Emilce Estévez, Vanesa Lio
Trabajo presentado en el Congreso Latinoamericano de Comunicación organizado por la Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencia Sociales, Universidad de Buenos Aires, del 18 al 21 de agosto de 2015.
1. Introducción. De escenarios electorales y demandas públicas.
El 2011 fue un año teñido por una abultada agenda electoral en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elecciones de todos los colores y para todos los gustos: ejecutivas y legislativas, a nivel local y nacional. En algo más de tres meses, los porteños debieron congregarse cuatro veces en torno a las urnas. Pero el 2011 fue también el año que será recordado por la yuxtaposición de crimen, menores y narcotráfico en una misma escena. La desaparición y posterior asesinato de Candela Sol Rodríguez, uno de los hechos policiales de mayor repercusión mediática e impacto social en los últimos años, hizo resurgir un intenso debate político sobre los alcances del crimen organizado en el país, el accionar policial y el rol de la justicia en la investigación1 .
“¿Qué une a los casos policiales trascendentales del 2011? ¿La saña de los asesinos? ¿La violencia potenciada por la alevosía? ¿Lo impensado? El cierre que aglutina a los brutales crímenes argentinos de este año fueron los menores como dolorosos protagonistas”2 . La crónica del canal Todo Noticias sobre el anuario de los hechos policiales de ese año pone de manifiesto la crudeza de un escenario criminal que tiene como nuevas víctimas a niños y jóvenes3 .
Por otro lado, o en algún punto como consecuencia, el 2011 fue también un año de fuertes cuestionamientos a las fuerzas de seguridad. Cambios en la Policía Metropolitana luego de su conflictiva puesta en marcha, una fuerte crisis de la Policía Federal y el desembarco de la gendarmería para el patrullaje de las calles en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires en el marco del Plan Cinturón Sur –por considerarse los barrios donde la problemática de las drogas y el narcotráfico aparecía con mayor intensidad– marcaron el devenir securitario en el contexto de campaña.
Así, de forma recurrente, el narcotráfico y las drogas comenzaron a aparecer entre los temas privilegiados en la agenda política y mediática durante la campaña en respuesta a las crecientes demandas ciudadanas sobre la problemática. Una encuesta del Ministerio de Seguridad de la Nación en 30 mesas barriales de prevención del delito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo confirmaba durante el período electoral. “La droga es la principal preocupación de los porteños: el delito vinculado con el tráfico y consumo de estupefacientes importa hoy a los vecinos más que cualquier otro”, se hacía eco el diario La Nación de la inquietud porteña por el consumo de drogas4 . Efectivamente, de acuerdo a la encuesta, el 39% de los consultados señaló al consumo de estupefacientes como el principal conflicto de índole social, seguido por el tema de menores en situación de calle (17%), los disturbios callejeros (15%), y la prostitución (9%). A su vez, como delitos más visibles se señaló a la venta de paco, cocaína y marihuana y a los robos en la vía pública, cada uno con 34% de las respuestas. Los encuestados mencionaron también que el problema del alumbrado público contribuye con la inseguridad (32%) e hicieron referencia a la necesidad de mejorar los espacios abandonados y las urbanizaciones precarias.
Ahora bien, este nuevo escenario securitario tuvo una recurrente y unificada respuesta: aumento del patrullaje y utilización de tecnología para la prevención, con las cámaras de seguridad como estandarte. De acuerdo a Rosa Del Olmo (2000), en las ciudades latinoamericanas, un veloz aumento de la violencia social y delincuencial condujo a que el diseño de políticas urbanas comience a girar en torno a inversión en dispositivos de vigilancia y la distribución de agentes de seguridad, herramientas que trazarán una línea divisoria entre zonas riesgosas y zonas protegidas. Estas políticas y dispositivos garantizan la circulación en áreas de tránsito masivo mediante el control de quienes se desplazan.
En el caso argentino, el negocio de la video-vigilancia tuvo su anclaje en el sector público a partir de 2008, cuando los gobiernos locales comenzaron a implementar circuitos cerrados de televisión para monitoreo del espacio público. Para 2011, la demanda de los municipios del conurbano por integrarse a los sistemas de CCTV había crecido notablemente como resultado del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que llevó, a partir de 2009, el monitoreo urbano en 38 municipios de la Provincia de Buenos Aires. En el inicio de este 2011 electoral, el gobierno provincial anunciaba la extensión de la cobertura del programa de video seguridad a 93 distritos que contarían, como mínimo, con 10 cámaras y un centro de monitoreo propio. En la Ciudad de Buenos Aires el número de cámaras creció exponencialmente durante 2011 al ritmo del Plan Integral de Seguridad del gobierno local y los compromisos asumidos en campaña por Mauricio Macri: 2.000 dispositivos serían incorporados a la geografía de la capital al finalizar el año5 .
Sin embargo, la relación entre estas demandas ciudadanas y las respuestas públicas mediadas por la tecnología no necesariamente tiene como correlato escenarios urbanos más seguros y exentos de riesgos. De acuerdo con el planteo de Graham (2002), la gran expansión de la video-vigilancia ha generado el miedo a los espacios no vigilados: mientras más se extiendan los circuitos cerrados de televisión (cctv) como norma, más pelearán las áreas excluidas por ganar en cobertura. En este sentido, las cámaras de seguridad parecen convertirse en el quinto servicio público: “La gente se preocupará en el futuro cuando no esté bajo ‘el amigable ojo en el cielo’ de la misma manera que lo hace hoy cuando no tiene a su alcance electricidad, energía, agua o teléfono” (Graham, 2002: 239).
En este 2011 de crímenes y campañas, diversos casos delictivos de gran repercusión en los medios junto con las políticas securitarias implementadas a nivel nacional y local fueron marcando los límites del debate y el no debate sobre la seguridad en la ciudad. Este escenario constituyó la base desde la cual los discursos políticos de campaña fueron dándole o no entidad a estos temas de agenda. Al mismo tiempo, las campañas y los discursos políticos retroalimentan a estos medios: en el marco de clima electoral casi constante que se vivió en 2011, las estrategias de los candidatos fueron definiendo el día a día de las agendas mediáticas.
Con la llegada de las sociedades mediáticas, se impone un nuevo modo de hacer política y de generar consentimiento en base al uso de las tecnologías de enunciación mediática. “No hubo un momento en el que la política no haya sido espectacular, lo que sucede ahora es que también se ha vuelto mediática”, sostienen Barreiros y Cingolani (2007: 102). Por un lado, la lógica del drama televisivo se traslada a las estrategias de campaña, que además acomodan sus tiempos a la velocidad de las nuevas tecnologías y la agenda informativa. Por otro lado, los medios abandonan el discurso de la objetividad periodística que los caracteriza para asumir un carácter político.
En este contexto, la ponencia revisa los modos en que la temática securitaria se insertó en la agenda de campaña de 2011 en las elecciones locales de la Ciudad de Buenos Aires. Se tuvo en cuenta, para ello, la repercusión de los casos delictivos de gran impacto en las discursividades electorales y la incidencia de políticas securitarias promovidas desde los gobiernos local y nacional en las estrategias de campaña.
¿Fue la seguridad un eje transversal a todas las fuerzas políticas? ¿De qué modo fue definida la inseguridad? ¿A quién se construyó como destinatario privilegiado? ¿Se recurrió a la dimensión del miedo para posicionarse frente a la demanda?
A los fines del análisis, se relevaron los materiales de campaña de las principales fuerzas en disputa: Propuesta Republicana (PRO), Frente para la Victoria (FPV) y Proyecto Sur. El corpus utilizado en el análisis incluyó spots audiovisuales, plataformas electorales, sitios web de partidos y candidatos, gráfica y folletería. Asimismo, se observó el uso de las redes sociales y las estrategias particulares diseñadas en cada caso6 . El período de relevamiento se extendió durante el mes previo a la primera vuelta, que tuvo lugar el 10 de julio, y los quince días anteriores al ballotage, ocurrido el 31 del mismo mes.
En forma complementaria, se revisaron las noticias de tapa de los diarios Clarín, La Nación y Página 12 y se observó la recurrencia temática en las columnas editoriales de los domingos en los tres mismos matutinos. La reconstrucción del contexto de la elección a partir de este relevamiento permitió analizar el vínculo entre las agendas mediáticas y políticas en relación a la cuestión de la seguridad. A partir de este corpus de medios y la revisión de las discursividades de las fuerzas políticas que se enfrentaron en las elecciones a nivel local se analiza el modo en que la agenda sobre el crimen urbano ingresa en las propuestas, discusiones y debates de campaña.
La ponencia se estructura a partir de una primera parte contextual y una segunda sección analítica. En primer lugar, se describen los sucesos de las elecciones que tuvieron lugar en 2011, las fuerzas en pugna y los resultados que arrojaron las distintas contiendas. A continuación, se presentan algunos resultados del análisis llevado a cabo a partir de tres ejes. En el primero de ellos se analiza la seguridad como tema de la agenda electoral y el modo en que la agenda noticiosa ingresa en la agenda de los partidos. En el segundo se reconstruye el modo en que las fuerzas entienden la seguridad, a partir de los modos en que definen la cuestión y las políticas que proponen al respecto. El tercero, por último, hace foco en los destinatarios de los discursos de la seguridad en cada partido. Finalmente, se presentan algunos comentarios finales a modo de cierre.
2. El qué, el cómo y el cuándo de un año electoral en la ciudad
La primera cita electoral de los porteños fue el 10 de julio, ocasión en la que debieron elegir Jefe de Gobierno y legisladores. Una veintena de días después, el 31 de julio, volvían concurrir para cerrar la historia local en el ballotage que enfrentó a Mauricio Macri y Daniel Filmus por el máximo cargo ejecutivo de la ciudad. Menos de un mes más tarde, el deber civil volvía a llamar a los ciudadanos a votar. Esta vez, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, para elegir entre los precandidatos a presidente, vice-presidente y diputados nacionales. Con las listas que seguían en pie ya definidas, el 23 de octubre finalmente se desarrollaron las elecciones generales para elegir a representantes en los poderes ejecutivo y legislativo a nivel nacional.
En este contexto, el año estuvo fuertemente caracterizado por campañas políticas que se sucedieron vertiginosamente al ritmo de las contiendas electorales. Fue, con todas las letras, un año de campaña. Se vivió un clima electoral constante que se vio reflejado en las gestiones de gobierno y que fue definiendo el día a día de la agenda mediática.
Los comicios para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se desarrollaron en forma previa a las elecciones a nivel nacional, producto de la decisión del gobierno local de desdoblar la votación e intentar separarla así de la disputa política nacional. Así, el calendario se inició el 10 de julio con las elecciones a Jefe y Vice-Jefe de Gobierno. Propuesta Republicana (PRO) buscó extender su mandato iniciado en 2007 por otros cuatro años, con Mauricio Macri como candidato, esta vez acompañado por María Eugenia Vidal. Daniel Filmus, por su parte, repetía su intento liderando la fórmula del Frente Para la Victoria (FPV), que compartió con Carlos Tomada. Los termómetros electorales ya mostraban una intención de voto mayor por el entonces Jefe de Gobierno, Mauricio Macri, en camino a su re-elección. En efecto, la fórmula presentada por el PRO resultó vencedora con el 47,08%, seguida por el FPV unos 20 puntos por detrás con el 8 27,78% y el Movimiento Proyecto Sur (Fernando Pino Solanas – Jorge Selser) con el 12,82%.
A pesar de la abultada diferencia conseguida por el PRO, los resultados condujeron a una segunda vuelta que replicó el escenario y los protagonistas de 2007: un nuevo ballotage entre Mauricio Macri y Daniel Filmus tuvo lugar el 31 de julio de ese mismo año.
Con un nivel de participación similar al de la primera vuelta, el ballotage consagró como Jefe de Gobierno a Mauricio Macri, obteniendo el 64,25% de los votos y dando inicio a su segundo período de gestión. Se confirmaba así la tendencia a cierta adversidad que existe para el Peronismo – y, en particular en los últimos años, para el FPV – en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el FPV tendría su revancha a nivel nacional, en las elecciones a diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La nueva instancia electoral se inició el 14 de agosto con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se realizaron por primera vez ese año7 . Esta nueva normativa traería consigo no sólo un calendario electoral más ajustado, si no que modificaría también ciertas lógicas en el armado de alianzas electorales y en el diseño de las campañas políticas.
De las 15 listas de precandidatos a diputados nacionales que se presentaron en las PASO por el distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 finalmente fueron habilitados a disputar las bancas en las elecciones generales. Las elecciones generales realizadas en el mes de octubre finalmente le darían un triunfo al FPV, que obtuvo el 28,35% de los votos y se adjudicó 5 cargos de los 12 en disputa. El PRO, por su parte, quedó en segundo lugar con el 19,31%, logrando 3 cargos; y el Frente Amplio Progresista, con el 16,36%, obtuvo 2 cargos. Los dos diputados electos restantes correspondieron a la Unión para el Desarrollo Social (6,83%) y a la Coalición Cívica (6,42%).
En el caso de las elecciones presidenciales, las PASO habilitaron a presentarse en las elecciones generales a 7 de las 10 fórmulas que compitieron en las primarias8 . El 23 de octubre el FPV consagró finalmente su triunfo en la primera vuelta de las elecciones generales obteniendo el 54,11% de los votos, lo que daría inicio al segundo mandato de la ya entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. Ahora bien, un dato interesante a considerar en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es que, si bien el FPV también ganó en este distrito, lejos estuvo de obtener la diferencia que logró a nivel nacional. La fórmula vencedora obtuvo en CABA apenas el 35,11% de los votos, seguido por el FAP con el 27,81% y el Frente Popular con el 10,24%. A pesar del triunfo, entonces, los resultados permiten confirmar la histórica dificultad que han encontrado los partidos peronistas en terreno porteño. Para comprender e intentar explicar este fenómeno, claro está, es necesario remontarse a las características políticas, económicas, sociales y culturales que a lo largo de su historia han dado a la ciudad los rasgos particulares que la definen y la diferencian de otros distritos electorales.
3. La seguridad, ¿en la agenda electoral?
Desde inicios de la autonomía porteña, el alza de denuncias de delitos junto con una profundización en la circulación de noticias sobre inseguridad tuvo como correlato escenarios electorales teñidos de demandas de seguridad. En 2011, esta cuestión atravesó, de algún modo, las campañas electorales desarrolladas en la Ciudad de Buenos Aires abarcando todo el arco político. Vale decir que, si bien puede considerarse un eje temático transversal a las campañas, por estar inserto en la agenda pública y mediática, esto no implica que todos los candidatos hayan configurado sus campañas en términos securitarios. La temática de la seguridad apareció entonces en las discusiones y debates, aunque ciertas fuerzas políticas parecen estar más habituadas a incluir la cuestión entre sus definiciones electorales, respondiendo a la agenda sobre el crimen urbano.
En el caso del PRO, la primera campaña de Mauricio Macri a Jefe de Gobierno en 2007 estuvo fuertemente teñida por la agenda de la seguridad, adquiriendo una amplia dimensión propagandística y publicitaria. En 2011, en cambio, la batalla discursiva contra el riesgo y cómo intervenir frente al miedo latente en la ciudad no estuvieron entre los motores más utilizados en la campaña, en la cual se eludió hablar de inseguridad desde la dimensión del miedo. Con Macri al mando de la gestión desde 2007, el discurso se centró en mostrar una eficacia ya en marcha, una ciudad que cambió y quería seguir cambiando. Las remisiones a la seguridad estuvieron atravesadas por las políticas diseñadas en el período de gobierno transcurrido (2007-2011): la creación de la Policía Metropolitana y la profundización de la videovigilancia en territorio porteño fueron dos elementos recurrentes.
Las estrategias discursivas de Mauricio Macri para su reelección en relación a la seguridad se basaron en eludir las referencias directas a la violencia urbana sin abandonar la cuestión como una promesa fundamental a la vecindad. Durante la campaña fueron centrales las firmas de “compromisos” con los vecinos, prometiendo entre otras cosas más seguridad en los barrios y mayores medidas de protección a través de la distribución de botones antipánico y la colocación de videocámaras para monitoreo en espacios públicos. Estas promesas, que cruzan la gestión con la campaña electoral, se enmarcaron en eventos públicos que usufructuaron luego el vivo y el directo que permiten los canales de noticias y fueron transpuestos a videos que conformaron la campaña 2.0 del candidato. Sin embargo, estas cuestiones todavía controversiales son fuente de debate y polémicas en tiempos electorales. Fue así que el mismo Jefe de Gobierno debió dar marcha atrás a un acuerdo para difundir imágenes de la avenida 9 de Julio por televisión debido a una queja presentada por la Defensoría del Pueblo9 .
El PRO despliega un juego discursivo que pone en cuestión los niveles de responsabilidad ante el crimen en la ciudad. Si por un lado exige el traspaso del control de las fuerzas de seguridad al gobierno local, por otro reclama el accionar del gobierno nacional y le atribuye todas las cargas cuando el orden social aclamado resulta insostenible. Así, por ejemplo, frente a los casos de violencia en el futbol y los desmanes luego del partido que sentenciara el descenso a la categoría B del club River Plate, Mauricio Macri se desligaba de las responsabilidades del gestor público asumiendo el rol de vecino indignado: “Hay que ver qué le va a decir el gobierno nacional a la gente a la que le destrozaron los locales”10 .
Por su parte, en el marco de la contienda electoral de la ciudad en 2011, el FPV también estructuró el discurso a partir de las políticas securitarias llevadas a cabo, en este caso, por el gobierno nacional. Enfatizó así la necesidad de seguir acompañando la gestión de un gobierno que, en aquel momento, se proponía definir un modelo y una agenda propia en materia de seguridad. En este sentido, la agenda de la inseguridad parece ser, por momentos, la agenda del otro, de aquel que apela a un ciudadano atemorizado. El temor aparece vinculado a la posibilidad de correr el foco de la agenda política instaurada en los últimos años por el Gobierno Nacional, por ejemplo mediante la constante apelación a las políticas educativas y de desarrollo humano. Los spots silencian los riesgos y revelan en términos de positividad las políticas públicas diseñadas por el Gobierno Nacional en los ocho años de gestión transcurridos hasta aquel momento, presentando los buenos resultados en la Nación como una garantía de efectividad en la ciudad. Bajo el paraguas del slogan “Buenos Aires para todos”, la seguridad aparece mencionada en la campaña de Daniel Filmus en 2011 entre otras consignas como salud, trabajo, educación y cultura. Una estética colorida y una musicalización vivaz teñían la campaña de cierta positividad: en uno de sus spots, personajes animados que representaban a la ciudadanía porteña sostenían una serie de pancartas que, enmarcadas en grandes corazones rojos, resignificaban estos grandes temas a modo de demandas públicas.
Sin embargo, en días previos a la primera vuelta, el candidato porteño del FPV, Daniel Filmus acompañó a la Ministra de Seguridad Nilda Garré en la presentación del Plan Cinturón Sur11. Con el fin de reducir los índices del delito y en una fuerte apuesta por recuperar la confianza pública en las fuerzas de seguridad, el gobierno nacional dispuso el desembarco de 3.000 efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval en los barrios de La Boca, Barracas, Parque Patricios, Pompeya, Soldati y Villa Lugano. La decisión implicó, además, la retirada de la Policía Federal de las seis comisarías del sur porteño, donde sus tareas quedarían relegadas a labores administrativas, debido a sospechas de connivencia de esta fuerza con organizaciones delictivas vinculada a las drogas. La noticia que generó cierta inquietud al interior de la Policía Federal ocupó las primeras planas de los principales medios en el mes previo a la elección en la ciudad12. Así, el candidato del FPV, de la mano de la gestión nacional, ingresaba en la agenda de la seguridad apelando a las mismas soluciones que sus opositores: despliegue policial, patrullaje y vigilancia para prevenir el delito.
En este contexto de disputa polarizada entre las gestiones ya en marcha a nivel local y nacional, la tercera fuerza en pugna parecía no tener más lugar que aquel de la crítica a ambos contrincantes: “Los responsables de la inseguridad en Buenos Aires son el gobierno nacional y la complicidad inoperante de la policía de Macri”, denunciaba Pino Solanas en un desayuno organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) para la presentación de sus propuestas.
Proyecto Sur no colocó la cuestión de la seguridad como un tema central de su campaña, que se enfocó, en cambio, en problemáticas sociales como la salud, la vivienda y la educación. Sin embargo, ante la necesidad de responder a una agenda instalada, Pino Solanas apuntó contra las mafias, la trata de personas y el delito organizado. Ante el reconocimiento del reclamo de los ciudadanos, que colocan a la inseguridad como tema prioritario a resolver, desde Proyecto Sur se enfatizó el problema de la corrupción y la connivencia policial con el delito.
Ahora bien, aunque la retórica electoral no ubicó el centro en la cuestión securitaria, la temática sí estaba presente en la plataforma de esta fuerza entre otras tantas consignas. En un folleto distribuido durante la campaña, se mencionaba a la seguridad entre “las 100 propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos en la ciudad”. Allí se planteaba: el traspaso de la Federal a la ciudad “con depuración de altos mandos”; una reestructuración de la Metropolitana, con recambio de su cúpula vinculada a la Federal durante la dictadura, profesionalización y derecho a la agremiación policial; control ciudadano con representantes comunales en las comisarías y control público de las empresas de seguridad privada; una agencia civil de investigación para la lucha contra el delito organizado, incluyendo el narcotráfico, la trata de personas, los desarmaderos y el lavado de dinero; y habilitaciones e inspecciones sin corrupción. Entre las propuestas, sin embargo, se colaba nuevamente la solución policial: “Despliegue territorial en toda la ciudad, direccionando a la Metropolitana a tareas de prevención de los delitos y contravenciones de competencia local y para la formulación de alertas tempranas ante amenazas de delitos”.
A partir de su posicionamiento como problema ciudadano, los escenarios electorales locales se tiñen de demandas por más seguridad. Mientras algunos partidos y frentes electorales estructuran sus campañas a partir de sus gestiones y promesas en materia de seguridad, otros aluden a la temática de modo más lateral. Sin embargo, en épocas donde la preocupación por la seguridad parece ir en aumento, las campañas electorales comienzan a estar cada vez más atravesadas por una agenda pública y mediática que pone al delito urbano en el centro de la escena.
4. Dime cómo defines la seguridad y te diré quién eres
El posicionamiento de la inseguridad como uno de los problemas públicos centrales y la consolidación de esta cuestión entre los temas destacados de la comunicación electoral nos lleva a preguntarnos qué se entiende por seguridad. En contextos electorales, estas definiciones no necesariamente aparecen de forma explícita en las elocuciones de los candidatos, pero los diagnósticos del problema y las propuestas en consecuencia de cada uno de ellos permiten reconstruir de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Ahora bien, no todos entienden lo mismo. ¿O sí? El propósito de este apartado es rastrear esas definiciones a los fines de rearmar este concepto con matices.
En el campo académico, la inseguridad ha sido definida como una problemática resultante de las políticas neoliberales. “La inseguridad actual se ha producido por una gestión política que produce efectos inhumanos a todo nivel” (Pegoraro, 2003). Ante el surgimiento de esta nueva condición post-social, surge entonces la pregunta acerca de qué significa gobernar la inseguridad. Esta cuestión deriva de la definición misma del concepto, un proceso en el que los discursos políticos y mediáticos juegan un rol central. Como expresan Daroqui et al (2003), “las políticas de gobierno y los medios masivos centralizan el tema de la inseguridad en la cuestión del delito callejero o del crimen callejero”. A partir de esta recurrencia a nivel discursivo, la inseguridad termina por reemplazar metonímicamente al delito, al tiempo que la prevalencia de estas definiciones del concepto tiene como contraparte el relegamiento de otras inseguridades que son invisibilizadas.
Por otro lado, lo que entendemos por seguridad puede ser explicado a partir de la conjunción de dos componentes: uno objetivo, vinculado al aumento de los hechos delictuosos identificados como “criminalidad en la calle” o “micro-criminalidad”, que incluyen delitos contra la propiedad y las personas especialmente en el espacio público (Sozzo, 2009); y uno subjetivo, la “sensación de inseguridad”. En este sentido, de acuerdo con Kessler (2009), para indagar los factores que contribuyen a generar inseguridad debemos tener en cuenta el mecanismo de victimización indirecta: “Cuando en una sociedad hay más personas victimizadas, circula más información sobre estos hechos, una mayor cantidad de conocidos o relaciones indirectas se enteran y lo difunden en sus conversaciones cotidianas, y así se intensifica la preocupación por el tema, más allá de haber sufrido o no un delito. La información sobre delitos actúa como anticipación de una eventual victimización personal futura y, de este modo, se convierte en una fuente de temor” (2009: 70-71).
En sintonía con lo anterior, Pegoraro (2003) sostiene que “la actual inseguridad está asentada en una base material distinta a aquella que estaba presente en otras etapas de la humanidad”, y como consecuencia “el individuo ha quedado inerme ante relaciones sociales que no controla y ello ha aumentado sus miedos y su sensación de inseguridad ante el prójimo” y agrega que “el miedo y la inseguridad son vividos y sufridos con diferencias apreciables entre las clases sociales, grupos, comunidades” (2003: 2-3).
Por otro lado, el riesgo aparece como factor a considerar en el contexto de la inseguridad. La administración de los riesgos valorados como tales no remedia la ansiedad de las víctimas: la información sobre la carencia de “libertad” y de seguridad urbana produce un sentimiento de victimización anticipado que cristaliza en el temor a la pérdida. Pues, si algo caracteriza a la sospecha es su carácter performativo: el riesgo tiene la forma de lo que falta y en ese acto, toma cuerpo su propia definición (Beck 2000). Con lo cual, la disputa librada en el margen entre la autonomía y la amenaza conlleva la extensión de subjetividades victimizantes que reclaman orden y protección al Estado.
Así las cosas, los gobernantes deben encargarse de vigilar la seguridad de la ciudadanía comprendiendo sus dificultades, conteniendo su nerviosismo, alertando sobre las zonas donde subyace el riesgo, proclamando la severidad de los castigos. En medio de un fenomenal desarrollo del negocio de la seguridad, el Estado se convierte en un proveedor de este servicio. Pero no cualquier proveedor, su intervención opera sobre las reglas del mismo juego mediante el diseño de las normas de tolerancia autorizadas bajo un vaivén cambiante de orden y conflicto. Así pues, la colocación masiva de cámaras de seguridad para monitoreo, entre otros tipos de herramientas de prevención situacional del delito que se proponen como medidas para abordar el problema, lleva implícito un modo de definir la seguridad. Más allá de su efectividad o no en la reducción del crimen, el recurso político a estos sistemas tiene más que ver con su valor simbólico: el reconocimiento del Estado como dador de un marco de protección a los ciudadanos y la necesidad de demostrar 16 la existencia de acciones desde la gestión orientadas a atender la cuestión del delito (Norris, Mc Cahill y Wood 2004).
En épocas de campaña, el modo hegemónico de definir la seguridad por parte de las fuerzas políticas porteñas se condensa en propuestas por aumentar la intervención policial y la necesidad de promulgar herramientas penales más duras para enfrentar el crimen urbano. En contra de este discurso punitivo, un abordaje multidimensional del fenómeno de la inseguridad pone de relieve cuestiones sociales y centra las discursividades en la desigualdad como eje para concebir la posesión de las seguridades sociales perdidas. Así, la inseguridad no aparece vinculada al delito común o robo en la vía pública sino que es definida en relación al crimen organizado, formas de corrupción y violencia estatal, y el delito de cuello blanco (Sutherland, 1988).
En 2011, el PRO evita recurrir a la seguridad desde la retórica del riesgo, como sí lo había hecho en 2007, cuando la idea de inseguridad aparecía asociada al delito común y las ilegalidades urbanas. Las remisiones a la cuestión securitaria giraron, en cambio, en torno a las políticas implementadas por el gobierno en gestión, centradas en la creación de la policía local y diversas estrategias de prevención situacional del delito. La seguridad se define entonces a partir de la eficacia, la gestión y el compromiso asumido; y no alude a la seguridad objetiva.
La campaña audiovisual elude hablar de inseguridad desde la dimensión del miedo. En uno de los únicos spots sobre esta cuestión la candidata a Vice-Jefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, asocia el concepto de seguridad con el deseo de que “nuestros hijos puedan ser lo que quieran ser”. El temor difuso de la ciudadanía se vuelve un dispositivo velado de gestión.
Pese a que en los spots no haya referencias directas a la violencia urbana y se eluda la dimensión del temor, la seguridad no resulta ser abandonada como un compromiso fundamental de gestión con la vecindad. Durante la campaña, Macri no sólo le habla a través de los spots a la ciudadanía, al nosotros, también lo hace a través de otros canales. La firma “compromisos” con los vecinos a los que hicimos referencia se torna, en este sentido, un dispositivo central en la lógica electoral.
Las políticas promovidas por el Gobierno de la Ciudad se centran en dos ejes: las cámaras como prevención, y alerta temprana para evitar el delito. En el marco del Plan Integral de Seguridad se firma, por un lado, un compromiso que comprende la colocación de cámaras de seguridad para monitoreo de parques y plazas, centros comerciales barriales y accesos a la ciudad. De esta forma, se busca “recuperar” una “tranquilidad” perdida, vivir en “una ciudad que nos cuida y protege”. Un segundo compromiso promete brindar protección y tranquilidad a “aquellos que son más vulnerables” a través de la distribución de botones antipánico entre los adultos mayores de la ciudad para que puedan emitir alertas ante “situaciones de riesgo”.
Recapitulando, el PRO elude la retórica del riesgo así como el diagnóstico del estado de situación de la inseguridad del ámbito urbano que le toca gobernar. Su postura se centra en la descripción y promoción de los logros de las políticas y medidas implementadas por su gobierno en gestión, incluyendo la instrumentación del control policial mediante la nueva policía local y de estrategias de prevención situacional del delito. Cuestiones como el crimen organizado, la corrupción, la violencia estatal la desigualdad o la violencia, resultaron ajenas a su discurso.
En el caso del FPV, los discursos de campaña evidencian un reconocimiento de la inseguridad local como problemática resultante de la gestión local, o la falta de adecuada gestión del Gobierno porteño, aludiendo a los reclamos de los vecinos y reconociendo, en definitiva, la inseguridad subjetiva. Se asume la necesidad un abordaje multidimensional de la cuestión, atendiendo a las políticas sociales como propuesta concreta.
Ahora bien, en el marco del debate de candidatos realizado el 4 de julio13, Filmus señalaba: “Lo que nos piden los vecinos es más policía en la calle”. Sin embargo, agrega el candidato, “las medidas de seguridad tienen que ser acompañadas por medidas sociales”. La cuestión de la seguridad requiere, según el FPV, políticas públicas en dos direcciones: “Políticas sociales para atender los problemas y que no haya exclusión y marginación, donde está la base de la inseguridad, y políticas de seguridad como las que ha tomado la presidente CFK y que implementó Nilda Garré”, en alusión al Plan Cinturón Sur. Así, salida policial al problema de la inseguridad y prevención social aparecen de la mano. “Si hay inseguridad en el barrio, significa que ser vecino ya no basta como protección (…) Se debe entonces operar en algún modo sobre los lazos para intentar estar seguros”, plantea Kessler (2009: 213).
Sin embargo, la seguridad urbana no aparece como un tema prioritario en el discurso de campaña. En realidad, la cuestión es abordada por el Gobierno Nacional, en conjunción con su instalación en la agenda pública. En general los spots del FPV no utilizan como eje central la cuestión securitaria. Dicha cuestión se trata de modo indirecto, como ya mencionamos, a través de la promoción de las políticas del Gobierno Nacional.
El FPV, en definitiva, sustenta su abordaje de la cuestión de la seguridad de manera indirecta –mediante la promoción de las políticas y acciones diseñadas por el Gobierno Nacional aplicadas en el ámbito local– y refiere al abordaje multidimensional como propuesta, diferenciándose parcialmente de los enfoques desplegados por la gestión porteña. Si bien, como dijimos, Proyecto Sur no coloca el eje de su campaña en la seguridad, esta fuerza política no elude el debate sobre inseguridad, violencia y delito organizado. Según Simon (2011), “los dirigentes con cargos estaduales tienen más oportunidades de politizar el delito”, pero están condicionados a la rendición de cuentas respecto de las políticas que propusieron y eventualmente implementaron (2011:39). Dado que Proyecto Sur no tiene antecedentes de gestión de gobierno local o nacional, se encuentra en condiciones de explayarse en sus diagnósticos, narraciones y propuestas.
Por un lado, Pino Solanas se refiere al problema de inseguridad desde la dimensión del miedo al expresar, en el debate pre electoral porteño: “El tema es lo suficientemente grave como para no eludirlo. La primera queja de la señora, el ciudadano, el muchacho es que no hay seguridad. Hay una sensación de indefensión muy profunda en el vecino”. Por otro, para el candidato gobernar la inseguridad presupone el estudio de los temas y contacto con la gente a través de los foros programáticos sobre la temática que su espacio político venía organizando desde el año previo a la elección.
Proyecto Sur define el problema de la inseguridad a partir de una falta de voluntad política del Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En entrevistas televisivas, denuncia la ineficacia, policial, la corrupción de la Policía Federal y las policías provinciales que actúan en conjunto con los “delincuentes”.
Así, Solanas se refiere a las otras inseguridades: identifica los orígenes del delito en la corrupción y la connivencia policial. “Las cúpulas y altos mandos de la seguridad saben dónde está el narcotráfico, saben dónde están las mil pistas de aterrizaje de la droga en Argentina”, sentencia el candidato. Pone el énfasis en lo que considera “delitos pesados”: el narcotráfico, las cocinas del paco, los desarmaderos de automóviles y la trata de menores y mujeres. “Ni la Prefectura ni la Gendarmería están preparadas para salir de estos problemas”, expresa con relación a los planes de seguridad del Gobierno Nacional que se aplican en la ciudad, lo que considera como una política meramente electoral. En relación al narcotráfico, reclama al gobierno nacional critica la falta de radarización en las fronteras, cuestión bastante alejada de los asuntos locales. En este sentido, Proyecto Sur propone soluciones que no son necesariamente competencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En síntesis Proyecto Sur enfoca su perspectiva de la seguridad-inseguridad reconociendo la relevancia del delito común y, desde una lectura nacional de los fenómenos que prioriza –por ejemplo, el narcotráfico y corrupción–, crítica de los resultados observados, para los cuales propone soluciones de alcance nacional.
5. Entre vecinos, víctimas y victimarios
En la retórica electoral, a partir de la configuración del vecino como principal destinatario, algunos candidatos interpelan a las víctimas de los peligros urbanos. Especialmente a quienes temen a los riesgos y la violencia que se condensa en aquellos diferentes, esos otros que no forman parte de la vecindad deseada.
Este tipo de campañas recuperan el discurso del paradigma de la victimización, en el cual la historia colectiva se diluye y se refuerza la idea de un lenguaje de la victimización individual. El pasaje del paradigma de la opresión al paradigma de la victimización implica que “todos y todas podemos devenir víctimas, cualquiera sea nuestra situación social, económica, cultural y el sexo al que pertenezcamos (…) la victimización es más un evento que una característica que afecta toda nuestra biografía” (Pitch, 2009: 67). La victimización, en estos términos, alude a una condición contemporánea de vulnerabilidad, que incluye no sólo a la víctima de una ofensa particular sino también a quien, en términos de una potencialidad subjetiva, teme serlo.
En la discursividad de campaña de Mauricio Macri en 2011, la ambigüedad del slogan “juntos venimos bien” evita, en principio, todo tipo de compromiso. El PRO entiende que en un contexto donde las apuestas pueden contener ciertos riesgos, el uso de significantes vacíos es un modo de moverse sin enfrentar grandes costos. Así, saber pararse en el contexto de la disputa de gobierno no sólo implica identificar las demandas que emergen en el plano local sino elegir una estrategia de intervención oportuna que pueda transformarse en la clave del éxito de la campaña electoral. La proposición del PRO, en este sentido, sólo alude a la continuidad de una gestión con cuatro años al frente del Gobierno de la ciudad. Pero, en este marco discursivo, la estrategia de campaña se centra en anular las distancias entre candidatos y electorado: “Somos vecinos” y “la Ciudad nos une”, enuncian los spots macristas. La interpelación se produce desde un nosotros inclusivo que se desliga de las características de los partidos políticos tradicionales. Se construye, en cambio, como una “fuerza joven”, extendida a todo aquel capaz de involucrarse en la cuestión “vecinal” y sentir la insuficiencia de relegar la política a un sector profesional.
Bajo una estética colorida, se consolida la figura del vecino, construida en las gráficas de campaña a partir de ese nosotros que envuelve una diversidad de actores: jóvenes, mujeres, ancianos, niños, militantes del PRO. Sujetos emprendedores, cansados de la conducción tradicional que responden al llamado de un líder que aclama la unión vecinal: “Tenemos que seguir juntos” y “te pido que votes por nosotros porque juntos venimos bien”, enuncian los candidatos en los spots. El lazo de unión que identifica al colectivo de pertenencia es esencialmente ciudadano y se hace consciente día tras día, en la convivencia cotidiana. La percepción que se fabrica da cuenta de una idealizada concepción comunitaria, un orden pacífico y armonioso donde no existe conflictividad, egoísmo, ni polémica.
Aunque el discurso del PRO declara su preocupación por salvaguardar el “bienestar general”, las imágenes montadas develan que el target del electorado interpelado no encarna a toda la sociedad; se reduce a la ciudadanía porteña perteneciente a los sectores sociales medios y altos. Las imágenes difundidas muestran personas de diversas edades reunidas en distintos ámbitos de la ciudad, como la puerta de un edificio donde se juntan a conversar. En el grupo se encuentra Mauricio Macri, que se sitúa en el mismo plano: es un vecino más. Los personajes se exponen elegantemente vestidos, sonrientes y divertidos, sin voluntad de rivalizar. Las imágenes excluyen todo sujeto fuera de “nuestra normalidad”: los sujetos esbozados en los spots no contemplan otro perfil más que el de un “profesional” ciudadano porteño. El paradigma de victimización se hace evidente, de este modo, en la discursividad del PRO, que configura a los ciudadanos como víctimas de ese otro peligroso. De un lado, el nosotros. Del otro, los violentos que no dialogan.
La construcción del destinatario de las discursividades electorales aparece, en estos casos, asociada al rol de un ciudadano-víctima. Este modo hegemónico de interpelar al ciudadano que es víctima de la inseguridad urbana, la delincuencia y la violencia enfatiza el enfoque de la “criminología del otro” (Garland, 2005). Sin embargo, la figura de la víctima no es estática sino que aparece modalizada por otros discursos electorales. En los spots del PRO, la seguridad urbana se concibe como responsabilidad vecinal de sujetos privados que desconfían de la aplastante intervención del Estado Nacional y se unen para administrarla en función del propio costo-beneficio. En consecuencia, las víctimas no sufren sólo de la embestida criminal sino también de la confrontación política y el propio aparato estatal.
Este tipo de configuración de la víctima a partir de la opresión que impone el poder prevalece en la retórica de Proyecto Sur sobre la seguridad. “Vamos a terminar con la trata de personas, con las mafias, y con el delito organizado que toma de rehén a las personas más indefensas”, expresa Solanas y acusa al candidato del FPV como representante del máximo responsable de la inseguridad: “El ministro coordinador Aníbal 22 Fernández calificó a la Policía Federal como ‘la mejor del mundo’ y luego la ministra Garré despidió a casi treinta comisarios. ¿Cómo puede ser que quien fue Ministro de Justicia, de Interior y ahora Jefe de Gabinete califique de ‘mejor policía’ a una fuerza que fue descabezada con la creación del Ministerio de Seguridad? El principal responsable de la inseguridad de la ciudad es el gobierno nacional que no transfiere las 53 comisarías que actualmente tiene la Policía Federal, y el gobierno de la ciudad crea una Policía Metropolitana viciada de escándalos como el nombramiento de Palacios y las denuncias de espionajes”14 .
Este tipo de discursos enfocan la cuestión de la seguridad no ya en el delito común o callejero si no en el narcotráfico, el delito “de cuello blanco” y la arbitrariedad de las fuerzas de seguridad. De este modo, configuran un ciudadano-víctima de la connivencia y la corrupción policial y política. Esta construcción discursiva donde los roles que comúnmente se asignan a víctimas y victimarios se invierten caracteriza a los discursos de algunos frentes y alianzas de izquierda en época electoral. Así, también el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) pone el énfasis en un destinatario víctima de las maniobras estatales, de la corrupción de las fuerzas policiales, de un sistema que los excluye y del “gatillo fácil”.
En este tipo de enunciados se recupera el paradigma de la opresión: la víctima es el oprimido. La categoría de opresión, tal como lo define Pitch (2003), remite a una condición compuesta, resultado de múltiples factores. Es una categoría omnicomprensiva que define una historia colectiva, un pasado común. La víctima es aquel sujeto cuyas condiciones de existencia son desiguales frente a las que poseen quienes tienen un acceso diferencial a los medios de producción.
Por otro lado, la mención al vecino, vale decir, no es exclusividad del PRO. También el FPV y Proyecto Sur aluden a esta figura en la retórica de campaña. Sin embargo, la construcción del vecino como destinatario de los discursos no necesariamente aparece asociada a la figura de víctima en todos los casos. En el caso del FPV, el vecino es quien centraliza las demandas por más seguridad en la ciudad. A él es a quien deben responder las políticas públicas que repliquen el modelo adoptado a nivel nacional. “Lo que nos piden los vecinos es más policía en la calle”, enfatizaba Daniel Filmus en el debate preelectoral realizado en el programa A dos voces en relación a su acompañamiento en el Plan Cinturón Sur implementado por la Ministra de Seguridad Nilda Garré.
Las imágenes de la campaña del FPV delinean, en cambio, un destinatario más amplio, que busca desplegarse a partir del slogan “Buenos Aires para todos”. Cartoneros, personas con capacidades especiales, vendedores ambulantes, enfermeras, policías, estudiantes, médicos, periodistas y feligreses de distintos credos buscan ilustrar en uno de los spots un “para todos” en su máxima expresión.
A partir de la premisa “la ciudad que vos querés es la que quiere Filmus”, personajes famosos y artistas de distintos ámbitos enumeran en otro de los spots los deseos propios que se traducen en las consignas privilegiadas por la campaña del FPV: “Porque quiero una ciudad más justa, fraterna y solidaria”, menciona Federico Luppi. “Porque quiero terminar con la desigualdad entre el sur y el norte de la ciudad”, agrega Andrea del Boca.
El eje puesto en la igualdad, la vivienda, el trabajo, la educación y la cultura no impide que la seguridad aparezca como una demanda válida y legítima. Porque “gobernar es estar presente”, dice la actriz Rita Cortese. Y gobernar es también “cuidar a la ciudad y a su gente”, completa nuevamente Del Boca. Así, el músico Ignacio Copani elige a Filmus “para que el jefe de la policía sea un civil elegido por todos”. “Sin pistolas eléctricas y sin camiones de la UCEP levantando gente”, añade el cantante Guillermo Fernández.
“Yo estoy con Filmus, ¿y vos?”, cierra el spot Víctor Laplace. De este modo, en la posibilidad de identificación con este conjunto de artistas que “cree en Filmus” se despliega la imagen de un destinatario convencido. Un electorado que “por estar con Cristina, está con Filmus”.
6. Comentarios finales
La tríada seguridad, política y comunicación ha ocupado a equipos de campaña y analistas políticos en los últimos años. De acuerdo con el planteo de Simon (2011) para el escenario estadounidense, el temor al delito se consolidó como temática central en la comunicación política electoral a partir de la caída de las sociedades salariales. Así, los discursos de campañas locales y nacionales se focalizaron en la guerra contra el delito. “Las campañas electorales para los cargos de alcalde, gobernador, procurador general y, sobre todo, presidente de la nación se han transformado, en parte, en una lucha por quién se muestra dispuesto a ir más lejos en su papel de acusador […] Los mandatarios deben mostrar que se identifican con la experiencia de victimización delictiva y con el deseo de venganza que provoca (Simon, 2011: 55). En el contexto de las crisis de representación, el delito se convierte en un insumo para la creación del consenso.
Con las particularidades del caso argentino, el estudio realizado a partir de la retórica electoral de los principales candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2011 ha evidenciado una recurrencia a la seguridad como tema privilegiado con algunos matices. Por un lado, a partir de una serie de ejes de análisis, hemos observado ciertas regularidades y diferencias en la construcción de la seguridad como gramática electoral. Por otro lado, los distintos candidatos en pugna a nivel local deben adecuarse al contexto mediático. Como expresa Garland (2005), “los actores políticos operan en el marco de un campo estructurado de fuerzas cuya lógica están usualmente obligados a obedecer. Son quienes llevan adelante los últimos movimientos más que quienes llevan adelante los primeros” (28).
En relación a las propuestas, la agenda de la seguridad en tiempos electorales parece entrecruzar políticas de mano dura con políticas sociales y de prevención, eludiendo las posiciones extremas. A partir de un trabajo realizado sobre la base de la encuesta Barómetro de las Américas – LAPOP15, Fleitas Ortiz de Rozas (2014) plantea que el 76% de los argentinos apoyan en forma simultánea políticas de seguridad “duras” y de “prevención. Si bien en nuestro análisis no hemos atendido a cuestiones relacionadas al posicionamiento ciudadano, es innegable que tiene cierta injerencia en el modo en que se delinean las estrategias discursivas de campaña.
De acuerdo a la misma encuesta, en 2011 las personas victimizadas tendieron a votar significativamente menos al oficialismo tanto en las elecciones presidenciales como en las elecciones a gobernador, aunque en menor medida en este segundo caso. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, el estudio evidenció un fenómeno inverso: las víctimas del delito tendieron a votar más al PRO, entonces a cargo de la gestión (Fleitas Ortiz de Rozas, 2014). Esta atribución de responsabilidad diferenciada podría explicar – quizás más que el posicionamiento ideológico– por qué los partidos y candidatos ingresan de modos diversos en la agenda de la seguridad y las propuestas que delinean en consecuencia.
Ahora bien, el discurso sobre la inseguridad no necesariamente aparece polarizado entre sectores de izquierda y de derecha, si no que atraviesa, de algún modo, la retórica electoral de todo el arco político. Sin embargo, los lineamientos programáticos y los discursos de campaña sobre la cuestión permiten identificar también modos diferenciales de entender y definir la seguridad en cada fuerza política.
En la compleja relación que existe entre inseguridad y comunicación política, los partidos deben diseñar estrategias para intervenir discursivamente frente a la problemática securitaria. En contextos de campaña surgen las disputas en torno al sentido de la inseguridad y emergen las tensiones sobre los modos de intervenir. Pero, al mismo tiempo, en vísperas de la elección, los actores con responsabilidad estatal deben limitar sus discursos respecto de la ineficacia de la lucha contra el crimen. En consecuencia, el ingreso de las campañas en la agenda de la seguridad sólo es posible a partir de las políticas en marcha. En la retórica oficial, la inseguridad deviene seguridad, y la violencia urbana deja de ser un problema para constituir un motivo de acción. De este modo, desaparecen los diagnósticos de los riesgos delictivos y las campañas se centran en las acciones que el Estado ha llevado adelante para enfrentar la inseguridad.
Notas al pie de página
1 Página/12, “Candela, de la incertidumbre a la conmoción”, 01/09/2011; La Nación, “Conmoción e indignación por el asesinato de Candela”, 01/09/2011; Página/12, “Todas las miradas a los vínculos del padre”, 02/09/2011; Página/12, “Cuando se enciende la luz roja”, 04/09/2011; La Nación, “Candela: las amenazas, eje de la pesquisa”, 04/09/2011; La Nación, “Detuvieron al último prófugo acusado del secuestro de Candela”, 19/10/2011.
2 TN, en línea, 15/12/2011 Disponible en: http://tn.com.ar/policiales/anuario-de-policiales-2011-los-menoresen-el-centro-de-la-escena_076211
3 La crónica recopila diversos casos que tuvieron como víctimas de crímenes a menores durante el 2011: la desaparición de Tomás Dameco Santillán en Lincoln, provincia de Buenos Aires, hallado muerto a los pocos días; el secuestro seguido de muerte de Candela Sol Rodríguez, ocurrido en el Conurbano Bonaerense; Micaela Dalle, acuchillada en el hecho del cuádruple crimen de La Plata; Gastón Bustamante (12 años de edad) quien apareció ahorcado en su casa de Miramar, provincia de Buenos Aires.
4 La Nación, “Fuerte inquietud de los porteños por el consumo y la venta de drogas”, 17/10/2011.
5 Actualmente funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dos sistemas de video-vigilancia en forma paralela. Por un lado, los “Centros de Monitoreo y Video-vigilancia” de la Policía Federal siguen en tiempo real 1.200 cámaras de seguridad ubicadas en puntos considerados estratégicos. Por otro lado, el gobierno local cuenta con una red de video-vigilancia propia, con más de 2.000 cámaras distribuidas en la ciudad y centros de monitoreo a cargo de la Policía Metropolitana
6 En general, los principales candidatos no contaron –salvo algunas excepciones– con estrategias diferenciales para las redes sociales en cuanto al diseño de materiales de campaña. El uso de este tipo de plataformas online fue en realidad un espacio donde replicar las piezas publicitarias y anunciar la presencia de los candidatos en distintos medios. Sin embargo, dada la restricción existente para los partidos políticos para la compra de espacios en los medios en forma privada, esta utilización de la red no es menor. El uso de Internet como un canal privilegiado permite a los candidatos extender su campaña por fuera de los límites temporales prefijados y aumentar el caudal de comunicaciones dirigidas al electorado.
7 Sancionada en diciembre de 2009, la Ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral se aplicó por primera vez en las elecciones de 2011. El artículo 14 establece que para la designación de candidatos a cargos electivos nacionales se aplicará el sistema de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en todo el territorio de la Nación, para un mismo día y para todos los partidos políticos. Además de implementar las PASO, la ley modifica los requerimientos de los partidos políticos para presentarse a elecciones nacionales y establece que sólo aquellas agrupaciones políticas que para la elección de senadores, diputados de la Nación y parlamentarios del Mercosur obtengan como mínimo, considerando todas sus listas internas, el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las PASO en el distrito de que se trate podrán participar en las elecciones generales. Para la categoría de presidente y vicepresidente se considera el 1,5% de los votos válidamente emitidos en todo el territorio nacional.
8 Fueron excluidos Proyecto Sur (Alcira Argumedo-Jorge Cardelli), Movimiento Acción Vecinal (Sergio Pastore-Gilda Rodríguez) y Partido del Campo Popular (José Bonacci-José Villena).
9Clarín, “Se multiplican las cámaras de seguridad y crece la polémica”, 02/07/2011.
10 La Nación, “River, en medio de pujas políticas y deportivas”, 28/06/2011
11 “El día en que se ajustó el Cinturón del Sur”, 05/07/2011.
12 Página/12, “Nuevo plan y cimbronazo en la Federal”, 22/06/2011; La Nación, “Crea Garre un mando único de seguridad”, 23/06/2011; Página/12, “El sur también existe para la seguridad”, 29/06/2011; Página/12, “El día en que se ajustó el Cinturón del Sur”, 05/07/2011.
13 Debate televisivo en el que participaron tres de los candidatos a Jefe de Gobierno: Daniel Filmus, Fernando Pino Solanas y Ricardo López Murphy. Fue emitido por el canal América Noticias el 4 de julio de 2011.
15 La encuesta se realizó en marzo de 2012 en relación a las elecciones presidenciales y locales de 2011.
BIBLIOGRAFÍA
Barreiros, R. y G. Cingolani (2007): “Lo mediático y el discurso político. El análisis discursivo”. Oficios Terrestres, Comunicación, interculturalidad y migraciones, 19, 102- 111.
Beck, U. (2000): “Retorno a la teoría de la sociedad del riesgo”. Boletín de la A.G.E., 30, 9- 20. Fleitas Ortiz de Rozas, D. (2014): El impacto de la inseguridad en las elecciones. Buenos Aires: Asociación para Políticas Públicas. Foucault, M. (2004): Nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collège de France 1978- 1979. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Garland, D. (2005): La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa.
Graham, S. (2002): “CCTV: The stealthy emergence of a fifth utility?”. Planning Theory & Practice, 3, 237–241.
Kessler G. (2009): El sentimiento de inseguridad. Sociología del temor al delito. Buenos Aires: Siglo XXI.
Koskela, H. (2000): “The gaze without eyes: video-surveillance and the changing nature of urban space”. Progress in Human Geography, 24 (2), 243–265.
Mouchon, J. (1999): Política y medios: los poderes bajo la influencia. Barcelona: Gedisa.
Norris, C., M. Mc Cahill, y D. Wood (2004): “The growth of CCTV: a global perspective on the international diffusion of video surveillance in publicly accessible space”. Surveillance & Society CCTV Special, 2/3 (2), 110-135.
Pegoraro, J. (2003): “Una reflexión sobre la inseguridad”, Argumentos. Revista de crítica social, 2, 1-7.
Pitch, T. (2009): La sociedades de la prevención. Buenos Aires: Ad-Hoc. Sartori, G. (1998): Homo videns. La sociedad teledirigida. Buenos Aires: Taurus.
Simon, J. (2011): Gobernar a través del delito. Barcelona: Gedisa.
Sutherland, E. (1988): El delito de cuello blanco. Madrid: La Piqueta.
Verón, E. (1987): “La palabra adversativa”. En AAVV. El discurso político. Buenos Aires: Hachette.
Vilches, L. (1989): Manipulación de la información televisiva. Barcelona: Paidós.