se investigara como tal. En octubre de 2012 fue señalizada como Sitio de Memoria.
A partir de 2007 a la Cárcel de Devoto se la llama oficialmente “Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Ocupa cincuenta y cinco mil metros cuadrados en seis manzanas entre las calles Desaguadero, Pedro Lozano, Bermúdez y Nogoyá, en un barrio de alto nivel adquisitivo, uno de los motivos por los que se plantea derribar la cárcel y mudarla a otro sitio pese a la oposición de presos, familiares, docentes del Centro Universitario de Devoto, abogados/as, y organizaciones de derechos humanos que se interesan en la situación de las personas privadas de libertad. Resulta evidente que la decisión de construir cárceles lejos de los núcleos urbanos, en el medio de la nada, donde no se escuchan los gritos ni las protesta, donde solo se puede llegar atravesando rutas y autopistas, con autos particulares o pagando costosos transportes, es parte de la política más general de ocultar lo que allí dentro sucede.
El convenio que acaba de ser aprobado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el gobierno de la CABA se hará cargo de la construcción de un nuevo lugar de encierro, fuera de su jurisdicción, y que el edificio actual será demolido, y vendido el terreno.
En el convenio NO se hace ninguna mención a que es un sitio de memoria, pese a que, como ya dijimos, está señalizado como tal desde octubre de 2012, por decisión de un área del Estado Nacional como es la Secretaría de Derechos Humanos. Tampoco se hace mención a que allí fueron asesinadas 64 personas el 14 de marzo de 1978; ni que se sometió a tratos crueles, inhumanos y degradantes a centenas de presos y presas políticas. El convenio viola abiertamente la Ley 26.691, que obliga al Estado a preservar sitios como la Cárcel de Devoto, donde se han ejecutado delitos de lesa humanidad.
La Masacre en el Pabellón Séptimo es materia de investigación judicial en el presente, en el Juzgado Federal Criminal y Correccional 3, cuyo titular es el juez Daniel Rafecas, a quien las abogadas de la querella, integrada por sobrevivientes y familiares, le hemos pedido que dicte una medida de no innovar, y que suspenda el proceso iniciado mediante el convenio entre el Gobierno de la CABA y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ordenando la realización de las medidas de prueba pendientes; y evitando la demolición y venta de un sitio de memoria.
Convocamos a organizaciones de derechos humanos, organismos públicos, ex presos y presas políticas, docentes, militantes sociales, detenidos y familiares, y a la comunidad en su conjunto a que acompañe esta petición en el Juzgado Federal 3, y a que exija a los gobiernos de la CABA y nacional a que se abstengan de realizar cualquier cambio en la Cárcel de Devoto hasta tanto se culmine con las medidas de prueba pendientes; y que luego se resuelva su destino tomando en consideración que es un Sitio de Memoria, y que como tal debe preservarse, más allá del valor económico que tenga el terreno para su venta al mejor postor.
Buenos Aires, junio de 2018, a 40 años de la Masacre.