Mercedes Calzado, Juan Pedro Gallardo

Artículo publicado en 2016, Polis, Revista Latinoamericana. Acceda desde aquí.

Para citar este artículo: Mercedes Calzado y Juan Pedro Gallardo, « Hacia un mapa de intervenciones electorales locales en materia de seguridad urbana (Ciudad de Buenos Aires, 2007) », Polis [En línea], 44 | 2016, Publicado el 14 septiembre 2016. URL : http://polis.revues.org/11824

I. En tiempo real
“Los siguientes hechos ocurren entre las 19 y las 19.18 pm. No es seguro que el candidato a jefe de Gobierno de PRO, Mauricio Macri, ‘mire mucho la serie 24’, como le endilgó Jorge Telerman en el debate de la semana pasada. Pero el diputado de licencia emula el minuto a minuto de ese programa en una carrera contra reloj: 24 propuestas en 24 horas. Sobre el final de la campaña, lo sigue un ejército de candidatos y jóvenes del partido, vestidos con una remera amarilla a lo McDonald’s, con el logo de PRO. El puntapié lo da el estandarte que llevó el empresario durante toda su campaña: la seguridad. Las propuestas ocurren en tiempo real. 19.01. Llega en moto. Se baja. Se saca el casco. Finalmente no es Kiefer Sutherland, el actor de la serie norteamericana. Es Macri. Sonríe (y) la sede de PRO es una explosión de carteles amarillo huevo”.
Werner Pertot relata en Página 12 el 31 de mayo de 2007 los pormenores del cierre de una campaña que marcaría, de alguna manera, un novedoso modo de hacer política electoral en la Ciudad de Buenos Aires. También, el periodista del matutino marca las huellas que subrayan un problema de agenda que se termina de imponer durante el proceso electoral: la seguridad, un tema que ya venía siendo tematizado por Macri desde su primera participación electoral. La violencia urbana es, un tema que define la agenda política en la elección a Jefe de Gobierno de 2007 pero que de ninguna forma está exenta de su propia historicidad local.
El problema del orden, la conservación de la vida y los bienes materiales es una perturbación intrínseca al Estado moderno en general y a las ciudades en particular. La Ciudad de Buenos Aires no se queda al margen. Lila Caimari (2012) recuerda que esta característica se acentúa en la década del treinta, cuando se profundiza la crisis económica, el incremento de la violencia en las calles y los reclamos de la sociedad civil en torno de la violencia. En tanto durante los treinta impera la añoranza al respeto de las normas y la moral dominante, la tecnología, de la mano del automóvil y de las armas, le da un nuevo perfil al crimen de la época. La población ya por ese entonces demanda orden y el campo político define líneas para intervenir frente a la movilización social. La instauración de los edictos contravencionales de 1932 habilita la imposición de una “ley policial” al funcionamiento político. La emergencia vecinal de la época es alimentada por discursos periodísticos que estigmatizan al delincuente y al desocupado. Las crónicas policiales y los relatos escabrosos se encuentran influenciados por la criminología positivista y ocupan un espacio central en las estrategias de la prensa gráfica para atraer lectores. El campo político, todavía, no interviene en clave securitaria, pero sí sobre la necesidad de reimponer un orden y un consenso que parecen perdidos en la ciudad de la crisis de la década del treinta.
A mediados de los noventa la seguridad ingresa con fuerza en las agendas periodísticas, políticas y electorales y se convierte en un eje central de difusión de una comunicación política asociada a la violencia urbana. No sólo esto se debió a la ampliación del problema del delito en la calle (Sozzo, 2011) basado en la profundización de los índices de denuncias sobre crímenes. También las discusiones políticas alrededor de la seguridad en la Ciudad de Buenos Aires incorporaron un nuevo matiz local al producirse el estatus de territorio autónomo. ¿Qué hacer con la policía? ¿Cómo gestionar la experiencia ciudadana de inseguridad?, fueron algunos de los interrogantes que ganaron protagonismo.
Esta ponencia da cuenta de las modalidades de construcción de la cuestión securitaria durante la elección porteña de 2007. Para ello trabajamos con el relevamiento de los materiales de campaña de los candidatos en disputa, especialmente los tres centrales: Mauricio Macri, Daniel Filmus y Jorge Telerman . Para revisar las regularidades y diferencias de los candidatos alrededor de la cuestión criminal se relevó el material de campaña durante el mes anterior a la primera vuelta, sucedida el 3 de junio, y los quince días previos al ballotage, ocurrido el día 24 del mismo mes.
Como resultado, se analizaron once spots audiovisuales (tres del FPV, tres de +BA y siete del PRO), las plataformas electorales de las fuerzas políticas en pugna, los blogs y sitios web de los candidatos, la gráfica (21 en total), folletería, el debate televisivo entre los tres principales candidatos y dos discursos de campaña. En relación al uso de Internet y las redes sociales, cabe consignar que en el año 2007 no constituían un espacio para el cual se diseñaran estrategias particulares. Si bien eran un territorio electoral, donde era posible replicar y reproducir las piezas publicitarias destinadas para otros dispositivos, lejos estaba de tratarse de un escenario de competencia y construcción política. Ello sucedió recién en el 2009 .
Asimismo, incorporamos el vínculo entre las agendas mediáticas y las agendas políticas a través de un relevamiento de las principales columnas de opinión política y tapas de todos los días domingos del 2007 de los diarios Clarín, Página 12 y La Nación; un registro de noticias publicadas en los dos primeros matutinos entre el 20 de mayo y 24 de junio de ese mismo año y el análisis de material de campaña producido por las principales fuerzas.
Este relevamiento nos permitió reconstruir el contexto de la contienda, la forma en que ejerció influencia y las maneras en que apareció la cuestión de la seguridad en los discursos y las estrategias de posicionamiento de los candidatos.

II. La seguridad y sus significados
Pese a las claves diferenciales y qué tan subrayado está en una fuerza u otra la cuestión securitaria, en la elección de 2007 ningún espacio político parece quedarse fuera de imprimir un sello propio sobre cómo entender la violencia urbana. Es un eje instalado en la agenda electoral. Ahora, ¿qué significa la seguridad para cada fuerza? ¿Cómo plantean desde sus campañas que se debe intervenir frente a la violencia urbana? El cómo vivir seguros en una gran urbe se determina en las herramientas que proponen las fuerzas políticas. Las diferencias entre fuerzas ya no necesariamente se despliega por las causas de la violencia, porque como plantea quien llegaría a ser jefe de Gobierno: “Los pobres también sufren la inseguridad”. El arco político mayoritario asume que o bien como causa de problemáticas sociales, o bien como resultado de elementos estructurales del capitalismo o por falta de incentivos, la inseguridad es un problema de todos y la seguridad es un derecho de los habitantes de la ciudad. Un diagnóstico que parece común pero que despliega múltiples miradas y modos de intervenir frente a la violencia.
De allí que para entender las diferencias respecto de la definición de seguridad en una y otra fuerza será necesario revisar las formas de intervención que se postulan frente a un eje instalado definitivamente como problemático en la campaña de 2007. Durante la competencia electoral, las intervenciones discursivas vinculadas con la seguridad están determinadas por lo imperioso de encontrar medidas que sean visualizadas como efectivas. “Las medidas con las cuales se identifican los funcionarios electos deben ser penológicamente creíbles”, recalca Garland. Pero ante todo “deben gozar de credibilidad política y apoyo popular. En la selección de respuestas políticas resultan más atractivas aquellas que pueden ser más fácilmente representadas como decididas, inteligentes y efectivas o simbólicas” (Garland, 2012, 191). Es un problema, en este sentido de apariencia política y de una retórica capaz de insinuarse posible en clave de efectividad práctica.
En este sentido, para el análisis dividimos las propuestas de los candidatos en cuatro tipo de intervención dominante en sus discursos acerca de cómo entender qué hacer con la cuestión securitaria: territoriales, despliegue policial, el camino cientificista, la tensión cambio social-cambio estructural. Si bien los candidatos optan por una u otra estrategia, no por ello la materia significante deja de intercambiarse en los discursos de distintos espacios políticos. Es decir, cada una de estas definiciones discursivas no pertenecen a uno u otro candidato de manera pura sino que en algunos casos llegan a imbricarse y podría ser un enunciador de un espacio político tanto como otro el que la postule.

a. Intervenciones territoriales
En campaña, algunos candidatos describen a la Ciudad como desordenada, caótica y peligrosa. El espacio urbano es históricamente un foco privilegiado de los debates sobre la cuestión securitaria. Ello es así debido a que en la hendíasis espacio-poder, en los contactos, interacciones y procesos diversos que atraviesan el ámbito urbano, surgen también los conflictos que responden al cruce de actores con realidades, lógicas e intereses heterogéneos en el entramado social. “No existen ideas políticas sin un espacio al cual sean referibles, ni espacios o principios espaciales a los que no correspondan ideas políticas”, formula Carl Schmitt (citado por Cavalletti, 2010: 7). El espacio urbano y los discursos de campaña que giran en torno a la seguridad poseen un vínculo estrecho.
En 2007 son varias las intervenciones discursivas que asocian el nivel barrial como lugares que pueden transformarse potencialmente en riesgosos. De allí a que una serie de propuestas parten de proponer la necesidad de diagnosticar y modificar el espacio local. Estas retóricas se centran principalmente en las denominadas estrategias de prevención situacional-ambiental, orientadas a controlar aquellas circunstancias temporales y espaciales de producción de las infracciones. Son estrategias que apuntan a disuadir las pequeñas incivilidades y los delitos simples, principalmente a través del lazo de la vecindad con los agentes de seguridad. Pero también lo hacen en la denominada prevención comunitaria, estrategia que imagina un vecindario activo en la definición y la implementación de las políticas de seguridad.
En las retóricas del territorio, las intervenciones situacionales refuerzan la clave de la eficacia y alejan la definición acerca de la práctica de un posible enunciado que pueda ser entendido por los vecinos como “político”. Juan Bautista Alberdi recalcaba la importancia de configurar espacios locales como espacios administrativos en los cuales los vecinos pudieran ser capaces de llevar adelante sus asuntos privados. “Ocupado el vecindario en los intereses de su patria social (…) ocupados en la mejora de sus caminos, de la instrucción de sus hijos, del lujo y la elegancia de sus ciudades (…) el vecindario se aleja poco a poco de las estériles agitaciones de la vida política” (Alberdi, 1917, citado por Ternavasio, 1991: 29). En elecciones, el político vuelve recordar la importancia de los pequeños cambios sobre el territorio para afrontar los grandes problemas.
Pero para definir esas pequeñas transformaciones cotidianas es preciso mapear el peligro de la urbe para luego afilar el ojo interventor de lo local. La propuesta de armar mapas del delito fue utilizada por varias fuerzas del arco político. Desde el candidato que era jefe de Gobierno, Jorge Telerman, hasta fuerzas políticamente alejadas de sus propuestas. Este es el caso del espacio referenciado en Claudio Lozano quien llama a través de los medios de comunicación a la “la conformación de un mapa del delito que identifique áreas conflictivas para impulsar políticas de prevención” (Página 12, 21/05/2007). También son políticas que permiten desarrollos híbridos, sociales y situacional ambientales. De allí a que de derecha a izquierda puedan adherir al trabajo con una herramienta situacional que en principio tiene mayor afinidad con los programas del racionalismo económico o neoconservador (O Malley, 2006).
El candidato del FPV, Daniel Filmus, también se ubica en los márgenes internos de la estrategia. El problema de la seguridad, asegura, está asociado con “la marginación, con la exclusión, con la existencia de lugares de difícil acceso para las fuerzas de seguridad”. El eje social se entremezcla con el situacional para quedar imbuidos. Para avanzar sobre esos espacios complejos hay que intervenir en clave territorial. En palabras de Filmus: “Hay mejoras urbanas que contribuyen, como la mayor iluminación, la poda de árboles y la organización de redes comunitarias de seguridad”. Las técnicas basadas en el riesgo pueden sin inconvenientes vincularse con discursos políticos sociales, de allí a que sea difícil asocial linealmente a la prevención situacional del delito con el neoconservadurismo.
El Estado local interviene a través de la participación vecinal para controlar en territorio la gestión de riesgos, más que definir intervenciones de forma directa sobre los ofensores. Con un mapeo del peligro, el Estado brinda herramientas a los vecinos como responsables de sus actos locales. Vecinos que ayudan al Estado a generar los saberes locales del delito, vecinos que pueden y deben responsabilizarse luego de sus prácticas en las zonas que saben violentas.
El desplegar mapas del delito permite, argumentan impulsores como Jorge Telerman, “generar condiciones que hagan más difícil delinquir”. Condiciones que implican “desde mejorar el espacio público a eliminar las malezas en los baldíos”, colocar iluminación con más potencia los barrios, cuidar lo que sucede en las plazas, reacondicionar los terrenos del ferrocarril. Cada una de estas actividades, asegura el candidato en su Blog, debe realizarse “en colaboración con los vecinos”, los verdaderos conocedores del territorio y sus peligros.
La naturaleza de este enfoque es responsabilizante del vecino y “emponderante” de sus prácticas. O´ Malley recuerda en este sentido cómo los lenguajes e imágenes asociadas con la promoción del control de la criminalidad al estilo “juntos contra el delito” “representan a los miembros del público como agentes activos que persiguen sus propios intereses en una relación voluntaria y mutuamente beneficiosa con la policía y otras agencias de gobierno” (2006, 96). Apelar al vecino implica una imagen de construcción colectiva de las estrategias de prevención, a la par de la responsabilización posterior de los actos individuales.

b. El despliegue policial
De la misma manera que viene sucediendo desde que Buenos Aires pasó a convertirse en Ciudad Autónoma, no faltó el debate en torno a la necesidad de contar con una policía propia. De hecho, en la elección de 2007 fue el eje central de la agenda política y mediática de la Ciudad. Varias crónicas, opiniones y consultas a especialistas o políticos dieron cuenta del interés sobre esta problemática. Por ejemplo, en una entrevista efectuada por el diario Clarín, a casi dos semanas de la primera vuelta, al entonces ministro de Gobierno porteño, Diego Gorgal, se arrojaba cifras que revelaban un aumento vertiginoso de la seguridad privada (guardias privados que superan en número a los agentes de la Policía Federal Argentina-PFA). Esta situación, en opinión del funcionario, indicaba que la contratación de vigiladores se incrementó de manera proporcional a los delitos. Además, era la prueba que demostraba la real preocupación de los porteños, con el agregado de la desigualdad social, debido a que este recurso se concentra en los barrios de la zona norte.
En tal sentido, sostenía Gorgal, “el mapa muestra por qué el delito afecta más a los que menos ingresos tienen: son los que dependen del servicio público. Es similar a lo que pasa con la salud y la educación: el de mayores recursos tiene prepaga y un colegio privado, el otro no. La desigual distribución de los guardias también deja en evidencia que la seguridad privada mueve el delito desde las zonas controladas a las que no lo están, aunque no lo hace desaparecer”. Y sentenciaba: “El edificio que tiene un vigilador en la puerta tiene menos posibilidades de sufrir un robo que su vecino que no lo tiene. Pero desde lo general, el delito sólo se corre, la situación general no cambia” (Clarín, 20/5/2007). El diagnóstico de la gestión ineficaz de la inseguridad quedaba impreso en las palabras del periodista firmante de la nota: “Lo ideal sería que la seguridad pública coordinara la disposición de los policías con la de los guardias”. La sobreoferta de seguridad pública y privada no se reflejaba, bajo esta mirada, en la disminución de los índices de delincuencia.
En este marco, el entonces Jefe de Gobierno y candidato por el Frente Más Buenos Aires, Jorge Telerman, definió ubicar la cuestión de la autonomía de la Ciudad y la gestión de las fuerzas policiales en el centro de su agenda de campaña. Fue así que en abril de 2007 convocó para el 24 de junio, fecha del ballotage, a una consulta popular para saber si el pueblo “está de acuerdo o no en que tengamos policía en la Ciudad”. “Es la única manera de que el pueblo muestre lo que pide a gritos, esto es pedirle al pueblo que se exprese”, reflexionaba. Su ministro de seguridad reforzaba esta idea: “Planteamos la creación de una policía propia que se ocupe de verificar, controlar, supervisar y hacer que se cumplan las normas de la ciudad de Buenos Aires. Queremos otorgar todo lo que permita dar convicción a los vecinos de que hay un Estado que defiende sus derechos” (Página 12, 20/05/2007).
La interpelación a “los vecinos” se combinaba con la propuesta de poner en marcha una policía local, de cercanías. Una fuerza policial propia “capaz, honesta, transparente que conozca al centímetro lo que pasa en los barrios y que tenga una relación de cercanía y confianza con la gente”, argumentaba el jefe de Gobierno en su Blog.
La disputa discursiva versaba en el proceso de autonomización de la ciudad y de gestión de las fuerzas de seguridad. “Quizás –reflexionaba Telerman en medio de la campaña- porque hacerse cargo de una policía autónoma es un proceso conflictivo, me parece que en la Ciudad se han buscado atajos para no asumir las responsabilidades que implica gozar de una autonomía plena”. Entre 2006 y la campaña se presentaron siete proyectos sobre la creación de una policía propia de la Ciudad, entre ellos los de Silvia La Ruffa (“Creación de la Policía Comunitaria”), y el de Diego Santilli (“Creación de la policía Metropolitana”) (Anitua, 2010: 89). La decisión de la cabeza del ejecutivo de la ciudad (“nuestra seguridad, nuestra policía, nuestra decisión”, afirmaban los afiches) se mediatizaba con la búsqueda de consenso pre electoral a través de una consulta para la fecha misma del ballotage.
Transformado en el tema de debate de la campaña, las otras fuerzas políticas debieron opinar, y sus candidatos fueron los encargados de pronunciarse. Las formas elegidas fueron numerosas: reportajes, declaraciones en actos, comunicados, debates televisivos, programas de gobierno, spots o afiches. De igual manera, varios días antes de la primera elección, todos, con diferencias y coincidencias, sentaron posición al respecto.
Si bien el FPV no basó su campaña en el diagnóstico de la necesidad de una fuerza policial, Filmus tuvo que intervenir en esta agenda y se manifestó de acuerdo con el traspaso de parte de la Policía Federal. Aunque aclaró: “No imaginamos tener dos policías en la ciudad. Los 17.0000 efectivos de la Federal van a constituir la nueva policía y hay que aprovechar el traspaso para formarla. Porque tenemos 23 provincias que tienen policía propia y no resolvieron el problema de la seguridad. No es una solución automática. Además, hay que compatibilizar el territorio de las comisarías con el de las comunas” (Página 12, 20/05/2007). Los límites de la policía local se revelaban en la boca del candidato del Gobierno Nacional. La tensión política impedía imaginar que la autonomía porteña repercutiera en la incidencia del Estado central en la policialización de la Ciudad.
Con importantes coincidencias, el candidato del PRO, Mauricio Macri, aseguraba que “para tener una ciudad autónoma, como su nombre lo indica, pedimos el traspaso de la policía metropolitana”. En su discurso, a diferencia del de Daniel Filmus, la autonomía ingresaba de la mano de la gestión policial en la ciudad. “La policía debe estar a las órdenes del Poder Ejecutivo local. De esta forma podemos aprovechar los recursos de acuerdo con las necesidades y requerimientos de cada barrio o zona. Queremos una policía adecuadamente equipada, profesional y bien remunerada que se sienta orgullosa de proteger a los vecinos y que los vecinos confíen plenamente en su fuerza”, recalcaba Macri (Página 12, 20/05/2007). Su retórica de la gestión de la seguridad adquiere el tono de la eficiencia.
Siguiendo una línea similar, Claudio Lozano también intervino y sentenció: “La jurisdicción sobre el delito debe estar en manos de la Ciudad. Sobre el traspaso y la reforma policial, proponemos un proceso de transición donde se constituya un fondo fiduciario en el que la Nación deposite el dinero que hoy sostiene a la Superintendencia de Seguridad Metropolitana y sobre el cual la Ciudad realice aportes adicionales”. La gestión local de la seguridad debía ser para esta fuerza, absolutamente un poder de la cabeza de gobierno. De allí a que impulsaran una política de desarme de la población civil, garantizando el “monopolio estatal de la violencia; regulación y coordinación pública de la seguridad privada” (Página 12, 21/05/2007).
El MST se posicionó en una vereda opuesta. Patricia Walsh, candidata del Movimiento Socialista de los Trabajadores, rechazó “de plano el traspaso a la Ciudad de la vieja policía, históricamente asignada a reprimir la protesta social y cuya institucionalidad sigue fuertemente cuestionada por sectores importantes de la población y organismos de derechos humanos”. El Partido Obrero (PO) también rechazó la transferencia de la Policía Federal. Este eje de sentido acentúa la idea un “doble discurso que termina en la represión” (PTS).
Lo interesante en ambos casos es que el modo en que los espacios de izquierda entienden la dimensión de la seguridad no necesariamente chocó con otros referentes políticos de la ciudad. “Seguridad sí, represión no”, definía en su plataforma el MST. La seguridad para ellos era un problema entendida en clave de violencia urbana sobre la cual un cuerpo especial debía intervenir. Para el PO debían disolverse “los aparatos represivos” y crearse “una fuerza de protección de los derechos ciudadanos reclutada por las organizaciones de derechos humanos y populares”. El MST, por su parte, llamaba desde su plataforma a poner en marcha “un Cuerpo de Seguridad Comunitaria, totalmente nuevo y distinto, con jefe civil, concurso público para selección de personal, mecanismos democráticos de elección y revocación de los comisarios, y bajo control de comisiones de vecinos y organismos de derechos humanos”.
c. Intervenciones cientificistas
El efectismo de la programática macrista se centra en torno de propuestas que buscan directamente interpelar al vecino asediado. Además de intervenir en la discusión de la gestión policial autónoma, utiliza herramientas que no requieren mezclarse en la disputa política ya que están dotadas de un aura cientificista. Una de las propuestas del PRO diferencial en este sentido es la puesta en marcha de un banco de ADN para violadores.
En sus intervenciones televisivas, Macri plantea el diagnóstico de la inseguridad y la preocupación vecinal y lo acompaña inmediatamente de su propuesta de campaña. “¿Puedo hacer una propuesta?”, pregunta a los otros candidatos durante el debate en A dos voces. Y sigue, sin pausa: “El tema violaciones es tema gravísimo que ha crecido en la Ciudad de manera preocupante. ¿Cómo puede ser que un instrumento como el banco de datos de ADN para saber si en la escena del crimen un pelo, semen o una gota de sangre detectan que ya es un violador… Un delito que en 99 por ciento de los casos se comprueba que es reincidente?”, se pregunta. Se vuelca sobre el orgullo de ser una ciudad capital y agrega: “¿Cómo puede ser que nosotros no podamos tener ese instrumento? Córdoba lo tiene. Córdoba tuvo que esperar encontrar un violador que violó 100 veces para animarse a poner este instrumento. El mundo lo tiene. Son instrumentos inteligentes. ¿A quién le va a molestar tener ADN registrado si se porta bien?”. El sujeto no peligroso no debe temer, los vecinos están a salvo por herramientas que según el candidato están creadas para controlar a quienes los acechan.
El modo de ubicarse alrededor de esta propuesta por parte de Mauricio Macri es interesante. Mientras los candidatos intervienen en el debate durante cinco minutos y discuten alrededor de la seguridad urbana, Macri insiste en la definición de propuestas. En tanto los contrincantes lo critican y contra argumentan sin alcanzar a esbozar intervenciones alternativas. Telerman busca disputar con Macri y lo cruza: “Estás haciendo demagogia. Esto ataca los intereses de cada una de las personas. Es una fantasía. Donde dice lo que piensa le sale la mano dura, le sale Sobisch , le sale el banco de datos genéticos”. El debate se estipula en términos de mano dura y mano blanda, de seguridad vs. derechos humanos.
La apelación a las víctimas se vuelve recurrente en el líder del PRO. Cuando el cientificismo de la propuesta del banco de ADN ingresa en una discusión política, Macri apela a la materialidad de las víctimas: “Mañana te voy a mandar a las mujeres violadas a ver qué te dicen. Te estás riendo de todas las mujeres que fueron violadas, les estás faltando el respeto viejo”. La lógica que se explicita en su discurso es la del representante que busca interpelar en clave de herramientas cientificistas a las víctimas y a los ciudadanos preocupados. Salvando las distancias espacio-temporales, estas retóricas se asemejan a las que Jonathan Simon (2011) recuerda se hacen explícitas en el escenario norteamericano de la década del sesenta, donde las campañas electorales “se han transformado en una lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador (…) Los mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización delictiva y con el deseo de venganza que provoca” (Simon, 2011: 55). El uso retórico de las víctimas es claro en el discurso macrista de clave cientificista.

d. Inclusión vs. cambio estructural

La discusión acerca de la inclusión social como modo de recuperar el orden se despliega en todo el arco político. O Malley (2006) plantea la existencia de tres estrategias de prevención, la situacional ambiental, la comunitaria (revisadas en apartados anteriores) y una tercera centrada en las políticas de prevención social. Estas últimas ponen el foco en los riesgos económicos, afectivos y morales que pueden llevar a un sujeto a convertirse en infractor.
“Es imprescindible evitar que Buenos Aires replique las situaciones de drogadicción, violencia y muerte que viven las favelas de Río de Janeiro y San Pablo”, recalcaba durante el proceso de campaña Claudio Lozano, de Buenos Aires para todos. Incluso para quienes en principio entienden la política criminal de manera diferencial, lejos del orden y el control, los escenarios de caos existen en los territorios de pobreza como las favelas y el peligro de los países vecinos acecha a la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el diagnóstico de peligro es similar, el modo de intervenir frente a él procura diferenciarse de los espacios políticos conservadores: “Las políticas de reconstrucción del tejido social –en materia de empleo, vivienda, educación y salud– junto con el combate a la corrupción policial y la conformación de una nueva policía, son las claves para una política de seguridad integral”, asegura Lozano (Página 12, 21/05/2007). Las tácticas de prevención social, recuerdan la necesidad de apartar a los sujetos vulnerables de situaciones potenciales de criminalidad a través de mejorar sus condiciones sociales de existencia.
Vale destacar que estas tácticas no operan en forma pura, ni son retóricas necesariamente utilizadas sólo por fuerzas políticas de centro-izquierda. No tan alejado de esta perspectiva al ser consultado sobre si con el control del aparato de policía bastaba para revertir el reclamo por la inseguridad, Macri señalaba que esta gestión debe acompañarse con “inclusión social”. Por ejemplo, a través de becas para chicos para que finalicen el colegio, o la creación de condiciones para que las empresas den el primer empleo a los jóvenes recién egresados. La urbanización de las villas, asegura el candidato del PRO, “constituye otro punto fundamental en la lucha contra la inseguridad para evitar que los vecinos que viven allí sean rehenes de los delincuentes, especialmente ahora con los narcotraficantes que se han apoderado de esos barrios” (Página 12, 20/05/2007).
La discusión sobre el eje social y la seguridad urbana queda definitivamente instalado durante la segunda vuelta como centro de la disputa entre el macrismo y el oficialismo nacional. El Frente para la Victoria, siguiendo una clave evasiva en torno de la problemática securitaria, decide incorporar la cuestión criminal casi tangencialmente en trono de mejoras de políticas sociales. Así, en uno de sus afiches postulan como ejes de campaña: “Educación, seguridad y soluciones”. Las mejoras estructurales por momentos terminan estando cercanas discursivamente a los factores de protección y riesgo.
Las fuerzas de izquierda también identifican en algunos fragmentos de sus materiales electorales el crecimiento de la inseguridad con la exclusión social. Patricia Walsh, del MST, indicaba que “la ‘inseguridad’ se explica por razones de fondo, como la creciente desigualdad social, que genera exclusión” La candidata recalca que las décadas de exclusión convirtieron al territorio porteño en “Capital de la desigualdad”, de allí a que postule la necesidad de realizar cambios profundos con el fin de “imaginar que la inseguridad se pueda transformar en su contrario” (Página 12, 21/05/2007). De todas maneras, el acento discursivo parece cambiar al ubicarse en la definición no de la necesidad de inclusión social sino de “cambios estructurales”. El Frente de Izquierda Socialista revolucionaria (PTS), por su parte, se pregunta: “¿La derecha alguna vez se preocupó por los muertos del pueblo?”. Y ante la negativa retórica afirma: “No hay que votar por ninguno de los tres. Todos aspiran a que la ciudad siga siendo Buenos Aires Cromañón. Con inseguridad, trabajo esclavo e impunidad para los grandes empresarios.” Los candidatos de estos espacios, según el FIS, buscan “seguridad” para las grandes empresas e inversiones extranjeras. “Son candidatos Cromañón” a los que llaman a no votar.
En la base de estas afirmaciones se encuentra una realidad social con muchas deudas pendientes y la persistencia de altas tasas de delitos y ello a pesar de que se registra un aumento positivo de las principales variables de la economía luego del derrumbe del 2001. En relación a este aspecto Gabriel Kessler apunta que hay una tendencia en la primera década del siglo XXI “a la disminución, al menos hasta el 2008, de los delitos contra la propiedad y hasta 2010 de los homicidios (…) Pero más allá de la diferencia entre jurisdicciones y tipo de delito, en nuestro período de interés, no se logra bajar el umbral alcanzado durante los años noventa” (2014:329).
Paralelamente, con sus avances y contradicciones, se desarrolló un proceso donde mejoraron los índices que miden la desigualdad. Luego de indagar sobre la evolución del empleo; la distribución del ingreso, la situación de la salud; la educación y la vivienda; los territorios y la concentración geográfica; la infraestructura; la cuestión rural y la seguridad durante el lapso que va desde el 2003 al 2013, Kessler afirma que esto se puede corroborar a partir de la reregulación del mercado laboral, la creación de nuevos puestos de trabajo, aumento de las jubilaciones, pensiones y otros beneficios como la Asignación Universal por Hijo. En la columna de lo pendiente quedaría la calidad educativa y del sistema de salud; la falta de cierta infraestructura y el modo de habitar (vivienda).
No obstante, el autor señala que esta reversión de la desigualdad no fue acompañada por una caída similar de los hechos delictivos. Ello puede obedecer a una multiplicidad de factores, ninguno concluyente o determinante por sí mismo a saber: “Más trabajo, pero más estigmatización y menos oportunidades en algunos territorios; más consumo, pero más privación relativa en momentos de reactivación, la conformación de mercados de delitos en décadas pasadas (y) el sesgo altamente centrado en la acción policial para tratar la seguridad”, como la altísima preocupación del delito en la cotidianeidad de las personas, situación que degrada la calidad de vida y altera las relaciones interindividuales (Kessler, 2014: 331). Estas vicisitudes estuvieron planteadas, sea en una o distinta dirección, por todas las fuerzas políticas que compitieron en la contienda.
Otra de las consideraciones a tener en cuenta al dirigir el análisis hacia la problemática de la inclusión social, es la evidencia reunida por Kessler para afirmar que en los barrios o urbes periféricas es donde más se concentran los delitos, en especial los homicidios, teniendo las desigualdades de clase un mayor peso para este tipo de hechos. Se consigna este argumento porque, como ya se dijo, fue el fundamento utilizado por Telerman y su ministro Diego Gorgal, para impulsar la creación de una policía local.
Las vicisitudes en torno de cómo analizar la pobreza y la desigualdad en clave estructural no se resuelven en el contexto de las materialidades discursivas de una elección. Más bien estos procesos son un reflejo de las tensiones propias de un modo de entender porteño de la intervención sobre los escenarios inseguros tanto en clave de prevención social como en clave de intervención penal sobre los responsables.

III. Cierre
En la Ciudad de Buenos Aires, el debate en relación a la seguridad y la cuestión criminal no es un emergente propio de la competencia electoral del año 2007. Tiene sus antecedentes históricos y más reciente en el tiempo, las vicisitudes que trajo consigo el estatus de territorio autónomo, situación alcanzada a partir de la reforma de la Constitución Nacional de 1994.
Las propuestas en materia de seguridad esgrimidas por los candidatos en la campaña electoral del 2007 combinaron, al igual que en otras ciudades y países, posturas vinculadas al welfarismo penal (como la necesaria reducción de la pobreza y la marginación para la disminución del delito) con las sanciones punitivas (expresadas en el registro de violadores de Mauricio Macri) y la consulta popular para la creación de una policía local de Jorge Telerman.
Por el contrario, estuvieron ausentes las opiniones favorables a la reformulación de los programas de readaptación social, eje central del paradigma correccionalista. Entre otras cosas, ello corroboró la tesis afirmada por David Garland según la cual nos encontramos ante un declive del ideal rehabilitador. Para el autor, dicha situación es producto de la crisis del estado de bienestar iniciada en la década del ’70. Es el primer indicador, señala, “de que el esquema de la modernidad -que se había fortalecido incesantemente a lo largo de un siglo- estaba comenzando a desarticularse” (2012: 40).

En su reemplazo se instaló el modelo neoliberal, caracterizado por la valorización financiera y el individualismo, hecho que trajo aparejado el desmantelamiento de las políticas públicas relacionadas a la cobertura social. En vinculación a lo penal, estos cambios, vinieron asociados a una reducción de la inversión en proyectos de reinserción y a un reposicionamiento político desde la víctima. Para Garland “a lo largo de las últimas tres décadas ha habido un claro regreso de la víctima al centro de la escena en la política de la justicia penal. En el ‘complejo penal-welfare’, las víctimas individuales apenas aparecían como miembros del público cuyos reclamos provocaban la acción del Estado”. Hasta entonces, asume el criminólogo, los intereses de las víctimas se subsumían a un interés más general y no se contraponían necesariamente a los intereses del sujeto infractor. “Todo eso ha cambiado ahora”, corrobora Garland. “Los intereses y los sentimientos de las víctimas –las víctimas mismas, las familias de las víctimas, las víctimas potenciales, la ‘figura abstracta de la víctima’ -se invocan ahora rutinariamente…” (2012: 46).
El discurso de la no agresión del PRO es un claro ejemplo de lo mencionado, al igual que el nosotros inclusivo de un futuro de consenso para el desarrollo de tareas en virtud del bien común. Las propuestas de prevención situacional, como la de mayor iluminación en las calles, y la de la creación de un cuerpo policial porteño, manifestadas por casi la totalidad de todos los candidatos para protección de los vecinos, se inscriben asimismo dentro de este universo.
El temor al delito y la sensación de inseguridad acompañan también este proceso de transformaciones. Lo hacen como aspecto cultural y del sistema de medios de comunicación masivo. Garland entiende que esta “sensación de un público temeroso y resentido ha tenido fuerte impacto en el estilo y contenido de las políticas públicas en los últimos años. Se ha redramatizado el delito” (2012: 45). En algunas coyunturas electorales se apela a presentar discursivamente al ciudadano como irascible y cansado, con una demanda centrada en el castigo, mientras al infractor se le desdibujan los rasgos de un sujeto desfavorecido y merecedor de la ayuda pública. “El sentimiento que atraviesa ahora la política criminal es ahora con más frecuencia un enojo colectivo y una exigencia moral de retribución” (ídem).
Frente a este estado de situación, las principales fuerzas políticas de la contienda desplegaron distintas estrategias a la hora de abordar la cuestión de la seguridad. El PRO, se movió de acuerdo a un eje que fue desde lo meramente descriptivo a lo pragmático y en tal sentido, se posicionó en la forma y los espacios donde los hechos delictivos irrumpen en la vida cotidiana, como ser el barrio o un comercio.
La sinergia operada por los espacios políticos durante el período alrededor del significante autonomía y su vínculo con las políticas de seguridad se visualiza tanto en la elección como en el horizonte que se abre una vez definido su resultado. El candidato vencedor no dudó en tomar el guante del discurso securitario y en la necesidad estatal de intervención frente al diagnóstico común. “No nos vamos a hacer los distraídos. Seguiremos reclamando nuestros derechos: el traspaso de la policía con los recursos correspondientes. Pero si el gobierno nacional insiste en incumplir con lo prometió en campaña con su obligación y la constitución nacional no nos vamos a quedar cruzados de brazos”, aseguró Macri en el primer discurso de apertura de sesiones en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 1° de marzo de 2008. El camino de la autonomía territorial comenzaba a ser ligado materialmente a la autonomía securitaria. “Tomaremos el difícil y largo camino de conformar nuestra propia fuerza policial”, adelantó Macri. “Llevará más tiempo y esfuerzo, pero de ninguna manera eludiremos la responsabilidad que los vecinos de la ciudad delegaron en nosotros. En los próximos días estaré presentando ante la sociedad nuestro plan de seguridad para la ciudad. Quiero antes seguro de agotar todas las instancias de diálogo pero no esperaremos eternamente”. El nuevo jefe de Gobierno dejaba claro los pasos a seguir luego de una elección crucial para la historia de la Ciudad de Buenos Aires.

Notas al pie:

[1] Jorge Telerman era vicejefe hasta que asumió formalmente la jefatura de gobierno el 13 de marzo de 2006, luego de la destitución de Aníbal Ibarra por el incendio del boliche Cromañón, ocurrido el 30 de diciembre de 2003 cuyo resultado fue de 194 jóvenes muertos. Sus familiares y la oposición política de la Ciudad responsabilizaron al mandatario por la tragedia y promovieron su juicio político. El proceso fue llevado a cabo por la Legislatura porteña, quién se expidió definitivamente el 7 de marzo del 2006 fallando en contra de su continuidad en el cargo.

[2] En 2009 la explosión de las redes sociales para uso electoral se produce con motivo de varios factores, donde se destacan uno de índole internacional y otros dos pertenecientes a la realidad argentina. Según cuenta Natalia Zuazo, el primero tuvo que ver con la eficacia que tuvo la campaña de Barack Obama para la presidencia de los EE.UU, que logró movilizar a unos 13 millones de militantes en Facebook y recaudar una considerable suma de dinero para el uso proselitista. Las otras son la aprobación de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que estableció las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y abrió la posibilidad de distintas etapas y estrategias diferencias para los candidatos; y la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), que creó límites y reglas para la competencia electoral (2015).

[3] También impulsado por los candidatos a diputados por la Ciudad de UNA Nación Avanzada (cuya candidatura presidencial se ubicaba en Roberto Lavagna): “En materia de seguridad ciudadana: pondremos toda la fuerza de la ley para castigar a los delincuentes y proteger a nuestra gente”. Para ello, entre otras acciones impulsan “trazar un mapa del delito para identificar modalidades, lugares y horarios donde se deberá concentrar recursos para aumentar la vigilancia del espacio público” (Plataforma UNA).

[4] El espacio comandado por Lavagna a nivel nacional también seguía una propuesta similar y en su plataforma llama a “Crear un registro de violadores y un régimen de seguimiento y control por parte del Patronato de Liberados”.

[5] Telerman se refiere al gobernador neuquino Jorge Sobisch, socio político de Mauricio Macri hasta que ordenó la represión contra una manifestación de docentes por reivindicaciones salariales. En tal ocasión fue asesinado el maestro Carlos Fuentealba.

[6] También para ampliar este esquema puede revisarse el detallado análisis de Sozzo (2000).

[7] Discurso del 1° de marzo de 2008. trascripto en elparlamentario.com. Disponible en: http://www.parlamentario.com/noticia-13287.html Fecha de última visita: 22 de mayo de 2015

BIBLIOGRAFÍA
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Zuazo, Natalia